Gestión calamitosa

No lo podían haber hecho peor. El Tribunal Supremo ha gestionado rematadamente mal la crisis por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados al formalizar una hipoteca. El Poder Judicial no puede culpar a nadie del descrédito y el estupor que ha generado en la opinión pública por sus vaivenes. Varias sentencias a favor de los usuarios y obligando al pago del tributo a las entidades financieras abrieron una espita de esperanza para mucho ciudadanos. El frenazo en seco dado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la desconcertante resolución de ayer del Pleno del alto tribunal, fallando a favor de la banca por un ajustado 15 a 13, han precipitado una corriente de malestar y desconcierto en muchos sectores de la población.

Sin entrar en las razones de la decisión, cuyos fundamentos de derecho aún no se han hecho públicos, el Supremo ha causado un problema donde no lo había. El impuesto de actos jurídicos corría a cuenta del usuario, muy a nuestro pesar, y de repente varias sentencias cambian la doctrina del alto tribunal. Ante el revuelo provocado por esta nueva jurisprudencia, Lesmes manda parar (como el comandante) pero dijo que “el fallo era firme y no susceptible de revisión”. Al final no ha sido así. Otro motivo más para el enfado generalizado. Palabras que el viento se lleva y deja al personal con la mosca detrás de la oreja. Entre otras razones, porque anda la gente muy enfadada con el rescate financiero que hemos pagado entre todos por más de 40.000 millones de euros.

Como no lo sé ni tengo pruebas no voy a dar pábulo a supuestas presiones o injerencias del poder financiero en la decisión final, denuncias que brotan sin estar acreditadas desde ciertas tribunas políticas y de la sociedad civil, lo que sí resulta meridianamente claro es casi nadie comparte ese criterio y que el propio Supremo se ha infligido un severo autocastigo. Esta gestión calamitosa supone un menoscabo importante al prestigio de la justicia, máxime cuando el mismo día recibía también un tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de imparcialidad en la causa contra Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales. Le toca al Poder Judicial trabajar (y mucho) para recuperar la reputación y la confianza perdidas en esta crisis.

Enésimo varapalo

Lleva demasiado tiempo el Partido Popular intentando politizar la acción de la justicia en beneficio propio. Y en ese objetivo torticero acumula ya una serie de varapalos de jueces y fiscales por su estrategia ruin de querer ganar en los tribunales lo que pierde en las urnas en Andalucía. Se ha desmoronado como un castillo de naipes toda su ofensiva para criminalizar de manera espuria la gestión de la Junta y para atacar a adversarios políticos honestos. El último correctivo ha venido de mano del Ministerio Público en la vista oral sobre los expedientes de regulación de empleo. El fiscal ha criticado duramente la maniobra de última hora del PP de incorporar el delito de asociación ilícita para los investigados y no ha apoyado su descerebrada petición de que declare como testigo la actual presidenta de la Junta. No todo vale en política y menos cuando se busca retorcer el estado de derecho por la impotencia política y la falta de apoyo electoral. El PP hace lo que los malos equipos de fútbol: embarrar el campo para que el adversario no pueda desplegar su juego. En la arena política recurre a las malas artes y hacer daño gratuito e injusto a gente honrada con el poco reconfortante fin de arañar un puñado de votos a cualquier precio.

PD.- Y esto lo hace un partido que tiene un expediente salpicado por innumerables casos de corrupción. Qué gran viga le impide ver la realidad.

¿Otro globo que se desinfla?

¿Y ahora qué? Se empiezan a conocer extremos que pueden cambiar el curso de la investigación y del relato que la derecha, con el PP como ariete interesado, había construido para atacar a personas honestas y al Gobierno de Andalucía con los ERE. ¡Ahora! después de tantos años conocemos públicamente que el procedimiento aplicado en Andalucía es el mismo que el empleado por el Gobierno de España en el periodo investigado. No será que no se ha repetido una y otra vez desde la Junta porque así está regulado en una norma de 1995, pero no hay más sordo que quien no quiere oír. También una alta instancia judicial, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha declarado legales las comisiones que cobraban los distintos agentes que participaban en el procedimiento administrativo de las ayudas sociolaborales a las empresas en crisis. Por supuesto, unos 6.000 trabajadores afectados por cierres o expedientes de regulación de empleo han cobrado y siguen cobrando su póliza. ¿Entonces que se está investigando? Como pasó con los cursos de formación, otro asunto que intentó criminalizar la derecha con un rotundo fracaso en los tribunales, el caso de los ERE empieza a desinflarse. Si hay alguna irregularidad de carácter puntual, que se juzgue y pague el responsable, pero parece cada día más evidente que lo que pretendió el PP fue hacer una causa general con intereses meramente políticos.

