Deslealtad

Ni siquiera que estemos en vísperas de elecciones vale como atenuante ante la deslealtad de la derecha. As usual, los partidos conservadores han arrojado por la borda la altura de miras y la necesaria unidad de acción de los demócratas en las cuestiones de Estado. Siempre actúan así cuando ocupan los bancos de la oposición (recordemos a Cristóbal Montoro y su deseo de que se caiga España, ya llegarían ellos para levantarla). La sentencia del procés y los disturbios de una minoría radical los han lanzado al pillaje electoral, a la caza del voto sin tener en cuenta las consecuencias para la convivencia. De Vox no cabe esperar nada: por criticar incluso han puesto en solfa hasta la propia sentencia del Tribunal Supremo. Pero de Partido Popular y Ciudadanos se presumía menos ventajismo, menos regate corto, y un cierre de filas, no un cheque en blanco, en torno al Gobierno. Como hizo sin fisuras el PSOE cuando el gabinete de Mariano Rajoy impulsó el 155 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Pedro Sánchez pilotó entonces un apoyo socialista sin matices. Y hubo momentos de despropósito y desatino del equipo gubernamental del PP.

La actitud de las dos fuerzas conservadoras ahora deja mucho que desear. Las primeras palabras de apoyo al Ejecutivo socialista en un escenario especialmente complicado se las llevó el viento de las necesidades particulares. De nada ha servido que el Gobierno se haya encargado con moderación y firmeza de garantizar el cumplimiento de ley, de meter en cintura a los grupos violentos y de hacer posible la coordinación de todos los cuerpos de seguridad del Estado (Mossos incluidos), algo que no ocurrió hace dos años. La derecha ha aparcado sus deberes institucionales y ha sacado la calculadora electoral. Pablo Casado se ha deslizado por el tobogán de la ambición ante los cantos de sirenas de las encuestas. Los mismos sondeos que llevan a Albert Rivera a la desesperada, va como pollo sin cabeza, a ver si amortigua el batacazo que le pronostican. Entretanto, a España la dejan en segundo lugar. Y a Cataluña, como mera coartada de una estrategia miope y muy poco patriótica. Así es la derecha: haz lo que yo diga, no lo que yo haga.

Foto.– Efe. Sánchez y Casado, en la Moncloa hace seis días.

¡Sentencia!

Se han cubierto páginas y horas de radio y televisión, riadas de comentarios en redes sociales, desde la publicación sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ catalán hace apenas 24 horas. Y como siempre una imagen vale más que mil palabras, dejo una selección plural en lo ideológico de viñetas que diseccionan de manera incisiva y ácida este fallo histórico del alto tribunal: Peridis (El País), Idígoras y Pachi (El Mundo), Miki&Duarte (Grupo Joly), Ortifus (Levante), Puebla (ABC) y Pat Rocco (elplural.com).

Gestión calamitosa

No lo podían haber hecho peor. El Tribunal Supremo ha gestionado rematadamente mal la crisis por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados al formalizar una hipoteca. El Poder Judicial no puede culpar a nadie del descrédito y el estupor que ha generado en la opinión pública por sus vaivenes. Varias sentencias a favor de los usuarios y obligando al pago del tributo a las entidades financieras abrieron una espita de esperanza para mucho ciudadanos. El frenazo en seco dado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la desconcertante resolución de ayer del Pleno del alto tribunal, fallando a favor de la banca por un ajustado 15 a 13, han precipitado una corriente de malestar y desconcierto en muchos sectores de la población.

Sin entrar en las razones de la decisión, cuyos fundamentos de derecho aún no se han hecho públicos, el Supremo ha causado un problema donde no lo había. El impuesto de actos jurídicos corría a cuenta del usuario, muy a nuestro pesar, y de repente varias sentencias cambian la doctrina del alto tribunal. Ante el revuelo provocado por esta nueva jurisprudencia, Lesmes manda parar (como el comandante) pero dijo que “el fallo era firme y no susceptible de revisión”. Al final no ha sido así. Otro motivo más para el enfado generalizado. Palabras que el viento se lleva y deja al personal con la mosca detrás de la oreja. Entre otras razones, porque anda la gente muy enfadada con el rescate financiero que hemos pagado entre todos por más de 40.000 millones de euros.

