El PP, en fuera de juego

Amplia coincidencia. Los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) y los empresarios han compartido con la presidenta andaluza, Susana Díaz, la reivindicación de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los ciudadanos de este país vivan donde vivan y los recursos suficientes para que las distintas autonomías puedan garantizar los servicios públicos y el fortalecimiento del estado del bienestar. El actual modelo, caducado desde 2014 y que el Gobierno de Rajoy se encarga de aplicar de forma discriminatoria y arbitraria, le ha supuesto a Andalucía una pérdida de más de 5.500 millones. Junta y los agentes económicos y sociales han fijado una posición común en beneficio de Andalucía que deja al Partido Popular en fuera de juego y con un discurso, como siempre, de espaldas a las necesidades reales de esta tierra y de sumisión al castigo que se decide en la Moncloa. La derecha andaluza tiene argumentos para defender su silencio cómplice para el castigo que recibe esta comunidad ni tiene sensibilidad con esta tierra.

Haz lo que yo diga…

El Parlamento de Andalucía aprueba mañana la ley de reordenación del sector público de la comunidad autónoma, un proyecto que pretende simplificar el entramado administrativo, aumentar la eficacia y avanzar hacia un modelo más austero. Esta iniciativa legislativa, que cuenta con el apoyo de UGT y CCOO, garantiza el carácter público de la prestación de servicios básicos, blinda las potestades atribuidas a los funcionarios y se mantienen los puestos de trabajo. Quizá no se estuvo especialmente fino en el arranque del trámite pero finalmente se han disipado mediante el diálogo y el acuerdo todas las posibles dudas que algunos representantes de los empleados públicos ponían sobre la mesa. Nunca estuvo en el texto y queda aún más claro que nadie puede ser funcionario sin aprobar las preceptivas pruebas de selección. Queda, por tanto, vedada la posibilidad de cualquier tipo de enchufismo como el Partido Popular se ha encargado de difundir a los cuatro vientos, sin ninguna base sólida y con la mentira como altavoz de sus propias ansias electorales. La derecha ha confundido a los profesionales y ha engañado a la opinión pública.

Una cosa es lo que el PP dice y otra bien distinta lo que hace donde gobierna. En Murcia y Galicia han puesto a empleados públicos de patitas en la calle, están privatizando servicios y desamortizando la administración por su compromiso con los mercados y no con la ciudadanía. El principal argumento usado por las huestes de Javier Arenas en Andalucía ha sido el espantajo del enchufismo. Todo fantasía porque no está reflejado en el texto. Ahora no enteramos que en Galicia han aprobado una disposición final a la Ley de Función Pública por la que los laborales fijos pueden adquirir por promoción interna la condición de funcionario (BOE del 10 de febrero). Están practicando en otras autonomías exactamente aquello que con ahínco y desde la falsedad denunciaban aquí. Y no se ha escuchado la voz justiciera de Arenas, a la sazón de la política autonómica del PP y por ende responsable de organizar el patio regional de los populares, censurar a sus compañeros gallegos. Otro claro ejemplo de la doble vara de medir.

Foto.- Arenas, con representantes de CSIF.

Métodos mafiosos

Un sector radical de la representación sindical de los empleados públicos se ha pasado de rosca. A todos nos asiste el derecho constitucional de manifestación y de libertad de expresión, un colectivo puede y debe defender sus intereses corporativos con todos los instrumentos que ofrece el estado de derecho. Ahora bien, hay unos límites, unas líneas rojas que no se pueden sobrepasar. Amenazar, extorsionar o usar métodos que alteran la convivencia no suena muy democrático. No parece un ejercicio de civismo anunciar que si no consiguen sus propuestas maximalistas en torno a la reordenación del sector público, piensan reventar los actos de un partido político, en este caso el PSOE de Andalucía, de aquí a las elecciones municipales de mayo. Son métodos muy similares a los que usa la Camorra para amedrantar, silenciar y hacer pasar por el aro a la gente. Sembrar de crispación y violencia el momento más importante de la democracia que es el sufragio y la difusión de las distintas ofertas electorales no tiene un pase. Además, esa beligerancia se produce cuando ese proyecto, que cuenta con el respaldo de UGT y CCOO, está en pleno debate parlamentario.

Esta opinión mía no es exclusiva ni está viciada por mi militancia. Así también lo entienden medios de comunicación de línea editorial distinta. Dos ejemplos:

El Correo de Andalucía, en su editorial El CSIF traspasa los límites de lo tolerable, señala: “No es de recibo amedrentar a una organización política amenazándola con reventar sus actos  si no se pliega a sus exigencias. Eso y un vulgar chantaje termina siendo lo mismo. El camino que ha emprendido no es razonable, así que convendría que hiciera un ejercicio de autocrítica y admitiera que tiene la misma obligación que el resto de buscar el entendimiento y no avivar una confrontación belicosa desde posiciones que distan mucho de ser democráticas…“.

Diario de Sevilla, bajo el título Elecciones y conflictos, sostiene en su editorial: “Más grave resulta la amenaza de algunos de los portavoces-organizadores de la manifestación que prometen una campaña para las elecciones municipales “calentita” si no se atienden sus reivindicaciones y advierten que seguirán “reventando” actos oficiales de la Junta de Andalucía. Existen suficientes cauces democráticos plenamente establecidos y asumidos, como la propia manifestación comentada más arriba, para expresar quejas y protestas y plantear reivindicaciones legítimas a los poderes de todo tipo. Ello deslegitima la organización de esas protestas estentóreas, agresivas e incívicas…“.

Detrás de esta posición de intolerancia de CSIF y otros sindicatos minoritarios está la sombra alargada del PP, una organización que está jaleando y azuzando la hostilidad y la intransigencia. ¿Cómo se explica la alegría incontenida de la portavoz conservadora ante una campaña intranquila para sus adversarios políticos? ¿Cómo un partido que se dice democrático alienta o, al menos, no se desmarca de la coacción? Si estas actitudes se produjeran en otras latitudes, la condena sería unánime. En cambio, el PP, cegado por su obsesión electoral, arrincona los principios y sólo busca sus posibles beneficios.

Foto.El Correo de Andalucía.