Hipoteca para elegidos

No todo el mundo tiene la misma suerte que Pablo Iglesias e Irene Montero para conseguir un crédito hipotecario tan ventajoso. Para ver si tan favorables condiciones están al alcance de cualquier ciudadano, he visitado la página de la Caja de Ingenieros y lo he comprobado en el simulador de hipotecas. Con importes parecidos al valor de su inmueble y de su hipoteca conseguida, la herramienta de la entidad me deniega el préstamo por superar lo pedido el 80% del precio de la vivienda. Sólo esto ya llama la atención. Sin contar que cualquier comisión de riesgos pondría serios reparos, por no decir de forma categórica que no daría el plácet, a personas que no disponen de empleos indefinidos ni de un supuesto patrimonio que respalde la operación. La respuesta del simulador me hace pensar que hubo cierto trato de favor para los dirigentes podemitas. La operación inmobiliaria, que une posibles privilegios y una insultante incoherencia política, se somete desde hoy al blanqueo en un plebiscito de legitimación de los lideres. ¡Qué panorama!

Bienvenidos a la ‘casta’

No he querido escribir estos días de uno de los asuntos de actualidad de la semana porque cada cual hace con su dinero lo que quiera siempre que sea legal. Si hoy escribo este post es porque los protagonistas, Pablo Iglesias e Irene Montero, lo han convertido en materia pública convocando un referéndum entre las bases de Podemos para seguir o no en sus cargos tras la compra de un chalet de lujo por valor de 600.000 euros. Esta operación inmobiliaria no es noticia en sí misma, lo que ocurre es que la demagogia y populismo podemitas la habrían definido como propia de la casta si los titulares de la escritura fueran de otro signo político. Iglesias y Montero han impartido tantas lecciones de moralidad y han repartido tantos carnets de pureza democrática que esta compra ha puesto sobre el tapete sus contradicciones. Haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Y por si no fuera ya sangrante la incoherencia entre su discurso y su praxis, también existen sospechas más que fundadas sobre supuesto trato de favor en la obtención de la hipoteca: cobertura del 90% del precio de compra, cuando el límite para la inmensa mayoría está en el 80%, y condiciones muy favorables de pago, al alcance de muy pocos proletarios en el mercado bancario. El resultado es que tienen una vivienda propia de aquellos a quienes los morados llaman casta y además han conseguido supuestos privilegios hipotecarios de los bancos. Se someten al veredicto de los suyos en un plebiscito personal, una maniobra a la desesperada de trasnochado culto al líder, pero la gente, la ciudadanía en general, ya los tiene calados.

Foto.- La Razón.

Argucia ramplona

Hay gestos que sólo buscan desviar la atención o envolverse en la demagogia. La última pirueta de Cristina Cifuentes se zambulle en esos dos ámbitos. La renuncia de la presidente madrileña a disfrutar este año de vacaciones pretende un hipotético aplauso fácil de la opinión pública y tapar que su número tres está cada vez más cercado por la fiscalía anticorrupción y la investigación judicial. Ante el enésimo episodio que salpica a un dirigente del PP en la comunidad de Madrid, Cifuentes ha sacado el señuelo de quedarse sin vacaciones para conducir el debate político a un asunto menor y que los focos no estén sobre su consejero Jaime González Taboada. Regate corto, argucia ramplona que desde luego no va a engañar a nadie. Es tan insolvente su argumento que ha recibido la crítica unánime de sindicatos y otras fuerzas políticas. Y lo más llamativo es que hasta su compañera Fátima Báñez, a la sazón ministra de Empleo, le ha recordado que las vacaciones son un derecho de los trabajadores. La maniobra de la presidenta madrileña no merece perder ni un segundo en el plano jurídico y en el plano político se ha ganado el reproche por falaz y ventajista.

Foto.- Huelva Hoy.

