La casa por el tejado

El aforamiento es una figura que permite a determinadas personas por el cargo o la función que desempeñan gozar de un fuero distinto y no son juzgadas por instancias ordinarias. Esta situación especial afecta a unas 250.000 personas, la mayoría, unas 232.000, forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El resto son jueces y fiscales (unos 10.000), integrantes de instituciones del Estado, cargos públicos y la familia real. Eso no significa que no tengan que pasar por el Supremo o tribunales superiores de Justicia de cada autonomía a rendir cuentas. Sin embargo, en los últimos tiempos este fuero particular se ha calificado como privilegio de quienes los disfrutan y se ha hecho mucha demagogia con su eliminación. Pues si hay que quitarlos, hágase para todos sin excepción, a escala nacional y no usar este debate cínicamente para desacreditar a la política y los políticos. Quien no tiene nada que temer ni que ocultar le da igual el tribunal que lo juzgue.

Hago esta reflexión previa porque el nuevo Gobierno de Andalucía, el trifachito de las derechas y la extrema derecha, ha anunciado el inicio del trámite para eliminar esta situación jurídica sólo para los cargos políticos en Andalucía. Es una medida que Ciudadanos insiste en sacar adelante en esta comunidad pero no impulsa en España ni en aquellas autonomías donde gobierna con o apoya al Partido Popular. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo incluyeron en el pacto de investidura con el PP y se les agota la legislatura, queda menos de un mes para la disolución del Parlamento autonómico, y no se han rasgado las vestiduras por el supuesto incumplimiento. Como sí hicieron en Andalucía rompiendo la colaboración con el PSOE, negándose siquiera a negociar los presupuestos de 2019 y provocando la convocatoria anticipada de elecciones.

El anuncio del Ejecutivo andaluz de PP, Cs y Vox se quedará aquí también en fuegos de artificio, un movimiento de cara a la galería sin visos de prosperar. Y es que hasta el propio presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo ve complicado. Su puesta en marcha necesita en Andalucía la reforma del Estatuto de Autonomía, con una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento, la remisión a las Cortes para su validación y su aprobación posterior por referéndum. Un camino largo y que exige un amplio consenso. Lo que pretenden es comenzar la casa por el tejado. Una medida de estas características requiere un gran acuerdo nacional y una aplicación en todo el territorio, no parches autonómicos que romperían la igualdad que hipotécticamente quieren conseguir con esta iniciativa.

¿Llevará el Partido Popular la eliminación de los aforamientos, todos los aforamientos, en su programa para las próximas elecciones? ¿Exigirá Ciudanos su aplicación en todo el territorio nacional y no sólo en aquellas comunidades donde le interese un titular en los medios de comunicación, muy al estilo del “perturbador” Rivera? Menos demagogia y más rigor para afrontar este asunto de manera global. Insisto, si hay que eliminar esta figura, hágase en toda España y para todos. Solo así sería justo y oportuno.

Una conquista excepcional

Cuando las conquistas sociales pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana apenas si le damos importancia, se convierten en rutina. Cuando las perdemos, como ha ocurrido con los recortes sufridos durante la crisis que estamos dejando atrás, entonces reparamos en ellas y les otorgamos su auténtico valor. Hago esta reflexión al hilo de que comienza el curso escolar y casi un millón de niños y niñas (946.000 exactamente) se van a beneficiar la gratuidad de libros de texto. Esta es una medida de apoyo a las familias que ha mantenido la Junta contra viento y marea, pese a los años de dificultades económicas y la deficiente financiación por parte del Gobierno de la nación. Quizá por eso, porque la hemos interiorizado, casi pasa desapercibida, es un asunto ordinario, cuando es excepcional por lo que significa y a quiénes beneficia. Supone un enorme esfuerzo presupuestario: nada menos que 706 millones de euros invertidos desde su puesta en marcha en 2005 y un ahorro medio de 200€ alumno/curso para cada familia. Son 10,6 millones los niños y niñas que se han beneficiado en este tiempo en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Más allá de los datos, lo que mucha gente no sabe es que Andalucía es la única comunidad autónoma que garantiza la gratuidad total de los libros en la etapa educativa obligatoria y además la tiene blindada para siempre como derecho reconocido por nuestro Estatuto de Autonomía. Este programa es una de las iniciativas que mejor identifican la apuesta del Gobierno andaluz por una educación pública en igualdad de oportunidades. Políticas socialistas de las que sentirse orgulloso.

