De reacción lenta

No andan sobrados de reflejos en el Gobierno de Mariano Rajoy. Hoy lo ha demostrado el cuestionado ministro de Justicia, Rafael Catalá. Ha tardado cuatro días en admitir la falta de ética del ex fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix por tener participación en una empresa offshore en Panamá. No hace falta tener ningún máster en Harvard para entender que un representante del ministerio público no puede tener una sociedad en un paraíso fiscal. Se han llevado unos días mareando la perdiz hasta que la bola del escándalo se ha llevado por delante a Moix y ha dejado achicharrados al fiscal general del Estado y al propio Catalá. No aprenden de sus errores: primero se enrocan a ver si escampa y luego no les queda más remedio que rectificar cuando el asunto coge temperatura y se hace insostenible. O son de reacción lenta o derrochan mucho desahogo. Sencillamente, son las dos cosas al mismo tiempo.

Foto.eldiario.es. Catalá y Rajoy.

Un fiscal en apuros

El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, estaba más que tocado tras su papelón en la Operación Lezo, la investigación judicial que ha llevado a prisión preventiva, entre otros, a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Ya se pidió su dimisión o destitución fulminante tras la denuncia de sus subordinados de injerencias y obstáculos para que no pudieran realizar su labor investigadora de este caso de corrupción en la esfera del PP. Se atrincheró en su puesto con la aquiescencia del Gobierno de la nación y muy particularmente del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pues si su cabeza pendía de un hilo, hoy se ha conocido una noticia que lo pone de nuevo en el filo del precipicio. El diario Infolibre ha descubierto que Moix es propietario del 25% de una empresa de Panamá desde el año 2012. Este medio ha intentado hablar con el fiscal durante una semana para conocer su versión, incluso le envío un burofax, y éste dio la callada por respuesta. En cambio, a través de otro medio digital, Moix ha ofrecido su versión con inexactitudes y falsedades. Dice en su descargo que no ha podido disolver la empresa por problemas económicos de sus hermanos. Y estamos hablando de una 400 euros a escote. Si ya es inasumible que tenga una empresa offshore un representante del ministerio público, las explicaciones no tienen ya ni un pase. No por este último capítulo, sino por todo lo que arrastra, Moix no puede seguir ni un minuto más en su puesto. Él no piensa dimitir y el Gobierno mirará al tendido. ¡Qué país!

Foto.eldiario.es. Moix e Ignacio González.

Disculpas imprescindibles

Mariano Rajoy ha llegado esta tarde a Granada para asistir a un acto del Partido Popular. Y lógicamente no ha podido hacerlo en ferrocarril, habrá llegado por vía aérea desde Madrid, no le quedaba otra. La ciudad de la Alhambra lleva casi dos años aislada por tren. Si la enésima fecha dada por el Ministerio de Fomento se cumple, no será hasta octubre de 2017 cuando se restablezca la comunicación. Menudo estropicio. Los últimos tres ministros del Gobierno del PP en esta materia, Ana Pastor, Rafael Catalá e Íñigo de la Serna, no han hecho nada para acelerar los plazos. Es más, su incompetencia ha llevado a Granada a vivir una situación más propia del siglo XIX que del XXI. Granada soporta con estoicismo este contratiempo ahistórico. Una de las ciudades con más atractivos turísticos y que posee el monumento más visitado de España, la Alhambra, sólo encuentra el silencio del Gobierno de Rajoy y excusas vagas vinculadas a motivos técnicos. Rajoy tiene una oportunidad de comprometerse no sólo para que las obras terminen de una vez, sino de pedir disculpas por una gestión más que deficiente de su Gobierno que ha castigado a granadinos en sus desplazamientos por tren y a los muchos empresarios y autónomos que viven del sector turístico.

Foto.– Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF).

¡Cuánto desahogo!

