No tienen arreglo

julio 17, 2017

El Partido Popular sabe que la decisión del Gobierno de la nación, de su jefe Rajoy sin ir más lejos, de recurrir la jornada de 35 horas de los empleados públicos les hace mella electoral y casa mal con su discurso grandilocuente de la recuperación económica. Por esta razón, han intentado a amortiguar este ataque a los derechos devueltos a los trabajadores públicos de la Junta, al empleo público creado y a los servicios públicos con argumentos peregrinos y retorcidos. Todo una cortina de humo de palabrería buscando tapar la fechoría del Consejo de Ministros. Han salido casi todos con el argumentario ortopédico y previsible de la manida “confrontación” y los que no lo han seguido han metido la pata hasta el corvejón. Es el caso del ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha sostenido con la suficiencia del teórico erudito que “en ningún país europeo los funcionarios trabajan 35 horas”. A través de Twitter, mi compañero Máximo Díaz-Cano le ha respondido con sarcasmo: “Francia, Portugal o Irlanda deben ser asiáticos”. Sonoro zasca. Y después de esta agresión a esta tierra y sus empleados públicos nos dicen que dejan las 35 horas en el sector público para 2018. ¿Por unos meses montan este disparate? Es que en el PP están desarbolados, van como pollos sin cabeza. Y siempre con la misma consigna: Contra Andalucía. No tienen arreglo.

Foto.EFE. Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Unanimidad contra Rajoy

julio 15, 2017

Los sindicatos han criticado unánimente y con contundencia el anuncio del Gobierno de la nación de recurrir la jornada de 35 horas de los empleados públicos de Andalucía. Coinciden con la Junta en que esta decisión supone una agresión a los trabajadores, al empleo y a los servicios públicos.

UGT considera lamentable la irresponsabilidad del Gobierno del PP al recurrir las 35 horas en el sector público andaluz. El PP, a su juicio, vuelve a atacar a Andalucía y a sus empleadas y empleados públicos con nuevos recortes, que suponen una vuelta atrás en la recuperación de derechos y en la estabilidad laboral.

CCOO sostiene que este recurso es “un ataque” y “una prueba de que el Gobierno y el PP no permiten que Andalucía recupere sus derechos”. Esta central sindical ha lamentado la reacción de Moncloa hacia una política positiva que, además de recuperar un derecho, suponía generación de empleo en servicios públicos que tomaban fuerza, por lo que la decisión del Gobierno representa “una vuelta de tuerca”.

CSIF subraya que ha habido poca sensibilidad del Gobierno con unos empleados cuyos derechos «han sido los más recortados desde el inicio de la crisis y que vieron la medida de la Junta como una devolución justa ante el esfuerzo y la dedicación para sostener los servicios públicos esenciales durante estos años».

Todos emplazan al PP de Andalucía a que pongan pie en pared ante el hachazo a los empleados y los servicios públicos de esta comunidad. Como siempre, el PP y Moreno Bonilla callarán sumisos.

Foto.- El País. Acuerdo firmado por la Junta, con Susana Díaz, y los sindicatos para recuperar derechos en la función pública.

234.000 oportunidades

marzo 10, 2017

Se apuesta con hechos y no con golpes de pecho. Andalucía es la comunidad con mayor cobertura a personas en situación de dependencia. Y lo hace a pulmón, con presupuestos propios, porque el Gobierno de la nación incumple contumazmente la ley. Administración central y autonómica tienen que hacer frente al 50% de la inversión que supone el desarrollo de este cuarto pilar del estado del bienestar pero la realidad es que la proporción se sitúa en el 80% por parte de la Junta y el 20% por parte del Ministerio. Pese a este enorme esfuerzo económico, el Ejecutivo que preside Susana Díaz no se conforma y quiere ir a más. Por eso, ha aprobado un conjunto de medidas para reducir los tiempos para que una persona dependiente se integre en el sistema y para aumentar la población atendida. Este plan de choque supone la incorporación de 76.000 nuevos beneficiarios, con lo que alcanzará las 234.000 personas atendidas, lo que representará 1 de cada cuatro en España. No estamos hablando de números ni de estadísticas, sino de personas, de dramas y oportunidades. Mientras Mariano Rajoy y su equipo se despreocupan de mejorar la vida a los que lo necesitan, la Junta da un paso más para el fortalecimiento de la atención a la dependencia. Y, como siempre, el Partido Popular de Andalucía no sólo no exige a Madrid que cumpla, sino que ataca este plan para seguir avanzando. Les preocupa más las herencias de los ricos que el bienestar de estas personas vulnerables y sus familias. Así les va al PP en esta tierra.