Como no lo sé ni tengo pruebas no voy a dar pábulo a supuestas presiones o injerencias del poder financiero en la decisión final, denuncias que brotan sin estar acreditadas desde ciertas tribunas políticas y de la sociedad civil, lo que sí resulta meridianamente claro es casi nadie comparte ese criterio y que el propio Supremo se ha infligido un severo autocastigo. Esta gestión calamitosa supone un menoscabo importante al prestigio de la justicia, máxime cuando el mismo día recibía también un tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de imparcialidad en la causa contra Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales. Le toca al Poder Judicial trabajar (y mucho) para recuperar la reputación y la confianza perdidas en esta crisis.

Sufridor de una cláusula suelo

¿Cuántas sentencias más tiene que dictar el poder judicial para que un banco te quite la cláusula suelo de tu hipoteca? Llevo una larga disputa epistolar con mi entidad financiera para que me libere del pago de esa disposición abusiva e inicua. Hasta ahora sin éxito. Comencé a raíz de la sentencia del Supremo de mayo de 2013. Mi petición fue rechazada sin contemplaciones. Un año después volví a la carga en virtud de las numerosas resoluciones judiciales que seguían apareciendo dando siempre la razón a los usuarios. Recibí la callada por respuesta. Hace unos meses, registré la tercera tentativa: envíe un nuevo escrito a la entidad tras conocer un informe de la Comisión Europea que sostiene que todo lo cobrado por las “abusivas” cláusulas suelo debe ser devuelto y, por tanto, que su reintegro a los afectados debe ser retroactivo, yendo incluso más allá que el Supremo, que ponía el contador en mayo de 2013. La respuesta del banco, que esta vez llegó por correo postal, declinó con educadas palabras de nuevo mi reivindicación. Ya estoy en contacto con una entidad de defensa de usuarios para defender mis derechos. En éstas andaba cuando esta semana sale una nueva sentencia del juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid que declara nulas todas las cláusulas suelo y obliga a 40 bancos y cajas a devolver las cantidades cobradas desde mayo de 2013, fecha del primer fallo del Supremo. ¿Qué hará mi entidad financiera? ¿Se dará por enterada o seguirá dándome el sablazo mes a mes y no me devolverá lo que era mío? No me cabe duda que hará oídos sordos como hasta ahora y me obligará a defender mis derechos ante los tribunales. ¿Pero con lo contundente que es tanto la doctrina del Supremo como la de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo es necesario sobrecargar más los juzgados? Si no queda otra, habrá que hacerlo. He ido por las buenas y no me han hecho ni p… caso.

Nota.– No he querido dar el nombre de mi banco y ganas no me han faltado.

¡Zas!

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha arrojado luz sobre el uso tendencioso y torticero que ministros, dirigentes del PP y algunos medios de comunicación estaban haciendo de la declaración de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El jefe de la más alta instancia judicial española ha asegurado que la citación es “un mero trámite”, que “no significa nada al día de hoy” y que los ex altos cargos “no pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado”. Este planteamiento desde el rigor supone una desautorización a muchos y muy especialmente al ministro de Justicia, que se aventuró a precisar “la comisión de delitos de malversación y cohecho”. Rafael Catalá se llevó un sonoro ¡zas! por seguir el argumentario insidioso de su partido, más preocupado en aniquilar al adversario político que en el esclarecimiento de los hechos. Si lo ha hecho por desconocimiento, malo. ¡En manos de quién está la Justicia de este país! Si ha actuado con fines menos confesables y de interés partidista, peor. Es triste que un ministro olvide que representa a todos los españoles. Serían más que oportunas unas disculpas públicas de Catalá.

PD.– Algunos medios que al saltar la noticia salieron en tropel curiosamente han reducido a la mínima expresión o escondido las palabras del presidente del Supremo. Un ejercicio curioso de deontología profesional.