Menudo chorreo

Una vez más, y van, la jueza saca los colores al Partido Popular en su intento a la desesperada de criminalizar los cursos de formación en Andalucía. La titular del número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, asegura en un último auto que el PP “pretende que se abra un investigación prospectiva partiendo de interpretaciones parciales y sin que consten hechos indiciarios que legitimen dicha actividad investigadora”. La Fiscalía también ha reprochado la actitud de esta formación política y se ha manifestado con mucha dureza: “Las afirmaciones que realiza el letrado de la representación del PP son parciales. […] No procede entrar a investigar a las otras entidades porque ningún dato indiciario constitutivo de delito se ha aportado en esta causa”. Menudo chorreo le está cayendo al PP por su estrategia judicial desquiciada para mantener vivo un asunto que se ha desinflado. La gran farsa se ha ido desmontando pieza a pieza en distintas instancias judiciales: a día de hoy hay más de 113 archivos. Un vapuleo en los tribunales que demuestra que el PP sólo pretendía desgastar la imagen del Gobierno de Andalucía y hacer daño a personas honestas.

 

De reacción lenta

No andan sobrados de reflejos en el Gobierno de Mariano Rajoy. Hoy lo ha demostrado el cuestionado ministro de Justicia, Rafael Catalá. Ha tardado cuatro días en admitir la falta de ética del ex fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix por tener participación en una empresa offshore en Panamá. No hace falta tener ningún máster en Harvard para entender que un representante del ministerio público no puede tener una sociedad en un paraíso fiscal. Se han llevado unos días mareando la perdiz hasta que la bola del escándalo se ha llevado por delante a Moix y ha dejado achicharrados al fiscal general del Estado y al propio Catalá. No aprenden de sus errores: primero se enrocan a ver si escampa y luego no les queda más remedio que rectificar cuando el asunto coge temperatura y se hace insostenible. O son de reacción lenta o derrochan mucho desahogo. Sencillamente, son las dos cosas al mismo tiempo.

Foto.eldiario.es. Catalá y Rajoy.

Sin plasma

Finalmente Mariano Rajoy tendrá que declarar en persona en el juicio de Gürtel el próximo 26 de julio. Los jueces han descartado la petición del presidente del Gobierno de hacerlo por videoconferencia, desmontando sus argumentos peregrinos para esconderse tras el plasma. Intentaba Rajoy zafarse del mal trago aduciendo la distancia y la falta de seguridad de la Audiencia Nacional. Paupérrimas razones para no dar la cara. Y como cualquier ciudadano tendrá que comparecer en la vista oral para contar lo que sepa. Acude como testigo y tiene la obligación de decir la verdad. Y no sólo eso, sino el deber ético y democrático de hacerlo. La decisión judicial ha caído como un jarro de agua en Moncloa y en la calle Génova y, por primera en democracia, un presidente en activo tendrá que declarar, eso sí como testigo, en una causa penal. Una causa que es uno de los muchos casos de presunta corrupción que acorralan al PP. Esa imagen del 26 de julio será de primera plana y hará mella en la ya muy devaluada reputación del partido de la gaviota.

Viñetas.- Miki&Duarte, en el Grupo Joly; Ricardo, en El Mundo; y Peridis, en El País.

Un fiscal en apuros

El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, estaba más que tocado tras su papelón en la Operación Lezo, la investigación judicial que ha llevado a prisión preventiva, entre otros, a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Ya se pidió su dimisión o destitución fulminante tras la denuncia de sus subordinados de injerencias y obstáculos para que no pudieran realizar su labor investigadora de este caso de corrupción en la esfera del PP. Se atrincheró en su puesto con la aquiescencia del Gobierno de la nación y muy particularmente del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pues si su cabeza pendía de un hilo, hoy se ha conocido una noticia que lo pone de nuevo en el filo del precipicio. El diario Infolibre ha descubierto que Moix es propietario del 25% de una empresa de Panamá desde el año 2012. Este medio ha intentado hablar con el fiscal durante una semana para conocer su versión, incluso le envío un burofax, y éste dio la callada por respuesta. En cambio, a través de otro medio digital, Moix ha ofrecido su versión con inexactitudes y falsedades. Dice en su descargo que no ha podido disolver la empresa por problemas económicos de sus hermanos. Y estamos hablando de una 400 euros a escote. Si ya es inasumible que tenga una empresa offshore un representante del ministerio público, las explicaciones no tienen ya ni un pase. No por este último capítulo, sino por todo lo que arrastra, Moix no puede seguir ni un minuto más en su puesto. Él no piensa dimitir y el Gobierno mirará al tendido. ¡Qué país!

Foto.eldiario.es. Moix e Ignacio González.