Menudo chorreo

julio 12, 2017

Una vez más, y van, la jueza saca los colores al Partido Popular en su intento a la desesperada de criminalizar los cursos de formación en Andalucía. La titular del número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, asegura en un último auto que el PP “pretende que se abra un investigación prospectiva partiendo de interpretaciones parciales y sin que consten hechos indiciarios que legitimen dicha actividad investigadora”. La Fiscalía también ha reprochado la actitud de esta formación política y se ha manifestado con mucha dureza: “Las afirmaciones que realiza el letrado de la representación del PP son parciales. […] No procede entrar a investigar a las otras entidades porque ningún dato indiciario constitutivo de delito se ha aportado en esta causa”. Menudo chorreo le está cayendo al PP por su estrategia judicial desquiciada para mantener vivo un asunto que se ha desinflado. La gran farsa se ha ido desmontando pieza a pieza en distintas instancias judiciales: a día de hoy hay más de 113 archivos. Un vapuleo en los tribunales que demuestra que el PP sólo pretendía desgastar la imagen del Gobierno de Andalucía y hacer daño a personas honestas.

 

¡De vergüenza!

enero 12, 2017

De rapapolvo en rapapolvo. La Fiscalía Anticorrupción reprende de nuevo severamente al Partido Popular por usar argumentos falsos para intentar reabrir el caso de los cursos de formación en Andalucía. No es la primera vez que el ministerio público le lee la cartilla a los populares por sus fullerías, triquiñuelas y mentiras. La penúltima fue afearle sus intentos de enmarañar la causa, la última pide que se rechace su recurso contra el archivo del caso porque “es falso y contrario a la realidad” que hayan aparecido nuevos datos. El PP está usando todos los medios, por inmorales que éstos sean, una vez que ha quedado al descubierto esta gran farsa, alimentada por ellos con el apoyo inestimable de los cargos políticos del Ministerio del Interior. La irracional contumacia de los peperos produce vergüenza. No todo vale en política para desgastar al contrario. Y aquí tiran del peor de los repertorios, de los instrumentos más ruines, con tal de desgastar al adversario político. Les importa poco la verdad, sólo quieren hacer daño actuando con maldad. Demuestran tener muy pocos escrúpulos y así les va…

Foto.Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz, publicada en el blog de Ignacio Trillo.

Zasca de aúpa

diciembre 3, 2016

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La Fiscalía le acaba de dar un zasca de campeonato al Partido Popular. Le pide el ministerio público que deje de “enmarañar” tras el archivo de las causa de los cursos de formación en Andalucía y critica la “táctica artera” para mantener vivo el proceso. El PP no ha encajado nada bien el sobreseimiento de un caso donde la jueza no ha encontrado indicio alguno de delito. La derecha andaluza muestra una absoluta falta de respeto al estado de derecho y pretende seguir ensuciando la vida pública y al adversario político. La investigación judicial ha desmontado la gran farsa orquestada por el PP, con la colaboración del Ministerio del Interior. Descubierta la trampa, sigue enredando sin pudor. Con actitudes como éstas, caen en saco roto todos los golpes de pecho que se han dado tras la muerte repentina de Rita Barberá. Lamentaron la cacería política, social y mediática de los demás. Las que ellos protagonizan no cuentan. Despellejan y aniquilan al adversario sin escrúpulos y sin aceptar las reglas del juego democrático. Esta doble moral produce una repulsión sin límite. El PP practica la judicialización de la política como una parte más de su estrategia electoral. Pretende ganar en los tribunales lo que no consigue en las urnas. Es tan torticero el uso que hace la justicia que cabría tener en cuenta la propuesta de jueces y fiscales de revisar la presencia de los partidos como acusación particular. Si se hace desde el interés particular, supone una interferencia en el normal funcionamiento del poder judicial y una distorsión del estado de derecho. De esto, el PP sabe mucho.

