Salud laboral

Cuando existe un problema, lo mejor es afrontarlo con determinación aunque la solución no dependa de uno mismo e implique a varios actores políticos, económicos y sociales. Los datos de siniestralidad laboral se han disparado en los últimos años en España y en Andalucía. Pero el Gobierno de esta comunidad autónoma ha tomado la iniciativa y ha lanzado hoy un acuerdo con patronal y los sindicatos para reducir los accidentes en el ámbito laboral. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral hasta 2022, un documento consensuado con los agentes sociales que conlleva una inversión de 59 millones de euros para conseguir la “siniestralidad cero”. Se trata de sensibilizar a todo el tejido productivo de que invertir, como ha apuntado Díaz, en “prevención y en seguridad de los trabajadores no es un coste, sino una apuesta que hace a las empresas más competitivas”. Andalucía cuenta con un tejido productivo con un 95% de pymes y se priorizará precisamente en las pequeñas y medianas empresas actuaciones de apoyo para mejora de la seguridad laboral. Ésta es una iniciciativa oportuna y necesaria.

Siempre sacan la patita…

Ha tardado muy poco el Partido Popular en sacar la patita por debajo de la puerta. El lunes, Juan Manuel Moreno Bonilla, hacía contorsionismo para no demostrar una vez más que la derecha nunca está con Andalucía y salir de ese gran bloque político, económico y social por una financiación justa para Esta tierra. Salvo el PP, el resto de partidos con representación parlamentaria, sindicatos, empresarios, corporaciones locales y el tercer sector (entidades sociales) han compartido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la reivindicación de unos recursos suficientes para tener servicios públicos y un estado del bienestar en pie de igualdad con el resto de autonomías. Con el reparto que hace el Gobierno de Rajoy, Andalucía recibe cada año unos 1.000 millones menos que la media de las CCAA, es decir, unos 104 euros menos por habitante/año. Pese a este agravio, el PP sigue anteponiendo las consignas de Moncloa y bailando al son que le marca Rajoy. No era de esperar otra reacción: nunca ha estado la derecha en la defensa de Andalucía. Ante una nueva causa justa, el PP vuelve a traicionar a esta tierra. Estamos como cuando Aznar y Arenas no querían reconocer a 400.000 andaluces, ahora son 220.000, que también son muchos. La historia se repite una y otra vez.

Foto.- elplural.com. Moreno Bonilla, Rajoy y Arenas.

Todos… ¿y el PP?

Nos jugamos mucho en Andalucía ante la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Hay un compromiso suscrito por Gobierno de España y comunidades autónomas de aprobarlo este año, y es que el vigente está caducado desde 2014. Está sobre la mesa el futuro de los servicios públicos y de nuestro autogobierno. Sabedora de esta realidad, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido una ronda con los dirigentes de los partidos para trabajar en una posición unitaria ante una nueva financiación justa y que distribuya los recursos suficientes para garantizar la igualdad, una reivindicación que ya habían compartido sindicatos y patronal la semana pasada.

A esta alianza por Andalucía se han sumado en líneas generales todas las fuerzas parlamentarias. El PP, consciente de su soledad en este asunto, se ha visto obligado a modular (al menos de boquilla) su discurso ante la contumacia de los datos. El último ejercicio presupuestario liquidado, el de 2015, se traduce en que cada andaluz recibe 104 euros menos que la media nacional, lo que en términos absolutos suponen unos 1.000 millones de euros. O dicho de otra manera, con la aplicación que hace del sistema de financiación el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se envían los fondos correspondientes a 220.000 andaluces.

El agravio es evidente y Moreno Bonilla no ha tenido más escapatoria que apelar a un gran acuerdo nacional entre PP y PSOE. Una contorsión de urgencia ante quien siempre se ha puesto de perfil y no levantado nunca la voz ante la Moncloa. Lo que en el argot del rugby sería una patada hacia adelante para alejar el peligro. Sin embargo, empecemos por los cimientos, no por el tejado: lo primero es sellar un gran acuerdo en Andalucía para recibir los fondos que nos corresponden por derecho. Y los dirigentes del PP se tendrán que retratar, decidir si por una vez en su historia anteponen los intereses de esta comunidad o se pliegan sin decoro a las exigencias de su partido y a los compromisos de Rajoy. Ellos verán… Hasta ahora su actitud sumisa y genuflexa la rechaza la mayoría de los ciudadanos de esta tierra.

El PP, en fuera de juego

Amplia coincidencia. Los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) y los empresarios han compartido con la presidenta andaluza, Susana Díaz, la reivindicación de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los ciudadanos de este país vivan donde vivan y los recursos suficientes para que las distintas autonomías puedan garantizar los servicios públicos y el fortalecimiento del estado del bienestar. El actual modelo, caducado desde 2014 y que el Gobierno de Rajoy se encarga de aplicar de forma discriminatoria y arbitraria, le ha supuesto a Andalucía una pérdida de más de 5.500 millones. Junta y los agentes económicos y sociales han fijado una posición común en beneficio de Andalucía que deja al Partido Popular en fuera de juego y con un discurso, como siempre, de espaldas a las necesidades reales de esta tierra y de sumisión al castigo que se decide en la Moncloa. La derecha andaluza tiene argumentos para defender su silencio cómplice para el castigo que recibe esta comunidad ni tiene sensibilidad con esta tierra.

