Portazo a la gente

La derecha política de este país quiere tirar por la borda de 6.000 millones de euros. El bloqueo de la Mesa del Congreso de los Diputados, una decisión insólita en democracia, a la iniciativa socialista para evitar el veto del Senado a la nueva senda del déficit y, en definitiva, a la mayor capacidad de inversión y gasto público en los Presupuestos Generales de 2019, refleja el estado de desesperación del Partido Popular y Ciudadanos. La moción de censura desbancó a los de la gaviota y descolocó y desquició a los naranjas. Ahora usan malas artes y triquiñuelas para evitar la gobernanza de este país porque quieren desesperadamente elecciones. Les da igual que se pueda contar con 6.000 millones más para nuestros servicios públicos o nuestras pensiones. En su alocada carrera por ver cuál de los dos partidos se queda con la hegemonía de la derecha dan un portazo a una mayor inyección económica que permite Bruselas. No piensan en la gente, sólo se miran su ombligo. No sólo frenan este balón de oxígeno, sino que están histéricos en una cacería indecente porque no pueden soportar que España avance de la mano de la izquierda. De este tipo de conciliábulos la derecha en todas sus dimensiones (política, económica y mediática) tiene larga tradición. Vuelven a las andadas.

Foto.- VozPópuli. Albert Rivera y Pablo Casado.

Enredando

El Ministerio de Hacienda tiene la mala costumbre de generar confusión y de buscar titulares efectistas sin argumentos sólidos que los sustenten. Es una treta con la que intentan desviar la atención de otros asuntos que les afectan y cargar injustamente las tintas contra otras administraciones. Se ha descolgado en las últimas horas el departamento que dirige Cristóbal Montoro con el aviso a diez comunidades autónomas por el riesgo de incumplir la regla de gasto y planteando que ajusten sus cuentas. Entre las señaladas se encuentra Andalucía, una autonomía que ha hecho sus deberes, que en los últimos cuatro ejercicios ha cumplido con el techo de déficit y de enero a octubre de 2017 sólo presenta un déficit del 0,07%, según datos del propio Ministerio conocidos hoy, cuando el máximo es 0,4%. Además, Andalucía tiene un nivel de deuda casi tres puntos por debajo de la media del resto de CCAA. En definitiva, una comunidad cumplidora y que gestiona bien el dinero público. El Gobierno, en cambio, no hace lo propio con sus obligaciones y tiene fuera de control, por ejemplo, la Seguridad Social. Más que reñir a los que dan la de cal y sacan buena nota, en Moncloa tendrían que aplicarse para no seguir dando la de arena año tras año. Mucho predicar pero dan muy poco trigo. Todo un sinsentido.

Foto.- Público. Rajoy y Montoro, en el Congreso de los Diputados.

Llevar la iniciativa

Suma y sigue. El PSOE ha arrancado al Gobierno del Partido Popular un aumento del salario mínimo interprofesional para 2017. El mayor incremento de esta referencia salarial en los últimos treinta años: un 8% más y pasará de 655,2 euros al mes a 707,6. Éste ha de ser sólo el primer paso hasta conseguir de forma escalonada situar el SMI en el 60% del salario medio neto, como recomienda la Carta Social Europea. Por tanto, este logro conseguido por la presión socialista merece ser reconocido, supone un salto cuantitativo y cualitativo para avanzar hacia una dignificación de las condiciones salariales, y no se entiende la pataleta de Pablo Iglesias y otros cuates de Podemos por una medida que es positiva y que beneficia a los trabajadores. Tiene tanto afán de protagonismo el líder morado que no soporta estar fuera de los focos. La rabieta pueril del jefe de Podemos tiene mucho que ver con la capacidad de iniciativa que está demostrando el PSOE haciendo oposición útil y ya con resultados tangibles. Los socialistas han conseguido frenar la nefasta LOMCE y eliminar las reválidas, el impulso a un Pacto de Estado contra la violencia de género, el inicio del trámite para derogar la ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana), una décima más de margen déficit para las comunidades autónomas (más dinero para sanidad y educación) y hoy el alza del salario minuto. Como diría el castizo, obras son amores… El griterío de tintes populistas se lo lleva el viento y no soluciona los problemas de la gente.

