Salud laboral

Cuando existe un problema, lo mejor es afrontarlo con determinación aunque la solución no dependa de uno mismo e implique a varios actores políticos, económicos y sociales. Los datos de siniestralidad laboral se han disparado en los últimos años en España y en Andalucía. Pero el Gobierno de esta comunidad autónoma ha tomado la iniciativa y ha lanzado hoy un acuerdo con patronal y los sindicatos para reducir los accidentes en el ámbito laboral. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral hasta 2022, un documento consensuado con los agentes sociales que conlleva una inversión de 59 millones de euros para conseguir la “siniestralidad cero”. Se trata de sensibilizar a todo el tejido productivo de que invertir, como ha apuntado Díaz, en “prevención y en seguridad de los trabajadores no es un coste, sino una apuesta que hace a las empresas más competitivas”. Andalucía cuenta con un tejido productivo con un 95% de pymes y se priorizará precisamente en las pequeñas y medianas empresas actuaciones de apoyo para mejora de la seguridad laboral. Ésta es una iniciciativa oportuna y necesaria.

Siempre sacan la patita…

Ha tardado muy poco el Partido Popular en sacar la patita por debajo de la puerta. El lunes, Juan Manuel Moreno Bonilla, hacía contorsionismo para no demostrar una vez más que la derecha nunca está con Andalucía y salir de ese gran bloque político, económico y social por una financiación justa para Esta tierra. Salvo el PP, el resto de partidos con representación parlamentaria, sindicatos, empresarios, corporaciones locales y el tercer sector (entidades sociales) han compartido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la reivindicación de unos recursos suficientes para tener servicios públicos y un estado del bienestar en pie de igualdad con el resto de autonomías. Con el reparto que hace el Gobierno de Rajoy, Andalucía recibe cada año unos 1.000 millones menos que la media de las CCAA, es decir, unos 104 euros menos por habitante/año. Pese a este agravio, el PP sigue anteponiendo las consignas de Moncloa y bailando al son que le marca Rajoy. No era de esperar otra reacción: nunca ha estado la derecha en la defensa de Andalucía. Ante una nueva causa justa, el PP vuelve a traicionar a esta tierra. Estamos como cuando Aznar y Arenas no querían reconocer a 400.000 andaluces, ahora son 220.000, que también son muchos. La historia se repite una y otra vez.

Foto.- elplural.com. Moreno Bonilla, Rajoy y Arenas.

Todos… ¿y el PP?

Nos jugamos mucho en Andalucía ante la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Hay un compromiso suscrito por Gobierno de España y comunidades autónomas de aprobarlo este año, y es que el vigente está caducado desde 2014. Está sobre la mesa el futuro de los servicios públicos y de nuestro autogobierno. Sabedora de esta realidad, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido una ronda con los dirigentes de los partidos para trabajar en una posición unitaria ante una nueva financiación justa y que distribuya los recursos suficientes para garantizar la igualdad, una reivindicación que ya habían compartido sindicatos y patronal la semana pasada.

A esta alianza por Andalucía se han sumado en líneas generales todas las fuerzas parlamentarias. El PP, consciente de su soledad en este asunto, se ha visto obligado a modular (al menos de boquilla) su discurso ante la contumacia de los datos. El último ejercicio presupuestario liquidado, el de 2015, se traduce en que cada andaluz recibe 104 euros menos que la media nacional, lo que en términos absolutos suponen unos 1.000 millones de euros. O dicho de otra manera, con la aplicación que hace del sistema de financiación el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se envían los fondos correspondientes a 220.000 andaluces.

El agravio es evidente y Moreno Bonilla no ha tenido más escapatoria que apelar a un gran acuerdo nacional entre PP y PSOE. Una contorsión de urgencia ante quien siempre se ha puesto de perfil y no levantado nunca la voz ante la Moncloa. Lo que en el argot del rugby sería una patada hacia adelante para alejar el peligro. Sin embargo, empecemos por los cimientos, no por el tejado: lo primero es sellar un gran acuerdo en Andalucía para recibir los fondos que nos corresponden por derecho. Y los dirigentes del PP se tendrán que retratar, decidir si por una vez en su historia anteponen los intereses de esta comunidad o se pliegan sin decoro a las exigencias de su partido y a los compromisos de Rajoy. Ellos verán… Hasta ahora su actitud sumisa y genuflexa la rechaza la mayoría de los ciudadanos de esta tierra.

