Martes de progreso

Cada martes conquistamos avances y derechos. Cada Consejo de Ministros viene cargado de decisiones de calado. Hemos pasado de los viernes sociales (fecha anterior de la reunión del Gobierno de España) a los martes de progreso. Hoy mismo otros dos proyectos de ley han visto la luz: la reforma educativa que permitirá derogar la nociva LOMCE y la ley de libertad sexual, que consagra que sólo él ‘sí es sí’, el consentimiento expreso, para las relaciones sexuales. Dos pasos más en menos de dos meses que se unen a la subida del salario mínimo, de las pensiones y de las retribuciones de los funcionarios, a la modificación parcial de la reforma laboral para acabar con los despidos por bajas médicas justificadas, a la regulación de impuestos para las multinacionales tecnológicas y las transacciones financieras o a medidas para hacer frente a la caída de precios de la producción agrícola y ganadera, entre otros muchos.

Este amplio catálogo de logros contrasta con el griterío de la oposición de las derechas. Sólo preocupada en la crispación, el ruido y en provocar el enfrentamiento en los españoles para tapar estos avances. Con un Partido Popular instalado en una estrategia desquiciada de tierra quemada por una doble razón: la primera, para intentar difuminar que este ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos funciona y que los mensajes catastrofistas desde las filas de Pablo Casado y aledaños distan mucho de la realidad; y la segunda, la disputa del PP por mantenerse como primer partido de la derecha le hace radicalizarse para competir con Vox. Los motivos que mueven a los populares nada tienen que ver con los intereses de los españoles, sólo están buscando su beneficio particular o defender su espacio político. O dicho de otro modo: puro partidismo, nada de patriotismo.

Foto.- RTVE.

Desmesura

La reacción de las derechas al proyecto de ley para regular la eutanasia ha sido desproporcionada y mezquina. En su competición con Vox por el voto ultra, el Partido Popular, a través de su diputado José Ignacio Echániz, nos ha dejado la siguiente perla: “Hay una filosofía de la izquierda para evitar un coste social…. Son recortes sociales en toda regla con la excusa del derecho a morir”. Con este enfoque demuestra la nula sensibilidad con las personas que padecen una enfermedad grave, crónica o invalidante que produce sufrimiento insoportable. Ninguna empatía tampoco con sus familias. Lo que vuelve hacer de nuevo el PP es poner su moral por delante de los derechos y libertades individuales y de los principios y valores consagrados por la Constitución. Con este proyecto, el Gobierno de España busca preservar la integridad y la dignidad de enfermos en la recta final de su vida, con garantías jurídicas, éticas y sanitarias.

Nadie en la dirección nacional del PP ha rectificado, ni siquiera matizado, a su portavoz en este debate. Por tanto, suscribe de la primera a la última letra de este exabrupto ruin. El partido de Pablo Casado lleva mucho tiempo instalado en la desmesura. El PP ha calcado la línea argumental con las que hizo frente otros avances sociales conquistados a lo largo de más de cuatro décadas de democracia. Hicieron lo mismo que ahora con el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Primero ponen el grito en el cielo y luego se suben al carro de estos derechos, que no obligan a nadie, sólo están al alcance de las personas que libre y voluntariamente deciden hacer uso de ellos. Como ha señalado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, el PP siempre llega diez años tarde a la defensa de estos logros sociales.

Morir en paz

Hace ya más de trece años, mi madre sufrió un ictus brutal que le provocó la muerte unos pocos días después. El daño producido por el derrame cerebral era de tal calibre que en el mejor de los escenarios habría quedado postrada en cama sin respuesta a ningún estímulo externo, conectada a una máquina para respirar y sin posibilidad alguna de recuperación o mejoría. Traducido a términos coloquiales, su estado sería el de un vegetal. Ella nos había dejado un testamento vital por vía oral: quería pasar por el tránsito de la muerte sin dar la lata a nadie, un reflejo fiel de lo que fue una vida de bondad y generosidad sin límites. A las veinticuatro horas del mazazo, mis hermanos y yo nos reunimos con el equipo médico que la atendía en el hospital público, un parte de extrema gravedad que ya conocía bajo cuerda a través de otro doctor amigo que trabajaba en el mismo centro.

