40.000 millones que se esfuman

El Gobierno de Mariano Rajoy renuncia a 40.000 millones del rescate bancario y no se inmuta siquiera. Una dejación de funciones que sonroja a cualquiera y que a la derecha patria le resbala sin pudor. Entretanto, el Ministerio de Hacienda hace de perro de presa de comunidades autónomas y corporaciones locales limitando su posibilidad de hacer políticas que benefician directamente al ciudadano. Un auténtico contradiós tanta benevolencia del gabinete del PP con las entidades financieras que han gestionado rematadamente mal, despilfarrando y me quedo corto el dinero de todos, cuando es tan estricto e injusto con las administraciones que gestionan los servicios públicos y protegen el estado del bienestar. El óbolo del Gobierno a la banca es 10.000 millones mayor que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2017. Cuánto se podría hacer con tanto dinero en sanidad, educación, dependencia, empleo o cultura. Pero Rajoy renuncia con negligencia a tantos recursos públicos. Insoportable.

Agujero negro

No se recuperarán cuatro de cada cinco euros destinados al rescate bancario en nuestro país. Se escapan por el sumidero hasta 60.600 millones, de ellos 40.000 millones de origen público. Son datos del Banco de España que escandalizan y que, sin embargo, no provocan la más mínima autocrítica del regulador. Alguna responsabilidad debe asumir ante este despropósito, no se puede mirar a otro lado cuando ha habido dinero para el sector bancario mientras se apretaba con recortes y pérdida de derechos a los ciudadanos. No hacía falta conocer este dato para afirmar, sin temor a errar, que el peso de la crisis (que no nos acaba de abandonar del todo) no se ha repartido por igual. El mayor sacrificio ha recaído sobre la espalda de los trabajadores y las clases medias. Por eso, en estos años ha crecido la desigualdad y los poderosos, en cambio, lo son más. Cuando uno lee este tipo de estas noticias sobre el rescate se ratifica en lo cruel e injusta que ha sido la gestión de la crisis desde los postulados de la derecha.

Foto.- Efe. Luis María Linde, gobernador del Banco de España.

¡Que paguen ya!

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dado una enorme alegría a los miles de ciudadanos que hemos sufrido las cláusulas suelo en nuestras hipotecas. El Supremo ya había fallado que eran abusivas y la instancia comunitaria sentencia que lo son durante toda la vida del crédito hipotecario y, por tanto, las entidades financieras tendrán que devolver todas las cantidades cobradas indebidamente desde que se suscribió el préstamo. Los afectados hemos celebrado la resolución judicial (no nos ha tocado el ‘gordo’ pero vamos a recuperar un pellizco que era nuestro) y los bancos se resisten (no quieren devolver el dinero a sus verdaderos dueños). Es tan rotundo el fallo que el Gobierno de la nación debería obligar a las entidades financieras a cumplirla y reintegrar ese dinero a sus clientes sin que estos tengan que recurrir a los tribunales cuando ya existe jurisprudencia. Mejor actuar para evitar colapsar más a la administración de justicia. El veredicto de estas demandas individuales o colectivos ya está escrito. En esta línea,  en que no haya dilaciones injustificadas y los ciudadanos cobren cuanto antes, está trabajando el PSOE.  Se pretende impulsar un acuerdo extrajudicial para evitar que miles de demandas se acumulen en los juzgados. Es el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien debe convencer a la banca para ese acuerdo extrajudicial. No tiene sentido la renuencia bancaria a hacer efectiva esta sentencia y cuando la gente no paga su hipoteca pone en marcha desahucios sin sensibilidad alguna y a toda velocidad. No sólo basta con que se dicte sentencia, sino que se haga justicia ya, sin demoras que nadie entiende.

Foto.Cinco Días.

Jarro de agua fría

El abogado general de la Unión Europea le ha dado una enorme alegría a los bancos al eximirlos de devolver la totalidad de lo cobrado de forma arbitraria por las cláusulas suelo de las hipotecas. El informe es no vinculante y la última palabra la tiene la justicia europea pero muestra por dónde puede ir finalmente la sentencia. Los sufridores de estas condiciones abusivas, entre los que me encuentro, hemos recibido esta noticia como un jarro de agua fría. El abogado general sostiene que los bancos tendrán que devolver sólo lo recaudado por este concepto desde el día de publicación del fallo del Tribunal Supremo declarando ilegales estas cláusulas: el 9 de mayo de 2013. Y, por tanto, no con efectos retroactivos desde la firma del préstamo hipotecario. Un planteamiento que supondrá un regalo a la banca de unos 5.000 millones de euros y con el argumento peregrino de que la devolución de lo indebidamente cobrado a los usuarios podría desestabilizar el sector financiero español. El alto funcionario comunitario decide proteger al sector financiero y perjudica a los ciudadanos afectados. El abogado es el anti Robin Hood: se lo quita a los pobres para que no pierdan los poderosos. Una forma muy injusta de entender la justicia.