Y se creerá que nos chupamos el dedo. Se descuelga hoy el inefable Juan Manuel Moreno Bonilla con un tuit rebosante de desahogo: “Trabajando junto al ministro Rafael Catalá para intentar que el AVE llegue lo antes posible a Granada”. La frase suena a chiste de mal gusto cuando Granada lleva incomunicada por ferrocarril 18 meses por la pésima gestión del Gobierno de las obras de la línea de alta velocidad. Durante año y medio los viajeros que llegan o parten de Granada tienen que hacer un largo trayecto en autobús y en este tiempo el presidente del PP de Andalucía ni se ha arremangado ni ha levantado la voz para arreglar este tremendo desaguisado. ¿A quién le quiere tomar el pelo? Moreno Bonilla derrocha una vez más descaro e insolencia en un intento de subirse a los trenes baratos. Pero los ciudadanos, por suerte, tenemos memoria y sentido común para tamizar los mensajes groseros e impertinentes. En lugar de hacerse la foto debería haber empezado a presionar al Gobierno hace mucho tiempo para que Granada no viva situaciones más propias del siglo XIX que del XXI y pedir disculpas por las muchas molestias causadas a los granadinos y a su sector turístico. Hoy el ministro anuncia el final del túnel para septiembre de 2017. Quedan 11 meses más de obras y tormento, es lo que es lo mismo, de falta de comunicación por tren para la ciudad de la Alhambra. No es para sacar pecho.

Por cierto, ¿en calidad de qué un dirigente de un partido asiste a una reunión institucional? No hay ninguna razón para que Moreno Bonilla esté presente en el encuentro, el único senador andaluz que ha sido convocado, y mucho menos ocupando un sitio de preferencia en el protocolo. Han querido convertir una actividad del Ministerio en un acto de partido, confundiendo una vez más lo público y lo privado. Una reunión a la que casualmente no se ha contado con la Junta de Andalucía y a la que a duras penas, en el último momento, se acabó invitando a la Diputación de Granada.

Foto.– Moreno, primero por la derecha, y Catalá, tercero, en el acto celebrado hoy.

Preguntas que exigen respuestas

El presidente del Partido Popular andaluz metió ayer la pata al insinuar que la Fiscalía Anticorrupción está “instalada” en Andalucía para perseguir a los gobiernos socialistas. Juan Manuel Moreno Bonilla se empequeñeció en su escaño al ser afeadas sus palabras desde la bancada del Ejecutivo autonómico (Susana Díaz) y del PSOE (Mario Jiménez). Y es que en un arrebato de torpeza venía a sugerir que la actuación del Ministerio Público, dependiente jerárquicamente de la cartera de Justicia del Gobierno de la nación, responde a directrices políticas. Ese resbalón exige una rectificación o dar respuesta a una serie de interrogantes que ha dejado en el aire el pupilo de Mariano Rajoy:

¿Sabe algo Moreno Bonilla que no le correspondería conocer y está ocultando?

¿Está adelantando la estrategia de la Fiscalía como hizo su compañera catalana Alicia Sánchez Camacho con el consiguiente revuelo político?

¿Maneja el PP información que debería estar reservada para las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ministerio Público?

¿Está usando el PP las instituciones del Estado en beneficio propio?

¿Hay alguna instrucción política para hacer ruido en este periodo previo a las elecciones generales del 20 de diciembre?

A estas y algunas preguntas más tendrán que contestar tanto el autor de las declaraciones como el ministro de Justicia. El Gobierno de Andalucía, a través de su vicepresidente, ha anunciado que remitirá un escrito a Rafael Catalá y al fiscal general del Estado por unas palabras de Moreno Bonilla que van contra la democracia y la decencia política.

¡Zas!

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha arrojado luz sobre el uso tendencioso y torticero que ministros, dirigentes del PP y algunos medios de comunicación estaban haciendo de la declaración de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El jefe de la más alta instancia judicial española ha asegurado que la citación es “un mero trámite”, que “no significa nada al día de hoy” y que los ex altos cargos “no pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado”. Este planteamiento desde el rigor supone una desautorización a muchos y muy especialmente al ministro de Justicia, que se aventuró a precisar “la comisión de delitos de malversación y cohecho”. Rafael Catalá se llevó un sonoro ¡zas! por seguir el argumentario insidioso de su partido, más preocupado en aniquilar al adversario político que en el esclarecimiento de los hechos. Si lo ha hecho por desconocimiento, malo. ¡En manos de quién está la Justicia de este país! Si ha actuado con fines menos confesables y de interés partidista, peor. Es triste que un ministro olvide que representa a todos los españoles. Serían más que oportunas unas disculpas públicas de Catalá.

