Andalucía crece en igualdad

Andalucía ofrece unos datos de dinamismo económico netamente superiores a los de la media española. Si a esto se suma que cuenta con el mayor presupuesto en sanidad de su historia, que está entre las tres comunidades que más ha recuperado en inversión en educación y que, según datos del Ministerio de Hacienda, lideró entre 2010 y 2017 el gasto en inversión pública en España, se puede afirmar con objetividad y sin triunfalismo que Andalucía cumple, crece y lo hace garantizando la igualdad de oportunidades y con políticas que redistribuyen la riqueza. Una gestión progresista y basada en la justicia social.

Sin pudor alguno

La ley

La ley para la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, de 2006, obliga a Gobierno y a comunidades autónomas a financiar este cuarto pilar del estado del bienestar a partes iguales. (Artículo 32).

Los datos

El gabinete de Mariano Rajoy incumple de manera sistemática la ley. Cada año aporta menos al sistema. Así lo constata el informe anual de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (gráfico). Desde que el PP llegó a la Moncloa, la aportación estatal ha ido decreciendo año a año. En 2017, la proporción para sostener el sistema es del 80% por parte de las autonomías y el 20% por parte del Ministerio.

La manipulación

Con estos datos, que certifican el abandono del Gobierno de Mariano Rajoy de este derecho, el PP de Andalucía tiene el desahogo de exigir a la Junta cuando el que no está a la altura ni de la ley ni de los ciudadanos que necesitan esta prestación es el Ejecutivo de la nación. Además, Andalucía es la comunidad con más personas en el sistema, con un 22% de total nacional. La Junta dedica a dependencia unos 1.200 millones anuales, tanto como el Gobierno para toda España.

Conclusión

El PP debería exigir al Gobierno que cumpla la ley y en lugar de criticar, pedir disculpas a los posibles beneficiarios que no consiguen la prestación por la falta de financiación del Ministerio. Si hay personas desatendidas, es porque la Administración General del Estado no pone lo que le corresponde. Si las CCAA sólo consignaran a este fin la misma cantidad que el Gobierno, cuánta gente no disfrutaría de este derecho. Pero las autonomías, y sobre todo Andalucía, creen y apuestan por la dependencia.

Memoria y justicia

Andalucía da un paso más, firme y decidido, en la reparación de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El Parlamento ha aprobado la ley de Memoria Democrática, un texto con vocación de resarcimiento y justicia, que desarrolla y perfecciona la ley nacional de Memoria Histórica. En esta comunidad no se parte de cero: la norma aprobada supone la plasmación de 20 años de políticas públicas de memoria. En Andalucía se está en vanguardia en actuaciones en fosas, con el bando de ADN, en atención a las recomendaciones de las Naciones Unidas… Y la ley impulsada por el Gobierno de Susana Díaz, con la participación de familiares, entidades memorialistas y corporaciones locales, incluye nuevos avances como la ampliación de la consideración de víctimas, con la inclusión de los bebés robados, y refuerza la protección legal de espacios y enclaves vinculados con la recuperación de la memoria. En definitiva, se pone la  mirada en reparar el daño causado y ofrecer justicia y dignidad a las represaliados y a sus familias, que tantos años llevan esperando, aunque la derecha una vez más le haya dado la espalda a este colectivo (no apoyó el texto). Con la verdad se hace justicia.

Utilidad pública

El simulador para calcular el impuesto de sucesiones ha tenido una buena acogida en su primer día de funcionamiento. Más de 43.000 visitas ha recibido este instrumento que la Junta de Andalucía ha puesto para desmontar la campaña de desinformación y mentiras que ha lanzado el Partido Popular contra un tributo que es del Estado cedido a las comunidades autónomas y que sólo pagan los ricos. Es una figura impositiva progresiva que paga más quien más recibe y que en el caso de Andalucía sólo lo abona 2 de cada 100 personas entre parientes directos (padres, hijos y cónyuges). Cuando se obtiene una herencia, aunque se quede exento del impuesto de sucesiones, se paga el de plusvalías a los ayuntamientos y los gastos de notaría, registro y gestoría. En la mayoría de los casos, el 98% no se abona nada por sucesiones, y sí se hace frente a otros pagos. La demagogia solo se desactiva con la certeza de los datos. El Partido Popular parece haber descubierto ahora el impuesto de sucesiones ahora cuando es una figura que está regulada desde 1987 en nuestro país y también existe en la mayoría de los países de la Unión Europea. El Gobierno de Mariano Rajoy hizo una reforma fiscal hace poco más de un año, justo antes de las elecciones, y tocó varios impuestos y se olvidó del de sucesiones. Estamos, por tanto, ante un ejercicio de hipocresía de la derecha que sólo pretende salir al auxilio de los poderosos. De ahí, la utilidad pública de este simulador y de otros instrumentos de información que está desarrollando el Gobierno de Susana Díaz para desarmar los bulos del PP y sus intento de generar alarma social.

