Salud laboral

Cuando existe un problema, lo mejor es afrontarlo con determinación aunque la solución no dependa de uno mismo e implique a varios actores políticos, económicos y sociales. Los datos de siniestralidad laboral se han disparado en los últimos años en España y en Andalucía. Pero el Gobierno de esta comunidad autónoma ha tomado la iniciativa y ha lanzado hoy un acuerdo con patronal y los sindicatos para reducir los accidentes en el ámbito laboral. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral hasta 2022, un documento consensuado con los agentes sociales que conlleva una inversión de 59 millones de euros para conseguir la “siniestralidad cero”. Se trata de sensibilizar a todo el tejido productivo de que invertir, como ha apuntado Díaz, en “prevención y en seguridad de los trabajadores no es un coste, sino una apuesta que hace a las empresas más competitivas”. Andalucía cuenta con un tejido productivo con un 95% de pymes y se priorizará precisamente en las pequeñas y medianas empresas actuaciones de apoyo para mejora de la seguridad laboral. Ésta es una iniciciativa oportuna y necesaria.

Mucho que reivindicar

El Primero de Mayo siempre es sinónimo de reivindicación. Y mientras que no se consiga derogar la reforma laboral del Partido Popular con más motivo. El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho mucho daño a los trabajadores. Se necesita acabar con esta reforma infame y establecer un nuevo marco de relaciones laborales que recupere derechos de los trabajadores y la negociación colectiva, que combata la precariedad y los salarios de miseria que produce trabajadores pobres, que garantice mejoras en seguridad laboral (el índice de siniestralidad es insoportable), que consolide la igualdad en el trabajo y acabe la brecha salarial (no es asumible que una mujer cobre un 23% por el mismo trabajo). España no se puede permitir que los jóvenes no tenga oportunidades aquí. La generación mejor formada de nuestra historia no se merece salarios bajos, contratos precarios, que se les obligue a trabajar como falsos autónomos o que no les quede otra que irse fuera. Por tanto, en este Primero de Mayo, y tras una Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año que no ha sido tampoco muy halagüeña en España, tenemos mucho que reivindicar más que celebrar.

Foto.20 minutos.

Otra vez a 120 km/h

Cuatro meses después se podrá circular a 120 km/h. El Gobierno de España esgrime razones para desandar lo andado y recuperar el tradicional límite de velocidad en nuestro país. El barril de petróleo está un puñado de dólares más barato y la previsión es que el precio siga bajando. Por este motivo, no se considera necesario prorrogar una medida que nació con la vitola de transitoria y que ha supuesto un ahorro de 450 millones de euros. En estos momentos de dificultad económica y de falta de recursos en las arcas públicas y privadas, este esfuerzo de contención del gasto está más que justificado. Si tan buen resultado ha dado la moderación de la velocidad en la carretera, ¿por qué no se prorroga en el tiempo hasta que la situación económica repunte con solidez? Un ejercicio de austeridad de 10 km/h reporta un ahorro sustantivo. ¿No es un argumento de suficiente peso para anteponer la solidaridad colectiva a las prisas viajeras? Por si no fuera suficiente, la medida, que no tenía afán recaudatorio porque se ha reducido el número de multas en este periodo, ha favorecido a rebajar aún más la siniestralidad en las carreteras españolas. En estos cuatro meses mal contados, el número de víctimas se ha reducido y hasta en siete días no se registrado ningún muerto. No hace falta que diga que habría mantenido el límite de 110 km/h. Lo defendí cuando se planteó y ahora lo hago con más motivos si cabe.

Mis posts anteriores sobre la cuestión:

A 110 km/h

Ahorro energético

Circulando

A 110 km/h

A partir del 7 de marzo la velocidad máxima de circulación en las autopistas y autovías será de 110 kilómetros por hora hasta nueva orden. La medida, de carácter transitorio, responde a la convulsa realidad que se registra en el norte de África, especialmente en Libia, país exportador de petróleo y gas a nuestro país. Una situación de incertidumbre que ha aconsejado a tomar medidas ante posibles contingencias futuras y ante el repunte del precio del barril de Brent y la negativa de otros países de la OPEP a incrementar la producción de crudo.