Tras escuchar a la médica, y visto el panorama tan oscuro, le sugerí con tacto si se podría acelerar un final para un cuadro clínico tan terrible y sin marcha atrás, cumpliendo así con los deseos de nuestra progenitora. La respuesta de la médica fue airada y admonitoria. Se tomó francamente mal la petición familiar. Hasta tal punto de que le tuve que recordar que nadie iba a querer a nuestra madre más que nosotros. Ella fallecía horas después (apenas cuarenta horas después) por la crudeza del daño cerebral y descansaba definitivamente como ansiaba: sin generar molestia alguna. Todo un privilegio (merecido) que le concedió la naturaleza. Otras muchas personas y familias no han tenido tanta suerte.

A María, mamá, no hay día que no la tenga en el recuerdo, pero esta mañana escuchando la radio he rememorado estos duros momentos porque la ley de eutanasia llega hoy al Congreso de los Diputados. Será la tercera tentativa para regular este derecho y está vez tiene que ser la definitiva. Una amplía mayoría de la Cámara apoya la necesidad de esta importante conquista. Sólo encuentra el rechazo de Partido Popular y Vox, una derecha muy antigua que sigue anclada en una obcecación decimonónica, lejana incluso de la visión de muchos de sus votantes. Han de saber que morir en paz es un derecho. No hagan sufrir más a más familias.

Foto.- El País.

Política versus pataleo

Se ha alcanzado el primer gran pacto de la legislatura que acaba de comenzar. Un acuerdo entre Gobierno de España, patronal y sindicatos para subir hasta los 950 euros el salario mínimo profesional (SMI). Una negociación que supone un verdadero ejercicio de diálogo y de voluntad de entendimiento con cesiones de todos los interlocutores. Además de por su enorme repercusión social, este pacto tiene un gran valor político y despeja todos los augurios apocalípticos de las derechas sobre la marcha del gabinete de coalición. Para esto sirve la política, para avances como éstos queríamos superar el bloqueo y que empezara a trabajar un Ejecutivo progresista.

Este consenso sobre esta medida de indudable calado social ha tenido una excelente acogida en todos los ámbitos y se ha visto de forma casi unánime como positiva, salvo para el Gobierno de las derechas de Andalucía. Por boca de su consejero de Economía, Rogelio Velasco, le ha puesto todo tipo de reparos y ha pronosticado que producirá pérdida de empleo. Una argumentación tan esperable como falsa. En la anterior subida del SMI, los sectores conservadores políticos y económicos anunciaron destrucción de empleo pero la realidad fue bien distinta y ha desmentido a estos pitonisos mediacres: se siguieron creando puestos de trabajo. Las derechas andaluzas, una vez más, muestran su cara reaccionaria e insensible. Si hasta los propios empresarios han rebricado la medida, ¿por qué quieren ser más papistas que el Papa? ¿No les importan los cientos de miles de trabajadores que se van beneficiar de la medida? Ya sabemos que ellos están más interesados en bajarles los impuestos a las grandes fortunas. Su reacción ante la subida del salario mínimo no hay por dónde cogerla: pataleo incomprensible ante una buena noticia. ¡Qué tropa!

Foto.- El País. Reunión de la ministra de Trabajo y los agentes sociales.

