No tienen arreglo

julio 17, 2017

El Partido Popular sabe que la decisión del Gobierno de la nación, de su jefe Rajoy sin ir más lejos, de recurrir la jornada de 35 horas de los empleados públicos les hace mella electoral y casa mal con su discurso grandilocuente de la recuperación económica. Por esta razón, han intentado a amortiguar este ataque a los derechos devueltos a los trabajadores públicos de la Junta, al empleo público creado y a los servicios públicos con argumentos peregrinos y retorcidos. Todo una cortina de humo de palabrería buscando tapar la fechoría del Consejo de Ministros. Han salido casi todos con el argumentario ortopédico y previsible de la manida “confrontación” y los que no lo han seguido han metido la pata hasta el corvejón. Es el caso del ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha sostenido con la suficiencia del teórico erudito que “en ningún país europeo los funcionarios trabajan 35 horas”. A través de Twitter, mi compañero Máximo Díaz-Cano le ha respondido con sarcasmo: “Francia, Portugal o Irlanda deben ser asiáticos”. Sonoro zasca. Y después de esta agresión a esta tierra y sus empleados públicos nos dicen que dejan las 35 horas en el sector público para 2018. ¿Por unos meses montan este disparate? Es que en el PP están desarbolados, van como pollos sin cabeza. Y siempre con la misma consigna: Contra Andalucía. No tienen arreglo.

Foto.EFE. Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Unanimidad contra Rajoy

julio 15, 2017

Los sindicatos han criticado unánimente y con contundencia el anuncio del Gobierno de la nación de recurrir la jornada de 35 horas de los empleados públicos de Andalucía. Coinciden con la Junta en que esta decisión supone una agresión a los trabajadores, al empleo y a los servicios públicos.

UGT considera lamentable la irresponsabilidad del Gobierno del PP al recurrir las 35 horas en el sector público andaluz. El PP, a su juicio, vuelve a atacar a Andalucía y a sus empleadas y empleados públicos con nuevos recortes, que suponen una vuelta atrás en la recuperación de derechos y en la estabilidad laboral.

CCOO sostiene que este recurso es “un ataque” y “una prueba de que el Gobierno y el PP no permiten que Andalucía recupere sus derechos”. Esta central sindical ha lamentado la reacción de Moncloa hacia una política positiva que, además de recuperar un derecho, suponía generación de empleo en servicios públicos que tomaban fuerza, por lo que la decisión del Gobierno representa “una vuelta de tuerca”.

CSIF subraya que ha habido poca sensibilidad del Gobierno con unos empleados cuyos derechos «han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años».

Todos emplazan al PP de Andalucía a que pongan pie en pared ante el hachazo a los empleados y los servicios públicos de esta comunidad. Como siempre, el PP y Moreno Bonilla callarán sumisos.

Foto.- El País. Acuerdo firmado por la Junta, con Susana Díaz, y los sindicatos para recuperar derechos en la función pública.

Miopía severa

julio 8, 2017

El Gobierno de Mariano Rajoy no considera la cultura un servicio público esencial. En este ámbito aplica de manera estricta las recetas neoliberales recortando presupuestos y limitando la reposición de vacantes producidas en la administración pública. Decisiones que ponen en riesgo o, cuando menos, en dificultad el acceso de los ciudadanos a la cultura. Y cultura no es sólo un derecho, una seña de identidad o el instrumento de enriquecimiento colectivo para construir sociedades más críticas y tolerantes. La industria cultural es, además, una oportunidad de generación de riqueza y empleo aprovechando el enorme potencial y talento que hay en este país. Por todo esto, cuesta entender esta obcecación del PP por poner trabas a la cultura, esa miopía severa que lleva a la derecha a desdeñar el enorme valor que aporta a una sociedad. Hago esta reflexión coincidiendo con el lanzamiento a bombo y platillo de una oferta de empleo público con más de 20.000 plazas que pasa de largo por este ámbito. Ya es hora de que la recuperación llegue también a la cultura y se la considere servicio público esencial. El lunes se lo plantearé al ministro en la Sectorial, que no se reúne, por cierto, desde 2015, si no me falla la memoria. A ver si cambian el paso… Sin cultura, viviríamos en la barbarie.

Más de lo mismo. El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado un proyecto de ley de presupuestos para 2017 cortado con el mismo patrón de los años anteriores. Mucho predicar sobre que la recuperación económica es ya una realidad y el Consejo de Ministros aprueba unas cuentas que siguen la senda de la austeridad. ¿En qué quedamos? Unas cuentas de la frustración porque se han intentado vender a bombo y platillo y cuando uno rasca no observa una apuesta ni siquiera mínima por los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos. Los números no engañan: se prevé un incremento del 7% de los ingresos y, sin embargo, los gastos destinados a políticas, las que han de sentir la gente, bajan en 5.000 millones.

