Los ERE, en su justa medida

El actual Gobierno de las derechas en Andalucía admitió ayer a su pesar que, con los ERE, el anterior ejecutivo socialista puso en marcha un necesario sistema de protección para trabajadores y empresas en crisis. Con esto no quiero poner paños calientes sobre la indebida gestión de una parte de ese dinero público, no muy elevada pero que abochorna y que es la que ha de ser sancionada hasta sus últimas consecuencias. La Junta va a seguir pagando las prejubilaciones a los beneficiarios “lícitos”, que son la inmensa mayoría de los más de 6.000 afectados que actualmente reciben esta percepción, y liberará 37 millones de euros hasta 2025. El vicepresidente Juan Marín cifró, a ojo de buen cubero, en 200 el número de intrusos. Dando por bueno este dato, la práctica totalidad de estos beneficiarios han sido y son acreedores de estas ayudas con toda justicia, independientemente del procedimiento empleado para su concesión. El resto, una exigua minoría, está pendiente de resolución judicial, aunque hay algunos casos escandalosos (léase, por ejemplo, la inclusión de la suegra del ex director general Francisco Javier Guerrero).

En el periodo investigado judicialmente, que va 2000 a 2009, la Consejería de Empleo identificó a 72 personas que nunca habían trabajado en las empresas rescatadas y 111 que no reunían todos los requisitos exigidos. En la causa, la cuantía presupuestaria investigada era de 680 millones. De esta cantidad, por tanto, un amplio porcentaje estuvo dedicado al fin previsto: al pago de las nóminas de prejubilación, a atender a trabajadores y empresas. Del teórico fraude, por consiguiente, habría que deducir unos 560-570 millones invertidos en prejubilaciones “lícitas”.

El denominado caso de los ERE tenía otros dos frentes bajo la lupa judicial. Por un lado, las comisiones abonadas a aseguradoras y entidades mediadoras por la tramitación de los ERE, una controversia zanjada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El TSJA entendió que eran legales estas partidas, cuyo montante en litigio ascendía a 66,1 millones, según la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía. Antes de este fallo, el PP, como acusación particular, desarrolló una campaña agresiva contra las sobrecomisiones. El alto tribunal puso las cosas en su sitio y dio carpetazo a esta vía.

El otro eje era el de las ayudas directas a empresas y corporaciones locales. A este fin se presupuestaron unos 85 millones de euros entre 2000 y 2009, yendo el montante más significativo a la Sierra Norte de Sevilla, comarca que recibió 56 millones. Estas ayudas están sujetas a investigación judicial. La lupa está puesta especialmente en la Sierra Norte, zona de origen de Guerrero, natural de El Pedroso.

Incluyendo toda esta última partida como irregular en su distribución, consideración pendiente de resolución judicial, se podría estar hablando un daño económico a las arcas públicas por debajo de los 70 millones. Una cifra importantísima, que genera vergüenza en quienes creemos y defendemos lo público, un solo euro distraído bastaría, pero una cantidad muy alejada de las que se han manejado en el debate político y mediático durante años. Javier Arenas llegó a hablar de que el fraude de los ERE podría superar los 1.500 millones. No hay que restar ni un ápice de la gravedad que tiene ni a la tristeza que produce el mal uso del dinero público. Pero es conveniente subrayar que ningún alto cargo se enriqueció personalmente, el PSOE tampoco se financió ilegalmente con un solo euro y se atendieron a más de 6.000 trabajadores y a numerosas empresas en crisis. Se usó un procedimiento para hacer frente a una situación de emergencia social con obreros condenados al desempleo y empresas dando el cerrojazo. ¿Qué ERE no habría que haber tramitado: Santana, Delphi, Cárnicas Molina, MercaSevilla…?

Un procedimiento administrativo que algún alto cargo (Guerrero) usó para cometer mezquindades, golferías e irregularidades. Que se persigan las cuestiones punibles hasta el final, pero que se valore en su justa medida una política de protección social realizada baja la misma legislación y con los mismos operadores que en todos los territorios de España. Si una abrumadora mayoría de los beneficiarios son “lícitos” o legítimos, ¿cómo se sostiene ese mantra de la red clientelar o que estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia?

Foto.El Mundo. Protesta por el cierre de Delphi en Cádiz.

Decir la verdad

Los llamados a comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación están obligados a decir la verdad. Hoy hemos podido leer en eldiario.es que el entonces alcalde de Sevilla y hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mintió cuando fue interrogado en 2012 en la comisión que investigaba los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Una noticia que ha saltado porque una de las dos altas representantes del Gobierno de José María Aznar que han declarado en calidad de imputadas ante la jueza por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, una documentación que el Ejecutivo del PP se negó a remitir al Parlamento de Andalucía, ha dejado en evidencia al ministro. Además, hoy ya es de dominio público algo que se intentó ocultar: que la administración general del Estado usó en el mismo sistema de ayudas directas que la Junta para auxiliar a las empresas en crisis. Yendo a la información de Zoido, en cualquier país democrático de nuestro entorno europeo si un político es acusado de mentir, ese mismo día da explicaciones para corregir al medio o, de lo contrario, estaría en la picota y empujado a asumir responsabilidades políticas. En la cultura de la derecha española eso suena a ciencia ficción. En fin, las últimas novedades en torno a los ERE empiezan a desinflar el globo que el PP intentó hinchar para hacer daño a mucha gente honesta.