Patriotismo de pacotilla

Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces… Desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado se ha aferrado al palo de la bandera, ha exhibido pecho inflado de españolismo casposo y se le ha llenado la boca de soflamas huecas de hispanidad rancia. Y a las primeras de cambio demuestra que le preocupa más su aspiración electoral que el buen nombre de España, que su amor por España tiene límites. Casado se marcha a Bruselas a tirar tierra por despecho contra nuestro país porque no soporta que el Gobierno socialista presente unos presupuestos que delvuelven derechos arrebatados por las tijeras del PP y tenga como banderas elevar el salario mínimo hasta los 900 euros, la subida de las pensiones según el IPC y la consecución de más ingresos a través de la lucha contra el fraude fiscal. Son unas cuentas que respetan las reglas de equilibrio financiero que exige la Unión Europea. Nada de esto interesa al líder del PP. Sólo busca el ruido y un hipotético desgaste del adversario político. Su patriotismo es de quita y pon: si no gobiernan, les importa poco el destino y el prestigio de España. Ya lo dijo Montoro en la etapa de Zapatero: que se caiga el país, que ya lo levantaremos nosotros. Casado, el patriota, pronosticará ante las instituciones europeas las siete plagas de Egipto porque el Gobierno socialista, profundamente europeísta, ha elaborado unos presupuestos sociales y pensados para las personas que, además, cuentan con el visto bueno de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En Bruselas, con el desafío italiano sobre la mesa, le responderán que deje de crear tormentas en un vaso de agua. La iniciativa de Casado no es más que una pataleta pueril pero inaceptable que deja en entredicho sus muchos golpes de pecho de españolismo.

Foto.- Cadena SER.

Una conquista excepcional

Cuando las conquistas sociales pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana apenas si le damos importancia, se convierten en rutina. Cuando las perdemos, como ha ocurrido con los recortes sufridos durante la crisis que estamos dejando atrás, entonces reparamos en ellas y les otorgamos su auténtico valor. Hago esta reflexión al hilo de que comienza el curso escolar y casi un millón de niños y niñas (946.000 exactamente) se van a beneficiar la gratuidad de libros de texto. Esta es una medida de apoyo a las familias que ha mantenido la Junta contra viento y marea, pese a los años de dificultades económicas y la deficiente financiación por parte del Gobierno de la nación. Quizá por eso, porque la hemos interiorizado, casi pasa desapercibida, es un asunto ordinario, cuando es excepcional por lo que significa y a quiénes beneficia. Supone un enorme esfuerzo presupuestario: nada menos que 706 millones de euros invertidos desde su puesta en marcha en 2005 y un ahorro medio de 200€ alumno/curso para cada familia. Son 10,6 millones los niños y niñas que se han beneficiado en este tiempo en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Más allá de los datos, lo que mucha gente no sabe es que Andalucía es la única comunidad autónoma que garantiza la gratuidad total de los libros en la etapa educativa obligatoria y además la tiene blindada para siempre como derecho reconocido por nuestro Estatuto de Autonomía. Este programa es una de las iniciativas que mejor identifican la apuesta del Gobierno andaluz por una educación pública en igualdad de oportunidades. Políticas socialistas de las que sentirse orgulloso.

 

Razones sobran

Este vídeo de UGT resume las muchas razones que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para hacer de este Primero de Mayo una jornada de reivindicación y de reconquista de derechos. La recuperación ha de ser justa y llegar a a todos o no será. Este Gobierno del PP sigue sin escuchar el gran clamor social contra sus políticas.

Más Andalucía que nunca

Cada vez que se acerca el 28 de febrero tenemos en Andalucía una oportunidad para celebrar y conmemorar lo que hemos conseguido gracias a aquella movilización social por una autonomía plena, que no era otra cosa que la conquista de la igualdad. El 28-F es siempre una fiesta, la fiesta de la esperanza que se plasma en los colores de nuestra bandera. Recordar nuestro pasado es una buena manera de asegurar nuestro futuro. (La importancia de la memoria). Por eso, es bueno que cada año, por estas fechas, hagamos un alto para rememorar de dónde venimos, para valorar lo que hemos avanzado y para reflexionar sobre lo que nos queda por delante para mejorar en bienestar y calidad de vida. Y también es un momento de reivindicación y para defender que nadie nos arrebate lo que tanto nos ha costado. No vamos a permitir ni un paso atrás y cualquier decisión que se tome en España debe contar con esta tierra. Ese peso político y ese papel de equilibrio nos lo hemos ganado con esfuerzo y generosidad.