Misterios de Bruselas

Han pasado las elecciones del 26 de junio y han salido a relucir asuntos procedentes de Bruselas que comprometen al Gobierno de Mariano Rajoy. Las autoridades comunitarias se han cuidado mucho de perturbar las aspiraciones electorales del Partido Popular. Ahora, que ya se han contado los votos, la Comisión Europea ha iniciado el procedimiento para multar a España por el incumplimiento del déficit en los dos últimos años y exige nuevos recortes para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas ya en 2016. En la capital europea han sentado especialmente mal los regalos fiscales realizados por Rajoy al calor de los comicios del pasado diciembre pese a los reiterados avisos para que no lo hiciera. Las consecuencias de las malas notas obtenidas por el Ejecutivo español se pueden resumir en una multa de hasta 2.000 millones de euros, la paralización inmediata de los fondos estructurales y un ajuste de entre 8.000 y 16.000 millones. Felicitemos a Rajoy por este gran servicio a nuestro país. Sus óbolos electorales lo pagaremos entre todos.

Y el segundo enigma que nos llega desde Bruselas es un informe fechado en enero que censura la investigación desarrollada por el Ministerio de Fomento sobre el accidente del Alvia en Galicia en julio de 2013, que se saldó con 80 muertes. Sostiene la Unión Europea que no se investigó de forma independiente y adecuada conforme a la Directiva de Seguridad Ferroviaria. El documento sobre este trágico siniestro ha visto la luz casi seis meses después de estar redactado. Una mano negra y mucha burocracia han retrasado su difusión. Quizá para evitar que este asunto molestara la campaña del PP se dejó el informe guardado en un cajón. Los familiares de la víctima ya han pedido la dimisión de titular de Fomento, Ana Pastor. El PP no quería ruido en la cercanía de la cita con las urnas.

Son los misterios que pasan en la corte de Bruselas: ahora como por arte de ensalmo se activan procedimientos y aparecen papeles que interesaban conocer de antemano a la opinión pública para decidir su voto con toda la información disponible. Un ardid de las altas esferas comunitarias que le ha venido muy bien al PP… Y Rajoy fumándose un puro tranquilamente.

Foto.- EFE. Rajoy, Pastor y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el accidente del Alvia, en los aledaños de Santiago de Compostela.

Colapso

La Seguridad Social está a las puertas del colapso. Si se confirman las previsiones, este 2016 se presenta como un año catastrófico y puede cerrar el ejercicio con el mayor déficit de la historia. La razón es simple: la reforma laboral no genera suficiente empleo y el que crea no es de calidad para generar cotizaciones que permitan cubrir el presupuesto. La retirada de otros 8.700 millones de la hucha de las pensiones constituye un síntoma de las dificultades que atraviesa el sistema. En los cinco primeros meses de 2016 ya se acumula un desfase entre ingresos y gastos mayor que el año anterior. La pelota crece y crece. De mayo a mayo, el desequilibrio asciende a 17.357 millones, casi 700 millones más del cierre del ejercicio de 2015. Pintan bastos y los que se las dan de buenos gestores tendrán que explicar este gran fracaso. La hucha de las pensiones se vacía a ritmo de vértigo. Si no se remedia, tiene fondos hasta 2017. El Gobierno se ha visto forzado a buscar soluciones por su mala gestión. Ya estudia sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la caja única, que suponen unos 22.000 millones. Estas ayudas se cubrirían con impuestos. Y no es cuestión de parches sino de políticas en el mercado laboral que garanticen el sistema público de pensiones.

