Derecho protegido

La Junta de Andalucía culmina su producción legislativa para la lucha contra los desahucios. Hoy el Gobierno que preside Susana Díaz ha aprobado el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, un texto que será remitido al Parlamento para su debate. Es una norma que refuerza las medidas para luchar contra los desalojos y amplía la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en esta comunidad autónoma. La Junta podrá ejercer el derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas mediante un alquiler social. Para aplicar esta ley, la Junta ya ha reservado en los presupuestos de este año una partida de cuatro millones de euros. Estas viviendas se incorporarán al parque público de la administración autonómica.

Con este proyecto, el Gobierno de Andalucía completa la legislación más avanzada para evitar los desahucios. Esta comunidad cuenta con la ley de Función Social de la Vivienda, recurrida parcialmente ante el Tribunal Constitucional por el gabinete de Mariano Rajoy, y la ley de protección de consumidores en el mercado hipotecario. Así, Andalucía es la autonomía que ofrece más garantías en la protección del derecho a la vivienda.

Compromiso firme

Andalucía da un paso más en la protección de las personas vulnerables en materia de desahucios. Los presidentes de la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han firmado hoy un convenio que supone un importante avance para frenar los desahucios. Este convenio de colaboración, el más amplio de los que existen en nuestro país, permitirá que los jueces puedan comunicar a los desalojos de familias en riesgo de exclusión social e incluso podrán suspender el lanzamiento. De esta forma, los servicios sociales de la Junta y los municipales tendrán acceso a información sobre familias vulnerables frente a los desahucios y podrán actuar con tiempo para buscar una solución.

El texto contempla un protocolo de actuación para las ejecuciones hipotecarias. Se inicia con la información del Código de Buenas Prácticas para que los afectados puedan dirigirse a la entidad crediticia y proponer medidas. En los desahucios, la primera de ella es facilitar el acceso a los programas de los servicios sociales. Se adoptarán medidas para la pronta detección por parte del órgano judicial de los casos de riesgos, de los que darán traslado a los servicios sociales y a la Consejería de Fomento, para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.

Con este convenio, impulsado por la presidenta Susana Díaz, Andalucía refuerza su posición de liderazgo en la lucha contra los desahucios. Contamos con una ley de referencia como la de Función Social de la Vivienda. Una ley pionera y comprometida que no podemos desarrollar en su totalidad por el recurso presentado por el Gobierno del PP ante el TC.

Pese a todo, desde 2012 el Gobierno andaluz ha atendido a 7.877 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y es la única CCAA que ha paralizado los desahucios en el parque público de vivienda. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos querido seguir avanzando y hemos seguido legislando para dar más protección a los ciudadanos:

  • La ley de protección de los derechos de los usuarios ante el mercado hipotecario ya está en el Parlamento.
  • Estamos ultimando el proyecto de ley de tanteo y retracto de viviendas afectadas por desahucios y dentro de poco llegará a la Cámara para su debate.
  • El nuevo plan de vivienda y rehabilitación 2016-2020 tiene un alto componente social y facilitará el acceso a viviendas en alquiler a familias en riesgo de exclusión social.
  • Y aún un paso más: trabajamos ya en un plan de acción integral contra los desahucios. Contendrá un conjunto de medidas estructuradas en torno a seis áreas de actuación: Información y Asesoramiento, Asistencial, Mediación, Sanitaria, Legislativa y Cooperativa.

Los hechos son tozudos y demuestran el compromiso firme de la Junta por combatir este drama social de los desahucios.

Foto.- Díaz, Lesmes (CGPJ) y Rodríguez Villalobos (FAMP), durante la firma del convenio.

Luchando contra los desahucios

Obras son amores…, dice el refrán. El Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha en los últimos años una estrategia para luchar contra los desahucios. La ley de la función social de la vivienda, pese a los intentos del Gobierno de la nación por torpedearla, está dando resultados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta norma pionera, que hace frente a un drama social que se ha multiplicado como consecuencia de los estragos que ha causado la crisis en decenas de miles de familias. Así, las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Andalucía han evitado 7.877 desalojos en Andalucía tres años después de su puesta en funcionamiento en octubre de 2012. Estos puntos de asesoramiento han atendido a 19.519 ciudadanos y han abierto 10.372 expedientes de actuación. Estos datos confirman la utilidad de la norma y que desde las administraciones se pueden dar soluciones para los que peor lo han pasado en esta crisis. La ley de la función social de la vivienda constituye sólo un primer paso al que se ha seguido el proyecto de ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario, ya en debate en el Parlamento, y el anteproyecto de ley sobre el derecho de retracto de viviendas en situación de desahucio, ya en fase de elaboración. El camino se hace andando. Eso lo sabe bien el Gobierno que preside Susana Díaz.

Foto.El Correo de Andalucía.