Defendiendo derechos

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía mantendrán una jornada laboral de 35 horas semanales presenciales a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy para arrebatarles esta conquista. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocerse hoy que el Tribunal Constitucional ha anulado la reducción de jornada como consecuencia del recurso interpuesto por el Ejecutivo de la nación. Las 2,5 horas a ampliar, de acuerdo con el fallo, se computarán con tareas y actividades a desarrollar en el ámbito doméstico. De esta forma, unos 260.000 trabajadores autonómicos no se verán tan perjudicados por la falta de sensibilidad del Partido Popular.

En ningún momento estaban dispuestos en el Ministerio de Hacienda a aceptar que los funcionarios recuperaran en esta comunidad los derechos que les quitó el PP con la excusa de la crisis. Si ya estamos en una etapa de recuperación, como se repite machaconamente desde los terminales de propaganda del Palacio de la Moncloa, por qué no se permite que los empleados públicos de Andalucía vuelvan a tener las 35 horas. Es una medida que no sólo restituye derechos, sino que ha posibilitado varios miles de contratos para reforzar los servicios públicos. El Gobierno central tenía en su mano retirar su recurso ante el Constitucional, pero ha jugado a la confusión y a alargar plazos sin vocación alguna de rectificar. Siguen teniendo como modus operandi los recortes y seguir castigando a los trabajadores en general y a los públicos en particular.

El ‘comercial’ de la franquicia pepera en Andalucía ha quedado desautorizado y en mal lugar con el curso de los acontecimientos. Moreno Bonilla se ofreció como mediador ante  el Gobierno para que sus compañeros de filas desistieran del recurso. Enorme fracaso el suyo. En virtud de lo ocurrido se puede deducir que en su partido pinta menos que un cero a la izquierda. Ni siquiera en el PP se lo toman en serio. Su indolencia y su falta de valentía política se la tendrán en cuenta los empleados públicos de esta tierra.

Foto.- ABC. La presidenta Susana Díaz, en la firma con los sindicatos de la función pública para recuperación de derechos.

Sin pudor alguno

La ley

La ley para la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, de 2006, obliga a Gobierno y a comunidades autónomas a financiar este cuarto pilar del estado del bienestar a partes iguales. (Artículo 32).

Los datos

El gabinete de Mariano Rajoy incumple de manera sistemática la ley. Cada año aporta menos al sistema. Así lo constata el informe anual de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (gráfico). Desde que el PP llegó a la Moncloa, la aportación estatal ha ido decreciendo año a año. En 2017, la proporción para sostener el sistema es del 80% por parte de las autonomías y el 20% por parte del Ministerio.

La manipulación

Con estos datos, que certifican el abandono del Gobierno de Mariano Rajoy de este derecho, el PP de Andalucía tiene el desahogo de exigir a la Junta cuando el que no está a la altura ni de la ley ni de los ciudadanos que necesitan esta prestación es el Ejecutivo de la nación. Además, Andalucía es la comunidad con más personas en el sistema, con un 22% de total nacional. La Junta dedica a dependencia unos 1.200 millones anuales, tanto como el Gobierno para toda España.

Conclusión

El PP debería exigir al Gobierno que cumpla la ley y en lugar de criticar, pedir disculpas a los posibles beneficiarios que no consiguen la prestación por la falta de financiación del Ministerio. Si hay personas desatendidas, es porque la Administración General del Estado no pone lo que le corresponde. Si las CCAA sólo consignaran a este fin la misma cantidad que el Gobierno, cuánta gente no disfrutaría de este derecho. Pero las autonomías, y sobre todo Andalucía, creen y apuestan por la dependencia.