La coyuntura política nos empuja a conducir más lentos, esto es, más seguros, para de camino conseguir más ahorro energético, que nos vendrá muy bien para nuestros bolsillos, en particular, y para las finanzas de España, en general. Escribiendo este párrafo he recordado un anuncio para reducir el consumo a raíz de la crisis del petróleo de los setenta en el que una voz solemne en off nos decía: ‘Aunque usted pueda, España no puede’. El ahorro estimado que comporta esta decisión del Gobierno es de más de 1.500 millones de euros al año.

Al día de hoy, no se vislumbran problemas para nuestro suministro energético, ni de petróleo ni de gas, dos productos en la Libia es uno de nuestro principales proveedores. Sin embargo, la previsión nunca está de más ante un posible agravamiento de la tensión en los países norteafricanos. Ya se perciben indicios concluyentes de esta crisis: se ha producido una escalada en el precio del petróleo, básicamente de los combustibles, de la gasolina, y que eso nos afecta a todos. Por ejemplo, una subida de 10 euros en el barril del petróleo –como se ha dado en los últimos días- supone para nuestro país, para nuestra factura energética, en torno a 6.000 millones de euros (1 billón de las antiguas pesetas), 500 millones mensuales. La reducción de la velocidad máxima en 10 km/h se traducirá 15% menos de consumo de gasolina y un 11% de gasóleo. Como contrapartida, se ha rebajado la tarifa de los billetes y abonos de Renfe para cercanías y media distancia en un 5% para fomentar el uso del transporte público.

También se van a tomar nuevas medidas para mejorar la protección de los conductores en el marco de la estrategia europea 2011-2020, medidas relativas a formación, seguridad, carreteras, movilidad urbana –de ciudades también-, información y indemnización a las víctimas. Nadie puede poner en duda que la política de seguridad vial desplegada por el Gobierno de España está dando buenos resultados durante los últimos años. El descenso de la siniestralidad en carreteras es un dato por sí solo elocuente: en 2003 fallecieron en accidentes de tráfico un total de 4.000 españoles y el año pasado fueron 1.700.

Foto.Diario de Sevilla.

El ejemplo de la DGT

Hoy entra en vigor la reforma de la Ley de Tráfico y todo el mundo ha recibido una carta en su domicilio con las novedades introducidas en el texto. La Dirección General de Tráfico nos explica en un folleto de forma clara y concisa el nuevo marco normativo. El departamento dependiente del Ministerio de Interior sostiene que la reforma hace la ley más sencilla (actualiza infracciones, define mejor plazos de alegaciones y permite identificar al conductor por Internet), más fácil (se activan más vías telemáticas de información y se abren nuevas fórmulas de pago) y más justa (menos infracciones que restan puntos, se amplía el número de puntos recuperables mediante cursos, se eliminan las suspensiones temporales por faltas graves o muy graves, sólo se perderá el carné cuando se agoten los puntos y se estrecha el cerco contra los morosos).

Posiblemente, todo lo relacionado con las infracciones y sus consiguientes sanciones constituye el capítulo que más nos afecta al usuario del volante. Las violaciones de la norma que restan puntos se reducen de 27 a 20. Al que meta la pata de manera muy grave, además de la detracción de puntos, tendrá que desembolsar hasta 500 euros, una multa que pone los vellos de punta, las graves se cotizan a 200 euros y las leves hasta 100. El pago en el acto te beneficia con un descuento del 50%, pero te imposibilita emprender alegaciones o recursos posteriores. El folleto recoge en un cuadro el castigo por exceso de velocidad, para que a nadie le queden dudas y no se disparen las leyendas urbanas sobre a partir de qué límite empieza la sangría de puntos.

La DGT es un modelo de comunicación y de gestión. Nadie cuestiona el acierto de la puesta en marcha del carnet por puntos ni de las continuas campañas de sensibilización. El resultado es espectacular: las cifras de mortalidad en las carreteras se han rebajado a cotas de los años sesenta del siglo pasado con un parque automovilístico varias veces superior. Estamos en el camino correcto.