1.000 días de bochorno

enero 15, 2018

Si el castigo ferroviario que recibe Granada por parte del Gobierno del Rajoy es insoportable, las justificaciones del Partido Popular a este atropello son sangrantes. Más de 1.000 días de aislamiento por tren (y los que quedan) y unas pérdidas estimadas de 417 millones de euros requieren una solución inminente y una profunda autocrítica por parte de los populares en lugar de diatribas demagógicas y falaces. No es entendible que en pleno siglo XXI la ciudad de la Alhambra esté desconectada por vía férrea durante tanto tiempo, recordando viejas estampas del siglo XIX. El Ministerio de Fomento ha demostrado una inoperancia de récord Guinness y la insensibilidad habitual de la derecha con todos los asuntos estratégicos para Andalucía. Bochornoso.

Foto.- El Independiente de Granada. Ayer tuvo lugar una nueva manifestación por su ferrocarril.

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Papel mojado (II)

enero 5, 2018

La maniobra del Gobierno de Rajoy con las entregas a cuenta de la financiación autonómica para 2018 le supondrá a las comunidades autónomas dejar de recibir más de 4.200 millones de euros en 2018. Andalucía es con mucho el territorio más perjudicado por el chantaje del Ministerio de Hacienda (ver gráfico). Vincular los recursos pactados con las CCAA a los nuevos presupuestos supone una auténtica jugarreta para los servicios públicos y los ciudadanos.

Ver post de ayer: clica aquí

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Papel mojado

enero 4, 2018

Confiar en la palabra del Partido Popular es tanto como pedir peras a un olmo. Los compromisos contraídos por Mariano Rajoy y cía valen tanto como el papel mojado. La lista de incumplimientos resulta interminable pero el caso más sangrante es el de la financiación autonómica porque acumula varios años de agravios e injusticias. Esta desidia del Gobierno tiene incidencia negativa en los servicios públicos de las comunidades infrafinanciadas y también supone no atender el mandato de una ley orgánica, la LOFCA, que obliga a renovar el sistema cada cinco años y ya acumulamos un retraso de más de tres. En el PP ni acatan la legislación vigente (todas las leyes hay que cumplirlas, no sólo las que interesan a la derecha) y les resbala también lo acordado en la última Conferencia de Presidentes (enero de 2017) sobre aprobar durante el año pasado la nueva financiación. Ahora, con el mayor de los desahogos, no sólo no se sienten concernidos por lo que suscriben, sino que se permiten la licencia de chantajear a las CCAA que reclaman lo que en derecho les corresponde. El Ministerio de Hacienda, que dirige el inefable Cristóbal Montoro, amenaza a las autonomías con no enviarles las entregas a cuenta de la financiación hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales para 2018. Quieren tapar su incapacidad para conseguir los apoyos para sacar adelante las cuentas con una extorsión política a las autonomías para intentar condicionar el voto del PSOE en el Congreso de los Diputados. Ni cumplen la ley ni sus compromisos y además usan malas artes buscando difuminar su aislamiento político. Menuda tropa.

Foto.- Montoro, con la consejera de Hacienda de Andalucía.

Datos que avalan

enero 2, 2018

Que Andalucía cumple con las personas en situación de dependencia no es un eslogan, los datos hablan por sí mismos. Y la aplicación de este cuarto pilar del estado del bienestar la lleva la Junta de Andalucía a pulmón, en solitario: 8 de cada 10 euros es de financiación autonómica. El Gobierno de la nación se desentiende del mandato de la ley de aportar al 50% con las comunidades autónomas. Pese a la desidia de Rajoy y compañía, Andalucía destaca según los datos del cierre de 2017:

  • Esta comunidad atiende a 196.000 personas en situación de dependencia, un 6,5% de incremento neto con respecto al final de 2016.
  • Se ha incorporado al sistema a 36.000 nuevas personas, a las que se les ha concedido 52.300 nuevas prestaciones.
  • 16.000 altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio. El 30% del total nacional se concentra en Andalucía.
  • 17.900 personas en situación de dependencia disfrutan del Servicio de Teleasistencia y 2.400 se han incorporado a Centros de Día.
  • 5.700 personas se han sumado al servicio de atención residencial.
  • Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace ya más de diez años, la Junta ha invertido más de 11.200 millones de euros en la atención a más de 410.000 personas.

