Empatía, por favor

Hay noticias que por muy curados de espanto que estemos nos sorprenden e incluso nos escandalizan. Esta semana Federico Trillo, infausto ministro de Defensa de la etapa Aznar, ha vuelto a la primera plana por un dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza a su departamento del accidente del Yak-42 en 2003, que costó la vida a 62 militares. El órgano consultivo considera que no se actuó pese a las sospechas de riesgos que suponían los desplazamientos en esos obsoletos aviones ucranianos. Trillo, tras haberse encargado de la coordinación de la defensa de los asuntos turbios del PP, fue premiado con la embajada de España en Reino Unido cuando el PP llegó a la Moncloa en 2011. Ahora que su mandato ha concluido se refugiará como letrado mayor en el Consejo de Estado. No se ve en Trillo ni un ápice de arrepentimiento por la mala gestión con el Yak 42 o de empatía con el dolor de las familias de las víctimas. El Gobierno del PP también se sacude el problema, aunque María Dolores de Cospedal haya cerrado una reunión con los allegados de los fallecidos. Mariano Rajoy sitúa la tragedia en el pasado: no se ha molestado en disimular su pasotismo frente al desconsuelo de las familias. Ni siquiera han tenido los arrestos de anticipar el cese de Trillo como embajador, como gesto aunque sea tardío de asunción de responsabilidad política. Trece años después, hemos comprobado que el sufrimiento de los familiares persiste, que sólo buscan la verdad y cerrar un triste capítulo de su historia con una simbólica victoria moral frente a la indignidad del ex ministro. Este vídeo de la portavoz del plataforma de afectados, Curra Ripollés, resulta conmovedor y refleja el sentimiento de las víctimas.

Por la libertad de información

El Partido Popular no está encajando bien el goteo permanente de informaciones sobre sus casos de corrupción y escándalos políticos. Que si Gurtel, que si Bárcenas, que si la caja B y la supuesta financiación ilegal a través de donaciones durante muchos años, Púnica, las andanzas de Rato, Pujalte o Trillo, el escarnio de la costa levantina, el caso de las renovables en Castilla-León… Este machaque casi diario para un partido que, según Aznar, era incompatible contra la corrupción lo tienen de los nervios y cuesta abajo y sin freno en todas las encuestas.

En esa estamos y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene la ocurrencia de reabrir el debate de sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones de investigaciones judiciales. Antes que él ya lo hizo su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Quieren matar al mensajero y mutilar el derecho constitucional de la libertad de prensa y de los ciudadanos a recibir información veraz de lo que acontece. Ante tamaño desvarío democrático, el ministro se vio obligado a matizar sus primeras palabras, que ponen sobre la mesa el verdadero pensamiento de una formación política que parece no entender el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático. El mero planteamiento de un recorte de libertades de ese calibre es inadmisible. La censura era un instrumento de otros tiempos.

Un despropósito que deja en entredicho el talante del Gobierno y del PP y que requiere una desautorización en toda regla de instancias superiores al ministro. Si no se produce, habrá que pensar que todos están en la misma sintonía. La democracia necesita transparencia y no opacidad, el deber de los medios es facilitar una información veraz, los ciudadanos tienen derecho a recibirla y corresponde a la administración de justicia, en todo caso, custodiar los contenidos de sus instrucciones bajo secreto de sumario. Si algún medio se excede en su cometido democrático, para eso están los tribunales de justicia. Lo que plantea el ministro es intolerable en democracia.

Foto.La Vanguardia. Catalá y Gallardón, en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría.

Incompatibilidades obligatorias

Esta semana nos hemos enterado de nuevos negocios de Federico Trillo y también de Vicente Martínez Pujalte. Negocios que bordean la legalidad y que desde luego resultan impresentables desde el punto de vista de la ética. Estos dos representantes del decadente Partido Popular han actuado como lobbistas. Han cobrado por asesorías verbales unas cantidades desorbitadas. Ambos lo hicieron mientras que eran diputados. Trillo, que sigue en la vida pública pese a su gestión nefasta del accidente del Yak 42, cobró hasta 354.000 euros por informes orales a una constructora. La misma empresa le daba 5.000 euros al mes a Pujalte, ese látigo de la derecha más ultra, por tomar dos cafés con uno de sus directivos. Otro halcón de la derecha, Rafael Hernando, salta a la palestra para defender a sus cuates y pide suavizar el régimen de incompatibilidades. Una demanda a contracorriente del sentir mayoritario ciudadano. El PP cada vez está más lejos de la realidad.