El socialismo de siempre

Hoy hace 91 años que falleció Pablo Iglesias, fundador del PSOE y también de UGT. Su partido, nuestro partido, cuenta con 137 años de historia y ha contribuido a través de la defensa de sus ideas y sus valores (libertad, igualdad y justicia social) a la transformación de este país. El legado de Pablo Iglesias sigue vigente: he elaborado un decálogo con diez de sus muchas reflexiones:

1. Los socialistas no mueren: los socialistas se siembran.

2. Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes.

3. El Partido Socialista es la entera emancipación de la clase trabajadora: es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes.

4. No dejen, no, los obreros de conquistar cuantas mejoras puedan mediante el empleo de la acción económica, pero no olviden que toda mejora general, lo mismo la jornada de ocho horas para todos los oficios, que cualquiera otra, únicamente podrán alcanzarla por la acción política, por la vía legislativa.

5. No hay que ir a las huelgas desorganizados y ciegamente, ni cuando intencionadamente las provoque el adversario. Por el contrario, hay que prevenirse bien, hay que organizarse mucho y saber de antemano los resultados que se pueden alcanzar. Donde no hay organización ni cálculo ni los medios complementarios que necesitan aquellas para dar buen fruto, se esconde una victoria patronal, un triunfo de los enemigos del trabajo.

6. Los proletarios no deben ser nunca sumisos ni esclavos del capitalismo, sino rebelarse siempre contra él; pero en su rebeldía deben ajustarse en todo momento a los dictados de la razón, no inspirados en el capricho o en la inconsciencia. Así serán fuertes y temibles y conseguirán, sin experimentar retrocesos, poner fin a la explotación que hoy sufren.

7. Por mucho que valgan las ideas, no pueden prosperar en el grado que deben si sus sostenedores, y principalmente los que ocupan las primeras filas, no son enteros, serios y morales. No sólo hacen adeptos los partidos con sus doctrinas, sino con los buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres.

8. Del Partido Socialista forman parte las mujeres, y es natural que así sea, porque si los hombres necesitan emanciparse, ellas lo necesitan más, por ser mayor su esclavitud…

9. Raya en lo absurdo ver a una porción de seres andar desnudos, carecer de albergue y morir de hambre, cuando hay casas inhabitadas, ropas y calzado que deteriora el tiempo, no el uso, géneros alimenticios de todas clases que se pudren y pierden por no haber sido entregados al consumo en el momento necesario.

10. La violencia, por si sola, no resolvió nunca nada: es cosa adjetiva. En España e esencialmente reaccionaria, lo mismo si la ejercen los gobiernos que si la practica el anarquismo. La fórmula salvadora es libertad y justicia. No hay otra.

Las matrículas más bajas de España

El Gobierno de Andalucía ha aprobado los precios públicos para las matrículas universitarias de grados y másteres para el curso 2016/17 y un año más son los más bajos de toda España. En comunidades como Madrid, Valencia o Cataluña se duplica o triplica el esfuerzo de las familias. En cambio, en Andalucía el Ejecutivo que preside Susana Díaz garantiza la igualdad de oportunidades y pone los estudios superiores al alcance de todos los jóvenes con independencia de la renta familiar. Aquí se apuesta por una educación para todos para hacer efectiva la justicia social y se renuncia a convertir las matrículas en una forma de financiar las universidades.

Bajando al detalle, para los grados el precio del crédito se mantiene congelado desde hace cuatro años en 12,62 euros, ajustado al mínimo que nos permite el Ministerio de Educación y, además, es único para todas las ramas del conocimiento. En cuanto a los másteres, mantienen también su precio el próximo curso y lo hacen tras varios años consecutivos de descenso, gracias también al esfuerzo realizado por las universidades para racionalizar el gasto. Así, Andalucía casi iguala la matrícula de grado y de máster habilitante (13,68 €), facilitando que sus estudiantes ejerzan cuanto antes estas profesiones reguladas.

