Buenos y malos

No sorprenden ya ni las portadas, ni los editoriales, ni el sesgo informativo de ABC. El periódico se manifiesta de manera contumaz como órgano de expresión de una opción política, un ejemplo elocuente del periodismo de trinchera que se practica en este país elevado a grado supino. El estallido del caso Bárcenas, que no es más que una derivada de la trama Gürtel y que puede acabar en el escándalo PP, ha situado al rotativo en un numantinismo irredento, tomando posición de parte, retorciendo la realidad y renunciando a lo fundamental del quehacer periodístico: contar las cosas tal y como son. La primera plana de hoy viene a repartir etiquetas de buenos y malos: el santo Rajoy se desvela por sacar al país del sumidero donde, a juicio del medio, lo dejaron los zarrapastrosos socialistas, frente a los jinetes del Apocalipsis, representados en el extesorero Bárcenas, el letrado y ex juez Gómez de Liaño y Alfredo Pérez Rubalcaba. Un tridente de malvados que torpedean los esfuerzos de nuestro particular Sísifo gallego en su afán de subir la pesada roca por la ladera de la crisis. (Se han dejado en el tintero para no hacerle más publicidad, es de suponer, al pérfido Pedro J. Ramírez, a quien han declarado la guerra desde el diario con grapa de Vocento). ¡Qué me moria más débil hay en este país! Ya no recuerda este diario la oposición destructiva que hizo el PP en la etapa de Zapatero.

Este reparto de roles resulta ciertamente maniqueo y contradictorio con lo que hacen con otros casos que afectan a instituciones de otra signo político. Bárcenas es un indeseable que ha intentado sin éxito chantajear al presidente del Gobierno y el PP y sus denuncias ante el juez se desprecian. Sin embargo, cuando los representantes de la tradicional picaresca española disparan contra los adversarios, como ocurre en Andalucía con esa cohorte de rinconetes y cortadillos de testaferros, conseguidores, intermediarios y un cargo público aprovechado que se pusieron las botas con el dinero público de los ERE, encuentran en sus páginas el oportuno calor y se les acoge a mesa y mental (hoy dos páginas en la edición de Sevilla con un peón del entramado corrupto: Algarín da para mucho). Los golfos que se han estado enriqueciendo en los aledaños del PP, a juicio de ABC, se mueven por rencor y despecho y para hacer daño, los que han protagonizado el fraude de los expedientes de regulación de empleo, en la medida que zahieren la honestidad de cargos socialistas, son gente confiable e hijos pródigos a los que abrir la puerta de la casa. Una doble moral y un doble discurso que escandalizan a cualquiera.

PD.– Por cierto, en esta España de buenos y malos de ABC no ha y sitio para las mujeres, salvo la del anuncio de ‘Sexo es vida’.

Falsa equidistancia

El Gobierno de la nación ha aprobado una reforma del sistema eléctrico para intentar paliar el déficit de tarifa (la diferencia entre que cuesta la producción y distribución de la energía y los ingresos de las empresas eléctricas) que no ha contentado a nadie. A los consumidores nos subirán el recibo un 3,2% más, otro nuevo golpe a las maltrechas economías familiares, mientras que las compañías, que reivindicaban una medida aún más favorable a sus intereses, han mostrado su disconformidad anunciando despidos y de propina han cosechado un importante batacazo en la Bolsa. Esta decisión hipotéticamente salomónica grava los bolsillos de los usuarios y se traducirá, si las empresas cumplen su amenaza, en el despido de cientos o miles de empleados. Me suena impostado el enfado de las compañías: esta pose airada no sería más que una coartada para acometer un expediente de regulación de empleo. Podrán aligerar sus plantillas y, por tanto, reducir sus costes laborales con esta excusa. Y en realidad los consumidores seguiremos soportando la mayor carga del reparto del déficit.

