Aquellos días de vino y Rita

Este vídeo recoge todo un catálogo de piropos y elogios sin límites a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Algunos de apenas hace unos meses, pronunciados a boca llena durante la campaña de las elecciones municipales de 2015. El Partido Popular ha pasado de descoserse en halagos y adulaciones, da vergüenza ajena tanto peloteo, a no querer ni nombrarla. Barberá es otra ilustre apestada del mal que corroe los interiores del PP, muy especialmente en la Comunidad Valenciana. Para Mariano Rajoy ya no es la mejor regidora ni su gran amiga, se ha convertido tan sólo en una militante más.

Hoy, como reza en el dicho popular, en el PP practican el ‘si te he visto, no me acuerdo’, por mucho que la hayan enjabonado con palabras de retórica hueca e hiperbólica durante años. Tras tanto agasajo desmedido, ahora la vemos, ‘pobre’ Rita, escondida detrás de los visillos de tu casa y sin atreverse a pisar la calle. Hoy ni siquiera acudirá al Senado incumpliendo las obligaciones de ocupar tan alta magistratura, a la que por cierto debe su importante nómina. Su partido le ha descabalgado de la presidencia de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, y es que Rajoy ya no la tiene en tanta estima. Pero sigue con su escaño pese haber caído en desgracia y con la sombra de una posible imputación revoloteando… Cuando se sube mucho y de manera artificial, más dura suele ser la caída.

¿Quiere Podemos pactar?

Podemos y, sobre todo, sus allegados no parecen querer acuerdo de izquierdas. El programa del partido de Pablo Iglesias se supedita a las reivindicaciones de otros grupos de raíz independentista que iban en la misma lista de confluencia. Basta escuchar las posiciones de En comú en Cataluña, de las mareas gallegas y en menor medida de los valencianos de Compromís para desvirtuar el rescate de las personas como primer objetivo y situar por delante de todo el derecho de autodeterminación de los pueblos. Con esa línea roja que trazan están dando un portazo previo a cualquier posibilidad de diálogo. Ahí están sus contumaces declaraciones:

Xabier Doménech (En comú): “El compromiso con la celebración de un referéndum se mantiene. Esa condición no es menos importante que el diálogo sobre medidas sociales, la lucha contra la corrupción o la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución“.

Alexandra Fernández (En Marea): “Reconocer a Galicia como sujeto político propio y como nación periférica del Estado con una especificidad propia y, como tal, con derecho a decidir“.

Mónica Oltra (Compromís): “El referéndum de Cataluña es una cuestión de estado, importante, tiene que abordarse. Si queremos preservar la unidad del estado español, tenemos que dar pasos. No podemos seguir enrocados cada uno en una posición extrema… Defendemos un modelo de estado donde los territorios estén por voluntad y no porque se les dobla el brazo detrás de la espalda… Si preguntamos, tal vez el problema se resuelve en cuestión de meses“.

Con estos mimbres el acuerdo resulta más que complejo. Además  de la reclamación identitaria y rupturista, se pone en riesgo la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.

Foto.Diario crítico. Mónica Oltra, Ada Colau y Pablo Iglesias.

Otro sablazo

A nadie sorprende ya el maltrato y la hostilidad que el Partido Popular dispensa a Andalucía. Es una dinámica más vieja que el hilo negro. Tenemos ya un callo de tanto castigo pero no nos cansamos de alzar la voz, es nuestra forma de defender lo que es nuestro. Hace un par de días, por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de Mariano Rajoy nos ha quitado 265 millones de euros que nos correspondían por derecho. Ni han avisado: han metido directamente la mano en la caja y se lo han quedado. Son 265 millones que no podremos dedicar en esta tierra para atender las necesidades de la sanidad y de la educación públicas, para dar cobertura a más personas en situación de dependencia o en riesgo de exclusión social, para recuperar los derechos que arrebató la crisis a los empleados públicos, para generar posibilidades de empleo… Andalucía deja de percibir todos los años unos mil millones respecto a la media de las autonomías. Y no sólo sufrimos este agravio, sino que además nos dan un sablazo adicional de 265 millones. La derecha no entiende lo que significa justicia social y redistribución de riqueza. Eso sí, en su diccionario aparece con letras muy grandes discriminación y desprecio a Andalucía.

Esta nueva agresión procede de una aplicación sectaria por parte del Ministerio de Hacienda de la liquidación del ejercicio de 2013 y de un reparto arbitrario del llamado de fondo de convergencia. Este fondo se ha de emplear para ir recortando las distancias entre las distintas comunidades autónomas y favorecer la cohesión social de todos los españoles. Sin embargo, Cristóbal Montoro, que en su DNI reza como andaluz, tergiversa este concepto y la obligación de un ejecutivo de que todos los territorios tiendan a parecerse, a contar con las mismas oportunidades. El Ministerio ha preferido dar una riada de millones a Cataluña y a la Comunidad Valencia en perjuicio de Andalucía. No cumplieron con el objetivo del déficit en ese año por la pésima gestión de Artur Mas (Convergencia) y de Alberto Fabra (PP) y encima se les premia.