Más ruido que nueces

Me ha sorprendido (bueno, no tanto) el ensordecedor ruido mediático ante la noticia de que el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo tomará declaración a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así de simple lo dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa. Con la legislación española en la mano, sólo pueden hacerlo en calidad de imputados, una garantía procesal para comparecer acompañados de sus abogados. No hay mucha novedad en este paso procedimental lógico y natural porque tanto Chaves como Griñán habían pedido desde el primer momento acudir voluntariamente para defender su honorabilidad y el magistrado cursa una providencia (no un auto) fijando la fecha de su declaración sin imputarles ningún delito. Sin embargo, los medios (que no muchos periodistas con los que he podido hablar) se han lanzado en tropel a sobredimensionar un hito procesal que no aporta nada novedoso. Ya se sabía de antemano que esta citación se iba a producir, que los ex presidentes habían manifestado su deseo de dar todas las explicaciones sobre el caso sin esperar al suplicatorio y que sólo podían hacerlo bajo la figura de imputados. La consumación de lo evidente se ha traducido en un festín mediático donde, en algunos casos, se orilla el estado de derecho y la presunción de inocencia. El Supremo tendrá que hablar una vez oídas las partes y entonces será el momento de la exigencia de nuevas responsabilidades políticas o de reparar el daño causado a dos personas honestas e íntegras. Estoy convencido de lo segundo. Hoy hemos asistido un espectáculo donde ha habido más ruido que nueces. Cada cual tendrá sus razones.

 

Hito tardío en el Supremo

Llevamos más de 35 años de democracia y aún nos queda mucho por avanzar en igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Nos hemos topado esta semana con una de esas noticias que huelen a naftalina pero que, sin embargo, pertenecen al presente. Por primera vez una mujer es miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La información me chocó. Creía que era una barrera ya superada. ¿Cómo es posible que haya esferas en las que siga existiendo un techo de cristal que impide o, cuando menos, dificulta el ascenso de muchas mujeres? Ana Ferrer es la primera mujer que consigue plaza en esa Sala en 200 años de historia y, sobre todo, en casi cuatro décadas de democracia. Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha llega. La dicha, que siempre es buena per se, se ha demorado mucho.

(In)justicia

La Justicia se comporta, a veces, de manera tozuda, inflexible e incomprensible para la inmensa mayoría. La ejemplaridad del tercer poder del Estado, en ocasiones, hace aguas y genera alarma social. No hace falta hacer un repaso de sus sonoras meteduras de pata. No sirve de nada regodearnos en los errores y realzar la imperfección del sistema. Hago esta reflexión después de conocer que el Tribunal Supremo no considera el Libro de Familia como documento público que acredite la convivencia de una pareja. A este rebuscado y peregrino argumento se agarra la sala del alto tribunal para denegar la pensión de viudedad a una mujer. Uno se queda de piedra cuando se recurre a argucias y vericuetos para negar la evidencia. La normativa vigente acompaña al sentido común. Las familias no responden ya al esquema clásico de hombre y mujer unidos en matrimonio para toda la vida, el abanico de posibilidades es amplio. A raíz de este fallo, que sienta jurisprudencia, uno se puede preguntar qué validez tienen entonces los documentos que emiten los registros civiles. Estoy convencido que, desde un punto de vista técnico, la sentencia del Supremo es intachable, pero la justicia no puede tener tapados los ojos a una realidad palpable y notoria: once años de cohabitación acreditada con un documento oficial.

Camps, como un animal herido

El Tribunal Supremo ha dejado tiritando a Francisco Camps y, por extensión, a la dirección nacional del PP. Las conclusiones de esta alta instancia jurisdiccional dejan al presidente valenciano a los pies de los caballos por su mala cabeza y sus malas compañías, los “amiguitos del alma” de la trama corrupta Gurtel. En la sentencia, el Supremo ve un reiterado delito de cohecho por los regalos que pícaros de la banda de Correa y El Bigotes hacían a Camps y a otros altos cargos de la Generalitat y sus posibles conexiones con las resoluciones dictadas por funcionarios públicos previamente agasajados con tanta generosidad.

El cerco se cierra sobre Camps. No sólo está envuelto en este guión infumable en democracia, sino que ha mentido con reiteración a la opinión pública sobre sus vinculaciones con estos truhanes que se ponían las botas a la sombra del PP y a costa de los contribuyentes. El fallo del TS le ha sentado a tercio de varas y, tan bien picado, se ha revuelto como animal herido y acorralado arreando a diestro y siniestro, aferrándose a la poco creíble teoría del victimismo. No hay conspiración ni intriga contra el presidente valenciano, ni “hienas bolcheviques” que acechan con maldad y con gula a un personaje público modélico. Se constata de la investigación judicial una presunta práctica ilícita sistemática en la adjudicación de contratos públicos e incluso la posible financiación irregular del PP.