En Andalucía, estos tejemanejes de los prebostes de la gaviota son imposibles. Aquí rige la máxima de una persona, un cargo y un sueldo, ya sea público o privado. En el Gobierno autonómico existe un severo régimen de incompatibilidades desde hace una década. Un miembro del Ejecutivo sólo puede recibir el ingreso público, recogido en los Presupuestos, cuando accede al cargo y no existe excepción. En el Parlamento de Andalucía tampoco es posible compaginar emolumentos privados con la asignación pública. Harían bien en mirar experiencias como la andaluza para evitar que se produzcan episodios bochornosos como los de Trillo y Pujalte.

Foto.Cuatro.

PP, Josu Ternera y Troitiño

El Partido Popular se quiere aprovechar siempre de la débil memoria colectiva y dice una cosa o la contraria según le interese en cada momento, con un desahogo que produce sonrojo cuando se les caza en el renuncio. La organización que preside Mariano Rajoy está haciendo un uso mezquino e inmoral de la lucha antiterrorista a raíz de la excarcelación por parte de la Audiencia Nacional (¡Gracias a Montesquieu y la separación de poderes) del etarra Antonio Troitiño, ahora en paradero desconocido y en búsqueda y captura tras una rectificación judicial en toda regla para que cumpla los siete años que le quedarían de condena, aplicando la doctrina Parot, esto es, no otorgar a los terroristas determinados beneficios penitenciarios. El PP sabe que está retorciendo la legalidad, que está pisoteando la verdad y la razón, pero no repara en esas ‘minucias’ que dan sentido al estado de derecho. La derecha patria, desde el demente Mayor Oreja al impúdico Federico Trillo, desde la montaraz Cospedal a la leguleya Sáenz de Santamaría, han lanzado una ofensiva furibunda contra el Gobierno de España y el ministro Rubalcaba en clave electoral olvidándose del pacto antiterrorista y de la ética. Y también de su gestión en la puesta en libertad del etarra Josu Ternera, un calco de lo vivido ahora con Troitiño con la salvedad de que la oposición no se lanzó a degüello del entonces ejecutivo liderado por Aznar, con Rajoy como vicepresidente.

En esta línea, abunda un post de aventuraenlatierra en Globomedia, algunos de cuyos fragmentos reproduzco a continuación:

“El PP acaba de organizar otro de sus escándalos prefabricados porque la Audiencia Nacional ha puesto en libertad al etarra Antonio Troitiño, al estimar que este ya había cumplido la pena impuesta. […] Troitiño ha sido puesto en libertad por la Audiencia Nacional ateniéndose estrictamente a la ley vigente.

Ocurre que por increíble que parezca los propios jueces no están de acuerdo en si en los casos de terrorismo computa como tiempo de estancia en la cárcel la prisión preventiva. Puesto en libertad Troitiño y en mitad de la discusión entre sus señorías de la Audiencia, el entorno mediático del PP ha aprovechado para lanzar otra de sus campañas de terrorismo mediático, mediante la cual se está enviando a la sociedad española el mensaje de que ha sido el Gobierno español quien ha puesto en libertad a Troitiño en razón de sus supuestos pactos secretos con ETA. […]

La cosa se vuelve grotesca y alcanza un punto más en la escala de la ignominia cuando recordamos que, como cuenta hoy El País, en noviembre de 2002, siendo vicepresidente del Gobierno don Mariano Rajoy y presidente Aznar, un juez del Tribunal Supremo puso en libertad al jefe etarra Josu Ternera, quien naturalmente se fugó de inmediato a Francia antes de que otro juez interesara que fuera detenido de nuevo. Cuando se le pidieron explicaciones del asunto, Rajoy lo despachó con esta frase, que está en las hemerotecas: “El Ejecutivo ha actuado con absoluta diligencia (…) pero el Gobierno no puede vigilar a persona alguna sino es con autorización judicial, so pena de cometer una actividad delictiva”, y acababa “No sabemos dónde está Josu Ternera”.

¿Se puede ser más felón? Se puede: todavía no ha rebuznado Aznar sobre el asunto. Esperen a que lo haga, y verán.”