La palabra de Rajoy es papel mojado, no vale nada. Hace justamente un año, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo alertó de este auténtico dislate en el Palacio de la Moncloa. Le hizo saber la injusticia de castigar a Andalucía por una interpretación sesgada del reparto de la financiación autonómica y le planteó, si se consumaba esta distribución trampeada, que al menos se permitiera una devolución en varias anualidades. Pues ni una cosa ni la otra. Han mantenido el desequilibrio entre CCAA y nos han metido la mano en la cartera sin previo aviso. Así se las gasta el PP con Andalucía. A algunos sólo les interesa esta tierra para ver los debates de los que se ausenta desde las instalaciones públicas de Doñana.

Foto.EFE.

Ala dura

El dedazo ha vuelto a funcionar. En el Partido Popular usan como método de selección el cornetín. En la madrileña calle Génova el concepto ‘primarias’ ni está en su diccionario. Todos firmes que decide el presidente. Y Mariano Rajoy ha apostado por el ala dura. Tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana ha puesto al frente a dos genuinos representantes de la derecha radical. Una decisión difícil de explicar y que supone renunciar al centro para aglutinar el núcleo más extremista del conservadurismo patrio. Como cartel para las elecciones catalanas ha optado por Xavier García Albiol, un dirigente que ha hecho de los mensajes xenófobos el eje de su política, muy al estilo de la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. El objetivo de Rajoy: salvar los muebles y mantener presencia en el Parlamento catalán ante la debacle que pronostican al PP todas las encuestas para el 27 de septiembre. En la comunidad vecina, la apuesta para sustituir a Alberto Fabra es una conservadora aguerrida y de la vieja escuela: Isabel Bonig. Los estrategas del PP tendrán que explicar este timonazo. Tanto años, desde la época de Aznar, buscando el centro y vuelven a la casilla de salida incluso antes de alcanzarlo. Más allá del marketing, el partido que fundó Fraga siempre ha sido de derechas. Sin más apellido.

Foto.La Vanguardia. Rajoy y García Albiol.

La sobreactuación de Fabra

La Comunidad Valenciana tiene un serio problema con la financiación autonómica. Lo mismo ocurre en Andalucía, Cataluña o Canarias. La aplicación perversa del modelo vigente está provocando grandes perjuicios a varias autonomías. El Gobierno de la nación, en lugar de tomar el toro por los cuernos para corregir agravios, ha preferido dar una patada hacia delante y no cumplir con su obligación de negociar el nuevo modelo este año. Ha optado por una prórroga para evitar el debate a escasos meses de las elecciones municipales y de las autonómicas en las comunidades que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución. Una decisión que consagra una injusticia.

El presidente valenciano ha alzado la voz sobreactuando. Las formas aniquilan la legítima aspiración de Alberto Fabra de pedir una solución equitativa para su territorio (y es de entender que para todos). Su argumento no puede ser más estrafalario: “En este momento surge un panorama inquietante para la estabilidad política de la Comunidad Valenciana. El PSOE y Compromís son proyectos procatalanistas. No es descartable que al problema catalán pueda sumarse en el futuro nuestra comunidad y las Baleares. Entraríamos en una grave crisis política“.

Este arrebato de radicalismo tal vez se deba al foro en el que pronunció su conferencia: la Fundación FAES, el castillo de la ortodoxia del PP que domina y dirige Aznar. Fabra, en un tono mesiánico, de pura soflama propagandista, definió a la Comunidad Valenciana como “dique contra la expansión de independentismo” en España y a Europa. El mensaje suena hueco y forzado. El tremendismo de las palabras del presidente difuminan la justa reivindicación de esta comunidad, alejan el foco del asunto principal. La exageración no es una buena compañera de la política. Algunas veces la convierte en el club de la comedia.

Viñeta.– Peridis en El País.

Los excesos de Alberto Fabra

El presidente de Valencia, Alberto Fabra, demuestra un profundo desconocimiento de Andalucía, tanto que se permite afirmar alegremente y sin rigor en una entrevista periodística que en esta comunidad se han cerrado centros de salud para mantener Canal Sur. Su respuesta es absolutamente falsa y sólo busca desviar la atención sobre la calamitosa gestión del PP en la Comunidad Valenciana. Haría bien en rectificar porque no sólo miente, sino que de esta forma no arregla ni uno sólo de los problemas que afectan a sus conciudadanos. Sabe de sobra el presidente Fabra que no se ha cerrado ni se cerrará ningún centro de salud en Andalucía. Y nada mejor para desmentir este desahogo que los datos:

  • Entre 2008 y 2013 se han puesto en funcionamiento 131 centros de atención primaria nuevos, que han beneficiado a 800.00 personas. Dicho de otro modo, uno de cada diez andaluces ha estrenado un centro de salud en el último lustro. La inversión ha alcanzado los 85 millones de euros.
  • Entre 2012 y 2013 han abierto sus puertas 16 centros de atención primaria.
  • En 2014, pese a la caída de 1.200 millones de gasto global impuesto por las políticas del Gobierno de Rajoy, se mantiene el compromiso presupuestario con el servicio público de salud.