 

Atajo inconstitucional

No sólo supone una enorme contradicción, sino además podría ser inconstitucional. El Consejo Consultivo de Andalucía considera inviable la iniciativa legislativa del Partido Popular para limitar los mandatos de los miembros del Gobierno de la Junta. Entiende que esa medida debe estar contemplada en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, para hacerse efectiva se requiere una reforma de la carta autonómica y no a través de una ley. Tremendo tirón de orejas del máximo órgano consultivo de Andalucía a un PP con demasiadas prisas e incongruencias. La derecha derrocha incoherencia intentando imponer en esta comunidad una limitación que allí donde gobiernan rechaza: lo que Moreno Bonilla plantea aquí, Rajoy no lo quiere para sí. Hace gala además de un estilo chapucero porque su objetivo no es mejorar la calidad de nuestra democracia, sino que su obsesión se llama Susana Díaz y está dispuesto el PP a transitar por cualquier atajo por desacertado que sea para no tener que medirse con la socialista en las urnas.

Participación ciudadana

Andalucía da un salto cualitativo para mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El Gobierno que preside Susana Díaz ha aprobado hoy el proyecto de ley de Participación Ciudadana, que supone un avance en la calidad de nuestra democracia y responde a una demanda social de primer orden. Éste era uno de los compromisos de investidura de la presidenta andaluza y ahora el texto será remitido al Parlamento para su debate. Esta ley y la de Transparencia Pública, ya en vigor en esta comunidad, constituyen dos caras de la misma realidad, el derecho de la ciudadanía a conocer, opinar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos que les afectan. La norma impulsa formas directas de participación ciudadana que complementen a las instituciones representativas y apura los límites que marcan la doctrina del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El proyecto de ley, en cuya elaboración se ha contado con la opinión de unas 5.500 personas, pretende construir una democracia participativa favoreciendo un nuevo modelo de relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Se da más protagonismo a los andaluces en la toma de decisiones, con herramientas para que puedan elevar su voz y ser tenida en cuenta por las instituciones. Se extiende el ejercicio de participación a todos los andaluces y extranjeros residentes a partir de 16 años, el ámbito de aplicación es la Junta y las corporaciones locales de esta comunidad y se regula el uso de las nuevas tecnologías de información para hacer efectivo este derecho.

Uno de los asuntos más novedosos son las consultas. Éstas deberán ceñirse al ámbito de cada administración y no pueden tener carácter refrendario, como ha estipulado el Constitucional. Las consultas no son vinculantes pero las instituciones en caso de no asumir el resultado de los procesos participativos Junta, diputaciones y ayuntamientos tienen que motivar su negativa. La administración es la competente para poner en marcha la consulta, bien de oficio o a instancias de personas físicas o de entidades de participación ciudadana.

En definitiva, se desarrolla el derecho de participación ciudadana como un derecho político, subjetivo y universal hasta los límites que permite nuestro actual marco legislativo. Andalucía toma de nuevo la delantera en la profundización de nuestra democracia.

El frente del no ante su espejo

El mero recuerdo de que el bloqueo a la investidura de Susana Díaz conduce a la repetición de las elecciones ha situado a la oposición andaluza ante el espejo de sus contradicciones. No es ningún ardid político ni tampoco una amenaza, como ha señalado algún medio de comunicación de ideología conservadora. Se trata simplemente de refrescar lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Dice el Estatuto de Autonomía, en su artículo 118.3, que “si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones“. La cuenta atrás por la actitud obstruccionista de los cuatro grupos (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) concluye el 5 de julio, día que, casualmente, la Cámara celebra el nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Desde hoy quedan 50 días para evitar que los andaluces y las andaluzas sean llamados de nuevo a las urnas si no impera el sentido común y se deja gobernar al único partido que quiere y puedo hacerlo, que es el PSOE.