Daño irreparable

Resultaría chocante culpar a un fabricante de coches del accidente de tráfico de un conductor negligente. Nadie entendería que el productor de un vehículo fuera el responsable de un siniestro porque el que fuera al volante no hubiera respetado el código de circulación o condujera con índices no permitidos de alcohol en la sangre. Ésa es la sensación que me queda después de haber leído y releído el último de la juez Mercedes Alaya que imputa a una veintena de ex y altos cargos de la Junta de Andalucía, casualmente los que no están aforados para no perder la causa, dentro de la investigación de un posible fraude en los expedientes de regulación de empleo. Ante todo, quiero dejar claro que me repugna este caso, donde un alto cargo, no éstos que señala la instructora, en connivencia con una trama externa de aseguradoras y comisionistas han defraudado dinero público. La magistrada señala ahora a unos servidores públicos honestos y responsables por el mero hecho de cumplir una ley, la ley de Presupuestos aprobada todos los años en el Parlamento, y se les somete a la pena del telediario sin atribuirle ningún delito. Entonces, ¿por qué se les apunta con el dedo acusador? Reputados penalistas y catedráticos de Derecho entienden que en la actuación política y administrativas de estos antiguos cargos no es constitutiva de delito. Dicho de otra forma, que se les imputa al margen del Código Penal. Las palabras de José Antonio Martín Pallín hoy en la Cadena Ser no pueden ser más elocuentes. En cambio, la jueza los sitúa al borde de la indefensión y del escarnio público gratuitamente. Quizá esta imputación no llegue a ningún sitio pero el daño político y personal que están padeciendo ya estas personas será irreparable.

Lección ética

Asistí ayer tarde en directo a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía en la comisión de investigación de los ERE. Vaya por delante mi condena y mi decepción porque cuatro golfetes se aprovecharan del dinero público para unos fines indeseables. Detesto la corrupción, venga de donde venga. Por eso suscribo las palabras de Pepe Griñán: quien haya querido lucrarse con fondos públicos no tendrá ni protección ni amparo de la Junta y el PSOE de Andalucía. Dicho en plata: quien haya metido en la mano en la caja que pague por ello. Y cuanto antes, mejor. (A ver si la juez Alaya le pone el turbo a la instrucción y se deja de encajes de bolillos buscando el santo grial de una teoría imposible).

Griñán estuvo brillante en su exposición y desmontó una a una todas las mentiras que ha vertido el Partido Popular durante este tiempo. Derrochó solvencia, conocimiento, rigor y honestidad en sus palabras. Tiene mucha relevancia que un presidente (a petición propia) acuda a un Parlamento a dar la cara y expresar su compromiso con la ética y la transparencia. En estos tiempos donde ha prendido el desencanto hacia la política es un gesto que merece ser valorado.

No me quiero pasar de epítetos y loas por aquello de ser colaborador, compañero y amigo del presidente. Me voy a remitir a la opinión de un periodista cuya trayectoria y medio para el que trabaja lo sitúan en las antípodas de las siglas socialistas: “Griñán se ha comido a Carlos Rojas“. Era una evidencia aplastante que el portavoz del PP no dio la talla, ni ayer ni en jornadas anteriores. El presidente lo retó que le repitiera allí cara a cara, mirándolo a los ojos, todas las falsedades, insidias y calumnias sostenidas en estos meses de juego sucio y Rojas se rajó, agachó la cabeza y siguió con su monocorde guión de preguntas insustanciales.  Me jugué con mi compañero de profesión no una sino tres comidas a que ningún medio de comunicación, especialmente los conservadores, repararía en la inconsistencia del vocero popular. Más por viejo que por listo, no me he equivocado: El Mundo y ABC corren un tupido velo sobre el papelón de Rojas y ponen el foco en la incisiva diputada de IU Alba Doblas. Pero hay silencios estruendosos… que en la sede del PP tienen que escocer.

¿Cuña de la misma madera?

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, está en la cuerda floja. Quedó políticamente achicharrada con  la promulgación de una reforma laboral regresiva y agresiva contra la clase trabajadora. Una decisión que le ha costado mucho desgaste al Gobierno de Rajoy por la gran movilización ciudadana en su contra y que ha contribuido en su cuota parte a que el Partido Popular no consiguiera su cacareado objetivo de gobernar en Andalucía (y Asturias) tras las elecciones del 25-M. Desde entonces, la estrella de Báñez declina. Son muchos los rumores en los mentideros políticos que sitúan de nuevo a Javier Arenas en ese departamento tras su enésimo revés electoral en la comunidad andaluza y su salida obligada a la villa y corte madrileña. Quizá para precipitar la caída de la onubense y abrir un hueco a un Arenas desubicado una mano amiga ha filtrado a la competencia un correo de la ministra a un periodista de La Razón con el contenido del ERE que quiere aplicar en sus filas para reducir gastos. Es muy raro que dicho correo personal llegue casualmente a mano del diario El País. Y como va de ERE, la Cadena Ser nos avanza que la jueza Mercedes Alaya investiga a una empresa de los hermanos de la ministra dentro de la causa que instruye sobre los expedientes de regulación de empleo irregulares, en concreto, en lo referente a la venta de unos suelos de Mercasevilla, origen de todo el proceso judicial denunciado por la Junta de Andalucía. No quiero ser mal pensado pero… ¿alguien le está moviendo la silla a Fátima Báñez? Ya se sabe que no hay peor cuña que la de la misma madera.

