Diálogo social

La Junta de Andalucía toma de nuevo la delantera en la conquista de derechos para sus empleados públicos. Gobierno andaluz y sindicatos han rubricado hoy un acuerdo para mejorar el empleo público, un nuevo ejemplo de que el Ejecutivo que preside Susana Díaz apuesta nítidamente por el diálogo social. Este acuerdo, entre otras cosas, recupera de manera definitiva la jornada semanal de 35 horas (arrebatada en dos ocasiones por Mariano Rajoy y el PP), equipara los permisos de maternidad y paternidad en 20 semanas (implantación de manera progresiva hasta 2020) e incluye una subida salarial del 1,5% para 2018 (con efecto retroactivo a 1 de enero). Medidas que benefician a la totalidad del personal del sector público andaluz, integrado unos 270.000 trabajadores públicos. El acuerdo va a propiciar también la creación de empleo neto al eliminar la perniciosa tasa de reposición que impuso el Ejecutivo de Rajoy y que impedía cubrir el 100% de las vacantes, salvo en sanidad y educación. Además, se sumará un 8% adicional para frenar la pérdida de recursos humanos y dotar adecuadamente los servicios públicos. Un conjunto de medidas que van dirigidas a los empleados públicos pero que revierten en el bienestar del conjunto de la sociedad andaluza como usuaria de los servicios públicos.

Salud laboral

Cuando existe un problema, lo mejor es afrontarlo con determinación aunque la solución no dependa de uno mismo e implique a varios actores políticos, económicos y sociales. Los datos de siniestralidad laboral se han disparado en los últimos años en España y en Andalucía. Pero el Gobierno de esta comunidad autónoma ha tomado la iniciativa y ha lanzado hoy un acuerdo con patronal y los sindicatos para reducir los accidentes en el ámbito laboral. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral hasta 2022, un documento consensuado con los agentes sociales que conlleva una inversión de 59 millones de euros para conseguir la «siniestralidad cero». Se trata de sensibilizar a todo el tejido productivo de que invertir, como ha apuntado Díaz, en «prevención y en seguridad de los trabajadores no es un coste, sino una apuesta que hace a las empresas más competitivas». Andalucía cuenta con un tejido productivo con un 95% de pymes y se priorizará precisamente en las pequeñas y medianas empresas actuaciones de apoyo para mejora de la seguridad laboral. Ésta es una iniciciativa oportuna y necesaria.

Siempre sacan la patita…

Ha tardado muy poco el Partido Popular en sacar la patita por debajo de la puerta. El lunes, Juan Manuel Moreno Bonilla, hacía contorsionismo para no demostrar una vez más que la derecha nunca está con Andalucía y salir de ese gran bloque político, económico y social por una financiación justa para Esta tierra. Salvo el PP, el resto de partidos con representación parlamentaria, sindicatos, empresarios, corporaciones locales y el tercer sector (entidades sociales) han compartido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la reivindicación de unos recursos suficientes para tener servicios públicos y un estado del bienestar en pie de igualdad con el resto de autonomías. Con el reparto que hace el Gobierno de Rajoy, Andalucía recibe cada año unos 1.000 millones menos que la media de las CCAA, es decir, unos 104 euros menos por habitante/año. Pese a este agravio, el PP sigue anteponiendo las consignas de Moncloa y bailando al son que le marca Rajoy. No era de esperar otra reacción: nunca ha estado la derecha en la defensa de Andalucía. Ante una nueva causa justa, el PP vuelve a traicionar a esta tierra. Estamos como cuando Aznar y Arenas no querían reconocer a 400.000 andaluces, ahora son 220.000, que también son muchos. La historia se repite una y otra vez.

Foto.- elplural.com. Moreno Bonilla, Rajoy y Arenas.

Todos… ¿y el PP?

Nos jugamos mucho en Andalucía ante la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Hay un compromiso suscrito por Gobierno de España y comunidades autónomas de aprobarlo este año, y es que el vigente está caducado desde 2014. Está sobre la mesa el futuro de los servicios públicos y de nuestro autogobierno. Sabedora de esta realidad, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido una ronda con los dirigentes de los partidos para trabajar en una posición unitaria ante una nueva financiación justa y que distribuya los recursos suficientes para garantizar la igualdad, una reivindicación que ya habían compartido sindicatos y patronal la semana pasada.

A esta alianza por Andalucía se han sumado en líneas generales todas las fuerzas parlamentarias. El PP, consciente de su soledad en este asunto, se ha visto obligado a modular (al menos de boquilla) su discurso ante la contumacia de los datos. El último ejercicio presupuestario liquidado, el de 2015, se traduce en que cada andaluz recibe 104 euros menos que la media nacional, lo que en términos absolutos suponen unos 1.000 millones de euros. O dicho de otra manera, con la aplicación que hace del sistema de financiación el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se envían los fondos correspondientes a 220.000 andaluces.