Recupero un artículo escrito en abril de este año por Pedro Manuel de la Cruz, director de La Voz de Almería, sobre el suplicio que vivió Paqui Pérez Laborda, ex delegada de Empleo en esa provincia, cuando fue detenida como si se tratara de una peligrosa delincuente dentro de la denominada Operación Edu. Esa gran farsa sobre los cursos de formación en Andalucía, urdida por el Partido Popular con el apoyo del Ministerio del Interior, ha quedado desmontada por la justicia. Ni fraude, ni delito alguno, ni red clientelar… Nada de nada. Al igual que Paqui, otros ex altos cargos socialistas (Aurora, Marina, Irene, Manolo, Teresa, Juan…), personas honorables que injustamente fueron puestas bajo sospecha y hoy han sido declaradas inocentes, también sufrieron el rigor injustificable de unos modos impropios de una democracia, incompatibles con un estado de derecho.

Las lágrimas amargas de Paqui Pérez Laborda

La Fiscalía del Estado protestó la pasada semana por la forma en que se había procedido a la detención del entonces alcalde de Granada y hoy ya ex. La protesta es coherente, pero no soporta el principio de igualdad de trato con que debe comportarse un órgano judicial.

Coherente porque la crítica es acertada cuando, como en este caso, la relación entre el objetivo buscado y los medios para lograrlo es extraordinariamente desproporcionada. La presencia de diez agentes en el interior de la vivienda y de tres coches policiales en la calle acordonando la zona es inasumible desde la lógica policial cuando lo que se busca es detener a una persona de la que se sabe, a ciencia cierta, que no es violenta, no opondrá resistencia y no tiene intención de fuga alguna. ¿A qué tanto fuego de artificio entonces?

Pero sí esa es la cara, la cruz de la actuación de la fiscalía se encuentra en que no soporta el principio de igualdad de trato porque no es entendible protestar hoy por lo que tanto se calló ayer. La detención del entonces alcalde con el atrezzo de un circo policial no es una excepción. Los circos policiales se han convertido en una constante que envanece el egocentrismo de quien lo ordena, excita el morbo de telediario de quienes lo contemplan y destruye, a veces hasta la impiedad, a quien protege la consideración jurídica de inocente (hasta que se demuestre lo contrario), y a quienes lo rodean con su afecto.

Almería está siendo desde el caso Poniente y hasta ahora un territorio poco frecuentado por este tipo de operaciones cercanas a la extravagancia de cinematógrafo. Pero en la memoria de muchos suena aun la brisa del viento oscuro que rodeó la operación de detención técnicamente estúpida, éticamente inmoral y jurídicamente desproporcionada decretada por la juez Alaya de la que fue delegada de Empleo, Paqui Pérez Laborda.

El tiempo ha atenuado el dolor de aquellas horas de horror en los calabozos, pero la herida sigue abierta en el alma de quien, sintiéndose inocente- cuestión que no es objeto de esta Carta, los tribunales decidirán- no ha llegado a comprender por qué tanta crueldad. Paqui Pérez Laborda ha guardado silencio durante un año. Las líneas que siguen a continuación son una transcripción libre del relato personal de lo que vivió en aquellas 32 horas que marcaron su vida para siempre.

“Fue el 24 de marzo de 2015. Vivía entonces en Villas Inés, en Huércal de Almería, en un piso con mi hijo. Como cada mañana, después del aseo personal y el desayuno, bajé al garaje y cogí el coche para ir al trabajo en la delegación del gobierno. Eran las ocho de la mañana. De pronto, al llegar a la rotonda, vi como un coche se cruzaba delante; pensé que el conductor le había explotado una rueda o se le había roto algo y ¡uff! que cerca habíamos estado de un accidente. Un chico se bajó del coche y se acercó. Bajé el cristal para preguntarle qué le había pasado.

-Nada. Queda usted detenida-
-¿Yo, Por qué?
-Por los cursos de Formación y por orden de la juez Alaya. Aparque.

