Cosido a Camps

Llevo varios días pendiente de escribir sobre la bochornosa proclamación de Francisco Camps como candidato a la reelección en la Comunidad Valenciana. Y no se les cae a Mariano Rajoy y su peña pepera la cara de vergüenza, cruzados de brazos ante esta burla a la ciudadanía y a su código interno de conducta al aceptar, posiblemente con la nariz tapada, como cartel electoral no a un imputado sino a un acusado a punto de sertarse en el banquillo. Sin embargo, para que no se diga que me muevo por la subjetividad de mi militancia política, voy a replicar un post de Ignacio Escolar, quien, con su bisturí ágil e independiente, disecciona con criterio ético esta decisión bufa.

COSIDO A CAMPS

Era evidente y ahora también es oficial: Francisco Camps será el candidato, digan lo que digan los jueces, diga lo que diga Rajoy. El líder del PP intentó apretar las tuercas al imputado mejor vestido de toda Valencia para forzar su dimisión, pero Camps aguantó el pulso y ganó. Ahora que se demuestra otra vez que los problemas no se arreglan solos, por muchos puros que se fume Rajoy, el candidato del PP a las generales de 2012 queda cosido a un político que probablemente arrasará en las elecciones, pero al que las urnas no absolverán.

Dentro de unos meses, cuando Rajoy esté ya en su precampaña, la Gürtel valenciana volverá. Será probablemente en otoño cuando Camps se siente en el banquillo, y en ese momento su responsabilidad política caerá sobre quien permitió que siguiese en política: sobre el candidato Rajoy. El juicio dejará aún más claro que Camps mintió a Génova, mintió a los ciudadanos y mintió al juez que le interrogó. El president valenciano primero dijo que no conocía de nada a el Bigotes y después supimos que era “su amiguito del alma” al que quería “un huevo”. También aseguró que se pagaba sus trajes y ahora mismo su defensa admite que no fue así. En el PP muchos defienden que su salida pasa por pagar la multa que pide la Fiscalía, lo que sería tanto como admitir completamente su culpabilidad.

Pero que Camps mienta y que Rajoy se haga corresponsable de sus mentiras al permitir que sea el candidato del PP por Valencia no es siquiera lo más grave. Por mucho que Federico Trillo intente alargar el proceso con constantes recursos, sobre el PP valenciano pende un casi inevitable proceso por financiación ilegal. La Gürtel se llevó 8,69 millones de euros de los valencianos. Al precio que viste Camps, son sólo 7.500 trajes; un asuntillo menor.

Foto.- El País.

La ONU reacciona con reflejos

El Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido con diligencia impropia en sus usos habituales una resolución condenatoria contra Muamar el Gadafi y su régimen de terror en Libia. El acuerdo de Naciones Unidas, adoptado por unanimidad, no sé si tendrá efectos prácticos inmediatos, con un país desangrándose en un enfrentamiento civil entre partidarios del dictador y defensores de la democracia, pero sin lugar a dudas representa un aldabonazo moral. Se escapa la ONU del ambiguo lenguaje diplomático y sentencia con claridad insólita la crueldad y la ausencia de respeto a los derechos humanos con que Gadafi ha intentado reprimir la revuelta popular. Las principales conclusiones de la resolución son:

  • Que el Tribunal Penal Internacional de La Haya juzgue al dictador libio por crímenes contra la humanidad.
  • Impone sanciones económicas y dicta el embargo de las ventas de armas al régimen libio.
  • El bloqueo de todas las cuentas de Gadafi en el exterior.
  • Prohíbe los viajes al extranjero de Gadafi, su familia y sus más destacados seguidores.

La respuesta de los organismos internacionales llega tarde porque las potencias han preferido hacer la vista gorda durante muchos lustros mirando más por intereses económicos que por valores éticos, humanitarios y democráticos. Ahora bien, no se puede dejar de valorar que esta reacción ante la brutalidad de Gadafi se caracteriza por una rapidez y una contundencia sin precedentes. La Unión Europea piensa adoptar medidas del mismo calibre. Particularmente, considero que con esta resolución de la ONU empieza el principio del fin de un régimen brutal y corrupto de Gadafi.

A 110 km/h

A partir del 7 de marzo la velocidad máxima de circulación en las autopistas y autovías será de 110 kilómetros por hora hasta nueva orden. La medida, de carácter transitorio, responde a la convulsa realidad que se registra en el norte de África, especialmente en Libia, país exportador de petróleo y gas a nuestro país. Una situación de incertidumbre que ha aconsejado a tomar medidas ante posibles contingencias futuras y ante el repunte del precio del barril de Brent y la negativa de otros países de la OPEP a incrementar la producción de crudo.