El agravio es evidente y Moreno Bonilla no ha tenido más escapatoria que apelar a un gran acuerdo nacional entre PP y PSOE. Una contorsión de urgencia ante quien siempre se ha puesto de perfil y no levantado nunca la voz ante la Moncloa. Lo que en el argot del rugby sería una patada hacia adelante para alejar el peligro. Sin embargo, empecemos por los cimientos, no por el tejado: lo primero es sellar un gran acuerdo en Andalucía para recibir los fondos que nos corresponden por derecho. Y los dirigentes del PP se tendrán que retratar, decidir si por una vez en su historia anteponen los intereses de esta comunidad o se pliegan sin decoro a las exigencias de su partido y a los compromisos de Rajoy. Ellos verán… Hasta ahora su actitud sumisa y genuflexa la rechaza la mayoría de los ciudadanos de esta tierra.

El PP, en fuera de juego

Amplia coincidencia. Los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) y los empresarios han compartido con la presidenta andaluza, Susana Díaz, la reivindicación de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los ciudadanos de este país vivan donde vivan y los recursos suficientes para que las distintas autonomías puedan garantizar los servicios públicos y el fortalecimiento del estado del bienestar. El actual modelo, caducado desde 2014 y que el Gobierno de Rajoy se encarga de aplicar de forma discriminatoria y arbitraria, le ha supuesto a Andalucía una pérdida de más de 5.500 millones. Junta y los agentes económicos y sociales han fijado una posición común en beneficio de Andalucía que deja al Partido Popular en fuera de juego y con un discurso, como siempre, de espaldas a las necesidades reales de esta tierra y de sumisión al castigo que se decide en la Moncloa. La derecha andaluza tiene argumentos para defender su silencio cómplice para el castigo que recibe esta comunidad ni tiene sensibilidad con esta tierra.

Argucia ramplona

Hay gestos que sólo buscan desviar la atención o envolverse en la demagogia. La última pirueta de Cristina Cifuentes se zambulle en esos dos ámbitos. La renuncia de la presidente madrileña a disfrutar este año de vacaciones pretende un hipotético aplauso fácil de la opinión pública y tapar que su número tres está cada vez más cercado por la fiscalía anticorrupción y la investigación judicial. Ante el enésimo episodio que salpica a un dirigente del PP en la comunidad de Madrid, Cifuentes ha sacado el señuelo de quedarse sin vacaciones para conducir el debate político a un asunto menor y que los focos no estén sobre su consejero Jaime González Taboada. Regate corto, argucia ramplona que desde luego no va a engañar a nadie. Es tan insolvente su argumento que ha recibido la crítica unánime de sindicatos y otras fuerzas políticas. Y lo más llamativo es que hasta su compañera Fátima Báñez, a la sazón ministra de Empleo, le ha recordado que las vacaciones son un derecho de los trabajadores. La maniobra de la presidenta madrileña no merece perder ni un segundo en el plano jurídico y en el plano político se ha ganado el reproche por falaz y ventajista.

Foto.- Huelva Hoy.

Unanimidad contra Rajoy

Los sindicatos han criticado unánimente y con contundencia el anuncio del Gobierno de la nación de recurrir la jornada de 35 horas de los empleados públicos de Andalucía. Coinciden con la Junta en que esta decisión supone una agresión a los trabajadores, al empleo y a los servicios públicos.

UGT considera lamentable la irresponsabilidad del Gobierno del PP al recurrir las 35 horas en el sector público andaluz. El PP, a su juicio, vuelve a atacar a Andalucía y a sus empleadas y empleados públicos con nuevos recortes, que suponen una vuelta atrás en la recuperación de derechos y en la estabilidad laboral.

CCOO sostiene que este recurso es «un ataque» y «una prueba de que el Gobierno y el PP no permiten que Andalucía recupere sus derechos». Esta central sindical ha lamentado la reacción de Moncloa hacia una política positiva que, además de recuperar un derecho, suponía generación de empleo en servicios públicos que tomaban fuerza, por lo que la decisión del Gobierno representa «una vuelta de tuerca».

CSIF subraya que ha habido poca sensibilidad del Gobierno con unos empleados cuyos derechos «han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años».

Todos emplazan al PP de Andalucía a que pongan pie en pared ante el hachazo a los empleados y los servicios públicos de esta comunidad. Como siempre, el PP y Moreno Bonilla callarán sumisos.

