Andalucía se encuentra a la cabeza de toda España en atención a la dependencia, con unos datos que, a 1 de septiembre pasado, reflejan que tanto en solicitudes, como valoraciones, personas beneficiarias y prestaciones la comunidad autónoma andaluza rondan el 30 por ciento del total nacional, casi el doble de nuestro peso poblacional, situado en algo más del 17%.
El ranking es incontestable, no admite más que una lectura. En Andalucía se computan 222.000 prestaciones de un total nacional de 734.000, y las personas beneficiarias alcanzan las 171.000 de las 622.000 del conjunto del Estado español. Además, se está al frente de la tabla en servicios como el de teleasistencia, con 48.400 personas, el 64% del total nacional, y el de ayuda a domicilio, que se presta a más de 42.000 personas usuarias, el 52% de toda España.
Sin triunfalismos, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho, estos guarismos oficiales demuestran que Andalucía, desde un principio, se ha comprometido con el desarrollo de la ley, un trabajo que se mantiene constante. Y aunque las comparaciones son odiosas, Andalucía ha incorporado al sistema de la dependencia el doble de personas que la Comunidad de Madrid o que la Comunidad Valenciana, y también ha duplicado el número de prestaciones concedidas en cada una de esas comunidades. Así se pone en evidencia quién sí y quién no está con el desarrollo de este cuarto pilar del estado del bienestar.