La coyuntura política nos empuja a conducir más lentos, esto es, más seguros, para de camino conseguir más ahorro energético, que nos vendrá muy bien para nuestros bolsillos, en particular, y para las finanzas de España, en general. Escribiendo este párrafo he recordado un anuncio para reducir el consumo a raíz de la crisis del petróleo de los setenta en el que una voz solemne en off nos decía: ‘Aunque usted pueda, España no puede’. El ahorro estimado que comporta esta decisión del Gobierno es de más de 1.500 millones de euros al año.

Al día de hoy, no se vislumbran problemas para nuestro suministro energético, ni de petróleo ni de gas, dos productos en la Libia es uno de nuestro principales proveedores. Sin embargo, la previsión nunca está de más ante un posible agravamiento de la tensión en los países norteafricanos. Ya se perciben indicios concluyentes de esta crisis: se ha producido una escalada en el precio del petróleo, básicamente de los combustibles, de la gasolina, y que eso nos afecta a todos. Por ejemplo, una subida de 10 euros en el barril del petróleo –como se ha dado en los últimos días- supone para nuestro país, para nuestra factura energética, en torno a 6.000 millones de euros (1 billón de las antiguas pesetas), 500 millones mensuales. La reducción de la velocidad máxima en 10 km/h se traducirá 15% menos de consumo de gasolina y un 11% de gasóleo. Como contrapartida, se ha rebajado la tarifa de los billetes y abonos de Renfe para cercanías y media distancia en un 5% para fomentar el uso del transporte público.

También se van a tomar nuevas medidas para mejorar la protección de los conductores en el marco de la estrategia europea 2011-2020, medidas relativas a formación, seguridad, carreteras, movilidad urbana –de ciudades también-, información y indemnización a las víctimas. Nadie puede poner en duda que la política de seguridad vial desplegada por el Gobierno de España está dando buenos resultados durante los últimos años. El descenso de la siniestralidad en carreteras es un dato por sí solo elocuente: en 2003 fallecieron en accidentes de tráfico un total de 4.000 españoles y el año pasado fueron 1.700.

Foto.Diario de Sevilla.

Criminalizar sin pudor

Criminalizando, que es gerundio y también una práctica habitual de una parte no pequeña de la derecha patria contra aquel que tenga un carnet del PSOE. Con el caso de los expedientes de regulación de empleo, el Partido Popular y algunos medios de comunicación que operan como satélites están sobrepasando límites insospechados en cuanto a ética, decencia e deontología. Llevamos ya unos cuantos ejemplos acumulados en los últimos días de flagrante manipulación pepera que determinados medios siguen como borreguitos o como parte de una estrategia concertada de difamación. No se puede abrir una causa general contra personas por el único hecho de ser socialistas.

La última inmoralidad perpetrada por el PP concierne a dos trabajadores incluidos en el ERE de la base militar de Morón (Sevilla), cuyo único pecado es pertenecer al partido del puño y la rosa. Y rápidamente sus altavoces mediáticos se suman a ese pelotón de aniquilación social sin más prevención ni cautelas. Ninguna irregularidad, ningún tratado de favor. Estos dos ciudadanos pertenecían a la empresa, tenían una dilatada vida laboral en la misma y contaban con la edad para acogerse a la prejubilación.

¿Cuál es entonces el problema? Que son víctimas de la campaña de ira y rabia que está desplegando el PP contra el Gobierno andaluz. Está la derecha tan ansiosa por conseguir gobernar en Andalucía que no se para ante nada, que no le importa el honor ni la verdad. Un trabajador, sea socialista, popular o sin adscripción política, tiene unos derechos y ser militante del PSOE no te ha de comportar privilegios ni tampoco desventajas. El PP y sus aliados no parecen estar dispuestos a que la realidad les modifique un supuesto buen titular aunque sea falso.

En esta línea, el alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, Antonio Gutiérrez Limones, escribe hoy una carta al director de ABC de Sevilla donde defiende a estos dos trabajadores y critica a Esperanza Oña (PP) por manchar gratuitamente el honor de dos personas íntegras. (Carta a Esperanza Oña – abc…-2)

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS
Ángel González

Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, confuso,
disolviéndome en aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños.

Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!

Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

PD.- Hoy cumplo uno más. La vida avanza a una velocidad vertiginosa… Y estoy en mi mejor momento. Así que pienso disfrutar al máximo este estadio de felicidad.

La otra cara de los ERE

El Partido Popular lleva tres semanas lanzando mentiras e insidias sobre la tramitación de algunos expedientes de regulación de empleo por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ha manipulado datos a su antojo, ha intentado confundir a la opinión pública, ha vestido de limpio desde el primer al último socialista. Desde las filas del PSOE, más allá de los casos detectados de presunto intrusismo entre los beneficiarios que están en manos de la justicia llevados por la propia Junta, se ha defendido la legalidad de estas ayudas para empresas y trabajadores en crisis, el uso conforme a derecho de ayudas dirigidas a 25.000 trabajadores y control del dinero público por la intervención del Parlamento y la Cámara de Cuentas.

