Construcción sostenible

El Gobierno de Andalucía acaba de recibir el premio Regiostar por la Comisión Europea por su Programa de Impulso a la Construcción Sostenible (PICSA). A principios de 2014, el Ejecutivo que preside Susana Díaz, apostó por la reactivación de un sector terriblemente afectado por la crisis económica en España. Era necesario recuperar la construcción desde una perspectiva sostenible y radicalmente distinta al modelo especulativo de los años de la burbuja inmobiliaria. Se abría una oportunidad que había que aprovechar para dinamizar el empleo en el sector mejorando la eficiencia energética del parque de viviendas de Andalucía. Y no sólo se puso en marcha el plan reconocido por la UE, sino también un instrumento para el medio y largo plazo como el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía con el horizonte de 2020.

El programa de construcción se puede calificar de éxito en virtud de los resultados de las dos convocatorias, superando las previsiones iniciales:

  • Se han movilizado casi 258 millones de inversión.
  • Se han creado/mantenido 20.000 empleos.
  • Se han llevado a cabo casi 40.000 actuaciones.
  • Se ha ahorrado el equivalente a la energía consumida por 2,2 millones de bombillas.
  • Se han sumado más de 8.000 empresas colaboradoras.

El buen funcionamiento de este programa es compartido por las empresas colaboradoras y los beneficiarios. Más del 70% de los empresarios señalan su contribución al desarrollo del sector y a la generación o mantenimiento del empleo. Otro dato que avala el programa es que cerca del 97% de los beneficiarios ha recomendado o recomendaría a otros usuarios para acometer medidas de mejora en sus viviendas porque la actuación ha mejorado el grado de confort o calidad de vida. Y el buen resultado que ha tenido esta iniciativa del Gobierno andaluz es que el 91% de los beneficiarios lo valora muy satisfactoriamente. Es, por tanto, un modelo a seguir, tal y como ha reconocido la Unión Europea a través del premio Regiostar.

Seguimos trabajando

Susana Díaz en una visita a la empresa aeronáutica Skylife Engineering

El Gobierno de Andalucía sigue trabajando. No tiene ni un minuto que perder. Ése es el mensaje que ha trasladado la presidenta de la Junta. Los ciudadanos esperan respuestas y este Ejecutivo se las va a dar. Va a seguir demostrando, como ha hecho en los últimos tres años, que otra forma de hacer política es posible, que esta comunidad es una referencia y una esperanza para todos los progresistas de España. Dicho y hecho. Nadie entendería que el gabinete que preside la socialista se cruzara de brazos hasta pasadas las elecciones.

Este martes, Susana Díaz ha cursado una visita a la empresa aeronáutica Skylife Engineering, un sector que representa el 19% de la industria andaluza, y el Consejo de Gobierno, entre otros asuntos, ha aprobado el plan de construcción y rehabilitación sostenibles. Es un programa que da respuesta a un compromiso de la presidenta, que está consensuado con todo el sector y que supondrá un importante revulsivo para generar empleo, dinamizar la construcción y la mejora del rendimiento energético del parque de viviendas de Andalucía. Se ponen una inversión inicial mínima de 529,2 millones de euros hasta 2020.

Este plan representa la continuación del desplegado con éxito a lo largo de 2014. Este buen resultado se traduce en las siguientes cifras:

  • Más de 7.600 empresas colaboradoras.
  • Más de 24.500 actuaciones de mejora energética en edificios, con el consiguiente ahorro de más de 210 millones en la factura energética de hogares y empresas andaluzas.
  • Incentivos por valor de 116 millones de euros.
  • Una inversión de 170 millones de euros.
  • Y 14.200 personas contratadas.

La Junta apuesta por la construcción que no por la especulación, por ser un sector que puede y debe tener un papel activo en la recuperación de la economía andaluza. Recuperación que es una prioridad para este Gobierno y para lo que es necesario reorientar el modelo productivo hacia estructuras más competitivas, más sostenibles y, sobre todo, con más capacidad para generar empleo.

Penalizando al consumidor

 

Este Gobierno de Mariano Rajoy toma decisiones que, más allá del sesgo ideológico y del obligado peaje que paga a los poderosos, resultan incompatibles con la lógica y el sentido común. Las distintas administraciones se han pasado décadas fomentando y subvencionando el autoconsumo energético, fundamentalmente a través de la instalación en las viviendas de paneles solares y generadores eólicos (molinillos). Muchas familias se apuntaron a la producción de energía para cubrir buena parte de la factura doméstica. El Ministerio de Industria se descuelga ahora con un decreto, aún en fase de borrador, que plantea crear una tasa a la producción casera un 27% mayor que la que se abona a las compañías eléctricas en la factura. Esta medida plantea una serie de interrogantes (o de nefastas conclusiones):

1. Se hace un favor a las grandes compañías. Responde el Gobierno al temor del sector eléctrico de que el incremento de la autogeneración colapse su negocio. Para ello, se crea una figura impositiva que incline al consumidor hacia el suministro tradicional de energía y desista de nuevas fórmulas por su coste final menos competitivo.