Austeridad letal

Un juez ha abierto una investigación contra dos altos cargos de la Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo, por negar los medicamentos necesarios a enfermos de hepatitis C, que acabaron perdiendo la vida. El magistrado los imputa por prevaricación (actuar injustamente a sabiendas) y la Fiscalía ve indicios de homicidio por imprudencia profesional grave. La austeridad a ultranza tiene consecuencias perniciosas para los ciudadanos. E incluso letales en casos como éste.  Será la justicia la que dirima la responsabilidad penal de estos dos representantes públicos. Pero esta noticia, además de volver a demostrar la falta de sensibilidad política del Partido Popular con los más vulnerables, tiene mucho que ver con el debate que se abierto en las últimas horas con la petición del Gobierno de Mariano Rajoy de nuevos recortes a las comunidades autónomas para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea sobre déficit público. Una parte de este déficit que les han endosado a las CCAA está relacionada con la cobertura pública de los nuevos tratamientos para combatir la hepatitis C y que, según compromiso del propio Ministerio de Hacienda, no iba a ser computado como tal. En el caso de Andalucía, la inversión en 2015 ascendió en 2015 a casi 200 millones, bien gastados están porque a los pacientes hay que atenderlos con todos los medios al alcance del sistema público. Cuando se antepone la contabilidad al bienestar de las personas se producen daños irreparables y la justicia (y con toda la razón) debe tomar cartas en el asunto. Lo que pretende el Ejecutivo del PP es que se vuelva a recortar en sanidad, educación, dependencia y protección social porque en su ideología está el debilitamiento de los servicios públicos fundamentales para abrir la puerta al negocio privado. Tanto Rajoy como su brazo ejecutor, Cristóbal Montoro, harían bien en recapacitar sobre los nuevos y aún más injustos sacrificios que quieren imponer siguiendo directrices ya fracasadas. ¿No habíamos quedado que ya estábamos en fase de recuperación económica? Pues que la noten las familias.

Foto.El País. Protesta de afectados gallegos de hepatitis C.

Andalucía se planta

No pienso recortar más. Ya está bien“. Así de tajante se ha manifestado la presidente de Andalucía, Susana Díaz, sobre los ajustes que la Unión Europea planteará a España para equilibrar las cuentas públicas. Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de los servicios públicos esenciales (salud, educación, dependencia y protección social), ya no pueden soportar más restricciones presupuestarias que no le corresponden. Una de las razones de la exigencia europea de nuevos sacrificios pasa por los presupuestos irreales que aprobó el Partido Popular como elemento propagandístico para su campaña electoral del pasado 20 de diciembre. Y de aquellos polvos presupuestarios, estos lodos en forma de recortes que nos planteará Bruselas. Que apechuguen con sus hechos y no endosen el marrón a otros.

Todo el debate impostado sobre que la desviación del déficit público se debe a las autonomías solo busca cargar sobre éstas los incumplimientos de la Administración General del Estado. Una forma de actuar que ha dejado al descubierto la estrategia de Mariano Rajoy. El presidente en funciones piensa que vamos a elecciones repetidas y ya está haciendo campaña. Así, pretende que el recorte de unos 25.000 millones que nos pedirá Europa recaiga sobre las CCAA. El PP busca dar otro hachazo para cargarse los servicios públicos fundamentales y desde luego en Andalucía no se le va a tolerar ni una más.

Por ejemplo, con el caso del tratamiento de la hepatitis C, pese al compromiso público del Gobierno central de que no computaría para el déficit, se pretende que las autonomías elijan entre pagar estos fármacos o recortar de otras partidas del sistema público sanitario. O dicho de otro modo, el gabinete del PP plantea el dilema de elegir entre unos enfermos y otros para no incrementar el gasto. Y la Junta no lo va a hacer, lo diga Rajoy o Cristóbal Montoro. Hasta los propios afectados por esta enfermedad han censurado la insensibilidad y la actitud miserable del ministro de Hacienda. Si hay recuperación económica, es el momento de recuperar derechos y que la derecha entierre de una vez por todas la motosierra de los recortes y las políticas fracasadas de austeridad.

Foto.– J.M. Serrano (ABC de Sevilla).