Nos están haciendo el truco del trilero mueven la bola de un sitio a otro hasta que le perdemos las pista. La ciudadanía necesita ya sentir la mejora de la economía y recuperar los derechos perdidos, y estos presupuestos no van en esa línea. El gasto público sigue perdiendo peso y ha pasado del 45,8% del PIB en 2011 al 41,3% en este proyecto para 2017. Traducido a dinero contante y sonante estaríamos hablando de 50.000 millones de euros menos para las políticas que nos hacen iguales ante la sanidad, la educación y la dependencia, que generan crecimiento económico y que crean empleo. Por poner un solo ejemplo: la asociación de directores y gerentes de servicios sociales critican al PP por la insensibilidad y el abandono a más de 341.000 dependientes en nuestro país, de los que, según sus datos, irán falleciendo a razón de 90 al días sin disfrutar de este derecho. Consideran estas cuentas papel mojado.

Que no nos vendan milongas desde la Moncloa. Los presupuestos constituyen un nuevo fiasco. Por mucho que no los quieran envolver en papel de celofán. Otro gran espejismo.

Foto.- Efe. La mujer y los hombres de negro de este Gobierno.

Contra la desinformación, transparencia total. Contra la demagogia barata, la fuerza de los datos. La Junta de Andalucía ha respondido a la campaña de confusión y mentiras sobre el impuesto de sucesiones que ha desplegado el Partido Popular, con el apoyo de altavoces interesados, poniendo a disposición de la ciudadanía una serie de instrumentos para que comprueben la realidad, que es bien distinta del amasijo de bulos que predica la derecha. El Gobierno que preside Susana Díaz pondrá en marcha el lunes un simulador online para el cálculo del impuesto, habilitará una línea de teléfono para aclarar dudas y editará un guía sobre este figura impositiva. Toda una ofensiva al servicio de la verdad y de la mano de los trabajadores de la Agencia Tributaria de Andalucía, a los que el PP ni reconocen ni les tienen respeto. La derecha ha urdido una gran patraña pero la verdad sólo tiene un camino:

  • Sólo se abona el impuesto si se supera por persona el umbral de los 250.000 euros
  • El 98% de los familiares directos (hijos y cónyuges) no paga el impuesto de sucesiones. Es decir, sólo 2 de cada 100 lo hacen, los que más heredan.
  • Los herederos con vínculos más lejanos pagan igual en todas las comunidades autónomas.
  • Cuando se recibe la vivienda habitual, está bonificada en su práctica totalidad, aunque se supere la barrera de los 250.000 euros por heredero, tanto para familiares directos, más lejanos (tíos a sobrinos) o entre hermanos de más de 65 años.
  • Por la transmisión de fincas agrarias sólo se tributa el 1%.
  • La inmensa mayoría de las renuncias a herencias se debe a que tienen deudas (hipotecas, carga fiscal…).
  • La tramitación de una herencia tiene otros gravámenes, aunque quede exenta del pago del impuesto de sucesiones: el impuesto de plusvalía (se paga a los ayuntamientos) y gastos de notaría, registro y gestoría.

La Junta toma la iniciativa y ofrece al ciudadano un servicio para desmontar falsos mitos, informaciones sesgadas que intentan generar una alarma social injustificada. Cuando se ponen herramientas para disipar el espejismo, el PP protesta y patalea. Señal evidente de que todo era un enjuague y que no se va en favor del ciudadano, sino que se persigue un espurio rédito electoral. El impuesto no es nuevo (está regulado desde 1987) y el PP orquesta ahora una campaña muy centrada en Andalucía, cuando se paga en toda España, incluso de forma más gravosa en esta comunidad. Además, faltan a la verdad cuando exigen su derogación: ¿y por qué no lo hicieron cuando gozaron de mayoría absoluta en el Congreso entre 2011 y 2015? Eso sí, compensando a las CCAA porque este es un impuesto estatal cedido y cuya recaudación sirve para financiar los servicios públicos. Estamos ante un tributo progresivo, que lo paga quien más tiene o más recibe. Y, sin embargo, con el Gobierno de Mariano Rajoy hemos sufrido más de una treintena de subidas de impuestos, en muchos casos, como en el IVA, que todos abonamos por igual sin tener en consideración el nivel de renta.

Éstas son las verdades del barquero que hay que repetir una y otra vez ante la palabrería de una derecha que sólo ansía proteger a los ricos aunque sea a costa de la sanidad pública, la educación pública y las políticas sociales que nos dan igualdad de oportunidades a todos. No nos dejemos engañar.

Foto.ABC de Sevilla. María Jesús Montero, consejera andaluza de Hacienda, durante la presentación de las nuevas herramientas para la ciudadanía.

