Seguridad vial de pago

La directora general de Tráfico nos regaló este fin de semana una reflexión de traca, un planteamiento que pone una vez sobre la mesa la visión neoliberal que caracteriza a este Gobierno de Rajoy. María Seguí, entre una autopista de pago y una carretera,  se queda con la primera. Y eso lo sostiene la persona que ha de velar por la seguridad de todos los conductores. Por su cargo, su objetivo habría de ser que la conducción por cualquier tipo de vía sea los más segura posible. No hay autopistas en todos sitios y para algunos, con la situación de crisis que estamos atravesando, los peajes son casi prohibitivos. No es por tanto una cuestión de preferencia, sino de imposibilidad económica para sufragar este coste añadido. La seguridad vial no puede ser considerada una mercancía, ni sólo los que tengan posibles disfrutar de algo que ha de ser un derecho de todos.

La señora Seguí nos cuela esta perla cuando en los cuarteles generales del Partido Popular se especula con establecer un peaje en las autovías. Claro, si uno paga, como por ensalmo, esas vías se vuelven más confiables. (Un informe refleja que las carreteras españolas necesitan 5.500 millones de euros para su conservación). El Gobierno de la nación ha puesto la proa hacia todo lo que suena a público y en sus planes está incluso privatizar la gestión de las carreteras y autovías que son de todos y hemos pagado con dinero de todos. Privatizar no garantiza nada, salvo aumentar la desigualdad de acceso de la población a este servicio. La seguridad vial no puede ser de pago, sino pública y para todos.