Ni cristiano ni humano

El papa Francisco nos ha dejado uno de esos mensajes que tan bien suenan pero que tanto chirrían con las prácticas de los católicos que ocupan centros de poder. El pontífice considera que “no es cristiano ni humano” desalojar de sus casas a las personas que no tienen ni siquiera para comer. Y lo dice la misma semana que el Gobierno muy católico de Mariano Rajoy ha defendido su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, un proyecto para frenar los desahucios durante tres años a las víctimas de esta injusta y prolongada crisis.

Si inexplicable es la decisión, los argumentos resultan perversos y más desde la óptica que defiende Bergoglio frente al “drama social” de la usura. Dice el Ejecutivo del PP que “pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de España y de comenzar la senda de crecimiento económico“.  Poco importa en la Moncloa la situación de centenares de familias en situación de extrema vulnerabilidad. La preocupación gubernamental está sólo en reflotar el sistema financiero, al que le hemos inyectado más de 40.000 millones de euros de dinero público y la práctica totalidad se ha dado por perdido.

¿En qué cabeza entra que esta solución temporal a los desahucios a unos centenares de familia genere un riesgo de colapso financiero? Se hace una lectura mercantilista desde el Gobierno de Rajoy de la realidad que insulta la inteligencia colectiva y que, como diría Francisco, “hiere la dignidad de las personas”.

Recurso de tapadillo

Sin luz ni taquígrafos. El Gobierno de la nación está dando todos los pasos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley andaluza sobre la Función Social de la Vivienda, la conocida como ley antidesahucios, sin rendir cuentas públicas. Cero en transparencia para el Ejecutivo de Rajoy. Acuerdos y decisiones de los que no se informan porque resulta difícil explicar que se quiera bloquear una norma que piensa en las personas que sufren este drama social cuando se han regalado 40.000 millones de euros a los bancos.

A mediados de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó interponer el recurso ante la ley. De este acuerdo la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, no soltó prenda en su comparecencia. El asunto saltó a la palestra a través de los medios de comunicación que lo encontraron en referencia colgada en la página web. Tampoco ha publicitado el Gobierno la presentación formal del recurso ante el alto tribunal, ha preferido hacerlo de tapadillo.

Este silencio del Gobierno obedece a la complicada venta que tiene esta actitud hostil del Partido Popular hacia una ley con anclaje jurídico y, sobre todo, con una gran aceptación social. Están siguiendo desde la Moncloa una estrategia al estilo Rajoy: intentar sacar del debate público los temas espinosos y controvertidos. Le quieren poner sordina cuando lo que tienen que hacer es dar la cara y ofrecer explicaciones. ¿O es que les produce sonrojo la motivación de este injustificable recurso? Si algo no se puede contar o defender, no se debería hacer.

Cruel con los débiles

Primero recurrieron ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley, ahora lo hcen contra la ley sobre la función social de la vivienda aprobada por el Parlamento de Andalucía. Estamos ante un Gobierno de la nación insensible y que menosprecia a los ciudadanos y las instituciones de esta comunidad autónoma. Con este nuevo recurso a la ley antidesahucios, el gabinete de Rajoy ofrece su rostro antisocial. Es una respuesta que explica lo muy de derechas que es el PP. Se muestra cruel con los más débiles, las víctimas de esta crisis, y extremadamente benevolente con los poderosos.

No puede justificar el Gobierno este recurso ante una norma que tiene anclaje jurídico y que hace frente a un drama social como el de los desahucios. Y mucho menos cuando se le han dado fondos públicos a espuertas a los bancos. Es inmoral este recurso cuando se da por hecho que las entidades financieras no van a devolver casi 40.000 millones del dinero prestado, que es de todos, que sale de nuestros impuestos y de los recortes que estamos padeciendo. El Gobierno y el PP se ponen del lado de la banca y de espaldas a los ciudadanos.

Esta decisión del Consejo de Ministros va contra las instituciones de Andalucía. El Gobierno no sólo no respeta la voluntad mayoritaria del Parlamento de Andalucía, es que ni atiende la llamada de diálogo de la Junta de Andalucía. Desde hace meses, justo desde la aprobación de la ley, la Junta viene planteando una reunión de la Comisión Bilateral para que ambas administraciones diriman sus diferencias a través del diálogo. El Ejecutivo de la nación ha dado la callada por respuesta. No ha querido buscar el acuerdo y ha preferido actuar a las bravas contra una norma que respondía de acuerdo a Derecho a una demanda de la ciudadanía.

Al Gobierno del PP le molesta que Andalucía esté demostrando que otra política es posible. Por eso intenta frenar en los tribunales cualquier medida que desmonte la gran mentira que es que para salir de la crisis hay desmantelar el estado del bienestar y gobernar contra las personas.