82-18

Estos guarismos no son el resultado de un partido de baloncesto entre una de las potencias y un equipo de medio pelo. Es el reflejo desequilibrado y palmario de la falta de apoyo económico del Gobierno de la nación a la Ley de atención a personas en situación de dependencia en Andalucía, la ausencia de compromiso del Partido Popular con el cuarto pilar de nuestro estado del bienestar. Esta proporción también se registra en el resto de comunidades autónomas y cada año el Ejecutivo de Rajoy va a menos en su aportación. En Andalucía, de cada 100 euros invertidos, 82 corresponden a la Junta y sólo 18 al El Ministerio. El Gobierno se salta a la torera la legislación y hace caso omiso al mandato de financiar la dependencia a partes iguales entre la Administración central y las autonomías. Desde que Rajoy está en la Moncloa esta comunidad más de 625 millones de euros, una cantidad que habría permitido incluir en el sistema a unos 105.000 beneficiarios más. El PP se podría aplicar las recetas que prescribe a los demás y cumplir con todas las leyes, no sólo las que le interesan.

Aun así, con este déficit de inversión, Andalucía cerró 2017 con 196.730 personas dentro del sistema de atención a la dependencia, un 20,60% del total nacional. O dicho de otro modo, uno de cada cinco dependiente con cobertura pública es andaluz. A finales de enero, la cifra superó la barrera de los 200.000 beneficiarios. El observatorio estatal sitúa a Andalucía como tercera comunidad con mejor calificación en la aplicación de la ley. Esta autonomía es la que atiende a más personas y concede más prestaciones (254.062, un 21,5 del total).

A esta realidad hay que sumar una política que se financia en este comunidad al 100%, sin respaldo alguno del Gobierno: el Servicio Andaluz de Teleasistencia. 212.544 personas se benefician de esta prestación pública. Seis de cada diez beneficiarios viven solos y encuentran en este servicio una garantía para su bienestar. Durante 2017 se registraron una media de 15.187 llamadas diarias, un total de 194.285 horas de conversación a lo largo de todo el año y 361.956 llamadas atendidas de demanda sanitaria.

Los datos son incontestables. Pero lo importante es el compromiso nítido del Gobierno de Andalucía con una política pública que mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. Un compromiso que no se ve acompañado ni de lejos por el Gobierno de la nación. El PP carece de sensibilidad para valorar el daño que hace con su pasotismo y nulo apoyo a la dependencia.

Datos que avalan

Que Andalucía cumple con las personas en situación de dependencia no es un eslogan, los datos hablan por sí mismos. Y la aplicación de este cuarto pilar del estado del bienestar la lleva la Junta de Andalucía a pulmón, en solitario: 8 de cada 10 euros es de financiación autonómica. El Gobierno de la nación se desentiende del mandato de la ley de aportar al 50% con las comunidades autónomas. Pese a la desidia de Rajoy y compañía, Andalucía destaca según los datos del cierre de 2017:

  • Esta comunidad atiende a 196.000 personas en situación de dependencia, un 6,5% de incremento neto con respecto al final de 2016.
  • Se ha incorporado al sistema a 36.000 nuevas personas, a las que se les ha concedido 52.300 nuevas prestaciones.
  • 16.000 altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio. El 30% del total nacional se concentra en Andalucía.
  • 17.900 personas en situación de dependencia disfrutan del Servicio de Teleasistencia y 2.400 se han incorporado a Centros de Día.
  • 5.700 personas se han sumado al servicio de atención residencial.
  • Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace ya más de diez años, la Junta ha invertido más de 11.200 millones de euros en la atención a más de 410.000 personas.

Sin pudor alguno

La ley

La ley para la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, de 2006, obliga a Gobierno y a comunidades autónomas a financiar este cuarto pilar del estado del bienestar a partes iguales. (Artículo 32).

Los datos

El gabinete de Mariano Rajoy incumple de manera sistemática la ley. Cada año aporta menos al sistema. Así lo constata el informe anual de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (gráfico). Desde que el PP llegó a la Moncloa, la aportación estatal ha ido decreciendo año a año. En 2017, la proporción para sostener el sistema es del 80% por parte de las autonomías y el 20% por parte del Ministerio.

La manipulación

Con estos datos, que certifican el abandono del Gobierno de Mariano Rajoy de este derecho, el PP de Andalucía tiene el desahogo de exigir a la Junta cuando el que no está a la altura ni de la ley ni de los ciudadanos que necesitan esta prestación es el Ejecutivo de la nación. Además, Andalucía es la comunidad con más personas en el sistema, con un 22% de total nacional. La Junta dedica a dependencia unos 1.200 millones anuales, tanto como el Gobierno para toda España.