¿Otro globo que se desinfla?

¿Y ahora qué? Se empiezan a conocer extremos que pueden cambiar el curso de la investigación y del relato que la derecha, con el PP como ariete interesado, había construido para atacar a personas honestas y al Gobierno de Andalucía con los ERE. ¡Ahora! después de tantos años conocemos públicamente que el procedimiento aplicado en Andalucía es el mismo que el empleado por el Gobierno de España en el periodo investigado. No será que no se ha repetido una y otra vez desde la Junta porque así está regulado en una norma de 1995, pero no hay más sordo que quien no quiere oír. También una alta instancia judicial, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha declarado legales las comisiones que cobraban los distintos agentes que participaban en el procedimiento administrativo de las ayudas sociolaborales a las empresas en crisis. Por supuesto, unos 6.000 trabajadores afectados por cierres o expedientes de regulación de empleo han cobrado y siguen cobrando su póliza. ¿Entonces que se está investigando? Como pasó con los cursos de formación, otro asunto que intentó criminalizar la derecha con un rotundo fracaso en los tribunales, el caso de los ERE empieza a desinflarse. Si hay alguna irregularidad de carácter puntual, que se juzgue y pague el responsable, pero parece cada día más evidente que lo que pretendió el PP fue hacer una causa general con intereses meramente políticos.

El lobo y el cordero

He recordado esta fábula viendo a los que se han lanzado como una jauría contra Pepe Griñán o Manuel Chaves, personas honestas y servidores públicos íntegros, tras el escrito de acusación de la Fiscalía por el caso de los expedientes de la regulación de empleo. El texto dice:

Miraba un lobo a un cordero que bebía en un arroyo, e imaginó un simple pretexto a fin de devorarlo. Así, aún estando él más arriba en el curso del arroyo, le acusó de enturbiarle el agua, impidiéndole beber. Y le respondió el cordero:

— Pero si sólo bebo con la punta de los labios, y además estoy más abajo y por eso no te puedo enturbiar el agua que tienes allá arriba.

Viéndose el lobo burlado, insistió:

— El año pasado injuriaste a mis padres.

— ¡Pero en ese entonces ni siquiera había nacido yo! — Contestó el cordero.

Dijo entonces el lobo:

— Ya veo que te justificas muy bien, mas no por eso te dejaré ir, y siempre serás mi cena.

Moraleja:
Para quien hacer el mal es su profesión, de nada valen argumentos para no hacerlo.

¡Zas!

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha arrojado luz sobre el uso tendencioso y torticero que ministros, dirigentes del PP y algunos medios de comunicación estaban haciendo de la declaración de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El jefe de la más alta instancia judicial española ha asegurado que la citación es “un mero trámite”, que “no significa nada al día de hoy” y que los ex altos cargos “no pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado”. Este planteamiento desde el rigor supone una desautorización a muchos y muy especialmente al ministro de Justicia, que se aventuró a precisar “la comisión de delitos de malversación y cohecho”. Rafael Catalá se llevó un sonoro ¡zas! por seguir el argumentario insidioso de su partido, más preocupado en aniquilar al adversario político que en el esclarecimiento de los hechos. Si lo ha hecho por desconocimiento, malo. ¡En manos de quién está la Justicia de este país! Si ha actuado con fines menos confesables y de interés partidista, peor. Es triste que un ministro olvide que representa a todos los españoles. Serían más que oportunas unas disculpas públicas de Catalá.

PD.– Algunos medios que al saltar la noticia salieron en tropel curiosamente han reducido a la mínima expresión o escondido las palabras del presidente del Supremo. Un ejercicio curioso de deontología profesional.

Más ruido que nueces

Me ha sorprendido (bueno, no tanto) el ensordecedor ruido mediático ante la noticia de que el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo tomará declaración a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así de simple lo dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa. Con la legislación española en la mano, sólo pueden hacerlo en calidad de imputados, una garantía procesal para comparecer acompañados de sus abogados. No hay mucha novedad en este paso procedimental lógico y natural porque tanto Chaves como Griñán habían pedido desde el primer momento acudir voluntariamente para defender su honorabilidad y el magistrado cursa una providencia (no un auto) fijando la fecha de su declaración sin imputarles ningún delito. Sin embargo, los medios (que no muchos periodistas con los que he podido hablar) se han lanzado en tropel a sobredimensionar un hito procesal que no aporta nada novedoso. Ya se sabía de antemano que esta citación se iba a producir, que los ex presidentes habían manifestado su deseo de dar todas las explicaciones sobre el caso sin esperar al suplicatorio y que sólo podían hacerlo bajo la figura de imputados. La consumación de lo evidente se ha traducido en un festín mediático donde, en algunos casos, se orilla el estado de derecho y la presunción de inocencia. El Supremo tendrá que hablar una vez oídas las partes y entonces será el momento de la exigencia de nuevas responsabilidades políticas o de reparar el daño causado a dos personas honestas e íntegras. Estoy convencido de lo segundo. Hoy hemos asistido un espectáculo donde ha habido más ruido que nueces. Cada cual tendrá sus razones.