8.000 plazas

febrero 22, 2017

La Junta de Andalucía mantiene su hoja de ruta y convocará 8.000 plazas de empleo público en 2017. Esta apuesta firme permitirá seguir mejorando el funcionamiento de los servicios públicas, clave para la igualdad real de los ciudadanos, y permitirá a personas que llevan muchos meses preparándose encontrar un puesto de trabajo. Aunque sólo sea por estas dos razones, el Gobierno de la nación debe de dejar de meter miedo y no usar a los opositores como arma arrojadiza en el debate política. En Andalucía, las primeras oposiciones son las de cuerpo de maestros y no hay motivos para sembrar dudas sobre las 2.468 plazas que se ofertan en esta comunidad.

Desde el Ministerio de Hacienda se está intentando confundir a la opinión pública. La tasa de reposición no está vinculada a la prórroga presupuestaria. Es más, todos los escenarios posibles llevan al normal desarrollo de la oferta de empleo público prevista por Andalucía. Si hay Presupuestos Generales del Estado, la tasa de reposición se mantendrá al menos en el 100%. Si no hay nuevas cuentas, dicha tasa quedará prorrogada como mínimo igual que estaba en 2016. Habrá oposiciones sí o sí. Ante su incapacidad política para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno de Rajoy está intentando coaccionar una vez más a las comunidades autónomas. Es un chantaje burdo que no tiene ningún sustento legal. Digan lo que digan los que intentan distraer y atemorizar a los opositores, la oferta pública de empleo en educación tiene toda la cobertura legal y todo el respaldo presupuestario.

Lo que tiene que hacer ya el Gobierno de la nación es eliminar cualquier límite a la tasa de reposición, como se exigió en la reciente Conferencia de Presidentes. Y que se plantee un proceso extraordinario de consolidación de empleo público para absorber las altas tasas de temporalidad e interinidad que la crisis ha dejado en el sector público. Debe ser un proceso coordinado en todas las CCAA para evitar un efecto llamada y proteger así a los profesionales que actualmente desempeñan su función en la administración andaluza.

Foto.Cadena Ser.

Conferencia útil

enero 11, 2017

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El martes 17 se celebra la Conferencia de Presidentes. Ya era hora. Este órgano que reúne a los presidentes del Gobierno central y de las comunidades autónomas no se reunía desde el 2 de octubre de 2012. En los tiempos de mayoría absoluta y rodillo, Mariano Rajoy no tuvo a bien dialogar con sus homólogos regionales y razones y problemas sobraban para la negociación. Ahora que la aritmética parlamentaria es otra no le queda más remedio al Partido Popular que enterrar la arrogancia y buscar vías  de entendimiento. Aunque tardía, bienvenida es esta cita, pero sólo valdrá si tiene utilidad para los ciudadanos y tratar contenidos que sintonicen con sus preocupaciones y demandas.

Desde Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz planteará como prioridad la renovación del sistema de financiación y el fortalecimiento de los servicios públicos que garantizan el estado del bienestar. Se debe poner fecha para empezar a negociar cuanto antes un nuevo modelo. Ya vamos con casi tres años de retraso por deseo expreso de Rajoy, con el consiguiente perjuicio para CCAA como Andalucía que están recibiendo menos de lo que les corresponde por la mala aplicación del modelo actual. Esta comunidad ha dejado de recibir 1.000 millones de euros al año, un agravio que perjudica claramente a los ciudadanos.

El nuevo sistema de financiación tiene que preservar la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan y permitir prestar servicios públicos de calidad. Un modelo que garantice el derecho a una salud pública de calidad y que contemple la financiación de la ley de dependencia. El Gobierno debe rectificar y aceptar en la conferencia de presidentes que va a cubrir el 50% que le corresponde por ley, incluyendo los fondos para prestar este derecho en el futuro sistema. Por ejemplo, Andalucía financia el 80% y la administración central sólo el 20%, cuando el esfuerzo debe ser a partes iguales. También se han de poner las bases de un pacto educativo que sitúe la educación como política de estado y que nos permita articular una nueva ley sea fruto del consenso con toda la comunidad educativa.

Otro de los elementos que Andalucía va a proponer es el final de las políticas de austeridad, que tanto daño han causado a las clases medias y trabajadoras. Es necesario un impulso decidido a las políticas activas de empleo, que las inversiones productivas no computen en el déficit, que se condonen los intereses cobrados con mecanismos de financiación extraordinarios o que se impulsen las infraestructuras estratégicas del Estado en esta comunidad (corredor del Mediterráneo y conexión Algeciras-Bobadilla).

Además, se debe avanzar hacia la armonización fiscal de las autonomías. En materia tributaria, entre otros asuntos,  la presidenta andaluza reivindicará un cambio normativo que afecta a los autónomos: pedirá que el Gobierno vuelva a permitir a los autónomos fraccionar la devolución del IVA mes a mes y no hacerlo de golpe cada trimestre, como ocurre desde el 1 de enero. Esta reclamacion supondría un enorme alivio para los autónomos, especialmente los más pequeños.

Foto.- El Comercio. Susana Díaz y Javier Fernández, presidente de Asturias.