Pose hipócrita

“Lo que hoy se necesita es  gente que gestione bien lo que es de todo. Que se cuide el dinero público como si fuera oro siempre es importante, pero cuando hay pocos recursos lo es más. El dinero público es sagrado y que no se puede dilapidar ni jugar con él, porque ello supone burlarse de la gente.”

Estas palabras han brotado de la boca incorrupta de Mariano Rajoy en estos primeros compases de campaña electoral. El presidente del Gobierno se sumó a las consignas contra el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulento como si se tratara de un hooligan más de su partido. Y olvidó muchas cosas en su alocución como que fue la Junta de Andalucía la que llevó el caso a los tribunales, la que ha hecho una rigurosa investigación interna para detectar las posibles irregularidades y que ha colaborado con la jueza Alaya poniendo a su disposición más de 200.000 folios de distintos expedientes. Es decir, el Gobierno andaluz denuncia, investiga, es parte acusadora y quiere que los culpables paguen por sus comportamientos ilícitos y que devuelvan lo que se han llevado. Nadie está exento de tener una oveja negra en sus filas, la diferencia está en cómo se reacciona ante los supuestos de corrupción. Desde el PSOE se manifiesta tolerancia cero con los desalmados que vulneran la confianza de todos, mientras en el PP se encubren, se amparan y no se les reprocha públicamente sus lamentables actitudes.

Particularmente, me repugna que un cargo público se sirva de su posición y meta la mano en la caja que es de todos. Sea del partido que sea. Si es socialista me duele muchísimo más. También me produce náuseas que todo un presidente del Gobierno se baje al estercolero envuelto en la bandera de la propaganda. Y me resulta aún más vomitivo que este señor intente dar lecciones de ética cuando ha permanecido callado, incluso escondido, ante los muchos casos de corrupción que rodean al Partido Popular. Ni una palabra de condena o de disculpas sobre Gürtel (el mayor escándalo de la democracia), Palma Arena, Brugal, Fabra, Emarsa, Zona Franca de Cádiz, caso Troya en Alhaurín el Grande, las muchas causas judiciales de La Línea… Suma y sigue. Ante toda esta podredumbre, como siempre, ha metido la cabeza bajo la tierra y ha esperado que pase el chaparrón sin de decir ni mu. Arenas tampoco ha dado la cara. Ni siquiera han pedido disculpas. No le concedo a Rajoy autoridad moral para alzar la voz contra nadie cuando tiene tanto que callar. ¿No era Matas un modelo a imitar? ¿No iba a estar delante, detrás o al lado de Camps? Venir a Andalucía con esas ínfulas se me antoja chusco y miserable. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, Mariano.

Apuntes sobre los ERE

El asunto de las irregularidades en algunos expedientes de regulación de empleo en Andalucía monopoliza el debate político y la atención de los medios de comunicación. Me atrevo a intentar en este post separar el grano de la paja.

En vanguardia. La Junta de Andalucía se ha personado como parte perjudicada en la instrucción judicial sobre las anomalías en los ERE y ha iniciado el procedimiento administrativo para que los intrusos reintegren a la administración las cantidades cobradas indebidamente. Y se ha tomado su señoría su tiempo para aceptar que el Ejecutivo autonómico se pueda personar, sus razones habrá tenido. La Junta toma la iniciativa en este sentido para pedir responsabilidades penales a todo aquel que se haya aprovechado de estos fondos que han ayudado a más de 25.000 personas y decenas de empresas en crisis en los últimos diez años. El Gobierno andaluz ha sido el que ha investigado y ha denunciado ante los tribunales en una actitud de transparencia y contundencia, caiga quien caiga, y ahora va a ser parte activa en el proceso penal como acusación particular. Al mismo tiempo, a las 59 personas que se han colado de rondón en los expedientes se les empezará a exigir la devolución del dinero que no le correspondía.

Dos modos de actuar. Ningún partido está exento de que le surja un brote de presunta corrupción en sus filas. La clave está en cómo se reacciona ante la misma. Al PSOE y al Gobierno no le han temblado el pulso sacando a los garbanzos negros de la olla y colaborando de manera decidida y proactiva con la jueza, aportando más información de la que incluso había requerido. No quiero caer en el ‘y tú más’, pero en la acera de enfrente, esto es, el PP, no sólo no cortan por lo sano, sino que colocan en sus listas a procesados (el caso de Camps es el más sonoro y no el único). Además, tiene un gabinete jurídico, capitaneado por el ex ministro Federico Trillo, para entorpecer la labor de la justicia. ¿Se puede actuar con más cinismo?