La política de precios públicos en Andalucía forma parte de una estrategia global para blindar la igualdad de oportunidades. En esta línea, se favorece el fraccionamiento de la matrícula en hasta ocho pagos, un derecho de todo el alumnado, hay exenciones de pago para víctimas de violencia de género o los Premios Fin de Grado, se devuelve hasta el 70% de la matrícula a quién apruebe en convocatoria extraordinaria, se dan ayudas propias a las becas Erasmus (la Junta dedica tanto como el Gobierno del PP para toda España) y para obtener el B1 en idioma extranjero.

Foto.ABC. Aula de la Universidad Pablo de Olavide.

Prioridades

La política se hace con prioridades. Cada responsable público se retrata con sus decisiones. Hemos conocido hoy que la fiscalía ha denunciado a la Xunta de Galicia por no suministrar los fármacos necesarios a enfermos de hepatitis C. El ministerio público responde así al requerimiento de un colectivo médico, Batas Blancas, tras la muerte de tres enfermos que no recibieron la medicación que necesitaban. Esta realidad contrasta con lo que ocurrió en Andalucía, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abanderó que paciente contara con el tratamiento que le fuera prescrito independientemente de su coste. Andalucía puso en marcha un protocolo de atención en solitario, una realidad reconocida y valorada por las plataformas de enfermos, y pasaron varios meses hasta que se concretó un acuerdo nacional. Desde el 1 de enero de 2015 6.324 afectados por la hepatitis C en esta comunidad autónoma han recibido los fármacos que necesitaban. El Gobierno que preside Díaz supo estar a la altura y responder con sensibilidad y prontitud.

En el fondo de todo subyace un debate siempre actual como la defensa de la igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos y muy especialmente en materia porque hay vidas en juego. No se puede poner la administración de perfil y dejar que sólo pueda acceder a la medicación sólo aquellos que puedan pagarlo. En Andalucía hemos trabajado por garantizar el principio de la igualdad y la justicia social por delante de cualquier consideración. El Partido Popular ha pretendido desmantelar el esatdo del bienestar y los servicios públicos limitando derechos a los que menos tienen. Mientras que el Gobierno del PP y Mariano Rajoy ponía copagos médicos y farmacéuticos (también a los mayores), aquí se hacían subastas de medicamentes que, garantizando la calidad de los productos, supone rebajar el coste para los ciudadanos y que las multinacionales ganen menos. Mientras otros han quebrado el modelo universal de salud y han recortado a mansalva, otros hemos impulsado una ley de sostenibilidad del sistema público sanitario para blindar derechos y prestaciones. Lo dicho: cuestión de prioridades.

Foto.La Vanguardia. Enfermos de hepatitis C protestando ante el Parlamento de Galicia.

Otro sablazo

A nadie sorprende ya el maltrato y la hostilidad que el Partido Popular dispensa a Andalucía. Es una dinámica más vieja que el hilo negro. Tenemos ya un callo de tanto castigo pero no nos cansamos de alzar la voz, es nuestra forma de defender lo que es nuestro. Hace un par de días, por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de Mariano Rajoy nos ha quitado 265 millones de euros que nos correspondían por derecho. Ni han avisado: han metido directamente la mano en la caja y se lo han quedado. Son 265 millones que no podremos dedicar en esta tierra para atender las necesidades de la sanidad y de la educación públicas, para dar cobertura a más personas en situación de dependencia o en riesgo de exclusión social, para recuperar los derechos que arrebató la crisis a los empleados públicos, para generar posibilidades de empleo… Andalucía deja de percibir todos los años unos mil millones respecto a la media de las autonomías. Y no sólo sufrimos este agravio, sino que además nos dan un sablazo adicional de 265 millones. La derecha no entiende lo que significa justicia social y redistribución de riqueza. Eso sí, en su diccionario aparece con letras muy grandes discriminación y desprecio a Andalucía.

Esta nueva agresión procede de una aplicación sectaria por parte del Ministerio de Hacienda de la liquidación del ejercicio de 2013 y de un reparto arbitrario del llamado de fondo de convergencia. Este fondo se ha de emplear para ir recortando las distancias entre las distintas comunidades autónomas y favorecer la cohesión social de todos los españoles. Sin embargo, Cristóbal Montoro, que en su DNI reza como andaluz, tergiversa este concepto y la obligación de un ejecutivo de que todos los territorios tiendan a parecerse, a contar con las mismas oportunidades. El Ministerio ha preferido dar una riada de millones a Cataluña y a la Comunidad Valencia en perjuicio de Andalucía. No cumplieron con el objetivo del déficit en ese año por la pésima gestión de Artur Mas (Convergencia) y de Alberto Fabra (PP) y encima se les premia.