Sin embargo, la oposición, por distintos motivos, aplaza cualquier movimiento a que pasen las elecciones municipales del 24 de mayo. Unos a ver si consiguen un cambalache entre Junta y alcaldías, otros porque se miran de reojo y no quieren dar ningún paso que pueda erosionar su estrategia electoral o soliviantar a sus bases. Lo cierto es que todos los intentos de negociación impulsados por Susana Díaz se han chocado con las cábalas electorales del resto de formaciones. Y, mientras tanto, se somete la voluntad del pueblo andaluz, que habló alto y claro el pasado 22 de marzo: no dio una mayoría absoluta pero sí un mapa electoral con un triunfador nítido; se desprecia el significado y el simbolismo del 28-F al supeditar el autogobierno andaluz a otros comicios y al interés particular de determinadas siglas, y sobre todo se perjudica a los ciudadanos que cuentan con un gobierno en funciones con las limitaciones de gestión que esto constituye.

Con honestidad, Susana Díaz y el PSOE han dado pasos para, al menos, favorecer la gobernabilidad de Andalucía. No se está pidiendo el apoyo sino que se deje gobernar en virtud de la enorme diferencia entre el primero y los demás. La propia presidenta inició una ronda de contactos con todos los partidos y agentes económicos y sociales y una delegación socialista ha negociado hasta la extenuación con homólogos de PP, Podemos, Ciudadanos e IU. El discurso de investidura recogía propuestas de todas las fuerzas políticas, era un texto en el que se podían sentir reflejados. El PSOE se ha movido mientras que los demás plantean líneas rojas inamovibles. Negociar es ceder por ambos lados, no imponer. Y lo peor de todo es que el ‘frente del no’ no plantea ninguna otra candidatura alternativa, que sería legítimo y democrático, simplemente se han instalado en el veto y la obstrucción.

Ningún partido de la oposición dice querer la repetición de las elecciones. Pero cuando se les ha enfrentado ante el reflejo de su irresponsabilidad no salen muy bien parados. Su comportamiento no responde al nuevo tiempo de la política que piden los ciudadanos. El 25 de mayo, en plena resaca de las municipales, ya no caben más excusas. Y el reloj seguirá descontado fechas. Sólo faltarán 40 días para el 5 de julio. Que brille la sensatez y no se tenga al pueblo andaluz en cuarentena.

Foto.- Efe.

Intereses abusivos

El Partido Popular repite de forma cansina una cantinela falsa para tapar el castigo financiero al que el Gobierno de la nación somete a Andalucía. No cuela su propaganda: los andaluces ya tienen calados a los supuestos benefactores del palo y tentetieso. Son muchos los datos que acreditan esta discriminación sistemática: la aplicación de manera incorrecta del sistema de financiación (1.000 millones menos al año), la negativa a conceder un plan extraordinario de empleo como sí ha hecho con otras autonomías, el no cumplimiento del Estatuto en el reparto de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con el peso de la población, el recorte de 314 millones de euros para la atención a las personas en situación de dependencia… Suma y sigue.

