Nadie del PP conoce ya a Carlos Fabra

Carlos Fabra ya está en prisión. Once años después de comenzar el proceso judicial, el todopoderoso dirigente del PP de Castellón ha pasado su primera noche en la cárcel de Aranjuez. No es que la justicia haya sido lenta, que lo es, sino que el político de las gafas negras e impulsor del aeropuerto sin aviones hizo todas las maniobras posibles para dilatar el final. La justicia es parsimoniosa pero implacable. Hoy en el PP todos miran a otro lado o dicen que la justicia no hace distingos, que es igual para todos. Hace unos años, cuando el tufo de los tejemanejes de Fabra ya era evidente, todos se deshacían en elogios en la derecha hacia su correligionario de la gaviota. Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana, Javier Arenas (que lo consideraba víctima de los ‘malvados’ socialistas), Alberto Fabra, María Dolores de Cospedal y otros muchos. La Cadena Ser ha hecho un magnífico trabajo de documentación y nos ha refrescado la memoria con los piropos de tiempo atrás hacia el encarcelado (cliquea). Alguno se ruborizará al escuchar sus posiciones del pasado. Los archivos y las hemerotecas son templos de la contradicción.

Canal 9, muñeco roto

El Gobierno valenciano echará el cerrojazo a Canal 9 tirando de demagogia, falseando la realidad y pisoteando los procedimientos democráticos. El agujero financiero no ha surgido de la noche a la mañana. Ni siquiera es producto de los cinco años de larga crisis. El ente público estaba ya en quiebra técnica en 2008 cuando aún vivíamos en la inercia de un largo periodo de bonanza. La Sindicatura de Comptes (Cámara de Cuentas) de la comunidad cifraba la deuda en esa fecha en 1.200 millones de euros, con un gasto financiero anual de 45 millones. No puede decir el presidente Fabra que prefiere cerrar la radio y televisión públicas antes que un colegio. ¡Cuántos centros educativos podrían haber construido o mejorado con el despilfarro de dinero público para el autobombo y la propaganda del Partido Popular durante casi 20 años!

RTVV ha llegado a esta situación por la mala gestión tolerada y jaleada por el poder autonómico (Zaplana, Camps y también Fabra) y por la zafia manipulación durante años que ha ido empobreciendo la parrilla y alejando a la audiencia. Se ha aplicado el recetario del PP para liquidar lo público: primero uso y abuso de este medio público con fines particulares,  y cuando ya se ha desplomado en cuota de pantalla y prestigio social por la degradación de la oferta, privatización o cierre. La plantilla de Canal 9 ha dado una lección ética en estas 48 horas de autogestión tras la dimisión del equipo directivo como consecuencia de la decisión desproporcionada del Ejecutivo que preside Fabra. Han puesto en marcha una programación de servicio público, digna e independiente. La audiencia ha respondido y el share se ha disparado. Una evidencia que demuestra que las cadenas públicas tienen aceptación si no actúan como correa de transmisión de las consignas del Gobierno y cumplen su función social. (Algo similar le está ocurriendo a RTVE por su instrumentalización desde el Palacio de la Moncloa).

El Gobierno valenciano tomará de nuevo las riendas de la cadena por las bravas. Se ha reunido de urgencia para cambiar la ley que regula la RTVV y nombrar un director general que actúe como enterrador o liquidador de la empresa. A Ernesto Moreno le han encomendado el papel de Harry el sucio. Para no perder un minuto y saltar todos los controles democráticos, han silenciado la voz de las Cortes valencianas en este nombramiento. Todo un despropósito desde el principio hasta el fin. El PP valenciano no puede mirar al tendido. Su desastrosa gestión deja a su comunidad sin cadena pública y a 1.700 en la calle. ¿Asumirá alguien responsabilidades por este desastre?