Quede bloqueada. Las piernas no me respondían. Acababa de salir de Torrecárdenas donde logré sobrevivir a una pancreatitis necrosante aguda que me destruyo parte del páncreas y mi debilidad era extrema. No podía conducir, de verdad; era incapaz de articular cualquier movimiento. El chico accedió a meter el coche en el garaje. Le acompañé hasta el sótano bajo la vigilancia del Peugeot camuflado que nos siguió hasta mi plaza. ¡Como si fuera una delincuente que intentaría escapar!
Me condujeron al cuartel de la guardia civil en la plaza de la estación. En medio de un desconcierto total y ante mi incredulidad por lo que estaba pasando, uno de los agentes solo acertó a decirme en tono altivo que le diera las gracias porque no me había puesto las esposas.

Ya en el cuartel me tomaron las huellas, me hicieron las fotos, ya sabes. Pedí hablar con alguien, necesitaba hablar con alguien para contarle que no podía ir al trabajo, qué cosas se piensan en ese momento. Tampoco pude hablar con mis hijos, lo hizo el agente que me detuvo- tu madre está detenida- y le informó de la situación.

Sobre las una de la tarde salimos hacia Sevilla en el mismo coche. Durante el viaje me dijeron que conocían mis movimientos de los días anteriores y que había sido interventora del PSOE en las elecciones andaluzas celebradas dos días antes.

Por cada ciudad que pasábamos uno de los agentes comunicaba a alguien por teléfono el punto en que estábamos, quizá para que informaran a la juez. Paramos a comer en una estación de servicio que le fue indicada por la persona con la que hablaban en Sevilla. Fui al aseo acompañada en todo momento por una agente. Me senté ante el televisor para ver el telediario porque ese día había sucedido lo del avión de los Alpes. Me dijeron que no, que debía estar de espaldas a la pantalla, que no podía tener acceso a ninguna información. Pedí una ensalada y un filete de pollo a la plancha. No pude comerlo.

Reemprendimos la marcha y sobre las seis llegamos al cuartel de la Eritaña, que está frente a la Casa Rosa, en la avenida de la Borbolla. Me tomaron declaración y tres horas más tarde, sobre las nueve, entré en los calabozos en espera de declarar ante la juez. Allí y en medio del espanto por todo lo que estaba pasando compartí celda con cuatro delegadas más y una técnico detenidas en la misma operación, con las que me impidieron acercarme a saludarlas hasta ese momento. A la de Granada intenté saludarla y un empujón me lo impidió. Ya en el calabozo nos abrazamos; algunas lloraban, otras gritaban; nadie entendía nada. Nos quitaron los sujetadores, las medias, hasta los cordones de los zapatos, todo lo que pudiera servir para autoagredirnos.

Pasaban las horas y nadie nos decía nada. Nos dieron un sándwich y a las dos de la madrugada nos comunicaron que la Juez no iba a tomar más declaraciones. Nos sacaron entonces del calabozo y nos trasladaron al cuartel de Montequinto, a las afueras de Sevilla. Llegamos sobre las tres. Hacía un frío tremendo o al menos yo sentía un frio que me helaba el alma. El espacio era dantesco, cruel; nos dieron una manta y nos separaron de dos en dos. Las lágrimas volvieron.

A las siete nos despertaron con un dulce duro imposible de comer por su sabor indescifrable. Después de cuatro horas, sobre las once, nos trasladaron en un furgón blindado a los juzgados de Sevilla, en el Prado de San Sebastián. Nos metieron en los calabozos con los demás presos comunes y allí permanecimos en medio de una lluvia de insultos que callo por pudor. La jueza Alaya no llegó hasta la una del mediodía; nos dijeron que se había acostado a las cuatro de la madrugada tomando declaraciones y que por eso llegaba tan tarde.

A las tres o quizá un poco después me llamaron a comparecer. Mi abogado me aconsejó que no dijera nada porque estaba declarado el secreto de sumario y no sabíamos de qué se me acusaba. Ratifiqué mi declaración ante la Guardia Civil, pero me negué a declarar. ¿Qué iba a responder a la juez si no sabía ni de qué se me acusaba?