Conclusión

El PP debería exigir al Gobierno que cumpla la ley y en lugar de criticar, pedir disculpas a los posibles beneficiarios que no consiguen la prestación por la falta de financiación del Ministerio. Si hay personas desatendidas, es porque la Administración General del Estado no pone lo que le corresponde. Si las CCAA sólo consignaran a este fin la misma cantidad que el Gobierno, cuánta gente no disfrutaría de este derecho. Pero las autonomías, y sobre todo Andalucía, creen y apuestan por la dependencia.

234.000 oportunidades

Se apuesta con hechos y no con golpes de pecho. Andalucía es la comunidad con mayor cobertura a personas en situación de dependencia. Y lo hace a pulmón, con presupuestos propios, porque el Gobierno de la nación incumple contumazmente la ley. Administración central y autonómica tienen que hacer frente al 50% de la inversión que supone el desarrollo de este cuarto pilar del estado del bienestar pero la realidad es que la proporción se sitúa en el 80% por parte de la Junta y el 20% por parte del Ministerio. Pese a este enorme esfuerzo económico, el Ejecutivo que preside Susana Díaz no se conforma y quiere ir a más. Por eso, ha aprobado un conjunto de medidas para reducir los tiempos para que una persona dependiente se integre en el sistema y para aumentar la población atendida. Este plan de choque supone la incorporación de 76.000 nuevos beneficiarios, con lo que alcanzará las 234.000 personas atendidas, lo que representará 1 de cada cuatro en España. No estamos hablando de números ni de estadísticas, sino de personas, de dramas y oportunidades. Mientras Mariano Rajoy y su equipo se despreocupan de mejorar la vida a los que lo necesitan, la Junta da un paso más para el fortalecimiento de la atención a la dependencia. Y, como siempre, el Partido Popular de Andalucía no sólo no exige a Madrid que cumpla, sino que ataca este plan para seguir avanzando. Les preocupa más las herencias de los ricos que el bienestar de estas personas vulnerables y sus familias. Así les va al PP en esta tierra.

Foto.- Huelva Red.

100 días en blanco

Los primeros 100 días de este nuevo Gobierno de Mariano Rajoy han sido decepcionantes para Andalucía. Un auténtico fiasco,  100 días en blanco para esta comunidad. Sólo se ha registrado un avance en algunas cuestiones porque el Ejecutivo en minoría ha estado forzado por la nueva realidad parlamentaria y fundamentalmente por la oposición útil del PSOE se ha conseguido subir un 8% el salario mínimo, paralizar las reválidas, impulsar la propuesta de los sindicatos de renta mínima para los parados, que se esté negociando un pacto de estado contra la violencia de género o aprobar medidas para paliar la pobreza energética. Dicho esto, y en relación con Andalucía, en este periodo nos hemos encontrado algunas buenas palabras y ninguna buena acción. Antes al contrario, desde el Consejo de Ministros se han tomado decisiones que claramente suponen un agravio y un castigo para tierra.

En materia de infraestructuras, se han producido con nuevos episodios de discriminación que se suman a la lista de los últimos cinco años. El Gobierno está demorando con intenciones dañinas inversiones fundamentales para esta comunidad. Dos ejemplos sangrantes:

  1. Nuevo revés para la Algeciras-Bobadilla. Desde que llegó a la Moncloa el PP ha castigado sistemáticamente al principal puerto de España, que es el de Algeciras. Mientras el Gobierno ha dedicado a la conexión férrea del Mediterráneo hasta Murcia 6.000 millones a la de Algeciras apenas 50 millones. Y encima ahora nos enteramos que tiene que devolver dinero a Europa por no haber ejecutado este proyecto estratégico para Andalucía. Es imprescindible para el desarrollo económico que los corredores europeos lleguen esta comunidad y no se quede aislada de Europa.
  2. Otro retraso más para el AVE a Granada. Lleva Granada casi dos años incomunicada por tren y el Ministerio de Fomento ha vuelto a posponer hasta bien entrado 2018 el restablecimiento del servicio. Rajoy dejará tres años esperando a los granadinos el ferrocarril, viviendo una situación propia del siglo XIX. Y otro tanto le ocurre Almería, con la Mesa de Infraestructuras exigiendo al jefe del Ejecutivo que cumpla con el transporte férreo de viajeros y mercancías.

Además, se ha conocido un dato muy preocupante. En Andalucía la obra pública ha bajado un 22% en 2016 por la caída de la inversión del Estado. Junta y corporaciones locales, por el contrario, han cumplido aumentando sus partidas. La denuncia proviene de la patronal de la construcción Fadeco. Y lo que es peor, los propios empresarios hablan de discriminación a Andalucía para favorecer a otros territorios. Terrible conclusión… ¿Pero cuándo la derecha ha querido o demostrado sensibilidad hacia esta tierra?