Quizá Fabra debería venir más por Andalucía y conocer la realidad para no hablar a la ligera y no dejarse llevar por consignas adulteradas. Esta comunidad autónoma es un ejemplo mantenimiento del estado del bienestar pese a las limitaciones que nos endosa el Gobierno de la nación. Aquí ni se cierra ni se privatiza y es algo que el PP no puede soportar porque demuestra que otro camino es posible para salir de la crisis. Por eso, en el PP se miente intencionadamente para crear confusión… Pero ni en éste ni en otros muchos aspectos somos todos iguales.

Foto.- Protesta contra Fabra por el cierre de Canal 9.

Deshaciendo errores

La plantilla de Canal 9 está deshaciendo los muchos errores cometidos durante demasiados años por el sometimiento de la cadena a las consignas y a la propaganda del Partido Popular. La rebelión interna tras el anuncio de cierre por parte del presidente Fabra (ya tiene fecha: 27 de noviembre) ha puesto a la redacción de este medio ante el espejo de sus contradicciones. ¿Cómo han podido permanecer tanto tiempo en silencio permitiendo una manipulación tan burda e insoportable desde el punto de vista deontológico o, en algunos casos, participando activamente en la fiesta de la desinformación? El caso del accidente del metro, con 43 víctimas mortales, constituye el paradigma de una propuesta informativa a la carta de los intereses del PP. No es el único. Un espectador que sólo siguiera la actualidad a través de esta cadena no sabría qué es el caso Gürtel y no entendió la  repentina dimisión de Camps, contada por cierto de una manera oscura e ininteligible. Ni el caso Brugal, ni el caso Emarsa, ni las andanzas del otro Fabra (Carlos) por Castellón, ni el aeropuerto sin aviones, ni los recortes del Gobierno de Rajoy… Suma y sigue. Quizá tendrían que haber levantado la voz antes frente a las barrabasadas que les obligaban a hacer y a firmar. Más vale tarde que nunca. Más que reproches, esta revuelta postrera quizá permita extraer una lección: la ética y la dignidad valen más que un salario.

Os dejo dos opiniones que abundan en esta línea con mayor tino que yo:

El suicidio de Canal 9, en el blog Mi mesa cojea.

El oxímoron de Canal 9: Asamblearismo oficialista, de Julià Álvaro en eldiario.es.

Comparaciones odiosas

Cristina Tárrega ha tenido una oportunidad de oro para mantener la boca cerrada o ahorrarse, al menos, parte de su discurso. Poner en valor la Comunidad Valenciana no tiene por qué llevar aparejada una actitud de desprecio a Andalucía. No sólo se desprende este desdén de sus palabras, sino que lo subraya intensamente con el lenguaje no verbal. El gesto de cara y mano reafirman su mensaje. Como siempre, las comparaciones son odiosas. Y en este caso gratuitas, perfectamente prescindibles e injustas. No tenía ninguna necesidad la presentadora televisiva de tomar estos derroteros. Como andaluz, quizá me mueva la subjetividad y cierto hastío por la reincidencia, observo una proverbial facilidad para tirar de estereotipo y mantener una visión tópica hacia mi tierra. A mí me llena Andalucía y no por ello dejo de reconocer las virtudes de otros territorios de España.

La rabieta de Ignacio González

El presidente de Madrid se aferra a una mentira para intentar justificar sus errores y la desamortización de la sanidad pública que pilota en su comunidad. Por desconocimiento o con mala fe, creo que más por lo segundo que lo primero, Ignacio González se intenta zafar de su responsabilidad y se inventa que en Andalucía se han privatizado 17 hospitales. Se lamenta el hombre de que no oye a nadie decir que “poco más o menos que están dejando morir a los andaluces”. No los puede oír porque la realidad es diametralmente distinta a la que plantea y existe además un altísimo grado de satisfacción entre los usuarios del sistema público de salud en Andalucía. No hay ni un solo hospital privatizado por la Junta, ni uno solo, son todos públicos al cien por cien. Haría bien el sustituto de Aguirre en darse una vuelta por esta tierra para conocer de primera mano cómo funciona la sanidad andaluza, referencia nacional por su calidad asistencial y por su coste inferior a otras comunidades autónomas.