Enchufes peperos

Llegó Rajoy al Gobierno prometiendo empleo. Cuando se sentó en la poltrona de la Moncloa nos dijo la verdad: se supo que no tenía varitas mágicas y que este año alcanzaríamos los seis millones de parados con un futuro económico lleno de nubarrones negros. No sólo nos ocultó eso. Se tenía bien guardado que su particular política de fomento del empleo estaría llena de sorpresas, atentados contra la ética y enchufes. Parece que se ocupa del empleo… pero de los familiares del Partido Popular. (Lo mismo ha hecho su compañero Juan Ignacio Zoido en Sevilla: ha colocado a su hijo en un bufete de abogados que ahora trabaja con el Ayuntamiento y ha llenado los distritos y talleres municipales de novias, hermanos, primos y una larga lista de allegados de afiliados del PP). El lema está claro: crearemos empleo para los nuestros. Al resto que le den…

Volviendo al ámbito nacional. El nepotismo ha presidido muchas contrataciones en el sector público desde el aterrizaje de la gaviota en el Consejo de Ministros. La escandalosa contratación del marido de María Dolores de Cospedal ha sacado a la luz esta cadena de favores y amiguismo. El cónyuge de la presidenta castellano-manchega, Ignacio López del Hierro, iba a entrar como consejero de Red Eléctrica, un cargo de confianza que, como mínimo le iba a reportar 180.000 euros al año, por asistir a 12 reuniones (una por mes). Al final ha tenido que renunciar por la polémica generada con un enchufe tan bien remunerado por casi no doblarla.

Pero no es el único caso. La lista ya conocida es amplia:

  • Ricardo Cospedal, hermano de Cospedal, director de la Fundación Carolina
  • Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, como consejero de Red Eléctrica. (Como el marido de Cospedal ha renunciado tras conocerse la noticia).
  • Ángeles Alarcón, ex mujer de Rodrigo Rato, presidenta de Paradores Nacionales.
  • José Ramón Bujanda Sáenz, cuñado del ministro Arias Cañete, fichado como presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), dependiente de la SEPI y del Ministerio de Agricultura.
  • Marcelino Oreja Arburúa, hijo del ex ministro de UCD y parlamentario del PP, Marcelino Oreja Aguirre, presidente de FEVE.
  • María Zaplana Barceló, hija del ex ministro Eduardo Zaplana, asesora ejecutiva de la secretaria de Estado de Turismo.
  • Elisa Robles Fraga, sobrina de Manuel Fraga, directora general del CDTI
  • Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre, asesor del secretario de Estado de Comercio.
  • Víctor Calvo-Sotelo, hijo del ex presidente Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones (además, su primo, es el director general de UTECA).

Enchufes a tutiplén… ¿Se conocerán más en los próximos días?

PD.- Me llega a través de un comentario un nuevo caso: Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo, esposa del diputado del PP Vicente Martínez Pujalte.

La otra cara de los ERE

El Partido Popular lleva tres semanas lanzando mentiras e insidias sobre la tramitación de algunos expedientes de regulación de empleo por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ha manipulado datos a su antojo, ha intentado confundir a la opinión pública, ha vestido de limpio desde el primer al último socialista. Desde las filas del PSOE, más allá de los casos detectados de presunto intrusismo entre los beneficiarios que están en manos de la justicia llevados por la propia Junta, se ha defendido la legalidad de estas ayudas para empresas y trabajadores en crisis, el uso conforme a derecho de ayudas dirigidas a 25.000 trabajadores y control del dinero público por la intervención del Parlamento y la Cámara de Cuentas.

Hete aquí que de tanto tensar la cuerda, se ha roto. Cuando se rasca en alguno de estos ERE observamos que salen a relucir nombres de cualificados dirigentes del Partido Popular. Por ejemplo, en el expediente de Minas de Riotinto aparece el papel de mediador de Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía, y Eduardo Zaplana, titular por aquellas fechas del Ministerio de Trabajo.