Contumaces en el error

diciembre 29, 2017

Hoy se ha producido una luctuosa noticia que reabre el debate sobre el enorme error de recluir a inmigrantes en la cárcel de Archidona. La muerte de uno de los confinados, algunos medios han hablado de suicidio, nos devuelve a la primera línea de actualidad el despropósito del Ministerio del Interior de encerrar en una prisión a seres humanos que lo único que habían hecho era jugarse la vida en una patera huyendo del hambre, de la guerra o del terror. El Gobierno cosechó una crítica unánime por llevar a estas personas a una cárcel y de manera sibilina, como sostiene el sector ultra de la derecha en su discurso con tics xenófobos, vincular a inmigración con delincuencia. Además, el recinto, aún sin inaugurar, carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad y no cuenta con ningún tipo de personal. Este triste episodio hace que la situación sea ya insostenible, como se ha señalado la Junta de Andalucía. La obligada investigación de lo ocurrido tiene que venir acompañada de la exigencia al ministro Zoido de encontrar un nuevo y más adecuado emplazamiento para los migrantes. Llevan demasiados días, más de un mes, en un recinto que no está concebido para este fin. Se echa en falta un poco de humanidad y también de diligencia.

Foto.- Diario Sur.

Enredando

diciembre 28, 2017

El Ministerio de Hacienda tiene la mala costumbre de generar confusión y de buscar titulares efectistas sin argumentos sólidos que los sustenten. Es una treta con la que intentan desviar la atención de otros asuntos que les afectan y cargar injustamente las tintas contra otras administraciones. Se ha descolgado en las últimas horas el departamento que dirige Cristóbal Montoro con el aviso a diez comunidades autónomas por el riesgo de incumplir la regla de gasto y planteando que ajusten sus cuentas. Entre las señaladas se encuentra Andalucía, una autonomía que ha hecho sus deberes, que en los últimos cuatro ejercicios ha cumplido con el techo de déficit y de enero a octubre de 2017 sólo presenta un déficit del 0,07%, según datos del propio Ministerio conocidos hoy, cuando el máximo es 0,4%. Además, Andalucía tiene un nivel de deuda casi tres puntos por debajo de la media del resto de CCAA. En definitiva, una comunidad cumplidora y que gestiona bien el dinero público. El Gobierno, en cambio, no hace lo propio con sus obligaciones y tiene fuera de control, por ejemplo, la Seguridad Social. Más que reñir a los que dan la de cal y sacan buena nota, en Moncloa tendrían que aplicarse para no seguir dando la de arena año tras año. Mucho predicar pero dan muy poco trigo. Todo un sinsentido.

Foto.- Público. Rajoy y Montoro, en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de Andalucía ha aprobado dos medidas que buscan reforzar los servicios públicos y ofrecer mejores prestaciones a los ciudadanos. En primer lugar, se ha dado luz verde a una oferta pública de empleo para estabilizar puestos de carácter temporal en la administración general, sanidad y educación. Esta medida afectará a 37.115 empleados públicos y supone dar garantía de buen funcionamiento de los servicios públicos. En los últimos tiempos se había aumentado el grado de eventualidad en la Junta por la tasa de reposición exigua impuesta durante muchos años por el Ministerio de Hacienda.

En segundo lugar, se ha ratificado el acuerdo con los sindicatos para aplicar la sentencia de Tribunal Constitucional sobre la jornada laboral de 37,5 horas semanales. Es una respuesta legal a la obcecación del Gobierno de Mariano Rajoy tras haber recurrido la jornada de 35 horas en esta comunidad, una iniciativa que había permitido mejorar los servicios públicos con la contratación de más 7.000 profesionales. Este acuerdo sobre las 37,5 horas respeta al TC y protege al mismo tiempo a los empleados públicos frente a la persecución a la que se ven sometidos por el Partido Popular.

Son dos medidas que, sin lugar a dudas, fortalecerán los servicios públicos, que constituyen la garantía para la igualdad de oportunidades para la inmensa mayoría de los andaluces.