El sainete de Podemos

Sin encomendarse a sus compañeros catalanes, los comunes, Pablo Iglesias anunció ayer por sorpresa la decisión de Unidos Podemos de impugar ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Como en un corral de comedias, entró en escena un Xavier Domènech despavorido por una proclama que rompe su campaña de la equidistancia en las elecciones del 21 de diciembre. Todo un sainete a apenas tres semanas de los comicios. Lo que no podían hacer los independentistas por falta de diputados en el Congreso se lo pone en bandeja la formación morada. Se necesitan 50 parlamentarios para presentar un recurso ante el TC.

Todo el mundo era consciente de los coqueteos de Iglesias y su troupe con los separatistas. Pero esta iniciativa indica bien a las claras del lado que está Podemos. La posición sobre Cataluña está abriendo un abismo entre Iglesias y sus votantes. Ya lo alertó una de las cofundadoras, Carolina Bescansa, pidiendo que su partido “hablara más a España y a los españoles y menos a los independentistas”. Su sugerencia, salta a la vista, ha caído en saco roto. La cúpula nacional de Podemos se ha abrazado al secesionismo. Cada día tiene más poder el ala más radical y antisistema.

Iglesias pretende retorcer la realidad. La aplicación del 155 fue la respuesta constitucional y políticamente adecuada a la declaración unilateral de independencia tras un referéndum ilegal. Y ante el disparate separatista, nada mejor que hable la democracia, que los ciudadanos voten… Aunque a Podemos le gusta más un referéndum de independencia que unas elecciones autonómicas. Qué perdidos están.

Participación ciudadana

Andalucía da un salto cualitativo para mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El Gobierno que preside Susana Díaz ha aprobado hoy el proyecto de ley de Participación Ciudadana, que supone un avance en la calidad de nuestra democracia y responde a una demanda social de primer orden. Éste era uno de los compromisos de investidura de la presidenta andaluza y ahora el texto será remitido al Parlamento para su debate. Esta ley y la de Transparencia Pública, ya en vigor en esta comunidad, constituyen dos caras de la misma realidad, el derecho de la ciudadanía a conocer, opinar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos que les afectan. La norma impulsa formas directas de participación ciudadana que complementen a las instituciones representativas y apura los límites que marcan la doctrina del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El proyecto de ley, en cuya elaboración se ha contado con la opinión de unas 5.500 personas, pretende construir una democracia participativa favoreciendo un nuevo modelo de relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Se da más protagonismo a los andaluces en la toma de decisiones, con herramientas para que puedan elevar su voz y ser tenida en cuenta por las instituciones. Se extiende el ejercicio de participación a todos los andaluces y extranjeros residentes a partir de 16 años, el ámbito de aplicación es la Junta y las corporaciones locales de esta comunidad y se regula el uso de las nuevas tecnologías de información para hacer efectivo este derecho.

Uno de los asuntos más novedosos son las consultas. Éstas deberán ceñirse al ámbito de cada administración y no pueden tener carácter refrendario, como ha estipulado el Constitucional. Las consultas no son vinculantes pero las instituciones en caso de no asumir el resultado de los procesos participativos Junta, diputaciones y ayuntamientos tienen que motivar su negativa. La administración es la competente para poner en marcha la consulta, bien de oficio o a instancias de personas físicas o de entidades de participación ciudadana.

En definitiva, se desarrolla el derecho de participación ciudadana como un derecho político, subjetivo y universal hasta los límites que permite nuestro actual marco legislativo. Andalucía toma de nuevo la delantera en la profundización de nuestra democracia.

La puntilla

Las tasas judiciales, uno de los mayores ataques del Gobierno de Mariano Rajoy a la igualdad en España, ya son historia. El Tribunal Constitucional le acaba de dar la puntilla al declarar inconstitucional estos gravámenes. El Consejo de Ministros ya rectificó parcialmente su despropósito y anuló en 2015 las que afectaban a las personas físicas ante la evidencia de que esta medida podía vulnerar los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24 de la Constitución. En Moncloa habrían oído campanas y eliminaron esa parte. Y ahora ha llegado el fallo de TC, que se refiere a las tasas en su globalidad, aunque de facto sobre tendrá incidencia en las que aún estaban en vigor: las de las personas jurídicas (empresas, ONG, partidos políticos…) porque, según recoge la sentencia, impiden por su elevada cuantía el acceso a la Justicia.