El ERE se firmó dentro de un Acuerdo Marco firmado en 2002 entre el Gobierno, la Junta y los sindicatos para la aplicación de medidas sociolaborales para esta comarca onubense en dificultades. Se concedieron unas condiciones especiales para la prejubilación con la autorización de los responsables del Ministerio de Trabajo, instancia competente para determinar los coeficientes reductores que determinan el importe de las prejubilaciones a percibir y la comprobación de los puestos de trabajo desempeñados. El 15 de marzo de 2003, con Zaplana como referente jerárquico, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva emitió el informe relativo a Minas de Riotinto que posibilitó la aprobación del ERE.

A pesar que desde la Junta de Andalucía se sostenía en que no había ningún tipo de irregularidad en ese ERE, el Partido Popular ha venido cargando las tintas, disparando contra todo lo que se movía, poniendo en cuestión el honor y la honradez de mucho responsables públicos. Conocida la presencia de cargos populares en el pacto social para salvar a la comarca de Riotinto, ¿sigue Javier Arenas calificando de espeluznante esta actuación? ¿Le pedirá explicaciones a Zoido y Zaplana? ¿Dará Arenas alguna explicación por una actuación de un Gobierno en el que era vicepresidente segundo? Parafraseando sus palabras, ¿se habrían “apañado” coeficientes, extendiendo la consideración de mineros a personal administrativo, limpiadoras o conductores gracias a la acción de miembros del Ejecutivo de Aznar?

Esta realidad demuestra que el PP está instalado en una gran mentira en su desbocada carrera electoral y por la necesidad imperiosa de tapar a cualquier precio el caso Gürtel, el mayor escándalo de la democracia española, con un presidente, Francisco Camps, a punto de sentarse en el banquillo, y con otro ex presidente como el balear Jaume Matas atosigado por sus presuntas corruptelas. Este ERE de Riotinto, antes y ahora, es legal y el debate político desnuda la hipocresía y el doble lenguaje con que se desenvuelve el PP. Cuando salen a la palestra nombres de pepero en función de documentos oficiales anuncian querellas. No quieren que la realidad les prive de su gran mentira.

Para más información, os dejo una información del diario Huelva Información que reconstruye lo que ocurrió en 2003: Gobierno (PP), Junta (PSOE), UGT y CCOO pactaron el ERE de Riotinto

Foto.-Huelva Información. Zoido preside la mesa de negociación sobre el acuerdo para los mineros en 2003, con todas las partes implicadas. (Una imagen vale más que mil palabras).

Arenas, un mal ministro

La realidad pone a la gente en su sitio. La luz se suele abrir un hueco más allá de la vanagloria particular, el fanatismo ciego de los seguidores y la propaganda de interés. Una encuesta de la publicación online RRHH Digital, de la que se hace eco la nada sospechosa cabecera Negocios.com, del grupo ultraconservador Intereconomía, sitúa a Javier Arenas como el peor ministro de Trabajo de los últimos años. Este mismo sondeo eleva a la primera posición al popular Eduardo Zaplana, ahora retirado de la política y con un multimillonario contrato en el Grupo Telefónica, con un 32,87% de los votos de los lectores. A éste le siguen Manuel Pimentel (PP), con el 26,98%; Jesús Caldera (PSOE), con el 18,2%; Celestino Corbacho (PSOE), con el 14,26%; Juan Carlos Aparicio (PP), con el 7,31%; y Arenas (PP), con un ínfimo 0,37% de apoyos. El resultado es incontestable y desnuda determinadas carencias del jefe de la oposición de Andalucía. Desde luego, la percepción de la opinión pública es radicalmente opuesta a las ínfulas que se da y a determinadas recreaciones de la historia para adornar su currículum. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Camps y su república bananera

El Partido Popular hace de su capa un sayo en la Comunidad Valenciana. Podría coger el guante que siempre lanza Javier Arenas por estos pagos y hablar directamente de régimen, pero con argumentos solventes y palmarios. Esta comunidad visualiza un sistema político en decadencia, marcado por el autoritarismo, lastrado por el despilfarro del dinero público y por un endeudamiento récord en el conjunto del mapa de las autonomías y cruzado por innumerables casos de corrupción. Una situación que se remonta en el tiempo y que se ha agravado en las últimas fechas: de los desmanes de Eduardo Zaplana a los atropellos estrafalarios de la era Camps.