El PP, en fuera de juego

Amplia coincidencia. Los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) y los empresarios han compartido con la presidenta andaluza, Susana Díaz, la reivindicación de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los ciudadanos de este país vivan donde vivan y los recursos suficientes para que las distintas autonomías puedan garantizar los servicios públicos y el fortalecimiento del estado del bienestar. El actual modelo, caducado desde 2014 y que el Gobierno de Rajoy se encarga de aplicar de forma discriminatoria y arbitraria, le ha supuesto a Andalucía una pérdida de más de 5.500 millones. Junta y los agentes económicos y sociales han fijado una posición común en beneficio de Andalucía que deja al Partido Popular en fuera de juego y con un discurso, como siempre, de espaldas a las necesidades reales de esta tierra y de sumisión al castigo que se decide en la Moncloa. La derecha andaluza tiene argumentos para defender su silencio cómplice para el castigo que recibe esta comunidad ni tiene sensibilidad con esta tierra.

Todos menos uno

Estaban todos los que tenían que estar, todos menos uno: el Gobierno de la nación. En Antequera se dieron cita Junta de Andalucía, las corporaciones locales, sindicatos (UGT y CCOO), los empresarios (CEA) y las Cámaras de Comercio para reclamar la conexión de los puertos andaluces con los corredores ferroviarios europeos. La ausencia de representantes de la Administración central ante esta reivindicación de justicia resalta con más énfasis el agravio que sufre Andalucía en las inversiones ferroviarias. Mariano Rajoy castiga infraestructuras prioritarias como la Algeciras-Bobadilla, que multiplicaría el volumen de mercancías y empleo del mayor puerto de España, o la línea con Almería para dar salida a su gran producción agroalimentaria, mientras que favorece otras instalaciones portuarias con derramas multimillonarias.

Andalucía ocupa una posición geoestratégica que le confiere enormes oportunidades “al ser el nodo de paso de la principal ruta del comercio mundial”. Por ese motivo, todos los participantes del foro firmaron la ‘Declaración por el desarrollo de las infraestructuras logísticas, el crecimiento y el empleo’. Se trata de un compromiso para impulsar las infraestructuras logísticas de Andalucía a fin de fomentar las actividades industriales y el empleo. Pero esta apuesta por el desarrollo necesita inversión en la red ferroviaria. Así, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España y a la Unión Europea que culmine la red ferroviaria transeuropea que contempla el eje Mediterráneo (Huelva-Sevilla-Antequera-Granada-Almería-Levante-Frontera Francesa), así como la conexión de Huelva con la Ruta de la Plata y el eje Central (Algeciras-Antequera-Córdoba-Linares-Madrid-Frontera Francesa). Ambos ejes interconectan en Antequera. Y se considera de especial prioridad la culminación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

Fotos.– Clausura del foro y mapa de la red ferroviaria transeuropea.

Sin despidos gracias a la huelga

Los empleados del servicio de limpieza de Madrid han desconvocado la huelga y la capital de España empieza a recobrar la normalidad después de casi dos semanas de conflicto. De este asunto que ha ocupado la actualidad saco las siguientes conclusiones:

1. La gestión política del conflicto ha sido manifiestamente mejorable, usando una terminología suave. El Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, ha mirado hacia otro lado, como si el problema no fuera con ellos, hasta que la presión social y mediática los ha obligado a intermediar para forzar un acuerdo entre patronal y trabajadores. Para desviar la atención, Ana Botella plantea ahora una revisión de la ley de huelga. Espero que el Gobierno de Rajoy no esté tentado en reformar esta norma sirviéndose de su mayoría absoluta. Una modificación de estas características necesita un amplio consenso político y social.