Hete aquí que de tanto tensar la cuerda, se ha roto. Cuando se rasca en alguno de estos ERE observamos que salen a relucir nombres de cualificados dirigentes del Partido Popular. Por ejemplo, en el expediente de Minas de Riotinto aparece el papel de mediador de Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía, y Eduardo Zaplana, titular por aquellas fechas del Ministerio de Trabajo.

El ERE se firmó dentro de un Acuerdo Marco firmado en 2002 entre el Gobierno, la Junta y los sindicatos para la aplicación de medidas sociolaborales para esta comarca onubense en dificultades. Se concedieron unas condiciones especiales para la prejubilación con la autorización de los responsables del Ministerio de Trabajo, instancia competente para determinar los coeficientes reductores que determinan el importe de las prejubilaciones a percibir y la comprobación de los puestos de trabajo desempeñados. El 15 de marzo de 2003, con Zaplana como referente jerárquico, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva emitió el informe relativo a Minas de Riotinto que posibilitó la aprobación del ERE.

A pesar que desde la Junta de Andalucía se sostenía en que no había ningún tipo de irregularidad en ese ERE, el Partido Popular ha venido cargando las tintas, disparando contra todo lo que se movía, poniendo en cuestión el honor y la honradez de mucho responsables públicos. Conocida la presencia de cargos populares en el pacto social para salvar a la comarca de Riotinto, ¿sigue Javier Arenas calificando de espeluznante esta actuación? ¿Le pedirá explicaciones a Zoido y Zaplana? ¿Dará Arenas alguna explicación por una actuación de un Gobierno en el que era vicepresidente segundo? Parafraseando sus palabras, ¿se habrían “apañado” coeficientes, extendiendo la consideración de mineros a personal administrativo, limpiadoras o conductores gracias a la acción de miembros del Ejecutivo de Aznar?

Esta realidad demuestra que el PP está instalado en una gran mentira en su desbocada carrera electoral y por la necesidad imperiosa de tapar a cualquier precio el caso Gürtel, el mayor escándalo de la democracia española, con un presidente, Francisco Camps, a punto de sentarse en el banquillo, y con otro ex presidente como el balear Jaume Matas atosigado por sus presuntas corruptelas. Este ERE de Riotinto, antes y ahora, es legal y el debate político desnuda la hipocresía y el doble lenguaje con que se desenvuelve el PP. Cuando salen a la palestra nombres de pepero en función de documentos oficiales anuncian querellas. No quieren que la realidad les prive de su gran mentira.

Para más información, os dejo una información del diario Huelva Información que reconstruye lo que ocurrió en 2003: Gobierno (PP), Junta (PSOE), UGT y CCOO pactaron el ERE de Riotinto

Foto.-Huelva Información. Zoido preside la mesa de negociación sobre el acuerdo para los mineros en 2003, con todas las partes implicadas. (Una imagen vale más que mil palabras).

Igualdad salarial

El 22 de febrero se celebra el Día Internacional por la Igualdad Salarial. La fecha elegida para esta jornada reivindicativa surge de los días de más que tienen que trabajar las mujeres para obtener el salario medio de los hombres. Esto es, una mujer necesita 53 días más, casi dos meses, para alcanzar las retribuciones de los hombres en un año. Por tanto, con estos datos sobre la mesa, resulta absolutamente necesario exigir en el mercado laboral unas condiciones de total igualdad entre ambos sexos. Permitir esta brecha salarial es consentir la discriminación.

La participación activa de las mujeres en la vida económica y laboral con criterios objetivos de igualdad no es sólo una cuestión de justicia, sino de eficacia y de enorme ayuda para salir de la crisis y para favorecer la cohesión social. Así se lograría reconocer y rentabilizar el capital humano que representan las mujeres, que es enorme, para revertirlo a la sociedad. Según la secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, contribuirían más para su bienestar futuro y también a la caja común que suponen las pensiones. Se recaudarían más impuestos y se conseguiría, en definitiva, una mayor dinamización de la economía en nuestro país.

La desaparición de la brecha salarial es absolutamente imprescindible. La sociedad y las empresas, de acuerdo con la dirigente socialista, han de romper el estereotipo de que las mujeres sólo pueden ser cuidadoras, una tarea en la que los hombres deben hacerse corresponsables. Y no sólo para favorecer la igualdad y la cohesión social, sino para disfrutar de afectos y vivencias trascendentales para su desarrollo personal y emocional.