Desde el estallido del caso Gurtel, el mayor de la historia de España y con profundas ramificaciones a la ribera del Turia, el castillo de naipes que era el entramado institucional montado por los populares se ha venido abajo. Repasando los acontecimientos de los últimos días, el nerviosismo, la bravuconería y lo arrabalero campan a sus anchas en el seno del Gobierno valenciano y el partido que lo sustenta:

  • Crisis institucional en las Cortes: un presidente en funciones de la Cámara expulsa al portavoz socialista al grito de “aquí, quien ordena cuándo se habla soy yo“. El vicepresidente Maluenda amonestó al socialista Ángel Luna por querer formalizar una queja por el desarrollo de un debate.
  • Juan Cotino, vicepresidente del Gobierno valenciano, insulta gravemente a una diputada de la oposición. La llama hija de puta usando un eufemismo y un día después le pide disculpas ante el clamor de los medios de comunicación por la inaceptable barrabasada.
  • El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anula el nombramiento en 2007 de Pedro García como director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cargo que ostentaba desde 2003. La sentencia considera que la renovación de García se produjo de forma irregular. Por cierto, que éste dimitió a finales de agosto del año pasado al verse salpicado por el caso Gurtel, de cuyos cabecillas obtuvo suculentos regalos.
  • El secretario general de RTVV, Vicente Sanz, otrora alto dirigente del PP de aquella comunidad, ha sido suspendido cautelarmente de sus funciones después de conocerse que tres trabajadoras de la cadena autonómica de televisión le hayan denunciado por acoso sexual.
  • Las peripecias turbias del capo Carlos Fabra en Castellón dan para escribir varios volúmenes. Los casos se acumulan en los juzgados mientras el dirigente popular hace y deshace en su provincia con métodos de otras épocas de palo y tentetieso. Cada día se escribe un nuevo episodio de esta truculenta saga.
  • Francisco Camps se escabulle del control de la oposición haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta. El viaje que el president de la Generalitat realizará la próxima semana con una misión comercial de empresarios a Brasil le salva de acudir a la sesión de las Cortes Valencianas.

Este somero repaso de asuntos candentes en la agenda pública en Valencia durante esta semana nos ofrece una visión nada gratificante de la situación política, con una democracia herida y zarandeada por sus rectores. Desde el punto de vista institucional, el PP está convirtiendo esta comunidad en una república bananera. Mi compañero Ángel Luna prefiere hablar de escenario comparable a la Sicilia profunda o a Calabria.

Un gran marrón

En el PP se ha montado un lío gigantesco, un embrollo propio de un vodevil aunque el trasfondo es de extrema gravedad y puede tener serias repercusiones políticas. Voces, intrigas, amenazas, chantajes, bravatas, rebeliones, componendas, desprecios, traiciones… se amontonan en el interior del primer partido de la oposición en España. El escándalo Gurtel ha estallado y ha salpicado de metralla a toda la organización. No se salva ni el apuntador. Queda por definir al héroe de la obra en un guión por rematar, pero protagonistas y actores de reparto hay muchos.