Foto.- Huelva Red.

Mentiras infames

enero 13, 2017

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Al político que miente a sabiendas se le debería exigir la dimisión. Así ocurre en las democracias occidentales pero en nuestro país algunos practican la falsedad deliberada con total desfachatez. Es un clamor que las comunidades autónomas (de todo signo político) están sufragando a pulmón el desarrollo de la ley de Dependencia mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy hace dejación de funciones incumpliendo la obligación legal de aportar el 50% de los fondos. El último estudio del Observatorio Estatal de la Dependencia, de febrero de 2016, recoge el enorme desequilibrio entre la aportación estatal y autonómica. La situación se ha agravado el año pasado con la incorporación al sistema de dependientes moderados, soportando las autonomías más del 80% del presupuesto. Frente a esta realidad incontestable, la número dos del PP andaluz, Loles López, se descolgaba con que la administración central aporta “más del 70%”. Horas más tarde, el delegado del Gobierno en esta comunidad, Antonio Sanz, lo cifraba en “más del 58%”. Dos dirigentes peperos que se dedican a confundir torticeramente a la opinión pública. Y no pasa nada. Mienten, falsean intencionadamente la realidad y siguen en sus puestos. Ni siquiera se ruborizan. ¡Qué desahogo! ¡Qué tropa!

Conferencia útil

enero 11, 2017

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El martes 17 se celebra la Conferencia de Presidentes. Ya era hora. Este órgano que reúne a los presidentes del Gobierno central y de las comunidades autónomas no se reunía desde el 2 de octubre de 2012. En los tiempos de mayoría absoluta y rodillo, Mariano Rajoy no tuvo a bien dialogar con sus homólogos regionales y razones y problemas sobraban para la negociación. Ahora que la aritmética parlamentaria es otra no le queda más remedio al Partido Popular que enterrar la arrogancia y buscar vías  de entendimiento. Aunque tardía, bienvenida es esta cita, pero sólo valdrá si tiene utilidad para los ciudadanos y tratar contenidos que sintonicen con sus preocupaciones y demandas.

Desde Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz planteará como prioridad la renovación del sistema de financiación y el fortalecimiento de los servicios públicos que garantizan el estado del bienestar. Se debe poner fecha para empezar a negociar cuanto antes un nuevo modelo. Ya vamos con casi tres años de retraso por deseo expreso de Rajoy, con el consiguiente perjuicio para CCAA como Andalucía que están recibiendo menos de lo que les corresponde por la mala aplicación del modelo actual. Esta comunidad ha dejado de recibir 1.000 millones de euros al año, un agravio que perjudica claramente a los ciudadanos.

El nuevo sistema de financiación tiene que preservar la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan y permitir prestar servicios públicos de calidad. Un modelo que garantice el derecho a una salud pública de calidad y que contemple la financiación de la ley de dependencia. El Gobierno debe rectificar y aceptar en la conferencia de presidentes que va a cubrir el 50% que le corresponde por ley, incluyendo los fondos para prestar este derecho en el futuro sistema. Por ejemplo, Andalucía financia el 80% y la administración central sólo el 20%, cuando el esfuerzo debe ser a partes iguales. También se han de poner las bases de un pacto educativo que sitúe la educación como política de estado y que nos permita articular una nueva ley sea fruto del consenso con toda la comunidad educativa.

Otro de los elementos que Andalucía va a proponer es el final de las políticas de austeridad, que tanto daño han causado a las clases medias y trabajadoras. Es necesario un impulso decidido a las políticas activas de empleo, que las inversiones productivas no computen en el déficit, que se condonen los intereses cobrados con mecanismos de financiación extraordinarios o que se impulsen las infraestructuras estratégicas del Estado en esta comunidad (corredor del Mediterráneo y conexión Algeciras-Bobadilla).