Mientras que se negocia y acuerda un nuevo sistema de financiación, el Gobierno no lanza ninguna respuesta para hacer frente al perjuicio que produce a Andalucía la aplicación del actual modelo. El Gobierno guarda silencio sobre la propuesta de condonar parte del Fondo Liquidez Autonómica (FLA) a las CCAA que están peor financiadas, entre ellas Andalucía, que recibe 1.000 millones menos al año respecto a la media. Tampoco ningún compromiso para corregir ya el incumplimiento flagrante de la ley de Dependencia. El Gobierno tiene que respetar la ley y aportar 50% de la inversión. Ahora la relación es de 80 por parte de la Junta y 20 del Gobierno. Hay que avanzar ya hacia un pacto de Estado para blindar este cuarto pilar del estado del bienestar.

Continuamos sin noticias del plan especial de empleo para Andalucía. ¡Cómo el Gobierno se puede desentender de la principal preocupación ciudadana y no dar ni una sola explicación convincente! Y esperemos que no recurra finalmente la jornada de 35 horas de la que ya disfrutan unos 270.000 empleados públicos de la Junta  Andalucía. Sería una agresión gratuita a los trabajadores públicos y a una medida de justicia.

En definitiva, 100 días que no han supuesto un nuevo tiempo en la relación del PP con Andalucía. Mucha romería de ministros, mucha declaración de boquilla, pero a la postre ha tratado a Andalucía como siempre: con desprecio y marcando distancias.

Foto.- Ideal.

Mentiras infames

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Al político que miente a sabiendas se le debería exigir la dimisión. Así ocurre en las democracias occidentales pero en nuestro país algunos practican la falsedad deliberada con total desfachatez. Es un clamor que las comunidades autónomas (de todo signo político) están sufragando a pulmón el desarrollo de la ley de Dependencia mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy hace dejación de funciones incumpliendo la obligación legal de aportar el 50% de los fondos. El último estudio del Observatorio Estatal de la Dependencia, de febrero de 2016, recoge el enorme desequilibrio entre la aportación estatal y autonómica. La situación se ha agravado el año pasado con la incorporación al sistema de dependientes moderados, soportando las autonomías más del 80% del presupuesto. Frente a esta realidad incontestable, la número dos del PP andaluz, Loles López, se descolgaba con que la administración central aporta “más del 70%”. Horas más tarde, el delegado del Gobierno en esta comunidad, Antonio Sanz, lo cifraba en “más del 58%”. Dos dirigentes peperos que se dedican a confundir torticeramente a la opinión pública. Y no pasa nada. Mienten, falsean intencionadamente la realidad y siguen en sus puestos. Ni siquiera se ruborizan. ¡Qué desahogo! ¡Qué tropa!

Todo un sarcasmo

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz, se creerá que no tenemos memoria. Sólo así se entiende que se descuelgue planteando a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, un pacto por la dependencia. Y lo hace quien siendo secretario de Estado de Asuntos Sociales firmó recortes, paralizó la aplicación de la ley dejando a un millón de posibles beneficiarios sin este derecho, sacó a las personas cuidadoras, la mayoría de ellas mujeres, de la Seguridad Social privándolas de cotizar para tener una pensión… Ahora, ya como jefe de la oposición, calla cuando la Junta financia casi el 80% de la atención a los dependientes y el Gobierno de la nación sólo el 20% cuando la ley establece el 50% para cada administración, no alza la voz cuando a Andalucía se le escamotean más de 500 millones que habrían permitido ampliar en 105.000 el número de beneficiarios… Por eso, constituye todo un sarcasmo que Moreno Bonilla tenga la osadía de proponer un acuerdo en esta materia sin ruborizarse. El que ha intentado demoler este cuarto pilar del estado del bienestar no tiene autoridad moral ni credibilidad para plantear nada. O se cree que nuestra memoria es muy débil, o nos toma por tontos, o tiene un desahogo desorbitado. O las tres cosas al mismo tiempo. Habrá que recordarle un día sí y otro también el mucho daño que hizo como brazo ejecutor de los recortes en dependencia porque Mariano Rajoy entendía que el sistema no era sostenible. Así que menos retórica barata que lo tenemos calado.