Desinformación

Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones están haciendo circular mucha desinformación y demagogia para confundir a la gente. Es una figura impositiva que afecta a muy pocos ciudadanos (sólo un 2% cuando se hereda de familiares directos, esto es, de padres a hijos) y no se paga nada cuando se recibe por debajo de los 250.000 euros (un cuarto de millón, una cantidad importante y que no está al alcance de cualquiera). Se trata de un impuesto progresivo que sigue el principio de que quien más gane o más tenga, más abone. Es, además, un tributo del Estado cedido a las comunidades autónomas como parte del sistema de financiación y por tanto la recaudación se dedica al mantenimiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y políticas sociales). El Partido Popular tuvo la oportunidad en los cuatro años de mayoría absoluta de eliminar el impuesto y compensar a la CCAA por la pérdida de ingresos. Y no lo hizo. Cuando se conocen estos datos, ya no resulta tan fácil falsear la realidad. Sectores conservadores, con el PP al frente, están metiendo miedo y enredando cuando la inmensa mayoría de la población no desembolsará nada por el impuesto de sucesiones. Estaría bien que algunas cadenas de televisión que tanto bombo le están dando a este asunto (les da audiencia) explicaran también que cuando se recibe una herencia, además de sucesiones, hay que hacer frente al impuesto de plusvalías a los ayuntamientos y los gastos de registro y notaría. Tampoco estaría de más que precisaran que muchas de las renuncias a las herencias se debe a las deudas que llevan consigo (por ejemplo, hipotecas). Más allá de algún caso concreto que pueda conllevar una injusticia, el impuesto de sucesiones lo pagan los que obtienen cuantiosos legados. Insisto, la inmensa mayoría, 98 de cada 100, no tributa ni un euro.

Falso debate (II)

Insisto: ante la demagogia, datos. No hay mejor forma de desmontar una mentira que contar la verdad. Este vídeo, que ofrece el balance del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía en 2016, deja en evidencia la propaganda malsana del Partido Popular para favorecer a los que más tienen. Gracias a las exenciones que hace el PP en la Comunidad de Madrid las grandes fortunas se ahorraron 600 millones el año pasado por este tributo. La derecha siempre barre para los más poderosos.

Tierra quemada

En el Partido Popular tienen una tendencia malsana a la demagogia y a hacer política de tierra quemada. Y nunca más apropiada esta expresión en relación con las declaraciones insidiosas de su número dos en Andalucía, Dolores López Gabarro, sobre supuestas vacantes en las plantillas del Infoca (servicio de lucha contra incendios forestales). La derecha practica como nadie el oportunismo y pretende hacer politiquería aprovechando los dos últimos grandes fuegos registrados en Andalucía, el de Lújar, en Granada, y sobre todo el de Quesada, en Jaén, en las puertas de Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Las desafortunadas palabras de la señora López Gabarro no sólo no se ajustan a la verdad, sino que suponen una grave irresponsabilidad porque intenta crear una alarma social injustificada. No todo vale en política. La plantilla está ocupada al 100% en la temporada de mayor riesgo de incendios y su trabajo es encomiable y reconocido en España y en Europa en la prevención y lucha contra estos siniestros naturales. Todos los operarios tienen la preparación y la formación para hacer su labor, poner en cuestión esta realidad por parte del PP supone una falta de respeto a estos empleados públicos.

La dirigente pepera ha querido aprovechar dos desgracias naturales en unas condiciones climatológicas muy adversas para intentar arañar un puñado de votos y conquistar unos pírricos titulares de prensa. Una actitud ciertamente preocupante. Además, lo que es chirriante es que el PP ponga en cuestión un dispositivo público que funciona, y lo hace bien y con garantías, cuando acaban de aprobar una reforma de la Ley de Montes, con su rodillo parlamentario en el Congreso, que permite especular urbanísticamente con los espacios afectados por el suelo. Mal que les pese a los populares, Andalucía es referencia nacional en protección forestal y de inversión en la protección del medio ambiente. Datos que la derecha, como otras muchas cosas, no conoce o no les interesa conocer. Menos subirse a trenes baratos y más política de altura.

Foto.Europa Press. Operarios del Infoca actúan en el incendio de Quesada.