Este capricho de Alberto Ruiz Gallardón, muy contestado por juristas y la oposición política en su momento, ha concluido en gran fracaso. No sólo instauraba una administración de justicia a dos velocidades, limitando el acceso a aquellos que podían pagar las tasas, sino que además no consiguió ninguno de los objetivos de mejora que se habían planteado con esta norma tan injusta. Es una ley que se puso en marcha para disuadir al ciudadano y con un claro fin recaudatorio. Y todo ese dinero tributado no se ha destinado a ofrecer un mejor servicio público. Se intentó matar moscas a cañonazos perjudicando a los que querían ejercitar correctamente su derecho a recurrir. Y eso es lo más grave de este resbalón del Gobierno del PP: la flagrante vulneración de principios constitucionales esenciales como el de igualdad o la tutela judicial efectiva, motivos por los que la Junta de Andalucía llegó a interponer dos recursos ante el Tribunal Constitucional.

Para el PP esta sentencia constituye un severo varapalo, pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos le permite pasar página de un mal sueño.

Foto.- EFE. Gallardón y Rajoy.

Luchando contra los desahucios

Obras son amores…, dice el refrán. El Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha en los últimos años una estrategia para luchar contra los desahucios. La ley de la función social de la vivienda, pese a los intentos del Gobierno de la nación por torpedearla, está dando resultados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta norma pionera, que hace frente a un drama social que se ha multiplicado como consecuencia de los estragos que ha causado la crisis en decenas de miles de familias. Así, las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Andalucía han evitado 7.877 desalojos en Andalucía tres años después de su puesta en funcionamiento en octubre de 2012. Estos puntos de asesoramiento han atendido a 19.519 ciudadanos y han abierto 10.372 expedientes de actuación. Estos datos confirman la utilidad de la norma y que desde las administraciones se pueden dar soluciones para los que peor lo han pasado en esta crisis. La ley de la función social de la vivienda constituye sólo un primer paso al que se ha seguido el proyecto de ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario, ya en debate en el Parlamento, y el anteproyecto de ley sobre el derecho de retracto de viviendas en situación de desahucio, ya en fase de elaboración. El camino se hace andando. Eso lo sabe bien el Gobierno que preside Susana Díaz.

Foto.El Correo de Andalucía.

Boicotear para luego copiar

El tiempo pone las cosas en su sitio. El Gobierno de la nación ha tenido que rectificar y, finalmente, va a poner en marcha un sistema de subasta de medicamentos similar al que se desarrolla en Andalucía y que ha venido boicoteando y recurriendo ante el Tribunal Constitucional durante los últimos cuatro años. Como andaluz, celebro que el gabinete de Mariano Rajoy haya entrado en razón y copie un sistema que beneficia a los ciudadanos. De esta forma, y con total garantía de los fármacos, se abarata el coste para los usuarios y se reduce el margen de beneficio de las grandes multinacionales. Es una marcha atrás en toda regla. Se han puesto todas las trabas posibles desde la Moncloa para que esta medida de selección del medicamento prospere en Andalucía… Y supone un ahorro de entre 150 y 200 millones anuales que revierte en el sistema público sanitario.

Al Gobierno del PP no le ha quedado más remedio que claudicar y aceptar la bonanza de este modelo. Sólo se podía entender su actitud de bloqueo a esta iniciativa desde una perspectiva ideológica: el beneficio a las farmacéuticas en detrimento de los ciudadanos. En este caso, como en otros muchos en lo que va de legislatura, cuando rectifica, acierta. Más vale tarde que nunca… Y que mal queda el PP de Andalucía, que esta misma semana iniciaba una ofensiva contra las subastas de la Junta desde la irresponsabilidad e intentando generar alarma entre los enfermos. Sus propios compañeros de Madrid los han situado ante el espejo de sus mentiras.