Manos Sucias

Detención Miguel Bernard Manos Limpias

La Policía ha detenido a las cúpulas y ha registrado las sedes del mal llamado sindicato Manos Limpias y la asociación de usuarios bancarios Ausbanc. También les han bloqueado activos inmobiliarios y cuentas bancarias. Respetando la presunción de inocencia, la operación policial, autorizada por el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, persigue las prácticas de extorsión de estas organizaciones: presentaban demandas judiciales y las retiraban a cambio de dinero. Su febril actividad en los tribunales buscaba obtener un beneficio económico mediante el chantaje. El altruismo de este falso sindicato y su entidad colaboradora brilla por su ausencia. Más que buscar que se haga justicia, según los indicios descubiertos en la investigación policial, la actividad de esta pareja de conveniencia consistía en recaudar fondos para el lucro de sus dirigentes. Hace apenas unos días conocimos que Manos Limpias y Ausbanc pidieron tres millones de a dos bancos por salvar a la infanta Cristina en el caso Noós. Estas dos organizaciones, además de extorsión, se enfrentan a acusaciones de integración en banda criminal y fraude procesal. Sus presuntos cobros de mordidas recuerdan a los de bandas organizadas del sur de Italia.

Nunca me ha gustado este supuesto sindicato, muchas veces jaleado por sectores de la derecha política, social y mediática de este país, hasta que puso en su punto de mira a la infanta. Manos Limpias se ha caracterizado por sobreactuar en las instrucciones judiciales en aras del protagonismo y, ahora ya intuimos, que para aumentar su cartera de negocio. Más pleitos, más ingresos. Escuchaba esta mañana a Javier Ayuso, que fuera director de comunicación del BBVA, banco que descartó el impuesto revolucionario envuelto en un eufemístico convenio de colaboración, definir a Manos Limpias como Manos Llenas. Desconocemos el alcance económico que han tenido sus presiones sobre las personas y entidades sobre las que pusieron sus tentáculos. Sea lo que sea, está claro que nos encontramos ante Manos Sucias, una organización que ha pervertido el fin constitucional de la acusación particular en las causas judiciales, convirtiendo su actuación en una vía de recaudación ilegal e inmoral de fondos.

Descubierto este reprobable modus operandi, dejo unas preguntas en el aire: ¿Se debería replantear el Poder Judicial su expulsión de las instrucciones en las que este falso sindicato está personado? ¿Se puede mantener en la búsqueda de la verdad a una entidad con fines tan espurios?

Foto.ABC. Detención del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

 

Sufridor de una cláusula suelo

¿Cuántas sentencias más tiene que dictar el poder judicial para que un banco te quite la cláusula suelo de tu hipoteca? Llevo una larga disputa epistolar con mi entidad financiera para que me libere del pago de esa disposición abusiva e inicua. Hasta ahora sin éxito. Comencé a raíz de la sentencia del Supremo de mayo de 2013. Mi petición fue rechazada sin contemplaciones. Un año después volví a la carga en virtud de las numerosas resoluciones judiciales que seguían apareciendo dando siempre la razón a los usuarios. Recibí la callada por respuesta. Hace unos meses, registré la tercera tentativa: envíe un nuevo escrito a la entidad tras conocer un informe de la Comisión Europea que sostiene que todo lo cobrado por las “abusivas” cláusulas suelo debe ser devuelto y, por tanto, que su reintegro a los afectados debe ser retroactivo, yendo incluso más allá que el Supremo, que ponía el contador en mayo de 2013. La respuesta del banco, que esta vez llegó por correo postal, declinó con educadas palabras de nuevo mi reivindicación. Ya estoy en contacto con una entidad de defensa de usuarios para defender mis derechos. En éstas andaba cuando esta semana sale una nueva sentencia del juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid que declara nulas todas las cláusulas suelo y obliga a 40 bancos y cajas a devolver las cantidades cobradas desde mayo de 2013, fecha del primer fallo del Supremo. ¿Qué hará mi entidad financiera? ¿Se dará por enterada o seguirá dándome el sablazo mes a mes y no me devolverá lo que era mío? No me cabe duda que hará oídos sordos como hasta ahora y me obligará a defender mis derechos ante los tribunales. ¿Pero con lo contundente que es tanto la doctrina del Supremo como la de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo es necesario sobrecargar más los juzgados? Si no queda otra, habrá que hacerlo. He ido por las buenas y no me han hecho ni p… caso.