Mariano Rajoy, como siempre, guarda silencio, rumia con parsimonia su decisión. El líder de la oposición no sé si mantendrá que Camps será el candidato popular “diga la justicia lo que quiera“. Se ha cubierto de gloria don Mariano con su irreverencia a las reglas del estado de derecho. Le debe muchos favores y no puede cortar el cordón umbilical con quien dijo que siempre estaría a su lado, delante o detrás. Menuda papeleta tiene Rajoy, que se desangra por su falta de autoridad y su lentitud exasperante para abordar los problemas.

Otro que se ha comido un gran sapo es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, alguien “más que amigo”, según lo definió el propio Camps, que archivó con urgencia el trajegate por no hallar relación de causalidad entre los trajes regalados y la función pública desempeñada por los imputados. Interpretación laxa de la legislación vigente cuando los indicios aportados por la investigación eran palmarios. Por menos de esto, y de la mano de los falangistas, han apartado de la carrera judicial a Baltasar Garzón por investigar los asesinatos del franquismo, cuando existen bases jurídicas sobre que los crímenes de lesa humanidad no prescriben con leyes de amnistía o punto final. Por si no fuera suficiente, De la Rúa no tuvo la elegancia de inhibirse en la causa por tratarse de un “más que amigo”.

En fin, que hay tracas y mascletás en Valencia y no estamos de Fallas.

Alguaciles mediáticos de Garzón

Los seres humanos tenemos una proverbial capacidad para adaptar la realidad a nuestros intereses. Los mismos que braman contra la movilización ciudadana en defensa de Baltasar Garzón y demandan respeto a las actuaciones del Tribunal Supremo tendentes a empapelar al magistrado de la Audiencia Nacional por osar esclarecer los crímenes del franquismo son los mismos que alzan su fáctica voz contra el Tribunal Constitucional y le exigen una decisión acorde con su ideario en torno al Estatut de Cataluña. Cuando uno haciendo un esfuerzo de neutralidad y objetividad intelectual analiza este comportamiento llega a la conclusión de que el cinismo y la ley del ancho del embudo se aplican a discreción en el ala conservadora de la sociedad española.

El repaso del tridente mediático de papel de la derecha patria nos conduce a un escenario en el que la reflexión y la interpretación quedan mutiladas por el sectarismo. La concentración organizada por UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid para evidenciar la barbaridad de procesar a Garzón por querer reparar la memoria de las víctimas de la opresión franquista ha recibido una avalancha de críticas y términos despectivos de las cabeceras insignias de la derecha nacional.

ABC publica un editorial titulado Desvarío sindical donde tacha de “intolerables” e “inaceptables” la campaña “falsamente progresista” y la “operación de propaganda” que están desarrollando los sindicatos y que causan “un grave daño a las instituciones del Estado de Derecho”. En la sección El Puntazo, el diario La Razón anima al Supremo a pasar a la acción contra el “inaudito linchamiento” orquestado por “sindicalistas, actores y militantes de extrema izquierda”, un acto de apoyo al juez andaluz que ven “bochornoso” e “incompatible con la democracia”. Por último, El Mundo, con su estilo más agresivo y sensacionalista, habla de “acto guerracivilista” y no ya en las páginas de opinión, sino en las de información tanto en su portada como en las interiores.

Allende nuestras fronteras, medios de comunicación con reconocido prestigio como The New York Times se echan las manos a la cabeza por el injustificado procesamiento de Garzón. En cambio, The Wall Street Journal le pasa factura al magistrado por su concepto de jurisdicción universal a raíz de sus diligencias contra Pinochet en Chile o la dictadura argentina que, a juicio del rotativo, ha generado “anarquía legal y discordia internacional”.

Como se ve, la causa contra Garzón genera mucha controversia y mucha división de opiniones fuera y dentro de España, y no sólo embargadas por la ideología, sino fraguadas en el equilibrio de estamentos jurídicos y académicos, un hecho que nos permite colegir que la acusación de prevaricación no tiene tanto sustento… Y aún menos con convenios internacionales en la mano, donde se deja meridianamente claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben con leyes nacionales de amnistía o punto final. Pues eso.

Foto.- El País. Asistentes al acto de apoyo al juez Garzón, ayer en la Complutense.