El uso racional del medicamente es una de las estrategias que despliega Andalucía para ahondar en la eficiencia del sistema público, junto a la cirugía mayor ambulatoria y las centrales logísticas de compra. Una buena manera de defender lo público es garantizar su excelencia y demostrar su eficacia, como hace el Gobierno de Susana Díaz.

Foto.eldiario.es.

La derecha insensible

No entiendo cómo el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy festejan que el Tribunal Constitucional haya dejado sin efecto cuatro artículos del decreto ley de función social de la vivienda impulsado por la Junta de Andalucía. Parece que no sienten el dolor de las miles de familias que han sufrido y sufren el drama de los desahucios. A la derecha le falta humanidad, le sobra arrogancia y no empatiza con la preocupación de la gente. La respuesta tras el fallo del TC retrata a un PP insensible que antepone cuestiones económicas al bienestar de las personas. Ya saben el motivo que les hace perder votos a mansalva en las últimas elecciones. No son capaces de ponerse en el pellejo de las víctimas de la crisis. Siguiendo el esquema mental de Rajoy, ellos entienden que ya nadie habla de paro, ni de desahucios, ni de la atención a las personas con dependencia, ni de las becas cada vez más bajas, ni de las tasas de pobreza… La derecha vive en un su mundo paralelo, con circunstancias muy distintas a las que viven las familias trabajadoras. Se han regocijado de que el alto tribunal declare inconstitucionales cuatro preceptos del decreto ley recurridos por Rajoy. ¡Menudo triunfo!

Frente al primer recurso del PP, el Gobierno de Andalucía tramitó una segunda iniciativa legislativa: la ley sobre la función social de la vivienda. Y la reacción desde la Moncloa fue idéntica: otro recurso al canto. Si tuviera un mínimo de solidaridad y justicia social, Rajoy debería retirar cuanto antes este segundo recurso y dejar que se despliegue en su plenitud la normativa andaluza antidesahucios. El empecinamiento en boicotear esta norma impide que se le pueda dar una respuesta desde las instituciones a los colectivos más vulnerables. La crisis sigue haciendo estragos, aunque el presidente del Gobierno no lo quiera ver, y muchas personas se siguen viendo abocadas a dejar sus hogares. Si no mueve un dedo, demostrará una enorme ceguera política y sobre todo una carencia total de sentimientos.

Sueldos y sobresueldos

Siempre he defendido que los representantes públicos han de tener un salario digno. Fundamentalmente, para que las administraciones puedan contar con los y las mejores al servicio de la comunidad. Un salario digno, público y único. Se ha de imponer la máxima de una persona, un cargo y un sueldo. La ciudadanía reclama políticos dedicados a tiempo completo a su responsabilidad pública. Así, lo defendí como diputado hace ya casi tres años durante la reforma de la Ley Electoral de Andalucía para hacer incompatible el cargo de parlamentario autonómico con el de alcalde, presidente de Diputación y de Mancomunidad. La iniciativa contó con el apoyo mayoritario del Parlamento (PSOE e IU) y el rechazo del PP. Y nada más llegar al Gobierno de la nación Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida andaluza para paralizarla mientras que falla sobre el fondo el alto tribunal. (((Ahora con todo lo que conocemos de sobres y cajas B entendemos perfectamente por qué))).

Hago esta reflexión después de conocer que Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, es el cargo público en España que más gana, con 156.000 euros brutos anuales. De la lectura de los periódicos se concluye que ingresa por tres cargos, cuyos salarios acumula, y un sobresueldo del partido. Cobra como alcaldesa, diputada autonómica y como miembro de la Autoridad Portuaria. Y por su tuviera problemas para llegar a final de mes, su partido le da un complemento de 50.000 euros. Además de los cuantiosos emolumentos, sorprende la capacidad de la regidora valenciana para atender a tantos frentes. Nos recuerda el acertado refranero español que quien mucho abarca, poco aprieta.

