La primera en la frente. Los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy constituyen un fraude electoral en toda regla y compendian unas decisiones de una dureza inusitada para las clases medias trabajadoras y para los sectores que menos ganan. Como estrambote, al más puro estilo de la derecha, una agresión gratuita a Andalucía. Y como sostiene la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sólo suponen «el inicio del inicio». Pues habrá que prepararse que vienen curvas severas y consecuencias drásticas que recaerán en las espaldas de los de siempre.
El Partido Popular ha practicado con la sociedad española el timo de la estampita: todo la precampaña y campaña electoral ufanándose de que no iban a subir los impuestos y, de improviso, penalizan las rentas del trabajo, con la subida de la tributación del IRPF, y aumentan el impuesto de bienes inmuebles (IBI). No sólo han traicionado a la mayoría de este país, sino que hacen que paguen los que tienen nómina mientras que las grandes fortunas, las grandes empresas o las sociedades de inversión se escapan de rositas.
Se emprende un camino de reforma en el sentido contrario que exige la situación. Una senda que pasa por deprimir los salarios con la excusa de la competitividad, es decir, trabajar más y ganar menos, y ajustar las cuentas públicas aun a riesgo de conducir a la economía a una profunda recesión. Bajo este paraguas se explica que se congele el salario mínimo interprofesional o la retribución de los funcionarios, a los que se penaliza con 2,5 horas más de trabajo semanal. También se ha cerrado el grifo al estímulo y a la recuperación económica: menos inversión en educación, en políticas activas de empleo, en investigación y desarrollo y en obra pública.
A los pensionistas se les ha engatusado y, a la hora de la verdad, tendrán menos dinero que en 2011. Se sube linealmente todas las pensiones un 1%, sin distinguir las más altas de las más reducidas, cuando la inflación estará en el 2,5% y además se les grava más por la renta y por el IBI. Esto es, ganarán menos, perderán por poder adquisitivo. Este colectivo, que el PP ha venido manipulando durante los últimos dos años, reúne a las principales víctimas del engaño.
Son unos recortes, en definitiva, que van contra el empleo, contra los funcionarios, contra los pensionistas, contra los trabajadores y contra la igualdad de oportunidades. Y no se anuncia ninguna medida que nos permita alberga esperanzas de que se puedan crear puestos de trabajo.
En este primer paquete de agresiones sociales ha tenido un apartado Andalucía, un recorte cierto con cifras contantes y sonantes (100 millones de euros menos del Fondo de Compensación Interterritorial), un recurso de inconstitucionalidad a una ley del Parlamento y sin partidas para grandes obras como los metros de Sevilla y Málaga. Por si no fuera suficiente, querían eliminar para esta comunidad (y otras tres más) unas asignaciones obligatorias recogidas en sus respectivos estatutos. En caso andaluz, inversiones en una proporción igual a su población. Tenían intención de corregir una norma de rango superior como es un estatuto que cuenta con el refrendo de las Cortes Generales y del pueblo a través de un referéndum con un simple decreto.
Cuando se ha descubierto el intento, a través de la reseña del Consejo de Ministros colgada en la web de la Moncloa, han dado marcha atrás y han suprimido tan polémico punto. Y sin ningún tipo de pudor han sostenido que nunca ha estado: un pantallazo los deja en evidencia. Además de liantes, ignorantes porque un decreto no puede modificar una ley de rango superior como son los estatutos de autonomía. Estamos, por consiguiente, ante una broma sin gracia, una improvisación, una falta de coordinación o un bandazo. Ante la primera marcha atrás y sólo llevan diez días. ¿Cuántos vaivenes veremos en lo queda? Esperemos que el resultado final no sea la aplicación de una regla de tres simple.
Y son más las medidas ya aprobadas y las que vendrán. Parafraseando a la vicepresenta, es el inicio del inicio.
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