Ya se nota el cambio

Siempre ha sido así y una vez más se vuelve a demostrar. A Andalucía le va mejor con un gobierno socialista en España. Primero con Felipe González, luego con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro Sánchez. En cambio, cuando el inquilino de la Moncloa ha sido del Partido Popular, ya fuera Aznar o ya fuera Rajoy, está comunidad sólo ha recibido maltrato y discriminación. Llevamos en Andalucía reclamando durante demasiado tiempo la reforma de un sistema de financiación ya caducado desde 2014 y cuya aplicación arbitraria por parte del Ejecutivo pepero anterior nos penalizaba a razón de 1.000 millones de euros menos al año. La llegada de un gabinete socialista ya se nota y para 2019 se va a recibir un 24% más de fondos para los servicios públicos (y se ha puesto en marcha la negociación de un nuevo modelo). Y hasta medios poco cercanos como ABC así lo reconocen. No se demandan ni privilegios ni trato de favor, sólo que se trate a todo el mundo con justicia y equidad. La clave es que este país avance con cohesión social y territorial y para ello es fundamental gobernar garantizando la igualdad.

Rajoy se hace el remolón

Mariano Rajoy sigue remoloneando y retrasando el nuevo modelo de financiación autonómica. A su más puro estilo, en este asunto fundamental para la prestación de los servicios públicos fundamentales, el presidente hace de la inacción su respuesta a esta urgencia ciudadana. Ante la falta de interés del Gobierno de la nación, y con un sistema caducado desde 2014, la presidenta andaluza, Susana Díaz, le ha pedido una reunión urgente para desatascar esta reivindicación de esta comunidad y de otras tantas que están siendo perjudicadas por la aplicación injusta del modelo actual. Andalucía ha dejado de recibir entre 2009 y 2015 más de 5.500 millones y cada año tiene que poner de sus propios recursos para poder atender los servicios públicos por la insuficiencia del dinero que recibe por el sistema vigente. A día de hoy, hay 225.000 andaluces no existen para Rajoy ni el PP. Una amplia mayoría del Parlamento de Andalucía ha acordado una propuesta para exigir a Madrid un modelo solidario y equitativo que garantice la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan. Esta comunidad necesita unos 4.000 millones para garantizar el buen funcionamiento de sus servicios públicos. Rajoy no tiene excusas: la ley lo obliga a aprobar un nuevo sistema y su palabra (si es que vale algo), también.

Razones de peso

La inacción del Gobierno de la nación tiene consecuencias gravísimas. Tenemos un sistema de financiación de las comunidades autónomas caducado desde 2014. Cuatro años esperando un nuevo modelo que asigne de forma ecuánime los recursos para prestar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y protección social). Estamos ya en el cuarto ejercicio sin que el gabinete de Rajoy cumpla con las exigencias que marca la ley, ni siquiera sus propios compromisos. Y esa calculada pasividad repercute negativamente en las autonomías peor financiadas, como es el caso de Andalucía. Este vídeo resume los perjuicios que está causando la histórica hostilidad y falta de sensibilidad del PP hacia esta tierra.

Papel mojado (II)

La maniobra del Gobierno de Rajoy con las entregas a cuenta de la financiación autonómica para 2018 le supondrá a las comunidades autónomas dejar de recibir más de 4.200 millones de euros en 2018. Andalucía es con mucho el territorio más perjudicado por el chantaje del Ministerio de Hacienda (ver gráfico). Vincular los recursos pactados con las CCAA a los nuevos presupuestos supone una auténtica jugarreta para los servicios públicos y los ciudadanos.

