Andalucía presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por las reválidas de Secundaria y Bachillerato si el Gobierno de la nación no rectifica y retira esta prueba. La Junta ya tiene recurrida la reválida de Primaria ante esa instancia jurisdiccional y la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno que preside Susana Díaz está apurando los cauces políticos e institucionales a ver si el Ministerio de Educación escucha el clamor de la comunidad educativa contra esta medida. Así, ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado para que el Ministerio dé marcha atrás ante tamaño despropósito.
No parece que el titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, esté por la labor de deshacer su error. Si se mantiene en su cerrazón, no queda otra opción de llevar las reválidas a los tribunales. Hay razones de sobra para el recurso contra el decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Razones jurídicas porque adolece de vicios de nulidad, carece de memoria economía y de memoria de impacto de género y lo aprueba un gobierno en funciones que se extralimita en sus competencias. También de carácter pedagógico porque las reválidas son una verdadera agresión al alumnado y son rechazadas por la práctica totalidad de la comunidad educativa. Y, por último, porque no han tenido en cuenta a las comunidades autónomas sobre la forma y el contenido final del decreto, un texto que puede invadir competencias autonómicas respecto al modelo educativo y de evaluación de Andalucía.
El modelo de evaluación que impone la LOMCE no aporta formación ni motivación al alumnado, sólo busca su segregación según los resultados obtenidos y dificulta la obtención de la titulación correspondiente, es una evaluación ajena al proceso de aprendizaje y crea incertidumbre e inseguridad jurídica a estudiantes, familias y profesorado en el acceso a la Universidad cuando hasta ahora era un camino diáfano.
Las reválidas representan una vuelta de tuerca a la enseñanza entendida como una carrera de obstáculos. Y es falsa la ecuación de que más obstáculos es igual a mejor enseñanza. Estamos en un salto atrás de medio siglo en la enseñanza de este país. Es mucho más justa con el trabajo del alumnado una evaluación continua que una prueba de cierre de todo un curso académico. Sobre todo, porque un mal resultado tiene consecuencias nefastas: al alumnado que no supere las reválidas de ESO y Bachillerato no se les dará el correspondiente título. Y n sólo eso: el alumnado de Secundaria sólo podría matricularse en ciclos de Formación Profesional Básica y quienes no superen la reválida de Bachillerato no podrían ni acceder a la Universidad ni matricularse en enseñanzas artísticas superiores, tan sólo a un ciclo de FP de Grado Superior. Por tanto, es un modelo de todo o nada para el alumno.
Es necesario la derogación de la LOMCE, una ley que segrega tempranamente, que quiebra la igualdad de oportunidades y que perjudica a la educación pública, y buscar un pacto de estado de educación cuanto antes.
Foto.- Susana Díaz, hoy en Sevilla con estudiantes de San Fernando (Cádiz) que han recogido más de 240.000 firmas contra las reválidas.