2. Se penaliza el ahorro del usuario. El precio de la producción fotovoltaica ha bajado un 80% en los últimos cinco años mientras el recibo de la luz tradicional sigue creciendo, entre otros factores, por el déficit de tarifa. ¿Por qué se condena al ciudadano para favorecer a las multinacionales? Esta dinámica es constante en las decisiones del gabinete de Rajoy.

3. Se frena la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico. Nos condena al monopolio del sistema tradicional impidiendo que las renovables reste cuota de mercado a la producción convencional y, de camino, vaya aligerando la dependencia energética de nuestro país.

4. Se ponen trabas a formas limpias y menos contaminantes de generación de energía eléctrica. La decisión perjudica lógicamente a la conservación de nuestro medio ambiente.

5. El decreto supone otro nuevo golpe a las renovables. Desde que el PP llegó a la Moncloa ha legislado perjudicando a los productores de energía no contaminante y ha puesto en riesgo la inversión y los puestos de trabajo de un sector emergente.

Otra vez a 120 km/h

Cuatro meses después se podrá circular a 120 km/h. El Gobierno de España esgrime razones para desandar lo andado y recuperar el tradicional límite de velocidad en nuestro país. El barril de petróleo está un puñado de dólares más barato y la previsión es que el precio siga bajando. Por este motivo, no se considera necesario prorrogar una medida que nació con la vitola de transitoria y que ha supuesto un ahorro de 450 millones de euros. En estos momentos de dificultad económica y de falta de recursos en las arcas públicas y privadas, este esfuerzo de contención del gasto está más que justificado. Si tan buen resultado ha dado la moderación de la velocidad en la carretera, ¿por qué no se prorroga en el tiempo hasta que la situación económica repunte con solidez? Un ejercicio de austeridad de 10 km/h reporta un ahorro sustantivo. ¿No es un argumento de suficiente peso para anteponer la solidaridad colectiva a las prisas viajeras? Por si no fuera suficiente, la medida, que no tenía afán recaudatorio porque se ha reducido el número de multas en este periodo, ha favorecido a rebajar aún más la siniestralidad en las carreteras españolas. En estos cuatro meses mal contados, el número de víctimas se ha reducido y hasta en siete días no se registrado ningún muerto. No hace falta que diga que habría mantenido el límite de 110 km/h. Lo defendí cuando se planteó y ahora lo hago con más motivos si cabe.

Mis posts anteriores sobre la cuestión:

A 110 km/h

Ahorro energético

Circulando

A 110 km/h

A partir del 7 de marzo la velocidad máxima de circulación en las autopistas y autovías será de 110 kilómetros por hora hasta nueva orden. La medida, de carácter transitorio, responde a la convulsa realidad que se registra en el norte de África, especialmente en Libia, país exportador de petróleo y gas a nuestro país. Una situación de incertidumbre que ha aconsejado a tomar medidas ante posibles contingencias futuras y ante el repunte del precio del barril de Brent y la negativa de otros países de la OPEP a incrementar la producción de crudo.

La coyuntura política nos empuja a conducir más lentos, esto es, más seguros, para de camino conseguir más ahorro energético, que nos vendrá muy bien para nuestros bolsillos, en particular, y para las finanzas de España, en general. Escribiendo este párrafo he recordado un anuncio para reducir el consumo a raíz de la crisis del petróleo de los setenta en el que una voz solemne en off nos decía: ‘Aunque usted pueda, España no puede’. El ahorro estimado que comporta esta decisión del Gobierno es de más de 1.500 millones de euros al año.

Al día de hoy, no se vislumbran problemas para nuestro suministro energético, ni de petróleo ni de gas, dos productos en la Libia es uno de nuestro principales proveedores. Sin embargo, la previsión nunca está de más ante un posible agravamiento de la tensión en los países norteafricanos. Ya se perciben indicios concluyentes de esta crisis: se ha producido una escalada en el precio del petróleo, básicamente de los combustibles, de la gasolina, y que eso nos afecta a todos. Por ejemplo, una subida de 10 euros en el barril del petróleo –como se ha dado en los últimos días- supone para nuestro país, para nuestra factura energética, en torno a 6.000 millones de euros (1 billón de las antiguas pesetas), 500 millones mensuales. La reducción de la velocidad máxima en 10 km/h se traducirá 15% menos de consumo de gasolina y un 11% de gasóleo. Como contrapartida, se ha rebajado la tarifa de los billetes y abonos de Renfe para cercanías y media distancia en un 5% para fomentar el uso del transporte público.

También se van a tomar nuevas medidas para mejorar la protección de los conductores en el marco de la estrategia europea 2011-2020, medidas relativas a formación, seguridad, carreteras, movilidad urbana –de ciudades también-, información y indemnización a las víctimas. Nadie puede poner en duda que la política de seguridad vial desplegada por el Gobierno de España está dando buenos resultados durante los últimos años. El descenso de la siniestralidad en carreteras es un dato por sí solo elocuente: en 2003 fallecieron en accidentes de tráfico un total de 4.000 españoles y el año pasado fueron 1.700.

Foto.Diario de Sevilla.