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Papel mojado

Confiar en la palabra del Partido Popular es tanto como pedir peras a un olmo. Los compromisos contraídos por Mariano Rajoy y cía valen tanto como el papel mojado. La lista de incumplimientos resulta interminable pero el caso más sangrante es el de la financiación autonómica porque acumula varios años de agravios e injusticias. Esta desidia del Gobierno tiene incidencia negativa en los servicios públicos de las comunidades infrafinanciadas y también supone no atender el mandato de una ley orgánica, la LOFCA, que obliga a renovar el sistema cada cinco años y ya acumulamos un retraso de más de tres. En el PP ni acatan la legislación vigente (todas las leyes hay que cumplirlas, no sólo las que interesan a la derecha) y les resbala también lo acordado en la última Conferencia de Presidentes (enero de 2017) sobre aprobar durante el año pasado la nueva financiación. Ahora, con el mayor de los desahogos, no sólo no se sienten concernidos por lo que suscriben, sino que se permiten la licencia de chantajear a las CCAA que reclaman lo que en derecho les corresponde. El Ministerio de Hacienda, que dirige el inefable Cristóbal Montoro, amenaza a las autonomías con no enviarles las entregas a cuenta de la financiación hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales para 2018. Quieren tapar su incapacidad para conseguir los apoyos para sacar adelante las cuentas con una extorsión política a las autonomías para intentar condicionar el voto del PSOE en el Congreso de los Diputados. Ni cumplen la ley ni sus compromisos y además usan malas artes buscando difuminar su aislamiento político. Menuda tropa.

Foto.- Montoro, con la consejera de Hacienda de Andalucía.

Otra patada hacia delante

Excusas y más excusas. Nueva maniobra dilatoria del Gobierno de Mariano Rajoy para no abordar una nueva financiación para las comunidades autónomas. El ministro de Hacienda pospone la negociación del nuevo modelo hasta que haya nuevo ejecutivo en Cataluńa. Una nueva patada hacia adelante cuando el actual sistema está caducado desde 2014. Así, verbigracia Cristóbal Montoro, suman un nuevo incumplimiento a la larga lista. No solo se saltan a la torera una ley orgánica, la LOFCA, también el compromiso contraído por Rajoy en la Conferencia de Presidentes de enero de aprobar la nueva financiación este año. Para el cupo muchas prisas, para el resto (más de 43 millones de españoles) otro jarro de agua fría. Está claro que no quieren desde el Partido Popular dotar a las autonomías con los recursos suficientes para atender los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos. Impresentable.

Foto.- eldiario.es.

¡Qué espera Rajoy!

La aprobación exprés del cupo vasco ha puesto en primer plano de la actualidad el incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de financiación con el resto de comunidades autónomas. Bien podría el Ejecutivo haber resuelto la distribución de recursos a las CCAA de manera conjunta. El modelo que financia a las 15 autonomías del régimen común lleva tres años caducado y está provocando serios problemas para la prestación de los servicios públicos. Esta prisa con el País Vasco contrasta con la pasividad y la desidia para resolver las demandas del resto. Rajoy se ha apresurado en dar respuesta ante la exigencia de Euskadi y es que los votos de los seis diputados del PNV son imprescindibles para sacar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El reparto que se hace desde el Ministerio de Hacienda con el sistema vigente más provoca tensiones y agravios territoriales. El nuevo modelo debe corregir la diferencia actual en la asignación de recursos entre unas comunidades y otras. Existe una diferencia injustificable entre las CCAA mejor financiadas y las más perjudicadas, entre las que se encuentra Andalucía, de 800 habitante/año. El agravio se visualiza en los 5.522 millones menos que se han recibido entre 2008 y 2015. Por esta política perniciosa de Rajoy ha perdido la posibilidad de aumentar su riqueza (PIB) en cuatro puntos más y casi 200.000 andaluces no cuentan con financiación

Otro dato inaceptable: Andalucía cuenta con una insuficiencia de 3.300 millones cada año para poder desarrollar con normalidad las competencias y los servicios que tiene asignados. Una cantidad anual que surge de los casi 1.000 millones que deja de percibir por debajo de la media y los más de 2.200 que tiene que añadir de sus propios recursos. En el conjunto del estado la bolsa asignada a las CCAA le faltaron, por ejemplo, 16.000 millones en 2014 que tuvieron que cubrir con recursos propios.

En definitiva, el nuevo modelo ha de estar presidido por la igualdad de cualquier ciudadano a contar con las mismas prestaciones viva donde viva. Es una tarea urgente que no admite más demoras por parte del Gobierno de la nación. Rajoy no puede ni mirar a otro lado ni encogerse de hombros ante una demanda que es de justicia, que es obligatoria por ley y a la que se comprometió en la última Conferencia de Presidentes celebrada en enero de este año. ¡Qué está esperando!