Otro episodio de esta guisa lo encontramos con los instrumentos de liquidez (el FLA y el mecanismo de pago a proveedores) que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda. No son regalos ni concesiones graciosas a las comunidades autónomas. Son préstamos en toda regla por mucho que el PP los quiera disfrazar de supuesto donativo gracias a la bondad sin límites del gabinete que preside Rajoy. Tal es así que Andalucía tendrá que abonar más de 560 millones en intereses, 200 millones durante el presente ejercicio. Para 2015, esta comunidad se ahorraría hasta 120 millones de euros si se nos aplicará simplemente intereses a precio de mercado. ¡La de cosas que se podrían hacer con 120 millones en políticas de empleo, de defensa del estado del bienestar o en la recuperación de los derechos arrebatados a los empleados públicos! Sin embargo, el Gobierno mantiene un diferencial superior al mercado y busca hacer negocio. Cierto que la Administración central facilita liquidez a las autonomías por el cierre a cal y canto de los mercados financieros, pero resulta abusivo que se pretenda hacer caja a costa de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso no es colaboración institucional, eso se llama negocio.

Foto.- ABC. Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado.

Más participación, más democracia

Andalucía toma de nuevo la delantera en mejoras de la calidad de nuestra democracia. A la ley de Transparencia, ya aprobada por el Parlamento, hoy se ha comenzado a tramitar el anteproyecto de ley de Participación Ciudadana, un texto muy avanzado que da voz a los ciudadanos en los asuntos públicos y que, por tanto, da argumentos para que la gente se sienta más cerca de la política y recupere la confianza en su instituciones. La unión de las dos leyes dará respuesta a una demanda social: por un lado, el ciudadano podrá conocer en qué se gasta el dinero de sus impuestos y, por otro, podrá participar a qué se destina. Andalucía responde con más democracia frente a la desafección política, favoreciendo la rendición de cuentas y la corresponsabilidad de los ciudadanos y su Gobierno.

Este anteproyecto de ley se inspira en el derecho de participación tal y como se regula en el Estatuto de Autonomía, la Constitución y las recomendaciones de las instituciones europeas. Todas las personas inscritas en el padrón mayores de 16 años gozarán de un derecho que les permitirá participar en las decisiones públicas. Los vecinos de Andalucía podrán marcar determinadas prioridades de gasto con los presupuestos participativos y trasladar propuestas a los anteproyectos de ley, reglamentos o formular sugerencias a las políticas públicas. Tanto el Gobierno andaluz como los ayuntamientos o los propios ciudadanos podrán impulsar consultas populares en lo referido a las competencias autonómicas y locales. Consultas que no son vinculantes aunque desde luego comprometen políticamente a las instituciones.

Un proyecto de ley que ahora comienza a tramitarse y que avanza hacia una democracia más participativa. Un salto más que le permite a Andalucía marcar diferencia y ser referencia para el resto de España.

Foto.- ABC. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente Diego Valderas.

El PP y el Guadalquivir

No soy muy optimista y ojalá me equivoque. En poco más de una hora, el Partido Popular hará otro gesto de desprecio para con Andalucía. Pese a todo, aún está a tiempo de reconsiderar su postura y no usar su mayoría absoluta para torcer la voluntad de Andalucía a favor de la delegación de competencias del Guadalquivir a través de la fórmula constitucional recogida en el artículo 150.2. La sesión del Congreso de los Diputados dirime hoy un asunto importante para esta tierra. El gran río es un elemento crucial para Andalucía y no sólo por razones históricas e identitarias, lo es como fundamentalmente como factor económico y de generación de empleo. Me entristece que el PP andaluz dé la espalda a esta reivindicación de nuestra comunidad autónoma y se someta a los designios de su dirección nacional. Sería gratificante un gesto de coherencia, incluso de rebeldía, de los diputados conservadores andaluces y que votaran al menos como lo hicieron en su día en el Parlamento de Andalucía en 2011. En la cámara regional el PP votó a favor de algunos artículos y se abstuvo en otros. Lamentablemente, el PP andaluz se desmarca del acuerdo y del propio espíritu que propició la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.

Función social de la vivienda

La Junta de Andalucía ha vuelto a demostrar que es posible gobernar de otra forma, pensando en las personas y no en los mercados. El Gobierno que preside Pepe Griñán ha aprobado el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que permitirá a la administración autonómica expropiar de forma temporal a los bancos para evitar desahucios. Es, por tanto, una medida de indudable calado social, que da respuesta a una insistente demanda de los ciudadanos y sitúa una vez más a Andalucía como referencia en el conjunto de España.