A estas alturas de la película está claro que Ricardo Costa no se quiere comer solito el marrón y ha apuntado a la cabeza de su partido en este país y en su comunidad, que Francisco Camps está entre la espada de lealtad a la maltrecha autoridad del presidente nacional y la pared de la amenaza de Costa de tirar de la manta, que Mariano Rajoy manda menos que un sereno, que María Dolores de Cospedal está de los nervios, que Javier Arenas empieza a ahuecar el ala de la escena nacional atrincherándose en su terruño para intentar pasar desapercibido (y eso que buena parte de lo ocurrido se perpetra en su etapa de secretario general), que Eduardo Zaplana está afilando la faca para cobrarle a Camps viejas facturas, que Esperanza Aguirre pisa fuerte pese a los casi 400 contratos firmados por el Gobierno de Madrid con la red corrupta y deja en ridículo a Rajoy, que Manuel Fraga se preocupa de lo que hacen los demás y quizá de lo que aconteció en su época en Galicia, que el locuaz Esteban González Pons se ha quedado mudo, que Rita Barberá está descompuesta por dentro y compuesta por fuera con el bolso de Louis Vuitton regalado por los cabecillas de la banda, que al plurimputado Carlos Fabra le aflora una erupción de ética y se desmarca de los enjuagues en el entorno de Camps…

Faltan algunas secuencias más para desenredar este enmarañado ovillo… Ojo a la reacción airada de un Ricardo Costa que no se conforma con ser cabeza de turco. El siguiente paso ha de ser suyo después de perder esta mañana, con carácter temporal, su condición de portavoz en las Cortes valencianas y número dos en el partido. ¿Quién se comerá al final este gran marrón?

Foto.- El País. Camps, Rajoy, Mayor  Oreja, Ricardo Costa y Fabra (con gafas negras), en un mitin en Valencia durante la campaña de las elecciones europeas de 2009.

Pieza amortizada

La guillotina está ya montada en la Plaza de la Reina de Valencia. Ya tiene fecha la ejecución de Ricardo Costa. El próximo martes rodará la cabeza  del secretario general del PP de esa comunidad autónoma por el escándalo Gurtel. Costa, el megapijo del Infinity y del reloj de acero de 25.000 euros regalados por los cabecillas de la trama, será la cabeza de turco que rodará por los suelos para intentar salvar la del presidente valenciano, Francisco Camps.

La dirección nacional ha forzado a Camps a señalar a un chivo expiatorio para calmar las ansias de una opinión pública que no entiende el inmovilismo del primer partido de la oposición ante el caso más grave de corrupción en España desde la instauración de la democracia. Hacen falta más gestos y más valentía para frenar la metástasis. ¿Cómo se explica que el número dos caminara solo cuando en el sumario y la investigación policial salen salpicados el propio presidente y tres cargos más de su círculo de confianza (el vicepresidente de su gobierno y el vicesecretario y la tesorera del partido)?

El sacrificio de Costa llega tarde. Se intenta poner un cortafuegos cuando el incendio presenta focos indomables por los cuatro costados (sede nacional, Madrid, Valencia, Castilla-León y Galicia) y ha saltado con mucho la línea de protección de la credibilidad del PP. Estamos ante una víctima propiciatoria que no le va a servir de nada a Mariano Rajoy ni a Camps para salvar la cara. El hermano del señalado, Juan Costa, ex ministro con Aznar y rival de Rajoy en el último congreso nacional, ya ha levantado la voz exigiendo igualdad de trato e insinuando que Ricardo, alias Ric para la red mafiosa, se relacionó con la trama Gurtel por órdenes superiores.

Este monumental escándalo está haciendo mella en el PP. Lo tiene contra las cuerdas y lo obliga a improvisar y a tomar decisiones de urgencia. Tiene un lío de grandes dimensiones ante la justicia y se le empieza a montar una importante crisis interna en Valencia por su doble vara de medir a sus cuadros implicados. En Madrid se expulsa a los imputados mientras que el líder mantiene al tesorero y senador, Luis Bárcenas, sin ninguna razón de peso; se carga las tintas contra Costa y se protege a Camps.

De pronto ha resucitado Eduardo Zaplana, encantado en su retiro dorado en Telefónica, al ver tambalear a su enemigo Camps. Al calor de la sangre, un tiburón como Zaplana se subido a la fiesta para ajustar cuentas a su rival interno. No es un sainete, es la radiografía de una organización que hace aguas y que puede ser expulsada del paraíso por su coqueteo con la corrupción y su presunta financiación ilegal, según se desprende de los informes policiales.