Nota.– No he querido dar el nombre de mi banco y ganas no me han faltado.

Ni cristiano ni humano

El papa Francisco nos ha dejado uno de esos mensajes que tan bien suenan pero que tanto chirrían con las prácticas de los católicos que ocupan centros de poder. El pontífice considera que “no es cristiano ni humano” desalojar de sus casas a las personas que no tienen ni siquiera para comer. Y lo dice la misma semana que el Gobierno muy católico de Mariano Rajoy ha defendido su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, un proyecto para frenar los desahucios durante tres años a las víctimas de esta injusta y prolongada crisis.

Si inexplicable es la decisión, los argumentos resultan perversos y más desde la óptica que defiende Bergoglio frente al “drama social” de la usura. Dice el Ejecutivo del PP que “pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de España y de comenzar la senda de crecimiento económico“.  Poco importa en la Moncloa la situación de centenares de familias en situación de extrema vulnerabilidad. La preocupación gubernamental está sólo en reflotar el sistema financiero, al que le hemos inyectado más de 40.000 millones de euros de dinero público y la práctica totalidad se ha dado por perdido.

¿En qué cabeza entra que esta solución temporal a los desahucios a unos centenares de familia genere un riesgo de colapso financiero? Se hace una lectura mercantilista desde el Gobierno de Rajoy de la realidad que insulta la inteligencia colectiva y que, como diría Francisco, “hiere la dignidad de las personas”.

Sanción por las preferentes

El Gobierno andaluz ha acordado sancionar con 455.000 euros a la entidad Caixabank, SA, por dos infracciones muy graves y una leve relativas a la comercialización irregular de participaciones preferentes. La Junta actuará de forma inflexible y contundente en defensa de los intereses ciudadanos. En esta línea se inscribe también el anteproyecto de ley que impulsa el Ejecutivo de Susana Díaz para proteger a los consumidores y usuarios ante los productos hipotecarios.

Este es el primer expediente sancionador que resuelve el Consejo de Gobierno en relación con las preferentes y tiene su origen en 21 reclamaciones recibidas durante el pasado año en los servicios de consumo de la Junta en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Tras la investigación de las denuncias, se considera probado que Caixabank ocultó a los usuarios información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas. En algunos casos, los afectados no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra. Tampoco se atendieron requerimientos de documentación formulados por la Inspección de Consumo de la Junta.

Estos hechos son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Infracciones que se refieren al incumplimiento de la información en la venta de servicios, al incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración. El Gobierno andaluz considera que la entidad en los dos primeros supuestos comete infracciones muy graves al concurrir circunstancias agravantes. A saber:

  • Se constata una práctica continuada o habitual.
  • Se produce una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores.
  • Y se explota la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos.

En todo el proceso de tramitación del expediente, la entidad sancionada no ha presentado un solo recurso. En más, se ha valorado la colaboración activa mantenida por Caixabank para atenuar los efectos de estas infracciones. En este sentido, la entidad, con la intermediación de los servicios de consumo de la Junta, ha alcanzado acuerdos amistosos con la mayor parte de las personas afectadas para resolver las reclamaciones interpuestas en su día. Este hecho se ha tenido en consideración para rebajar la cuantía inicialmente propuesta.

Más protección ante los bancos

El Gobierno de Andalucía vuelve a marcar la diferencia. Hoy ha puesto sobre la mesa una medida pionera: el anteproyecto de ley de para la protección de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria. Una iniciativa que no es sólo novedosa, sino que responde a una demanda social y, por tanto, que pone el acento en las personas. Por la vía legislativa se intenta evitar que se repitan en el futuro episodios como los que están padeciendo muchas familias por la falta de información y transparencia del sector bancario. La Junta trabaja “con y para los ciudadanos”. Y una vez más materializa esa línea de actuación con hechos concretos. Éste es un Gobierno que no se resigna a lo que marcan los mercados y el discurso dominante de la derecha, actúa y pasa a la acción, como lo viene demostrando desde el comienzo de la legislatura. Y lo hace con audacia para resolver problemas que afectan de lleno a las familias.