2. Las empresas adjudicatarias del servicio de basuras pretendían, con la excusa de la crisis, despedir a más de un millar de empleados. En el acuerdo final no se prescinde de ningún trabajador y, aunque se regulan medidas de congelación salarial y un ERTE de 45 días,  nadie se queda en la calle. De la posición inicial de los patronos al pacto final media un abismo. Da mucho que pensar. Si los currantes no se hubieran rebelado ante la pretensión inicial, muchos de ellos estarían hoy en las listas del INEM. Pusieron primero sobre la mesa más de 1.000 bajas, luego en torno a 600 y finalmente ninguna. Da la sensación de que a las empresas les interesaba ahorrar en costes salariales para mejorar la cuenta de resultados.

3. La externalización de un servicio no siempre es mejor ni más barata. Que se lo pregunten al Ayuntamiento de León, que rescató el servicio y ahora lo presta de manera pública a mejor satisfacción ciudadana y a la mitad de precio. En el caso de Madrid, las empresas que concurrieron al concurso en el plazo de unos meses plantean un ERE con la extinción de más de 1.000 empleos cuando tenían un contrato que cumplir. Se ha abierto una reflexión y un profuso debate sobre las bajas temerarias para conseguir contratos públicos. Desde luego, y la experiencia así lo certifica, no siempre la oferta de menor en términos económicos es la que garantiza la eficiencia del servicio que se quiere prestar.

La ley del más fuerte

Los trabajadores  de una empresa (Bormioli en Azuqueca de Henares) han aceptado trabajar más y cobrar menos para evitar el despido de 120 compañeros o incluso el cierre de la factoría. Es sólo uno de los muchos ejemplos de chantaje, de las coloquiales lentejas, las tomas o las dejas, que ha introducido la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El cambio de la legislación ha provocado un enorme desequilibrio en las relaciones laborales dejando a los obreros desprotegidos y a los empresarios con la sartén por el mango. Este escenario injusto y opresor ya lo ansió Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la patronal CEOE, ahora en prisión por sus turbias andanzas empresariales, cuando sostuvo que sólo se saldría de la crisis con salarios más bajos y jornadas más largas. Una tremenda falacia que sólo buscaba una vuelta atrás en los avances y las conquistas de los trabajadores. Esa vieja aspiración de la derecha económica se la puesto en bandeja la derecha política con una reforma laboral que nos retrotrae a otros tristes y lúgubres tiempos. Las empresas hacen un uso abusivo de la normativa vigente y fuerzan a sus empleados a pasar por el aro con la amenaza de un despido barato en un mercado laboral sin perspectivas y con unas tasas dramáticas de paro. Es la ley del más fuerte.

Satisfacción injustificada

Me han contado esta mañana una demostración de fuerza de un empresario blandiendo la reforma laboral que me ha puesto los pelos como escarpias. El patrón (o negrero) le exige a un trabajador que firme un documento admitiendo que se ha tomado las vacaciones sin haberlas disfrutado, ni siquiera se las abona, y a las pocas semanas lo pone de patitas en la calle aduciendo reducción de ingresos. A estos abusos están sometidos los trabajadores desde que el Gobierno del PP aprobó una reforma laboral que los ha dejado a la intemperie, con el despido casi gratuito y que ha destrozado el equilibrio de las relaciones laborales en beneficio del empresario. Me entero de este triste episodio el mismo día que todos los periódicos recogen la satisfacción de Mariano Rajoy por los resultados que está dando la reforma laboral. Los datos no soportan este triunfalismo del inquilino de la Moncloa: desde que entró en vigor la norma, hay más de un millón de parados más y varios millones de trabajadores españoles están en riesgo de perder la protección de su convenio colectivo. Eso sin contar otros derechos arrebatados y la espada de Damocles que se cierne contra el obrero que ose alzar la voz ante las injusticias y los abusos. Escuchando a Rajoy da, por tanto, la sensación de que vive en una burbuja o en otro planeta. Esa autocomplacencia llega a ofender.