Cuarenta y cinco minutos después me leyó una catarata de acusaciones, empezando por conspiración para delinquir o algo así y terminando por no sé cuántas cosas más. No entendía nada porque yo no había hecho nada. Cuando leyó todas aquellas acusaciones me comunicó que decretaba mi libertad con la obligación de comparecer todos los 1 y 15 de cada mes en los juagados de Almería; una obligación que hace unas semanas se ha levantado.

Cuando salí del juzgado y ya en libertad por fin pudo encontrarme con dos de mis hijos que viajaron hasta Sevilla y esperaron durante horas y en la madrugada en la puerta de los juzgados hasta que mi abogado les dijo que fueran a descansar, que la jueza Alaya se había ido a dormir y no habría declaración hasta el día siguiente. Cogimos el coche y regresamos a Almería.

La vida volvía a la normalidad, pero ya nada iba ser como antes. Meses después la enfermedad volvió con nuevos bríos. El médico especialista que la atendió no encontró la causa de una segunda crisis que le mantuvo más de un mes ingresada.

-No encuentro ninguna causa que te haya provocado esta nueva crisis. ¿Has tenido algún episodio de estrés en las últimas semanas?- Sí, le respondí-. Pues entonces podría ser ese el motivo.
No le respondí; no le dije nada. Sólo el silencio”.

Paqui Pérez Laborda acaba su relato con la voz serena que camina entre el miedo de ayer y la esperanza de mañana. Esta Carta no pretende juzgar los hechos ni juzgar a ella ni a nadie. Los tribunales decidirán.

Lo que no puedo dejar de preguntar es ¿qué riesgo había en que la jueza Alaya hubiese citado judicialmente a Pérez Laborda en Sevilla a las 13 horas del día siguiente, evitando, así, un sufrimiento kafkiano innecesario e inútil que no produjo ningún beneficio para la instrucción de la causa y solo provocó dolor?

La respuesta no es difícil de encontrar. Está en el viento de la ponderación, la mesura y el equilibrio. Está en la inteligencia limpia de maldad.

PD.- Un final que parafresea a Bob Dylan, flamante premio nobel, causalidades de la vida.

Foto.- ABC de Sevilla.

Ya lo había pedido la Fiscalía y hoy la jueza ha decidido el archivo de la pieza política sobre los cursos de formación en Andalucía. El auto es concluyente: ni existe menoscabo de fondos públicos, ni ningún delito, ni red clientelar y la gestión se hizo conforme a ley. Todos los argumentos manejados por el Partido Popular y el Ministerio se han demostrado falsos, de acuerdo con el escrito de la magistrada. Queda así desmontada la gran farsa orquestada por el PP, con el apoyo inestimable del Ministerio, para criminalizar los cursos de formación. Se han espectacularizado detenciones, se han avanzado operaciones a través de los medios, se han tratado a altos cargos como peligrosos delincuentes, se han inflado cifras de un presunto fraude que sólo ha existido en la mente de quienes han intentado mentir y sacar tajada electoral a través de la manipulación de la opinión pública y el uso de las instituciones al servicio del interés de un partido. El auto pone fin a la causa general que la derecha había orquestado con intereses bastardos para desgastar al Gobierno socialista y manchar la imagen de Andalucía. En esta estrategia demencial se han puesto bajo sospecha el buen nombre y el honor de personas honestas, de servidores públicos íntegros.

Y no todo vale en política. La oposición tiene el deber de controlar al Ejecutivo pero cuando se excede en sus declaraciones como mínimo tiene que pedir disculpas. Hoy es el día de exigir una rectificación pública por las muchas barbaridades que se han escuchado. Se han vertido duras acusaciones contra muchos políticos decentes y se ha causado mucho daño, un daño gratuito e intolerable. Cuando los voceros de la oposición insidian e insultan sin rigor y sin fundamento tienen que asumir además su responsabilidad. Hay gente, bajo las siglas de PP y Podemos, que han hablado con una ligereza y un rencor inaceptables en estos dos años y medio y ahora se deberían plantear si pueden seguir en la vida pública. Dicen que las palabras se las lleva el viento pero hay algunas que se quedan grabadas a fuego y tienen que tener consecuencias. La barra libre y el desahogo irresponsable no les puede salir gratis. Cuando alguien se equivoca o se sobrepasa gravemente, debe pagar por ello. A algunos el tiro les ha salido por la culata.