Foto.- El País. Acuerdo firmado por la Junta, con Susana Díaz, y los sindicatos para recuperar derechos en la función pública.

Todos menos uno

Estaban todos los que tenían que estar, todos menos uno: el Gobierno de la nación. En Antequera se dieron cita Junta de Andalucía, las corporaciones locales, sindicatos (UGT y CCOO), los empresarios (CEA) y las Cámaras de Comercio para reclamar la conexión de los puertos andaluces con los corredores ferroviarios europeos. La ausencia de representantes de la Administración central ante esta reivindicación de justicia resalta con más énfasis el agravio que sufre Andalucía en las inversiones ferroviarias. Mariano Rajoy castiga infraestructuras prioritarias como la Algeciras-Bobadilla, que multiplicaría el volumen de mercancías y empleo del mayor puerto de España, o la línea con Almería para dar salida a su gran producción agroalimentaria, mientras que favorece otras instalaciones portuarias con derramas multimillonarias.

Andalucía ocupa una posición geoestratégica que le confiere enormes oportunidades «al ser el nodo de paso de la principal ruta del comercio mundial». Por ese motivo, todos los participantes del foro firmaron la ‘Declaración por el desarrollo de las infraestructuras logísticas, el crecimiento y el empleo’. Se trata de un compromiso para impulsar las infraestructuras logísticas de Andalucía a fin de fomentar las actividades industriales y el empleo. Pero esta apuesta por el desarrollo necesita inversión en la red ferroviaria. Así, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España y a la Unión Europea que culmine la red ferroviaria transeuropea que contempla el eje Mediterráneo (Huelva-Sevilla-Antequera-Granada-Almería-Levante-Frontera Francesa), así como la conexión de Huelva con la Ruta de la Plata y el eje Central (Algeciras-Antequera-Córdoba-Linares-Madrid-Frontera Francesa). Ambos ejes interconectan en Antequera. Y se considera de especial prioridad la culminación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

Fotos.– Clausura del foro y mapa de la red ferroviaria transeuropea.

Ayudas y contradicciones

Suelo definir a las hemerotecas como templos de las contradicciones. Son como una especie de Pepito Grillo que te martillea en el presente con las cuestiones del pasado. Hoy, Gobierno, patronal y sindicatos firman un acuerdo para poner en marcha una ayuda para parados de larga duración. La medida es oportuna e imprescindible. Con más de 4,5 millones de parados registrados (y 5,5 millones según la Encuesta de Población Activa), el Ejecutivo no puede mirar hacia otro lado, máxime cuando la protección social por desempleo cubre a poco más del 50% de los desempleados, la otra mitad no tiene nada que llevarse a la boca. Esta ayuda es de justicia y paliará el drama que están pasando muchas familias sin ingresos y sin expectativas de empleo a corto plazo. Llama, sin embargo, la atención que el Partido Popular impulse una medida que criticó cuando la hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Antes fue un parche… para la derecha española, hoy hablan de gran acuerdo social. La contradicción no puede ser más exasperante. Pero lo importante no son los vaivenes de Rajoy y su equipo, sino una ayuda que supondrá un alivio para muchos hogares para las que la crisis no es cosa del pasado.

Devaluación de las pensiones

En los cuartes generales del Partido Popular quizá quieren olvidar su falta de colaboración en la reforma vigente de las pensiones. El aspirante Rajoy apostó por la irresponsabilidad y se negó a colaborar con el Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel momento se desentendió y ahora va a sacar la motosierra contra los pensionistas. El Gobierno del PP ha dado ya el primer paso para, usando la terminología de El País, devaluar las pensiones. Un reforma que impulsa sin consenso, de espaldas a la oposición y a los sindicatos y que conlleva un perjuicio a los beneficiarios actuales y para los futuros.

• Para los que ya cobran la fórmula de revalorización (ya no es el IPC) que contempla la reforma (0,25%) supone una pérdida real de poder adquisitivo de todas las pensiones, año tras año.
• Y las futuras porque las fórmulas que se establecen hará más difícil acceder a una pensión y su cuantía será menor que las actuales. Y a eso, claro, añadirán después la ya citada pérdida de poder adquisitivo anual.

En cambio, la reforma en vigor de 2011, que contó con el apoyo de los agentes sociales y económicos y que rechazó el PP, garantiza la sostenibilidad del sistema manteniendo las retribuciones por jubilación. La propuesta del Gobierno se hace a costa de los ciudadanos. Todos pierden con esta reforma del PP, muy especialmente los que tienen la pensión más baja y las mujeres. El Ejecutivo de Rajoy contribuye a aumentar las desigualdades. Una vuelta de tuerca más, sus recortes siempre tienen los mismos destinatarios: las clases medias y trabajadoras.