Novedades y beneficios que aporta esta nueva ley andaluza:

  • Mejora la normativa estatal con la ampliación de plazos, garantías y mecanismos de protección de la persona consumidora.
  • Fijará los estándares para mejorar la información antes de firmar los préstamos hipotecarios.
  • El objetivo es que el consumidor sepa qué está firmando y contratando con la entidad bancaria, asegurando su futuro y el de los avalistas de la operación.
  • Aumentará el régimen sancionador vinculándolo al daño producido y destinando los ingresos a políticas de consumo.
  • Se obliga a las entidades a garantizar préstamos responsables, previa evaluación en profundidad de la solvencia del consumidor.
  • Se amplía la información precontractual y se exigirá una información personalizada y ‘a medida’ a la hora de contratar el préstamo.
  • El consumidor tendrá un mes, antes eran 14 días, para valorar la oferta vinculante y poder contrastarla con otras entidades.
  • Las entidades bancarias deberán firmar la información personalizada y la oferta vinculante del préstamo que ofrecen.
  • Se aumentan las cuantías de las sanciones, las muy graves serán de hasta 600.000€.
  • Junta, asociaciones de consumidores y sector empresarial trabajan en la elaboración de un contrato hipotecario de confianza.

Alarmismo

Miguel Ángel Vázquez decreto andaluz desahucios

A la Comisión Europea, una de las patas de la dichosa troika que nos está haciendo la vida imposible, le pone el género epistolar. Hace unos meses, jaleada por el Gobierno de la nación, con una carta ‘fantasma’ ya entró al trapo del decreto sobre la función social de la vivienda aprobado en Andalucía para evitar desahucios. Ayer se descolgó con otra comunicación que se interpreta por el Ministerio Economía de manera alarmista y poco rigurosa. Se nos presenta una respuesta desde el lado de los bancos y de espaldas a los ciudadanos. Menudo giro ha dado la construcción europea que ha dejado en la cuneta a su principal protagonista: el ciudadano.

Una medida de las características de la andaluza no pone en riesgo, ni mucho menos, la estabilidad bancaria ni repercutirá en la recuperación económica. Quien lo afirme exagera o miente. Nos quieren hacer creer que por la expropiación temporal de viviendas (un alquiler de tres años) no saldremos de la crisis. Si fuera así, el sistema financiero español estaría peor de lo que nos cuentan o en la CE quien manda es el poder financiero. Con esta carta en Bruselas invocan de nuevo el grito que viene el lobo. El decreto andaluz va en la misma línea que otros países comunitarios y la UE, en cambio, no dice nada. Por ejemplo:

  • En HOLANDA es legal incluso la ocupación de viviendas que hayan estado vacías más de un año. La vivienda sólo se le devuelve al propietario si demuestra que no volverá a estar vacía (puede ponerla en venta o alquiler).
  • En REINO UNIDO se contempla la incautación, tanto para personas jurídicas como físicas, si han estado vacías al menos seis meses.
  • En ALEMANIA y SUECIA se pueden demoler edificios enteros de viviendas vacías.
  • En DINAMARCA se multa a los propietarios de viviendas las mantengan desocupadas seis semanas, en virtud de una legislación en vigor desde hace más de cinco décadas.

Con esta realidad europea, resulta chocante y exagerado el sentido que se le quiere dar al texto de la Comisión. En cualquier caso, más que arrimar el ascua a los intereses de los bancos, el CE debería preocuparse más por las personas y poner en marcha políticas de fomento del empleo, políticas de estímulo económico y hacer que el crédito fluya para pymes y familias. Su actitud pasiva y de defensa de la austeridad a ultranza no sólo estás poniendo en peligro la recuperación económica, sino que además está agravando el sufrimiento de los ciudadanos. Los responsables comunitarios desgraciadamente cada vez están más alejados de la realidad y, en cambio, cada vez están más en sintonía con los mercados y los poderes financieros. Les falta sensibilidad ante el drama social de los desahucios. ­­­­­­­­­Y me temo que al Gobierno de la nación tanto o más que a Bruselas.

El decreto antidesahucios andaluz es plenamente constitucional. Y es más, la CE no tiene ninguna competencia sobre este asunto, con lo que su opinión no sólo es discutible sino extemporánea. Tanto que no quiere interferir en la legislación andaluza y deja en manos del gabinete de Rajoy reaccionar contra el decreto, según ha declarado hoy un portavoz de la Comisaría de Asuntos Económicos y Monetarios. La pelota está en el tejado de la Moncloa. Quizá el Gobierno de la nación quiera aprovechar esta comunicación como excusa para elevar un recurso ante el TC. Hasta ahora no ha tenido la valentía política de tomar una decisión injusta y tremendamente impopular. ¿Quién va a entender que se busque invalidar una medida de justicia social cuando se han dado 41.000 millones a la banca y está en el aire un posible segundo rescate?

Foto.- El que suscribe mostrando la portada del SUR de hoy, con una fotonoticia de una familia que se ha librado del drama del desahucio gracias al decreto de la Junta. No creo que la felicidad de esta gente ponga en riesgo al sistema financiero.