Como menores de edad

El Gobierno de la nación toma definitivamente a las mujeres como menores de edad. En la memoria de impacto normativo de la reforma de la ley del aborto que impulsa Alberto Ruiz Gallardón, adelantada por la Cadena Ser,  se sostiene sin rubor que con esta ley se refuerza la libertad de elección de la mujer. Esta afirmación resulta un insulto a la inteligencia puesto que la nueva regulación no sólo arrebata a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad, sino que las somete a una carrera de obstáculos incluso en el caso de que quiera abortar un feto enfermo que vaya a morir nada más nacer. Si alegan riesgo para su salud, tienen que pasar dos exámenes médicos con facultativos distintos y una semana de reflexión antes de proceder a la interrupción del embarazo. Como si la mujer que toma esa dura decisión, lo hiciera a la ligera y no con madurez y con conciencia. La nueva ley se inspira en las reivindicaciones de los sectores más conservadores de este país, nos sitúa entre los países más retrógrados de Europa y exuda un machismo recalcitrante.

Si ya resulta indignante la imagen que tiene el Gobierno de Rajoy de las mujeres, la citada memoria nos brinda otra perla esperpéntica: la reforma del aborto tendrá efectos positivos sobre la economía. Los sesudos autores de este disparate entienden que el aumento de la natalidad por la reducción del número de abortos tendrá efectos positivos sobre la actividad económica. Una conclusión que en el mismo texto se señala como difícilmente cuantificable y que se sustenta en una gran mentira: con la actual ley de plazos no sólo no se han incrementado, sino que se han reducido las interrupciones del embarazo, según datos del Ministerio de Sanidad. ¿Se puede derrochar más demagogia?

Nos quieren tomar el pelo. El informe que viene a justificar la reforma Gallardón parece estar escrito por extraterrestres. No puede estar más alejado de la realidad. Le pediría al ministro que tirara la memoria y su ley a la papelera. Lo mejor que puede hacer es retirar el proyecto, que su cambio normativo se quede como nonato.

Canal 9, muñeco roto

El Gobierno valenciano echará el cerrojazo a Canal 9 tirando de demagogia, falseando la realidad y pisoteando los procedimientos democráticos. El agujero financiero no ha surgido de la noche a la mañana. Ni siquiera es producto de los cinco años de larga crisis. El ente público estaba ya en quiebra técnica en 2008 cuando aún vivíamos en la inercia de un largo periodo de bonanza. La Sindicatura de Comptes (Cámara de Cuentas) de la comunidad cifraba la deuda en esa fecha en 1.200 millones de euros, con un gasto financiero anual de 45 millones. No puede decir el presidente Fabra que prefiere cerrar la radio y televisión públicas antes que un colegio. ¡Cuántos centros educativos podrían haber construido o mejorado con el despilfarro de dinero público para el autobombo y la propaganda del Partido Popular durante casi 20 años!

RTVV ha llegado a esta situación por la mala gestión tolerada y jaleada por el poder autonómico (Zaplana, Camps y también Fabra) y por la zafia manipulación durante años que ha ido empobreciendo la parrilla y alejando a la audiencia. Se ha aplicado el recetario del PP para liquidar lo público: primero uso y abuso de este medio público con fines particulares,  y cuando ya se ha desplomado en cuota de pantalla y prestigio social por la degradación de la oferta, privatización o cierre. La plantilla de Canal 9 ha dado una lección ética en estas 48 horas de autogestión tras la dimisión del equipo directivo como consecuencia de la decisión desproporcionada del Ejecutivo que preside Fabra. Han puesto en marcha una programación de servicio público, digna e independiente. La audiencia ha respondido y el share se ha disparado. Una evidencia que demuestra que las cadenas públicas tienen aceptación si no actúan como correa de transmisión de las consignas del Gobierno y cumplen su función social. (Algo similar le está ocurriendo a RTVE por su instrumentalización desde el Palacio de la Moncloa).