PD.– Algunos medios que al saltar la noticia salieron en tropel curiosamente han reducido a la mínima expresión o escondido las palabras del presidente del Supremo. Un ejercicio curioso de deontología profesional.

Los largos tentáculos del PP

¿Se siente incómodo el Partido Popular con la independencia de otros poderes y con la imprescindible neutralidad de los organismos del Estado? Diría que sí, sin matices. Basta repasar la actualidad para comprobar una estrategia para desactivar todos los resortes de la arquitectura institucional de este país e intentar ponerlos a su servicio. En las últimas horas los resultados son más que evidentes y sus consecuencias gravísimas para nuestra democracia.

1. Dimisión del fiscal general del Estado. La opinión de la inmensa mayoría de los medios es unánime: Eduardo Torres Dulce deja el cargo hastiado por el acoso del Gobierno. Mariano Rajoy no quiere un servidor del Estado sino una marioneta del Ejecutivo.

2. 13 magistrados del Supremo se rebelan contra las presiones del Gobierno. El detonante es la acusación velada de prevaricación lanzada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por la puesta en libertad de presos etarras que habían cumplido sus condenas de acuerdo con la legislación europea. A las palabras de Fernández Díaz hay que sumar, aunque con menos visceralidad y desproporción, las de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y las del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los jueces le piden al presidente del Supremo que actúe ante estas injerencias insoportables.

3. Se aparta al juez Ruz de la Audiencia Nacional. En una controvertida decisión de la permanente del Poder Judicial, según especialistas en la materia, muy condicionada desde el poder político, no se prorroga la comisión de servicios en la sala cinco de la Audiencia Nacional al magistrado Pablo Ruz, que está investigando el caso Gürtel, el caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP. Temas todos muy sensibles para el partido del Gobierno y que el juez tiene hasta marzo para seguir desentrañando. Si no culmina la instrucción, está en el mejor de los escenarios sufrirá un importante retraso.

4. Nombramientos a la carta. Se ha removido a responsables policiales y de la Agencia Tributaria que estaban investigando asuntos judiciales relacionados con el Partido Popular. Nadie del Gobierno ha dado una explicación más convincente que un porque sí.

5. RTVE, con control remoto desde la Moncloa. Nada más llegar al Gobierno, el PP promovió una reforma de la ley de la radio y televisión públicas para que el director general fuera elegido por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Ejecutivo. En la etapa socialista se aprobó una norma para que el responsable de la RTVE necesitara mayoría cualificada de la Cámara para un periodo de seis años a fin de garantizar su independencia. Con este chusco movimiento, el PP ha conseguido un ente público al servicio de sus siglas y que ha perdido la audiencia y la credibilidad adquirida en los años anteriores.

Éstos son sólo unos ejemplos a vuelapluma de cómo se las gasta el PP, un partido que no entiende que el Estado y sus instituciones y no son patrimonio de nadie.

Foto.– Confidencia entre Rajoy y Fernández Díaz, que le comenta algo con la boca tapada, para que no se le lean los labios, al modo de los futbolistas.

Borrón y cuenta nueva

El Gobierno que preside Mariano Rajoy quiere hacer borrón y cuenta nueva con los dos años y nueve meses de nefasta gestión del Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. No sólo han metido en la nevera su reaccionaria reforma de la ley del aborto, motivo de la dimisión, sino que el nuevo poseedor de la cartera, Rafael Catalá, quiere revisar las tasas judiciales. Una enmienda a la totalidad de la trayectoria ministerial de Gallardón. Nos ha dejado el otrora rostro moderado de la derecha patria un legado envenenado con las tasas, una medida que ha instaurado una justicia para ricos y para pobres. Al más puro estilo neoliberal, sólo quien puede pagar puede defender sus derechos en los tribunales. Se ha fulminado la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El flamante sustituto quiere desandar lo andado para el perjuicio de la mayoría y quiere modificar la contestada ley de tasas. Visto lo visto, más que dimitir lo tendría que haber destituido Rajoy. Ahora el presidente se desentiende de todo y le echa la culpa a Gallardón. Como para fiarse del jefe.