En un estado de derecho las leyes hay que cumplirlas desde el último de sus ciudadanos al más destacado de sus mandatarios. Sobre esa exigencia de igualdad ante la ley se construye la convivencia en democracia. Este principio luego tiene algunas imperfecciones que se sobrellevan con dosis de buena voluntad. Ahora bien, que un gobierno se declare insumiso a una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad no hay por donde cogerlo. Han de ser los representantes públicos los primeros en dar ejemplo ante la ciudadanía.
El secretario de Estado de Hacienda, el ínclito Antonio Beteta, se descuelga con que el Gobierno de la nación no tiene la obligación de cumplir el criterio de inversión que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Para este buen señor, una ley de tan elevado rango no supone ningún compromiso y se permite el lujo de reírse de un texto legislativo que el propio Mariano Rajoy o Javier Arenas apoyaron en el Congreso de los Diputados y que el pueblo andaluz convalidó en un referéndum. Y no sólo nos quiere birlar 1.504 millones de euros en inversiones no realizadas, sino que miente para intentar enmascarar sus fobias hacia esta tierra.
Esta salida de Beteta supone una agresión para Andalucía y un desaire para el conjunto de los andaluces, sean de la orientación ideológica que sean. Recupera este secretario de estado los modos y los usos del PP durante la etapa negra de Aznar, los años del castigo sistemático y la confrontación. Retoma el palo y tentetieso contra esta comunidad autónoma, la política de acoso y derribo contra una tierra que se resiste a darle la confianza de gobierno a la derecha. Y con este tipo de actitudes injustas, hostiles y rencorosas hacen más difícil que el pueblo andaluz modifique su opinión. La gente en Andalucía tiene memoria y sabe de sobre que la derecha ni cree ni quiere a esta tierra. ¿Dirá algo Zoido, el nuevo dirigente pepero, sobre este desafuero contra Andalucía?