En la Cadena Ser, en el programa ‘A vivir que son dos días’, han hecho esta mañana un montaje con las palabras de Rajoy en 2002 y de Rubalcaba hace unos días y son prácticamente calcadas, como dos gotas de agua (lo puedes escuchar en el tramo final de este podcast). Si entonces el PP se defendía esas posiciones, ¿por qué cambia el discurso sin rubor en un caso que concierne exclusivamente a la esfera judicial? No hace falta responder a esta cuestión ante el ensordecedor silencio de Mariano Rajoy.

Apuntes sobre los ERE

El asunto de las irregularidades en algunos expedientes de regulación de empleo en Andalucía monopoliza el debate político y la atención de los medios de comunicación. Me atrevo a intentar en este post separar el grano de la paja.

En vanguardia. La Junta de Andalucía se ha personado como parte perjudicada en la instrucción judicial sobre las anomalías en los ERE y ha iniciado el procedimiento administrativo para que los intrusos reintegren a la administración las cantidades cobradas indebidamente. Y se ha tomado su señoría su tiempo para aceptar que el Ejecutivo autonómico se pueda personar, sus razones habrá tenido. La Junta toma la iniciativa en este sentido para pedir responsabilidades penales a todo aquel que se haya aprovechado de estos fondos que han ayudado a más de 25.000 personas y decenas de empresas en crisis en los últimos diez años. El Gobierno andaluz ha sido el que ha investigado y ha denunciado ante los tribunales en una actitud de transparencia y contundencia, caiga quien caiga, y ahora va a ser parte activa en el proceso penal como acusación particular. Al mismo tiempo, a las 59 personas que se han colado de rondón en los expedientes se les empezará a exigir la devolución del dinero que no le correspondía.

Dos modos de actuar. Ningún partido está exento de que le surja un brote de presunta corrupción en sus filas. La clave está en cómo se reacciona ante la misma. Al PSOE y al Gobierno no le han temblado el pulso sacando a los garbanzos negros de la olla y colaborando de manera decidida y proactiva con la jueza, aportando más información de la que incluso había requerido. No quiero caer en el ‘y tú más’, pero en la acera de enfrente, esto es, el PP, no sólo no cortan por lo sano, sino que colocan en sus listas a procesados (el caso de Camps es el más sonoro y no el único). Además, tiene un gabinete jurídico, capitaneado por el ex ministro Federico Trillo, para entorpecer la labor de la justicia. ¿Se puede actuar con más cinismo?

Un nuevo patinazo. El Mundo es un periódico que primero dispara y luego pregunta, que antes publica y después intenta contrastar. Otra vez ha pinchado en hueso intentando vincular las irregularidades en los ERE con una hipotética financiación ilegal del PSOE. Una mentira como una catedral. Abría edición ayer este infalible periódico con este contundente título: Un falso prejubilado donó al PSOE la sede de Camas. La dirección socialista de Sevilla ha demostrado con documentos que el local lo compraron los militantes a través de una hipoteca a la que, posteriormente, se ha subrogado la dirección provincial y de la que aún queda por pagar 30.000 euros. Descubierto el garrafal error, la ausencia de humildad de algunos medios les impide reconocer su yerro. Habría ya que aparcar ese viejo aforismo periodístico de ‘no dejes que la realidad te cambia un buen titular’.

Cosido a Camps

Llevo varios días pendiente de escribir sobre la bochornosa proclamación de Francisco Camps como candidato a la reelección en la Comunidad Valenciana. Y no se les cae a Mariano Rajoy y su peña pepera la cara de vergüenza, cruzados de brazos ante esta burla a la ciudadanía y a su código interno de conducta al aceptar, posiblemente con la nariz tapada, como cartel electoral no a un imputado sino a un acusado a punto de sertarse en el banquillo. Sin embargo, para que no se diga que me muevo por la subjetividad de mi militancia política, voy a replicar un post de Ignacio Escolar, quien, con su bisturí ágil e independiente, disecciona con criterio ético esta decisión bufa.

COSIDO A CAMPS

Era evidente y ahora también es oficial: Francisco Camps será el candidato, digan lo que digan los jueces, diga lo que diga Rajoy. El líder del PP intentó apretar las tuercas al imputado mejor vestido de toda Valencia para forzar su dimisión, pero Camps aguantó el pulso y ganó. Ahora que se demuestra otra vez que los problemas no se arreglan solos, por muchos puros que se fume Rajoy, el candidato del PP a las generales de 2012 queda cosido a un político que probablemente arrasará en las elecciones, pero al que las urnas no absolverán.