Se les ve el plumero

En ocasiones nuestras acciones desmienten nuestras palabras. El Partido Popular ha apoyado hoy una enmienda del PSOE para que la financiación de la atención a las personas en situación de dependencia sea a partes iguales entre administración del Estado y comunidades autónomas, como marca la ley. La realidad a día de hoy es bien distinta en Andalucía: la Junta aporta del 78% de los fondos y el Gobierno de Mariano Rajoy sólo el 22%. Es un evidente desequilibrio cuya corrección ha venido reivindicando el Ejecutivo de Susana Díaz y que el PP ha venido desestimando e incluso negando que fuera sí. Y hete aquí que esta mañana los populares aceptan una enmienda para que cada administración ponga el 50%. O lo que es lo mismo: aceptando que el Gobierno de la nación no cumple con su parte y está pisoteando la ley. Al Partido Popular se le ha visto el plumero esta mañana. Han estado defendiendo de forma numantina las mentiras del Gobierno en torno la gestión de la ley dependencia en Andalucía, haciendo de altavoz sumiso de las mentiras fabricadas en el Palacio de la Moncloa y tirando de desfachatez al poner en entredicho el destino del dinero público para este fin que se hace en Andalucía. Pretendían orquestar una campaña de desprestigio para tapar sus vergüenzas. Pero los datos son tozudos y Andalucía es la comunidad que atiende a más personas y, a años luz de diferencia, la que más ha incorporado al sistema desde julio una vez que el Ministerio levantó la moratoria de cuatro años para nuevos beneficiarios. No es de extrañar que pretendan generar confusión si el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido el que ha firmado todos los recortes para desmantelar este cuarto pilar del estado del bienestar.

Pactos de Estado

Pacto de Estado Violencia de Género

Determinados asuntos de interés general, de profunda incidencia social o económica y que exigen una respuesta unitaria convienen sacarlos de la refriega política. Por este motivo, la Junta de Andalucía acordó ayer plantear al Gobierno de la nación dos pactos de Estado: uno en defensa del sistema público de atención a la dependencia y otro para la erradicación de la violencia de género. Estamos ante dos temas de enorme sensibilidad social y que demandan una política consensuada que permita en dependencia reforzar este cuarto pilar del estado del bienestar y en cuanto al terrorismo machista convertirlo en cuestión de Estado y que todos a uno combatamos esta lacra social. No habría ni que esperar al 21 de diciembre para impulsar y acometer estos pactos. Las inminentes elecciones no colisionan con la necesidad de dar atención a personas que lo necesitan ni anticipar medidas que puedan evitar que más mujeres sean asesinadas o maltratadas por sus parejas. El Ejecutivo que preside Susana Díaz pone sobre la mesa unas iniciativas urgentes y abiertas a que se adhieran partidos, agentes sociales y todo tipo de organizaciones.

De decepcionante se puede calificar la respuesta de la oposición en Andalucía. Partido Popular e Izquierda Unida han emplazado a la Junta a que cumpla con sus competencias (la popular Ana Mestre) y que se deje de propuestas ampulosas (Antonio Maillo, de IU). Si hubiesen contestado lo mismo con los atentados de París, se habría montado un gran escándalo. No se han enterado de la bondad ni de la necesidad de la propuesta. Se plantean estos pactos de Estado porque son políticas que requieren de unidad de todos y de coordinación y colaboración leal de las distintas administraciones. Existe un clamor social y cualquier institución responsable no puede permanecer impasible y de espaldas a esta problemática. En lugar de poner pegas, la oposición debería subirse al carro y favorecer, gracias a la unidad de acción en Andalucía, que estos pactos de Estado fueran una realidad en España. Tanto PP como IU han preferido el regate corto y una mirada desde el rifirrafe electoral en materias tan sensibles para los ciudadanos. Allá ellos. La sociedad andaluza va por delante y con más altura de miras.

Zasca al ministro Alonso

Los datos oficiales sirven para poner en evidencia los mensajes malintencionados. Este gráfico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, deja en muy mal lugar al jefe de este departamento, Alfonso Alonso. La estadística propia constituye un buen zasca para un alto cargo que ha pretendido confundir a la opinión pública. En una reciente visita a Sevilla, el ministro tuvo la desahogo de sembrar dudas el destino del dinero de la dependencia en Andalucía. Y esta comunidad no es sólo a las que más personas atiende y más prestaciones dispensa, sino es la que más sigue apostando por extender un derecho que representa el cuarto pilar del estado del bienestar. Por lo tanto, Alfonso Alonso mintió y lo hizo a sabiendas. No dice mucho de un ministro que, al calor de las inminentes elecciones generales, abandona el rigor y la lealtad institucional para enfundarse el traje de agitador partidista. No estaría de más una rectificación de este hombre de confianza de Mariano Rajoy, una rectificación que a buen seguro que no llegará. Al menos, el ministro debería extraer una lección de este episodio de desfachatez: no todo vale ni en política ni en la vida. Esta petición también caerá en saco roto.