La palabra de Rajoy es papel mojado, no vale nada. Hace justamente un año, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo alertó de este auténtico dislate en el Palacio de la Moncloa. Le hizo saber la injusticia de castigar a Andalucía por una interpretación sesgada del reparto de la financiación autonómica y le planteó, si se consumaba esta distribución trampeada, que al menos se permitiera una devolución en varias anualidades. Pues ni una cosa ni la otra. Han mantenido el desequilibrio entre CCAA y nos han metido la mano en la cartera sin previo aviso. Así se las gasta el PP con Andalucía. A algunos sólo les interesa esta tierra para ver los debates de los que se ausenta desde las instalaciones públicas de Doñana.

Foto.EFE.

Cumpliendo

Y no es sólo gerundio, sino una actitud ante un compromiso público. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es de las políticas que da su palabra y cumple. Había anunciado una rebaja del tramo autonómico del IRPF y será una realidad en el presupuesto de 2016. Venía planteado esa menor presión fiscal desde la legislatura pasada en cuanto las circunstancias económicas lo permitieran, incluyó esa propuesta tanto en el programa electoral del PSOE de Andalucía para las últimas elecciones andaluzas como en su discurso de investidura y, finalmente, en el acuerdo con Ciudadanos para facilitar la constitución del nuevo gobierno. Esta mañana lo ha anunciado durante una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina.

Dicho y hecho. La medida busca beneficiar a las clases medias y trabajadoras, que son las que más coste han sufrido con la crisis, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales y se garantiza la progresividad del impuesto para que más paguen los que más ganan. Se trataría de rebajar dos puntos del IRPF a los andaluces y andaluzas que ganan menos de 60.000 euros brutos anuales. Es una reducción que beneficia a tres millones de contribuyentes y que les permitirá contar con 120 millones de euros en sus bolsillos. En definitiva, se impulsa una medida que es de justicia, que preserva los pilares del estado del bienestar y que ayudará a estimular el empleo y la actividad económica.

Foto.Onda Cero.

Grecia en Europa

Cualquier ciudadano griego, alemán o español votaría no a un recorte de las pensiones o a una subida de impuestos. Y con más fuerza aún después de siete años de crisis que nos han hecho perder derechos y cotas de bienestar como consecuencia de las políticas crueles del austericidio que patrocina la derecha. Por eso, en el ordenamiento de la mayoría de los países democráticos se prohíben referendos sobre este tipo de materia. La respuesta está cantada. ¿Alguien esperaba otro resultado? No, salvo Mariano Rajoy, que desconoce el malestar que hay a ras de suelo allí y aquí. El pueblo griego ha dicho un no rotundo a seguir asumiendo nuevos sacrificios. Muy humano. Nadie quiere más sufrimiento. Los griegos se merecen una recuperación justa, al igual que defendemos para nosotros en España. Que los que más han sufrido en esta crisis puedan tener la esperanza de que, a pesar del esfuerzo, queremos construir un futuro con más justicia social y menos desigualdad.

La manifestación democrática del pueblo griego me merece todo el respeto. Sin embargo, hoy tanto los que votaron ‘no’ como los que optaron por el ‘sí’ tienen los mismos problemas que antes de la consulta. Si acuden a un cajero, conseguirán con dificultad retirar un máximo de 60 euros y el país heleno sigue teniendo un serio problema de liquidez que puede producir un colapso financiero si no se produce un acuerdo. Lo que cualquier ciudadano reclama son políticos que aporten soluciones, no que miren a otro lado, que difieran la toma de decisiones o actúen sin empatía. Tenemos que reivindicar la utilidad de la política como instrumento transformador de la sociedad. En este sentido, es necesario mucho diálogo y la rectificación de posturas maximalistas sostenidas en las últimas jornadas que sólo alejan un eventual acuerdo. Se requiere sensibilidad de las instituciones europeas y responsabilidad por parte del Gobierno griego. Ése es el único camino que podrá permitir hacer realidad el deseo unánime de que Grecia siga en el euro y una grave crisis institucional en la Unión Europea.