Dentro de unos meses, cuando Rajoy esté ya en su precampaña, la Gürtel valenciana volverá. Será probablemente en otoño cuando Camps se siente en el banquillo, y en ese momento su responsabilidad política caerá sobre quien permitió que siguiese en política: sobre el candidato Rajoy. El juicio dejará aún más claro que Camps mintió a Génova, mintió a los ciudadanos y mintió al juez que le interrogó. El president valenciano primero dijo que no conocía de nada a el Bigotes y después supimos que era “su amiguito del alma” al que quería “un huevo”. También aseguró que se pagaba sus trajes y ahora mismo su defensa admite que no fue así. En el PP muchos defienden que su salida pasa por pagar la multa que pide la Fiscalía, lo que sería tanto como admitir completamente su culpabilidad.

Pero que Camps mienta y que Rajoy se haga corresponsable de sus mentiras al permitir que sea el candidato del PP por Valencia no es siquiera lo más grave. Por mucho que Federico Trillo intente alargar el proceso con constantes recursos, sobre el PP valenciano pende un casi inevitable proceso por financiación ilegal. La Gürtel se llevó 8,69 millones de euros de los valencianos. Al precio que viste Camps, son sólo 7.500 trajes; un asuntillo menor.

Foto.- El País.

El lobby de Trillo

Uno se entera de algunas cosas que le hace poner en duda la igualdad del sistema en España. Hay gente que goza de unas prerrogativas que le están vedadas a la inmensa mayoría de los mortales. Ítem más, la sangrante división de la judicatura en bandos ideológicos completa el duro del despropósito.

Leo una información de El País que me indigna como ciudadano. En la sede del PP ya conocerían el fallo del Supremo sobre la pieza del caso Gurtel referida a los regalos a Francisco Camps de trajes por valor de 30.000 euros por parte de la trama corrupta (sin ser malpensado, ¿se puede sospechar de tanta generosidad?). En un estado democrático serio resultaría impensable que las resoluciones judiciales trascendieran antes del día señalado.

El estado de ánimo en la calle Génova, según se desprende de la información, ha cambiado en las últimas fechas: del pesimismo de comienzos de la semana pasada al alivio posterior tras conocer que la reapertura del asunto de los óbolos al presidente valenciano seguirá durmiendo el sueño de los (in)justos. Mariano Rajoy, a lo mejor sabedor ya del archivo de la causa, se permitió el lujo (o la chulería) de confirmar la candidatura de Camps “diga la justicia lo que quiera“. Y se fumó un gran puro.

Este tráfico de información privilegiada es obra y gracia del gabinete jurídico del PP, un auténtico lobby comandado por el ínclito Federico Trillo, un grupo de presión que se mueve entre bastidores y busca condicionar voluntades, modificar decisiones, arrimar el agua al molino de la derecha. Una mecánica que supone la pura perversión del sistema.

Esta forma de actuar coactiva y embaucadora, inasumible desde el punto de vista de la higiene democrática, contradice el discurso del PP en relación con las protestas de la sociedad civil, en concreto de los movimientos de recuperación de la memoria histórica, por el procesamiento del juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Se censura a estas personas por ejercer la libertad de expresión en el espacio público y, sin embargo, se ampara y respeta a unos conseguidores judiciales que intentan convertir en papel mojado la legislación vigente con maniobras opacas. Y todo porque la derecha se siente con el derecho natural de mandar y mangonear (primera acepción del diccionario de la RAE).

PD.- No me podido resistir a colocar esta foto de El País. Camps pidiendo perdón a Dios, que está muy bien si es creyente, pero aún estamos esperando sus disculpas a la ciudadanía por lo ocurrido durante su mandato en Valencia.