El Gobierno valenciano tomará de nuevo las riendas de la cadena por las bravas. Se ha reunido de urgencia para cambiar la ley que regula la RTVV y nombrar un director general que actúe como enterrador o liquidador de la empresa. A Ernesto Moreno le han encomendado el papel de Harry el sucio. Para no perder un minuto y saltar todos los controles democráticos, han silenciado la voz de las Cortes valencianas en este nombramiento. Todo un despropósito desde el principio hasta el fin. El PP valenciano no puede mirar al tendido. Su desastrosa gestión deja a su comunidad sin cadena pública y a 1.700 en la calle. ¿Asumirá alguien responsabilidades por este desastre?

“El ejemplo del mundo”

Después de cinco años de una profunda y devastadora crisis, los ciudadanos estamos hartos de brotes verdes que nunca crecen y de síntomas de recuperación que no acaban de consolidar. Tenemos que superar el pesimismo y la resignación, sin duda, pero con realismo y determinación, no con exageración y demagogia. La grandilocuencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, transita justo por el camino que conduce al hastío y al alejamiento ciudadano de la política. Con seis millones de parados en este país, ¿cómo se puede sostener sin sonrojo que somos “el ejemplo del mundo” y el “éxito económico”? ¿Estamos “rompiendo pronósticos” con sólo 31 parados menos en agosto, a razón de uno menos al día? Suena a chiste de mal gusto. Habrá que interpretar este exceso de Montoro en un intento de elevar la moral a una militancia del PP alicaída y desencantada. La sociedad española, en cambio, está cansada de este tipo de soflamas propagandísticas, que se ven como una falta de respeto, como una tomadura de pelo. Habría que pedirle al ministro algo más de mesura y que ponga los pies en el suelo. Las heridas de las crisis son aún demasiado evidentes y graves como para remediarlas con una tirita dialéctica. Hechos. Se necesitan hechos.

Achicar la democracia

María Dolores de Cospedal está desmontando todos los mecanismos democráticos de control a su gobierno. La crisis es la excusa perfecta para eliminar todos los testigos molestos y tener manos libres para actuar a su antojo como un monarca absolutista. La presidenta de Castilla-La Mancha ha cerrado el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social y ahora suprime los sueldos de los diputados para quitarse de encima a la oposición, siempre incómoda para gobernantes con un deficitario talante democrático.

Con esta medida, sin lugar a dudas, achica la democracia. Se dificulta desde una visión clasista de la sociedad el acceso a los trabajadores a la asamblea legislativa  (se quedará como coto privado para personas con fortuna o empresas), se sortea el régimen de incompatibilidades (se podrá compatibilizar el escaño con sueldos privados al margen o con actividades profesionales que pueden hipotecar la independencia de los parlamentarios) y puede ser una forma de evadir impuestos (si se va a pagar a los diputados lo mismo que se gana con un sueldo en concepto de dietas que no se tributan a Hacienda).

Todo un despropósito cuando lo que realmente se ahorra es nimio y se toma una senda demagógica, populista y antidemocrática. Se recorta en democracia y se despilfarra en enchufismo. En los presupuestos de Cospedal para 2013, figuran 67 millones de euros destinados al sueldo de cargos nombrados a dedo. Se va a gastar 66 vece más en pagar a sus cargos de confianza que lo que se ahorra quitándole el sueldo a los parlamentarios. No es una exageración: se puede comprobar en las páginas 16 y 99 del tomo I del proyecto de ley de presupuestos. Muchos de sus compañeros del PP no le siguen la estela (Monago en Extremadura o Feijóo en Galicia, por ejemplo). Esta filigrana elitista sólo encuentra el aplauso del sector neocon, esto es, del Tea Party que patrocina Aznar desde la FAES.

Barra libre para los suyos y severo tijeretazo a los servicios públicos, que son de todos. En Castilla- La Mancha, la educación cuenta con 130 millones menos y la sanidad con 154 menos para el próximo ejercicio. Desde que llegó al cargo en junio de 2011, la motosierra de Cospedal ha hecho estragos: 700 millones en educación y 1.600 menos en sanidad. El hacha de Cospedal siempre golpea en el mismo sitio: en el árbol del estado del bienestar.

Viñeta.Forges en El País.