El decreto, impulsado por la consejera de Fomento, Elena Cortés, supone un giro radical en la forma de encarar la vivienda (de la vivienda como mercancía, a la vivienda como derecho) y responde a una situación de evidente emergencia social. Frente al debate jurídico que ha suscitado, tiene anclaje en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación comparada de países de nuestro entorno. Su fundamento es anteponer la defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes promotoras.

Los elementos más destacados son:

  • Afecta a personas jurídicas y no a las físicas.
  • Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías.
  • Incentivos para personas físicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos; medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda.
  • Expropiación temporal (máximo de tres años) del uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social. El precio es el 2% del justiprecio.
  • Quedan fuera las segundas residencias, las de recreo y reguladas por la legislación turística.

El objetivo del Gobierno andaluz es hacer aflorar el máximo número posible del millón de viviendas vacías. Éste es un primer paso y no será el último porque hay muchas personas que, además de estar en paro, tienen un alto nivel de endeudamiento lo que se está convirtiendo en una nueva forma de marginación social.

La reacción a esta medida ha sido la esperada. Posición contraria de los bancos, los inmobiliarias y las promotoras, anuncio de recurso por parte del Gobierno de la nación y postura crítica de los altavoces mediáticos de la derecha. Oponerse a este decreto supone relegar a las personas y defender a los poderosos. En cambio, la ciudadanía ha acogido con buenos ojos un avance legislativo que les favorece. Canarias ya anunciado que legislará en este sentido, en Extremadura la izquierda cuenta con mayoría para aprobar una medida similar en su Parlamento y en Murcia, gobernada por el PP, no se ha cerrado la posibilidad a importar estos cambios normativos. El debate está abierto.

Hacia una sanidad mercantilista

La sanidad deja en dos días de ser un derecho universal en España y se convierte en una mercancía. El sábado entra en vigor la nueva y regresiva legislación del Gobierno de Rajoy en materia de sanidad pública. La exclusión de una serie de colectivos, especialmente los inmigrantes sin papeles, da paso a un modelo mercantilizado (el modelo del aseguramiento) y abre la puerta a la progresiva privatización del sistema público. Esperemos que el Tribunal Constitucional ponga coto a este atropello.

Dejar fuera del sistema a determinadas capas sociales presenta más inconvenientes que ventajas. No es sólo una cuestión humanitaria o de incumplimiento de la Constitución española (y el Estatuto de Autonomía de Andalucía), que evidentemente lo es. Conviene destacar dos elementos que engarzan con el pragmatismo que preside esta sociedad cada vez más individualizada y egoísta: excluir a determinados grupos puede generar problemas de salud pública (por ejemplo, si se producen brotes infecciosos entre personas no aseguradas y no se atienden, se pone en riesgo al conjunto de la población) y no mejora la gestión ni se produce ahorro de dinero público (lo que no se previene en atención primaria, son complicaciones y más gasto en atención hospitalaria).

Por tanto, es lógica la reacción conjunta de cuatro autonomías (precisamente las no gobernadas por el PP: Andalucía, Asturias, Canarias y Euskadi) de dar plantón a la ministra Mato y levantar la voz contra esta marcha atrás en nuestras conquistas democráticas. Tampoco  dejará sin atención a los sin papeles Cataluña y Navarra habilitará una línea de ayudas para no penalizarlos. Incluso una comunidad con gobierno popular, como es Castilla y León, se sale del guión que le marca Moncloa y mantendrá la cobertura universal. Desde el sábado, 153.000 inmigrantes irregulares tendrán acceso a la sanidad pública dependiendo de la comunidad en la que residan. En algunos sitios sólo tendrán tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.

PD.- Hace unos días, se podía leer un interesante artículo en El País de Joan Benach, profesor de Salud Pública: Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía. (De lectura obligatoria).