Coña marinera

Que una acusación popular obstaculice la labor del juez en lugar de favorecer la investigación y el esclarecimiento de los hechos que la han llevado a personarse como parte afectada suena a tomadura de pelo, a pitorreo, a coña marinera. El Partido Popular está haciendo uso y abuso de los márgenes de nuestra legislación para evitar el procesamiento del presidente valenciano, Francisco Camps, por su presunta implicación con la corrupción de la trama Gurtel. Los servicios jurídicos populares, capitaneados por el ínclito Federico Trillo, están recurriendo a todas las argucias y triquiñuelas legales posibles, haciendo con casi toda seguridad fraude de ley, para frenar la investigación del juez Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En la calle Génova no quieren que el magistrado siga tirando del hilo que lleva al corazón político de la red corrupta y, en su calidad de acusadores populares, han interpuesto un recurso contra un auto judicial que solicitaba la identidad de los responsables de los 17 departamentos de la Generalitat que, de acuerdo con informes policiales, firmaron 85 contratos de forma irregular con la banda de Correa y El Bigotes entre 2004 y 2009.

Insólito, inaudito, inadmisible o vergonzoso pueden ser algunos calificativos que definan el ardid del PP para retrasar o adormecer el escándalo que le salpica en la dirección nacional y en cuatro autonomías. Son las mismas tretas que, amparados por el estado de derecho, emplean terroristas y narcotraficantes, por ejemplo, para poner chinitas en la instrucción de un sumario y escaparse de rositas. En un partido que aspira a gobernar y se autoproclama como alternativa quedan mal estos regates de fulleros o de malos perdedores. En democracia los atajos suelen ser muy peligrosos.

Cinismo

El Partido Popular se ha pasado buena parte de la campaña de las recientes elecciones europeas criticando al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por usar un avión militar para sus desplazamientos. Esta crítica huelga por motivos de seguridad. Dándola por buena, entrando en un terreno controvertido e impensable en cualquier democracia occidental, estaría bien que los denunciantes se aplicaran a sí mismos sus recetas antes de exigírselas a los demás. Es lo mínimo e imprescindible desde un punto de vista ético. 

Jaime Mayor Oreja usa su coche oficial para ir a misa, Mariano Rajoy se desplaza en AVE gratis total para actividades de su partido haciendo valer su condición y sus privilegios de diputado, el imputado por la justicia Francisco Camps, presidente valenciano, censura el uso del Falcon por Zapatero en un acto del PP al que acude en su Audi oficial costeado por toda la ciudadanía… Antaño, José María Aznar, el ex ministro indecoroso Federico Trillo y el propio Rajoy no tenían empacho en recurrir a los medios aéreos de las Fuerzas Armadas para sus viajes de todo tipo y condición…

La última es que una contertulia de la Cadena Cope, la conversa Gotzone Mora, considera misión de interés público acudir a las tertulias de la emisora de la Conferencia Episcopal a despotricar contra el Gobierno socialista en su vehículo oficial como responsable autonómica de Inmigración de la Generalitat de Valencia (léelo en elplural.com). Suma y sigue. La lista es interminable. No se sonrojan cuando recriminan a los demás lo que ellos hacen sin ningún tipo de pudor ni arrobo. Siguen la máxima del mal padre (o madre): haz lo que yo diga y no lo que yo haga. A eso se llama cinismo.

Foto.- Gotzone Mora.

Aznar sí podía…

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Aznar, y Rajoy, y Trillo… Cualquier alto cargo del Partido Popular podía desplazarse en avión o helicóptero de las Fuerzas Armadas a cualquier actividad de su agenda institucional o política en su etapa gubernamental (1996-2004). Al día de hoy, también cuentan con la natural prerrogativa de emplear los medios públicos los presidentes autonómicos (ataviados con caros trajes gratis total) y los alcaldes y alcaldesas del PP porque son gente muy ocupadas y con misiones de enorme transcendencia. Sin embargo, los que están ahora como okupas de la Moncloa no tienen derecho a ello. Un socialista no posee clase ni pedigrí para usar un transporte militar por motivos de seguridad cuando es presidente del Gobierno. No sé qué se creen estos descamisados, cómo osan, no tienen cuna ni alcurnia, esos supuestos privilegios sólo es para gente que tenga un origen y unos apellidos, sólo es para aquéllos que gozan de derecho divino. Zapatero, hombre, que esto no es para ti, que eres en un desharrapado, un simple ciudadano, un pobre de izquierdas, que no te lo mereces por mucho que seas el presidente con más votos de la historia de la democracia…

La Cadena Ser lo cuenta muy bien: Aznar usó aviones y helicópteros militares en la campaña electoral de 2003. Él, que era un hombre de estado y no un rompepatrias, sí podía.

Foto: Eduardo Margareto, en www.cadenaser.com.