Foto.– La jueza María Núñez Bolaños.

Desmontando la gran farsa

septiembre 27, 2016

Se ha conocido hoy otro elemento más que desmonta la gran farsa orquestada por el PP, con la ayuda inestimable del Ministerio del Interior, en relación con los cursos de formación en Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción solicita el archivo de la pieza política porque no ha quedado acreditado la comisión de delito alguno y no existe ninguna red clientelar. El escrito contundente y concluyente del Ministerio Público, previo a la decisión definitiva de la titular del Juzgado número 6, se suma al sobreseimiento de más de 50 piezas en distintos juzgados de Andalucía, a la sentencia del Tribunal de Cuentas negando menoscabo de fondos públicos y a las comparecencias en ese sentido de interventores y funcionarios públicos ante la comisión de investigación. Todos los pronunciamientos abundan en la no existencia de fraude y sí lo hubiera, sería de personas o empresas contra la Administración. En consecuencia, para los que tanto se desgañitan ante esta realidad, lo que pretenden sería como responsabilizar al ministro de Hacienda o la director de la Agencia Tributaria del fraude del IRPF, el IVA o de la gran evasión fiscal.

En la medida que el caso se desinfla, el PP y su compañero de pinza y coyunda política, Podemos, aumentan sus pataletas y los decibelios de sus gritos. Es una reacción fruto de la desesperación. Es tan descabellado el uso sectario y engañoso de este asunto que produce vergüenza. La evolución del caso y el conocimiento de la verdad están demostrando que sólo persiguen hacer daño al adversario. Actúan sin ética y sin razón. Y lo que es de aurora boreal es pedir responsabilidad política a una persona como Susana Díaz que no estaba en el Gobierno andaluz en la etapa que se ha investigado. Se resisten a aceptar la contumacia de los hechos. Podrán vociferar mucho pero no por ello tienen argumentos para sostener su posición mezquina y falsa. Se les ha derrumbado el castillo de naipes que habían construido con mentiras.

Foto.Ideal.

El presidente del Partido Popular andaluz metió ayer la pata al insinuar que la Fiscalía Anticorrupción está “instalada” en Andalucía para perseguir a los gobiernos socialistas. Juan Manuel Moreno Bonilla se empequeñeció en su escaño al ser afeadas sus palabras desde la bancada del Ejecutivo autonómico (Susana Díaz) y del PSOE (Mario Jiménez). Y es que en un arrebato de torpeza venía a sugerir que la actuación del Ministerio Público, dependiente jerárquicamente de la cartera de Justicia del Gobierno de la nación, responde a directrices políticas. Ese resbalón exige una rectificación o dar respuesta a una serie de interrogantes que ha dejado en el aire el pupilo de Mariano Rajoy:

¿Sabe algo Moreno Bonilla que no le correspondería conocer y está ocultando?

¿Está adelantando la estrategia de la Fiscalía como hizo su compañera catalana Alicia Sánchez Camacho con el consiguiente revuelo político?

¿Maneja el PP información que debería estar reservada para las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ministerio Público?

¿Está usando el PP las instituciones del Estado en beneficio propio?

¿Hay alguna instrucción política para hacer ruido en este periodo previo a las elecciones generales del 20 de diciembre?

A estas y algunas preguntas más tendrán que contestar tanto el autor de las declaraciones como el ministro de Justicia. El Gobierno de Andalucía, a través de su vicepresidente, ha anunciado que remitirá un escrito a Rafael Catalá y al fiscal general del Estado por unas palabras de Moreno Bonilla que van contra la democracia y la decencia política.