Gestión calamitosa

No lo podían haber hecho peor. El Tribunal Supremo ha gestionado rematadamente mal la crisis por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados al formalizar una hipoteca. El Poder Judicial no puede culpar a nadie del descrédito y el estupor que ha generado en la opinión pública por sus vaivenes. Varias sentencias a favor de los usuarios y obligando al pago del tributo a las entidades financieras abrieron una espita de esperanza para mucho ciudadanos. El frenazo en seco dado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la desconcertante resolución de ayer del Pleno del alto tribunal, fallando a favor de la banca por un ajustado 15 a 13, han precipitado una corriente de malestar y desconcierto en muchos sectores de la población.

Sin entrar en las razones de la decisión, cuyos fundamentos de derecho aún no se han hecho públicos, el Supremo ha causado un problema donde no lo había. El impuesto de actos jurídicos corría a cuenta del usuario, muy a nuestro pesar, y de repente varias sentencias cambian la doctrina del alto tribunal. Ante el revuelo provocado por esta nueva jurisprudencia, Lesmes manda parar (como el comandante) pero dijo que “el fallo era firme y no susceptible de revisión”. Al final no ha sido así. Otro motivo más para el enfado generalizado. Palabras que el viento se lleva y deja al personal con la mosca detrás de la oreja. Entre otras razones, porque anda la gente muy enfadada con el rescate financiero que hemos pagado entre todos por más de 40.000 millones de euros.

Como no lo sé ni tengo pruebas no voy a dar pábulo a supuestas presiones o injerencias del poder financiero en la decisión final, denuncias que brotan sin estar acreditadas desde ciertas tribunas políticas y de la sociedad civil, lo que sí resulta meridianamente claro es casi nadie comparte ese criterio y que el propio Supremo se ha infligido un severo autocastigo. Esta gestión calamitosa supone un menoscabo importante al prestigio de la justicia, máxime cuando el mismo día recibía también un tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de imparcialidad en la causa contra Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales. Le toca al Poder Judicial trabajar (y mucho) para recuperar la reputación y la confianza perdidas en esta crisis.

¡Zas!

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha arrojado luz sobre el uso tendencioso y torticero que ministros, dirigentes del PP y algunos medios de comunicación estaban haciendo de la declaración de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El jefe de la más alta instancia judicial española ha asegurado que la citación es “un mero trámite”, que “no significa nada al día de hoy” y que los ex altos cargos “no pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado”. Este planteamiento desde el rigor supone una desautorización a muchos y muy especialmente al ministro de Justicia, que se aventuró a precisar “la comisión de delitos de malversación y cohecho”. Rafael Catalá se llevó un sonoro ¡zas! por seguir el argumentario insidioso de su partido, más preocupado en aniquilar al adversario político que en el esclarecimiento de los hechos. Si lo ha hecho por desconocimiento, malo. ¡En manos de quién está la Justicia de este país! Si ha actuado con fines menos confesables y de interés partidista, peor. Es triste que un ministro olvide que representa a todos los españoles. Serían más que oportunas unas disculpas públicas de Catalá.

PD.– Algunos medios que al saltar la noticia salieron en tropel curiosamente han reducido a la mínima expresión o escondido las palabras del presidente del Supremo. Un ejercicio curioso de deontología profesional.