Un nuevo patinazo. El Mundo es un periódico que primero dispara y luego pregunta, que antes publica y después intenta contrastar. Otra vez ha pinchado en hueso intentando vincular las irregularidades en los ERE con una hipotética financiación ilegal del PSOE. Una mentira como una catedral. Abría edición ayer este infalible periódico con este contundente título: Un falso prejubilado donó al PSOE la sede de Camas. La dirección socialista de Sevilla ha demostrado con documentos que el local lo compraron los militantes a través de una hipoteca a la que, posteriormente, se ha subrogado la dirección provincial y de la que aún queda por pagar 30.000 euros. Descubierto el garrafal error, la ausencia de humildad de algunos medios les impide reconocer su yerro. Habría ya que aparcar ese viejo aforismo periodístico de ‘no dejes que la realidad te cambia un buen titular’.

La otra cara de los ERE

El Partido Popular lleva tres semanas lanzando mentiras e insidias sobre la tramitación de algunos expedientes de regulación de empleo por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ha manipulado datos a su antojo, ha intentado confundir a la opinión pública, ha vestido de limpio desde el primer al último socialista. Desde las filas del PSOE, más allá de los casos detectados de presunto intrusismo entre los beneficiarios que están en manos de la justicia llevados por la propia Junta, se ha defendido la legalidad de estas ayudas para empresas y trabajadores en crisis, el uso conforme a derecho de ayudas dirigidas a 25.000 trabajadores y control del dinero público por la intervención del Parlamento y la Cámara de Cuentas.

Hete aquí que de tanto tensar la cuerda, se ha roto. Cuando se rasca en alguno de estos ERE observamos que salen a relucir nombres de cualificados dirigentes del Partido Popular. Por ejemplo, en el expediente de Minas de Riotinto aparece el papel de mediador de Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía, y Eduardo Zaplana, titular por aquellas fechas del Ministerio de Trabajo.

El ERE se firmó dentro de un Acuerdo Marco firmado en 2002 entre el Gobierno, la Junta y los sindicatos para la aplicación de medidas sociolaborales para esta comarca onubense en dificultades. Se concedieron unas condiciones especiales para la prejubilación con la autorización de los responsables del Ministerio de Trabajo, instancia competente para determinar los coeficientes reductores que determinan el importe de las prejubilaciones a percibir y la comprobación de los puestos de trabajo desempeñados. El 15 de marzo de 2003, con Zaplana como referente jerárquico, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva emitió el informe relativo a Minas de Riotinto que posibilitó la aprobación del ERE.

A pesar que desde la Junta de Andalucía se sostenía en que no había ningún tipo de irregularidad en ese ERE, el Partido Popular ha venido cargando las tintas, disparando contra todo lo que se movía, poniendo en cuestión el honor y la honradez de mucho responsables públicos. Conocida la presencia de cargos populares en el pacto social para salvar a la comarca de Riotinto, ¿sigue Javier Arenas calificando de espeluznante esta actuación? ¿Le pedirá explicaciones a Zoido y Zaplana? ¿Dará Arenas alguna explicación por una actuación de un Gobierno en el que era vicepresidente segundo? Parafraseando sus palabras, ¿se habrían “apañado” coeficientes, extendiendo la consideración de mineros a personal administrativo, limpiadoras o conductores gracias a la acción de miembros del Ejecutivo de Aznar?

Esta realidad demuestra que el PP está instalado en una gran mentira en su desbocada carrera electoral y por la necesidad imperiosa de tapar a cualquier precio el caso Gürtel, el mayor escándalo de la democracia española, con un presidente, Francisco Camps, a punto de sentarse en el banquillo, y con otro ex presidente como el balear Jaume Matas atosigado por sus presuntas corruptelas. Este ERE de Riotinto, antes y ahora, es legal y el debate político desnuda la hipocresía y el doble lenguaje con que se desenvuelve el PP. Cuando salen a la palestra nombres de pepero en función de documentos oficiales anuncian querellas. No quieren que la realidad les prive de su gran mentira.

Para más información, os dejo una información del diario Huelva Información que reconstruye lo que ocurrió en 2003: Gobierno (PP), Junta (PSOE), UGT y CCOO pactaron el ERE de Riotinto

Foto.-Huelva Información. Zoido preside la mesa de negociación sobre el acuerdo para los mineros en 2003, con todas las partes implicadas. (Una imagen vale más que mil palabras).