
El Gobierno de Andalucía aprobará en las próximas fechas un decreto para combatir la exclusión social. Una norma que se plantea en una triple dirección: generar empleo a través de los ayuntamientos, una partida para solidaridad alimentaria (garantizar tres comidas a los niños y a los ancianos de familias con dificultades) y acelerar la respuesta para la concesión de la renta básica de subsistencia. En paralelo a este pionero y necesario proyecto, a punto de ver la luz, el presidente Griñán está impulsando ya otra reforma legislativa novedosa y de calado social: la protección de los deudores vulnerables, con medidas como el incremento del mínimo inembargable del salario y de una quita para las deudas de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios.
Esta iniciativa va dirigida a asalariados, pymes y autónomos que, en cumplimiento de sus obligaciones de pago, se vean en riesgo de exclusión social o no puedan reanudar su actividad profesional. Se trata de garantizar una renta vital digna a ciudadanos sometidos a un proceso de embargo, elevando el mínimo inembargable. Este mínimo sería el salario mínimo profesional, estipulado en 645,30 euros mensuales. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el suelo es de 961 euros.
Para pymes y autónomos que no puedan hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas quedarían saldadas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero. También se plantea que la ley concursal obligue a que el pago de salarios atrasados o de indemnizaciones por despido tenga prioridad y a mayor protección de los usuarios ante los productos financieros después de los abusos en preferentes e hipotecas.
La iniciativa anunciada por el presidente Griñán es una medida ambiciosa, que transciende las competencias del Gobierno autonómico (afecta a la legislación civil, laboral y mercantil) y aspira a crear desde Andalucía un debate de dimensión nacional. Se pretende impulsar medidas que palíen los problemas que están padeciendo las clases medias y trabajadoras, que son las grandes damnificadas por los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Para combatir la desigualdad no bastan medidas asistenciales y que son necesarias nuevas fórmulas de actuación en el derecho privado. Andalucía vuelve a tomar la iniciativa y a situarse de nuevo en vanguardia.