Además, se debe avanzar hacia la armonización fiscal de las autonomías. En materia tributaria, entre otros asuntos,  la presidenta andaluza reivindicará un cambio normativo que afecta a los autónomos: pedirá que el Gobierno vuelva a permitir a los autónomos fraccionar la devolución del IVA mes a mes y no hacerlo de golpe cada trimestre, como ocurre desde el 1 de enero. Esta reclamacion supondría un enorme alivio para los autónomos, especialmente los más pequeños.

Foto.- El Comercio. Susana Díaz y Javier Fernández, presidente de Asturias.

Nos enseña el refranero que quien se pica ajos come. Y exactamente eso es lo que le pasa a Podemos que no soporta que el PSOE esté liderando la oposición y desmontando viga a viga las políticas nocivas del Partido Popular en su etapa de mayoría absoluta. Se ha conseguido suspender las reválidas, comenzar a negociar un pacto educativo, una subida histórica del 8% del salario mínimo, se ha empezado el desmontaje de la reforma laboral y la ley mordaza, se está trabajando en un pacto de estado contra la violencia de género… Y, por último, el PSOE ha arrancado al Gobierno un tregua energética para que a ninguna persona en situación de vulnerabilidad se le corte el suministro de electricidad. Esta última medida ha escocido sobremanera en la formación morada. Basta ver en el vídeo: es muy elocuente el lenguaje y la actitud del podemita Rafa Mayoral por la presencia del PSOE en la marcha para luchar contra la pobreza energética.

Como decía hace unos días la socialista Susana Díaz, la política no puede ser una suma de cabreos o de indignación, ésa es la forma con la que tratan de construir su proyecto los populistas. No basta con coincidir en la protesta, es necesario formular propuestas y hacerlas realidad, pasar del griterío a las conquistas, dar soluciones a los problemas de la gente, sobre todo la que peor lo está pasando. Podemos sigue con su política de campanario que no conduce a ningún sitio. La respuesta socialista los ha cogido con el pie cambiado, distraídos con su asamblea inminente, o lo que es lo mismo en el enfrenamiento cuerpo a cuerpo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y demostrando la inutilidad de su labor de oposición. En estos dos meses no se le recuerda nada relevante. Es normal que se piquen…

Una ministra que levita

noviembre 30, 2016

Pasan los días y la ministra de Empleo no se ha desdicho. Sostuvo sin sonrojo Fátima Báñez que nadie en España cobra por debajo el salario mínimo interprofesional (655 euros al mes por una jornada laboral completa). Ocupar una cartera ministerial exige rigor, prudencia y conocimiento de la realidad. La política onubense, será por sus curiosas conexiones marianas, levita más que pisa el suelo. Son muchos los casos de trabajadores que se contratan a tiempo parcial y, sin embargo, hacen una peonada maratoniana. La ministra dijo en el Congreso de los Diputados que si alguien conoce un caso de salario inferior, que lo denuncie porque es ilegal.

Me pareció muy oportuna la réplica de la periodista Soledad Gallego Díaz: “Dado que no son uno ni dos, sino que seguramente hay varios miles de jóvenes que se encuentran en esa situación, uno se pregunta por qué no se encarga ella misma de llevar la denuncia al nuevo fiscal general del Estado para que realice una investigación, contando con los servicios de inspección de su propio ministerio. Es posible que la señora Báñez no alerte a los inspectores para que se lancen a perseguir ese delito porque cree que no existe, pero está equivocada y debería prestar más atención a lo que le cuentan los representantes de otros partidos que están probablemente más en contacto con esa realidad“.

Lo cierto es que la reforma laboral no sólo ha arrebatado derechos sino que ha precarizado el empleo y ha desplomado los salarios. La estadística oficial no engaña: uno de cada tres ocupados cobra menos de 300 euros. La reforma laboral está empobreciendo a los trabajadores. La grandilocuencia de la ministra supone una falta de respeto a los miles de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. Apenas 24 horas después de este desbarre, el Gobierno aceptaba la petición de partidos como el PSOE y Podemos y de los sindicatos de elevar el salario mínimo. Ahora que el gabinete de Mariano Rajoy carece de mayoría absoluta se abre la oportunidad de cambiar esta perniciosa legislación laboral y recuperar derechos de los trabajadores.