Decir la verdad

octubre 19, 2017

Los llamados a comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación están obligados a decir la verdad. Hoy hemos podido leer en eldiario.es que el entonces alcalde de Sevilla y hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mintió cuando fue interrogado en 2012 en la comisión que investigaba los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Una noticia que ha saltado porque una de las dos altas representantes del Gobierno de José María Aznar que han declarado en calidad de imputadas ante la jueza por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, una documentación que el Ejecutivo del PP se negó a remitir al Parlamento de Andalucía, ha dejado en evidencia al ministro. Además, hoy ya es de dominio público algo que se intentó ocultar: que la administración general del Estado usó en el mismo sistema de ayudas directas que la Junta para auxiliar a las empresas en crisis. Yendo a la información de Zoido, en cualquier país democrático de nuestro entorno europeo si un político es acusado de mentir, ese mismo día da explicaciones para corregir al medio o, de lo contrario, estaría en la picota y empujado a asumir responsabilidades políticas. En la cultura de la derecha española eso suena a ciencia ficción. En fin, las últimas novedades en torno a los ERE empiezan a desinflar el globo que el PP intentó hinchar para hacer daño a mucha gente honesta.

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Si la mayor crítica que han realizado a coro Partido Popular y Podemos a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 es que el Gobierno que preside Susana Díaz ha entregado el proyecto de ley 20 días antes del límite legalmente establecido, entonces es que vamos por el buen camino. Les resulta insoportable, y es una patología destructiva que se debían hacer mirar, que el Ejecutivo cumpla y lo haga con diligencia. Para cualquiera que actúe de buena fe, este ejercicio de responsabilidad y este mensaje de estabilidad sería bienvenido. Andalucía es la primera comunidad en contar con cuentas para el próximo año en un escenario convulso que ha llevado incluso al Gobierno de la nación a prorrogar los presupuestos generales del Estado por falta de apoyos políticos, una circunstancia que da aún más valor a que Andalucia tenga las suyas para 2018. Este acierto político de la Junta ha cogido con el pie cambiado a PP y Podemos, aliados habituales en el Parlamento autonómico. Inmersos siempre en la estrategia de cuanto peor, mejor, en su alianza antinatural, les ha caído la presentación de los presupuestos andaluces como un jarro de agua fría y los ha dejado si cabe más desnortados de lo que andan habitualmente. Esa mezquindad política les pasará factura. La oposición no se puede dedicar sólo a obstruir sin pensar en la ciudadanía.

Sí pero no

octubre 12, 2017

Mejor una imagen (cinco en este caso) que mil palabras sobre la supuesta declaración de independencia de Cataluña, anunciada y suspendida en pocos segundos, un mal truco de prestidigitación política que abunda en una deriva irracional, ilegal y basada en un referéndum tramposo y sin garantías. A Puigdemont le quedan cuatro días para que aclare lo que ha querido escenificar. No caben más artificios, lo único posible es que el Gobierno catalán recupera la sensatez y vuelva al estado de derecho y al marco constitucional.

Viñetas.– Peridis (El País), Gallego&Rey y Ricardo (El Mundo) y Esteban y Miki&Duarte (Grupo Joly)

Netamente sociales

octubre 10, 2017

Los datos que contiene el vídeo son elocuentes. Los presupuestos de Andalucía para 2018 son netamente sociales, que pretenden que la recuperación económica llegue a las familias en términos de mayor renta disponible y con mejores servicios públicos. Para ellos, se dispondrá de 34.759,5 millones, 1.520 más (un 4,6%) que en el presente ejercicio. Todas las áreas de gobierno crecen en las cuentas andaluzas, pero muy especialmente en términos absolutos salud (505 millones), educación (225 millones) y políticas sociales e igualdad (141 millones). Es un proyecto que, además, piensa en el empleo y el desarrollo económico, para lo que se dedicará 2.183 millones. Son presupuestos sociales porque incorporan nuevos derechos (198 millones para la renta mínima de inserción) y porque no habrá ningún trabajador público que gane menos de 1.000 euros. Y son unas cuentas sociales porque también apuestan por la cultura: el presupuesto global (Consejería, Patronato de la Alhambra y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que suma al C3A) aumenta un 5,1%, pasando de 192 a 202 millones. En definitiva, un texto que apuesta por el crecimiento, fortalece el estados del bienestar y lucha contra la desigualdad. Todo esto en un clima de estabilidad política que hace que Andalucía sea la primera autonomía con presupuesto para 2018, un escenario que también contrasta con la falta de apoyos del gobierno del PP para sacar los suyos adelante y abocado a prorrogar los de este año.

¿Y ahora qué? Se empiezan a conocer extremos que pueden cambiar el curso de la investigación y del relato que la derecha, con el PP como ariete interesado, había construido para atacar a personas honestas y al Gobierno de Andalucía con los ERE. ¡Ahora! después de tantos años conocemos públicamente que el procedimiento aplicado en Andalucía es el mismo que el empleado por el Gobierno de España en el periodo investigado. No será que no se ha repetido una y otra vez desde la Junta porque así está regulado en una norma de 1995, pero no hay más sordo que quien no quiere oír. También una alta instancia judicial, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha declarado legales las comisiones que cobraban los distintos agentes que participaban en el procedimiento administrativo de las ayudas sociolaborales a las empresas en crisis. Por supuesto, unos 6.000 trabajadores afectados por cierres o expedientes de regulación de empleo han cobrado y siguen cobrando su póliza. ¿Entonces que se está investigando? Como pasó con los cursos de formación, otro asunto que intentó criminalizar la derecha con un rotundo fracaso en los tribunales, el caso de los ERE empieza a desinflarse. Si hay alguna irregularidad de carácter puntual, que se juzgue y pague el responsable, pero parece cada día más evidente que lo que pretendió el PP fue hacer una causa general con intereses meramente políticos.

En el tejado del PP

octubre 4, 2017

El Gobierno de la nación tiene cinco días para desistir de su recurso contra la jornadas de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. El Tribunal Constitucional le ha dado a Mariano Rajoy ese plazo para que confirme o se retracte de su agresión a los más de 250.000 trabajadores y a los servicios públicos. Estamos ante una oportunidad para que el presidente del PP andaluz pase de las palabras a los hechos y convenza a sus correligionarios de la Moncloa que den marcha atrás. Hasta la fecha Moreno Bonilla ha demostrado nula de capacidad para frenar o, al menos, moderar el castigo sistemático de Gobierno a esta comunidad. Es como un cero a la izquierda.

Dos caras

octubre 3, 2017

Cara A – Sevilla

Cara B – Antequera

Una vez más el Partido Popular demuestra que en Andalucía tiene un discurso distinto según le convenga y según cada territorio. Es el monumento de la contradicción. (Y, por cierto, en Sevilla compartiendo voto y argumentos con la franquicia de Podemos).

Prensa.- Diario de Sevilla y Viva (ed. Centro de Andalucía).