Todos menos uno

Estaban todos los que tenían que estar, todos menos uno: el Gobierno de la nación. En Antequera se dieron cita Junta de Andalucía, las corporaciones locales, sindicatos (UGT y CCOO), los empresarios (CEA) y las Cámaras de Comercio para reclamar la conexión de los puertos andaluces con los corredores ferroviarios europeos. La ausencia de representantes de la Administración central ante esta reivindicación de justicia resalta con más énfasis el agravio que sufre Andalucía en las inversiones ferroviarias. Mariano Rajoy castiga infraestructuras prioritarias como la Algeciras-Bobadilla, que multiplicaría el volumen de mercancías y empleo del mayor puerto de España, o la línea con Almería para dar salida a su gran producción agroalimentaria, mientras que favorece otras instalaciones portuarias con derramas multimillonarias.

Andalucía ocupa una posición geoestratégica que le confiere enormes oportunidades “al ser el nodo de paso de la principal ruta del comercio mundial”. Por ese motivo, todos los participantes del foro firmaron la ‘Declaración por el desarrollo de las infraestructuras logísticas, el crecimiento y el empleo’. Se trata de un compromiso para impulsar las infraestructuras logísticas de Andalucía a fin de fomentar las actividades industriales y el empleo. Pero esta apuesta por el desarrollo necesita inversión en la red ferroviaria. Así, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España y a la Unión Europea que culmine la red ferroviaria transeuropea que contempla el eje Mediterráneo (Huelva-Sevilla-Antequera-Granada-Almería-Levante-Frontera Francesa), así como la conexión de Huelva con la Ruta de la Plata y el eje Central (Algeciras-Antequera-Córdoba-Linares-Madrid-Frontera Francesa). Ambos ejes interconectan en Antequera. Y se considera de especial prioridad la culminación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

Fotos.– Clausura del foro y mapa de la red ferroviaria transeuropea.

Sin despidos gracias a la huelga

Los empleados del servicio de limpieza de Madrid han desconvocado la huelga y la capital de España empieza a recobrar la normalidad después de casi dos semanas de conflicto. De este asunto que ha ocupado la actualidad saco las siguientes conclusiones:

1. La gestión política del conflicto ha sido manifiestamente mejorable, usando una terminología suave. El Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, ha mirado hacia otro lado, como si el problema no fuera con ellos, hasta que la presión social y mediática los ha obligado a intermediar para forzar un acuerdo entre patronal y trabajadores. Para desviar la atención, Ana Botella plantea ahora una revisión de la ley de huelga. Espero que el Gobierno de Rajoy no esté tentado en reformar esta norma sirviéndose de su mayoría absoluta. Una modificación de estas características necesita un amplio consenso político y social.

2. Las empresas adjudicatarias del servicio de basuras pretendían, con la excusa de la crisis, despedir a más de un millar de empleados. En el acuerdo final no se prescinde de ningún trabajador y, aunque se regulan medidas de congelación salarial y un ERTE de 45 días,  nadie se queda en la calle. De la posición inicial de los patronos al pacto final media un abismo. Da mucho que pensar. Si los currantes no se hubieran rebelado ante la pretensión inicial, muchos de ellos estarían hoy en las listas del INEM. Pusieron primero sobre la mesa más de 1.000 bajas, luego en torno a 600 y finalmente ninguna. Da la sensación de que a las empresas les interesaba ahorrar en costes salariales para mejorar la cuenta de resultados.

3. La externalización de un servicio no siempre es mejor ni más barata. Que se lo pregunten al Ayuntamiento de León, que rescató el servicio y ahora lo presta de manera pública a mejor satisfacción ciudadana y a la mitad de precio. En el caso de Madrid, las empresas que concurrieron al concurso en el plazo de unos meses plantean un ERE con la extinción de más de 1.000 empleos cuando tenían un contrato que cumplir. Se ha abierto una reflexión y un profuso debate sobre las bajas temerarias para conseguir contratos públicos. Desde luego, y la experiencia así lo certifica, no siempre la oferta de menor en términos económicos es la que garantiza la eficiencia del servicio que se quiere prestar.

La ley del más fuerte

Los trabajadores  de una empresa (Bormioli en Azuqueca de Henares) han aceptado trabajar más y cobrar menos para evitar el despido de 120 compañeros o incluso el cierre de la factoría. Es sólo uno de los muchos ejemplos de chantaje, de las coloquiales lentejas, las tomas o las dejas, que ha introducido la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El cambio de la legislación ha provocado un enorme desequilibrio en las relaciones laborales dejando a los obreros desprotegidos y a los empresarios con la sartén por el mango. Este escenario injusto y opresor ya lo ansió Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la patronal CEOE, ahora en prisión por sus turbias andanzas empresariales, cuando sostuvo que sólo se saldría de la crisis con salarios más bajos y jornadas más largas. Una tremenda falacia que sólo buscaba una vuelta atrás en los avances y las conquistas de los trabajadores. Esa vieja aspiración de la derecha económica se la puesto en bandeja la derecha política con una reforma laboral que nos retrotrae a otros tristes y lúgubres tiempos. Las empresas hacen un uso abusivo de la normativa vigente y fuerzan a sus empleados a pasar por el aro con la amenaza de un despido barato en un mercado laboral sin perspectivas y con unas tasas dramáticas de paro. Es la ley del más fuerte.