El cambio hacia atrás

Esta noche estaré en la calle en la protesta convocada por los sindicatos contra la reforma laboral y los recortes. Me sobran los motivos para sumarme a la movilización contra una medida regresiva y agresiva contra los trabajadores y contra una sacralización del déficit público que está dando pie a ajustes brutales en unos servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades. Nos venden desde el Gobierno de Rajoy que el decretazo es una pócima mágica para solucionar el problema más grave que tiene este país: el paro. Y para conseguir ese objetivo compartido por todos les da todo el poder a los empresarios y despoja de sus derechos al proletario (expresión en desuso y de otros tiempos como es una reforma que nos retrotrae al comienzo de la Transición). Despidos fáciles y baratos, la imposición de condiciones salariales y laborales al arbitrio del patrón y anula la negociación colectiva. ¿Cómo podemos tolerar semejante agresión sin manifestar nuestro descontento? Si  estamos en momentos de recesión, una reforma laboral que abarata el despido es la excusa perfecta para poner a más gente en la calle. Con despidos más baratos, con menos ayudas a los desempleados, con menos educación y sanidad públicas, con más impuestos y con futuros contratos con salarios más bajos, los trabajadores y las clases medias seremos cada día más pobres. Ése es el horizonte negro que nos espera si aceptamos sin más las medidas del Partido Popular. Su cambio es a peor, hacia atrás, un retrocambio.

Quién te ha visto y quién te ve

Casi dos años después, Soraya Sáenz de Santamaría se podría comer sus palabras:

– “Esta reforma es un fracaso anticipado y anunciado por las formas y por el fondo“.  Con la reforma del PP, ellos mismos admiten que no se va a crear empleo. Y nos anuncian hasta seis millones de parados para final de 2012. ¡Qué panorama!

– “Traen este texto sin acuerdo social y sin diálogo político“. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, el Gobierno de Zapatero hizo un texto de síntesis de sus negociaciones. El Ejecutivo de Rajoy no les ha dado información, ¡ni un mísero papel!, a los representantes de los trabajadores hasta la publicación del decreto en el BOE. Por la forma y sobre todo por el fondo, los sindicatos nos convocan a protestar en la calle este domingo.

-“Llegaron al Gobierno a golpe de talante, y a golpe de decreto lo han enterrado para siempre“. Y ahora Rajoy se traga el sapo de hacer un decreto oscurantista y de espaldas al conjunto de la sociedad para que no se le vean las vergüenzas. El PP llegó al gobierno aprovechándose de la crisis y cabalgando sobre la mentira. Sus principales promesas se han esfumado en dos meses: han subido los impuestos y han regulado un despido más barato y más fácil, casi libre. Les han dado a los empresarios la posibilidad de coger la sartén por el mango y discrecionalidad para arrear sartenazos.

– “El decreto del Gobierno no está preparado para contratar, sino para despedir. Y lo que necesita España no es facilitar el despido… sino fomentar la contratación“. ¡Qué cinismo! Mujer, no nos tomes el pelo. La reforma de ahora es de barra libre para los empresarios: te pueden echar por 20 días, pueden hacer un ERE unilateral, te pueden revisar las condiciones laborales y salariales a su antojo… Y nada de incentivos para la contratación. Otro ejercicio de contorsionismo digno de nuestro abucheo.

-“Tanto se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas, que se han olvidado lo importante: que esas decisiones han de ser eficaces y justas“. Mira tú que ahora los peperos se vanaglorian de ser valientes en la adopción de medidas ante la teórica pasividad de sus antecesores. Nos obsequian una reforma laboral que no sólo modifica el marco de relaciones laborales sino que persigue con su filosofía cambiar las relaciones sociales, volver a los años sin regulación en los que se estaba a merced de los patronos. Tiempos grises y de ausencia de libertad. Además, reconocidos juristas ven indicios de inconstitucionalidad en el decreto. Sólo aplauden a Rajoy los poderosos: Merkel, la UE, la OCDE, los banqueros, los empresarios…

-“Siguen insistiendo el despido y el despido debería ser el último recurso. Y para ustedes, en este decreto-ley, es el único“. Sin palabras. Soraya, quién te ha visto y quién te ve. Supongo que ya se habrá dado de baja del Partido de los Trabajadores de Cospedal.