Andalucía apuesta por un modelo de sanidad claro e incuestionable que tiene su base en que es público (no de provisión pública o privada), universal (no de asegurados) y gratuito. El Partido Popular tiene otro, plasmado en el real decreto de medidas sanitarias y ya en práctica en muchas de las autonomías en que gobiernan, que supone desmantelar lo conquistado y seguir la senda de privatizaciones, de la quiebra de la cobertura universal  instaurar el múltiple aseguramiento que se practica en Estados Unidos, Reino Unido u Holanda.

Madrid, en estos días con todos los colectivos sanitarios en pie de huelga, y Valencia son ejemplos elocuentes de los derroteros por los que nos quieren arrastrar la derecha española. Se promueve la gestión privada de los servicios públicos como la panacea para todas las dolencias sin ningún dato contundente que muestre mejores resultados. Ninguno en absoluto. Incluso en algunos países se observa lo contrario. Lo que sí tenemos son datos de que supone un magnífico negocio para algunos, con grandes riesgos para la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, EEUU y Holanda, con un sistema obligatorio de seguros privados sanitarios, son los dos países con más gasto en este capítulo. En el polo opuesto, la sanidad pública andaluza, que es la que ofrece más prestaciones y cuyos usuarios gozan más derechos, tiene un gasto muy por debajo de la media española y, por supuesto, inferior al de las comunidades autónomas donde la privatización avanza a todo tren. Esta realidad destroza la leyenda urbana de que la sanidad privada es más eficiente y austera. No sólo no es así, sino que además es más injusta y quiebra el accedo en igualdad de los ciudadanos.

Foto.Ecodiario. Imagen de la manifestación de ayer convocada en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, tras dos días de una huelga histórica secundada por todos los sectores sanitarios.

Bomberos pirómanos

Aún en la triste resaca de la acalorada reunión del Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF), en la que el pelotón de fusilamiento del Partido Popular capitaneado por el ministro Montoro había cargado sus armas contra Andalucía, salta a la palestra que las comunidades de Madrid y Valencia han ocultado déficit por un montante global de varios miles de millones de euros. Todos intuíamos que el trato dado a Andalucía, a la que se les exigió un esfuerzo adicional de reducción de gasto para superar la prueba, era injusto y desigual, que se le estaba aplicando un rasero más exigente que al resto. Con un déficit similar a la media nacional y un endeudamiento muy inferior, a Andalucía se le impone un ajuste de 3.800 millones, el 20 por ciento del total. El Gobierno andaluz hizo sus deberes en 2011 y presentó ante el CPFF un plan de equilibrio financiero riguroso y responsable. Se escrutó el documento con lupa, por poner pegas se cuestionó hasta pasajes del preámbulo, mientras que los de otras autonomías recibían luz verde prácticamente sin pasar de la primera pagina. Escribe el periodista Luis Barbero que en la actitud del ministro se intuyen “razones partidistas”. Una sensación que comparto al cien por cien. Se le exige a la comunidad un esfuerzo superior presentando mejores credenciales, lo que constituye un agravio comparativo insoportable.

Andalucía ha cumplido con la contención del gasto y asume por imperativo legal y por responsabilidad la obligación del déficit de 1,5% para 2012.  Sin embargo, el Gobierno de Rajoy desde que desembarcó en la Moncloa no ha parado de poner en duda la solvencia financiera de Andalucía desde la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Montoro, pasando por Antonio Beteta, secretario de Estado de Hacienda. Y resulta que el ínclito Beteta, que dejó la Consejería de Hacienda madrileña para asumir el alto cargo en el Ministerio, ahora tan implacable con otras CCAA, en su anterior destino usaba trucos de ingeniería contable para ocultar sus desviaciones presupuestarias. Madrid maquilló sus cuentas: de los 1.000 millones de déficit en 2011 que declaraba ahora reconoce el doble. Si Beteta se aplicara la ley de Transparencia que ha elaborado el Gobierno (aún en trámite pero ya presentada) tendría que dimitir por coherencia. ¿A quién hemos puesto a guardar el gallinero? En lugar de perseguir a las comunidades de otro signo político, debería el Ministerio de Hacienda haber aplicado más celo en el control de las gobernadas por el PP. Madrid, Valencia y Castilla-León han situado el déficit nacional en el 8,9%, cuatro décimas más que el presentado a Bruselas en marzo, lo que traducido a dinero contante y sonante son 4.000 millones.

Montoro y Beteta, en lugar de actuar como bomberos, se desenvuelven como auténticos pirómanos. No está este país para bromas y estos dos altos representantes del Estado se dedican a hacer política de bajos vuelos, sin importante el prestigio de la marca España. ¡En qué manos estamos! Y Javier Arenas callando antes estas tropelías contra Andalucía y España… Y ya se sabe: quien calla, otorga.