Despejando culpas

Déficit España 2015

Siempre es bueno que haya niños para descargar sobre ellos las culpas. El ministro de Hacienda hizo gala ayer de este dicho popular y responsabilizó a las comunidades autónomas del incumplimiento del déficit para 2015. Cristóbal Montoro la tiene tomada con las autonomías y siempre escurre el bulto para no asumir sus errores. Así, no mostró el menor atisbo de autocrítica en la parte que le correspondía por el desfase de las cuentas de la Seguridad Social (acabó con déficit del -1,26% en lugar del -0,6% previsto). Tampoco una sola palabra sobre que es la Administración central la que acumula las tres cuartas partes del déficit total de las administraciones públicas al cierre del ejercicio pasado o de los efectos negativos de medidas oportunistas en año electoral. El ministro, con su habitual cantinela, haciendo que miremos el dedo (su obsesión con las CCAA) y no la luna (unas cuentas de la Administración central y la Seguridad Social más desequilibradas en su conjunto). Además, no todas las comunidades se han comportado por igual y los peores datos en términos relativos los presentan, por este orden, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana, que disparan el déficit de la Administración regional al 1,66%, 0,96 puntos por encima del objetivo.

En descargo de todas las autonomías habría que decir:

  1. El Gobierno de la nación se reserva un objetivo del déficit más cómodo. Las CCAA (0,7%) tenían que hacer un esfuerzo cuatro veces mayor para ajustar sus cuentas que la Administración central (2,9%), sin contar la Seguridad Social (0,6%).
  2. El sistema de financiación autonómica perjudica a las autonomías más pobladas al recibir menos fondos de los que se necesitan para atender los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia y protección social). Habría que haberlo renovado hace dos años y el Ejecutivo del PP se muestra insumiso ante lo que marca la ley.
  3. El gabinete del PP incumple su palabra e imputa a las CCAA el gasto asociado al tratamiento de la hepatitis C, pese a su anuncio con bombo y platillos durante la última campaña electoral. Esta maniobra dispara el déficit de las autonomías en 1.091 millones de euros. (Para Andalucía ha supuesto 200 millones de euros, bien empleados en mejorar la salud de los afectados por esta patología).
  4. Otra jugarreta de Montoro para perjudicar a Andalucía: el tajazo de 265 millones de la liquidación de 2013 que nos quitaron a finales del año pasado. Una injusticia que no han sabido explicar y Rajoy se comprometió a aplazar y fraccionar su pago. Luego demostró que su palabra no tiene valor.
  5. Andalucía cumple razonablemente con su compromiso de consolidación fiscal y es la cuarta comunidad, la tercera de régimen general, con menor déficit. Un esfuerzo que ha compaginado con el impulso de las políticas dirigidas al desarrollo económico, la revitalización de los servicios públicos fundamentales y la recuperación de derechos de los profesionales públicos.

Tirón de orejas

La Comisión Europea y el Eurogrupo le han dado un serio toque de atención al Gobierno de España por su gestión presupuestaria. Lo que traducido al román paladino es un tirón de orejas en toda regla. Dicen estas dos instancias comunitarias que España no cumplirá con el déficit ni este año ni en 2016. Y no sólo se queda ahí: deja caer habrá que cambiar las cuentas del próximo ejercicio. El mensaje que llega desde Bruselas supone un fuerte varapalo a la euforia de Mariano Rajoy y el PP. No sólo han cometido la aberración democrática de hacer cinco presupuestos cuando el mandato de una legislatura es de cuatro años, sino que en la Unión Europea han dejado al descubierto el intento de convertir las cuentas de 2016 en mercancía electoralista para las generales del 20 de diciembre. Rajoy se ha pasado de frenada y los platos rotos los tendrá que pagar el Gobierno que salga de las urnas. Esta barra libre presupuestaria, este tirar con pólvora de rey de la derecha política, obligará al nuevo Ejecutivo a recortar gasto público o a aumentar los impuestos para cuadrar las cuentas. La jugada del PP no puede ser más perversa. Usa lo que es de todos para su estrategia electoral y las consecuencias de su error serán colectivas. Otro motivo más para el cambio político en España. Y van…

Foto.EFE. El ministro español de Economía, Luis de Guindos (derecha), conversa con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.