Algunos enlaces de interés:

Blog de Bibiana Aído: 22 de febrero: Día Internacional de la Igualdad Salarial

Blog de Micaela Navarro: Igual empleo, igual salario.

A lo Robin Hood

De vez en cuando se producen movimientos desde la base para corregir soberanas injusticias. Muchas veces estas iniciativas bienintencionadas se quedan en nada, sólo una minoría de ellas prospera, pero al menos suponen un aldabonazo sobre las conciencias y ponen en el escaparate determinadas maniobras que nos pasan desapercibidas y que se producen las reboticas de los demiurgos de las finanzas internacionales.

Una decena de abogados, al estilo Robin Hood, ultima una querella criminal contra las grandes agencias de calificación por sus más que discutibles prácticas, que benefician a sus amigos y perjudican a la inmensa mayoría de siempre. Este grupo de letrados acusa a  estas agencias (Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch, principalmente) de intentar, “alterar, de forma reiterada, los precios en los mercados” en beneficio propio y de sus clientes con un grave perjuicio económico para el erario público y los pequeños ahorradores, se puede leer hoy en Público. Malos usos en la gestión de asuntos de interés general que coinciden en el tiempo con la dura auditoría autocrítica realizada en el Fondo Monetario Internacional y que censura su falta de capacidad para anticipar los efectos de las crisis por sus componendas con los poderosos.

Según los promotores de la querella, se intenta reproducir en Europa acciones que se han puesto en marcha en Estados Unidos a través del Ministerio Fiscal. La demanda se fundamenta, como adelanta el citado diario, en que estas firmas encargadas de certificar la calidad de los productos financieros le dieron la máxima calificación a algunos que eran “basura” y, sin embargo, penalizaron arbitrariamente la deuda pública, entre ellas la española, contribuyendo a agravar los problemas financieros de muchos países y de sus empresas. Se ha publicado hace unos días las conclusiones de la investigación realizada por el Congreso de EEUU sobre estas digresiones de las agencias, un documento en el que se recoge que “algunas calificaciones se cocinaban de acuerdo con el cliente y en contra, por tanto, de los pequeños inversores que compraban los productos confiados por las excelentes notas asignadas”. Un resultado que, siendo tan sólo un poco mal pensado, no extraña en absoluto. ¿Cuándo los poderes financieros han pensado en los ciudadanos?

Posiblemente la esperanzadora iniciativa de este grupo de abogados no llegue ni a ser admitida a trámite y, por tanto, esta presunta perversión de los mercados se archive en los anaqueles del olvido. Quizá me abrace a una utopía… ¡Y lo bien que se quede uno cuando lucha contra una injusticia! Al menos en el bosque de Sherwood queda un espacio para la ética.

Piruetas parlamentarias

Este jueves el que suscribe defendía en el Parlamento de Andalucía una iniciativa contra la privatización de las cadenas autonómicas que Mariano Rajoy, el mandado de José María Aznar, lleva en su programa de involución autonómica y de demolición del estado del bienestar que tanto nos ha costado construir en los últimos treinta años. El PP, siguiendo las directrices del verdadero jefe y la hoja de ruta trazada por FAES, ya tiene registradas proposiciones con este fin en el Congreso y en el Senado para liquidar esas ventanas públicas a través de la modificación de la Ley del Tercer Canal, norma que ampara el carácter público de la radio y la televisión autonómicas.

Lo normal habría sido, en coherencia con su discurso nacional, que la bancada popular andaluza votara en contra de un punto que perseguía exactamente el objetivo contrario, es decir, la salvaguarda de la ley tal como está y que las cadenas autonómicas no puedan ser entregadas al mejor postor privado (afín a los peperos) en detrimento del interés general. Javier Arenas y sus cuates hicieron una extraña pirueta parlamentaria, una contorsión inexplicable en un partido serio, un ejercicio de trilerismo político. Los parlamentarios se negaron a participar en la votación del citado punto: se quedaron en sus escaños y no emitieron su voto.

Esta cobarde actitud política los retrata. ¿Qué van a hacer los diputados y senadores del PP de Andalucía cuando se debatan las propuestas de su partido en las Cortes Generales? Ni que decir tiene que votar dócilmente lo que le marquen desde la calle Génova. Muchas fintas retóricas y mucho discurso de boquilla para no desvelar su verdadero rostro. Una manifestación de hipocresía que produce sonrojo.

Por cierto, cada uno puede desarrollar las estrategias que quiera, pero en democracia los que no participan en las instituciones por intereses inconfesables suelen tener muy mala pinta.

PD.- Una foto de mi intervención bajada de la web del Parlamento de Andalucía. Disculpad esta inmodestia.