La tormenta por la dimisión de Leopoldo González-Echenique como presidente de RTVE nos ha traído una derivada sorprendente. El que se queda como presidente en funciones, José Manuel Peñalosa, miembro del consejo de administración a propuesta del PP, trabaja también como asesor del grupo parlamentario popular y recibe el nada despreciable óbolo de 3.000 euros netos al mes. Este extraña colisión de los ámbitos público y privado exige una revisión del régimen de incompatibilidades. No parece razonable que uno de los encargados de velar por la misión de servicio público, la pluralidad y la independencia de RTVE cobre sobresueldos del PP.

Con esto, que es tan sólo la punta del iceberg de una historia sobrecogedora, cuesta mucho trabajo aceptar lecciones de ética y propuestas de regeneración democrática que vienen de la mano del PP.

PD.- Unas horas después de escribir este post se ha conocido que el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza que declara que los cargos de alcalde, presidente de diputación provincial y presidente de las mancomunidades de municipios es incompatible con el mandato de diputado autonómico, por lo que, en el caso de que se acumulen ambas condiciones, debe optarse por una de ellas. Un notivo de satisfacción para los que propugnamos la máxima de una persona, un cargo.

El perro del hortelano

Dice el sabio refranero español que el perro del hortelano ni come ni deja comer. Y así actúa el Gobierno de Mariano Rajoy con Andalucía. No concede a esta comunidad un plan de empleo extraordinario que sí ha dado a otras autonomías con similares cifras de paro y ayer se descuelga recurriendo la reapertura del mina de Aznalcóllar, un proyecto que cuenta con todos los parabienes jurídicos y de protección medioambiental y que supondría una inversión de varios cientos de millones de euros y muchos puestos de trabajo. La reapertura de la mina cuenta con el apoyo unánime del Parlamento de Andalucía, incluido el Partido Popular, los empresarios y los sindicatos. Aquí todas a una y el perro del hortelano de la Moncloa quitando el pan de la mesa a muchas familias que tenían expectativas de encontrar empleo. Antes del cierre de la explotación por la rotura de la balsa de lodos en 1998 ocupaba a más de un millar de personas, entre indefinidos y eventuales.

El Ejecutivo central se ha agarrado a una ley franquista de 1973 para paralizar la puesta en marcha del proyecto minero. No sólo dinamita la creación de empleo, sino que pisotea el autogobierno de Andalucía. El Estatuto de Autonomía, reformado en 2007, aprobado por unanimidad por las Cortes Generales (también con el voto de Rajoy) y ratificado por el pueblo andaluz en referéndum, confiere al Gobierno autonómico competencias exclusivas sobre fomento y planificación de la actividad económica (artículo 58.2, apartado 1). El Consejo de Ministros ha actuado con nocturnidad y alevosía. Ha aprobado la interposición de este recurso de inconstitucionalidad sin entablar el más mínimo diálogo con la administración andaluza y sin importarle las consecuencias en materia de empleo y de reactivación económica de esta tierra.

La decisión del gabinete de Rajoy es una agresión en toda regla, gratuita y brutal, que sólo se explica por la animadversión y desprecio del PP hacia a Andalucía. Esta semana lo hemos comprobado en boca del otrora moderado Alberto Ruiz Gallardón, para quien esta tierra “se define y caracteriza por el paro, el fracaso escolar y los ERE“. Ese es el cariño que profesa la derecha a Andalucía. El recurso a la reapertura de esta explotación extractiva pretende minar la reactivación económica de esta autonomía, que le es incomoda al PP porque está demostrando que otra forma de hacer política es posible y, pese a todas las zancadillas, va a crecer más y más rápido que el resto de España.

El flamante presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene ante sí una nueva oportunidad de demostrar si está al lado de los andaluces o de Rajoy, si tiene autonomía para defender los intereses de la comunidad autónoma o se rige por las órdenes que recibe desde el Palacio de la Moncloa o desde la sede nacional de su partido en la madrileña calle Génova. No albergo esperanzas de que MB tenga agallas de alzar la voz y plantearse delante de los suyos. No osará a rebelarse ante el dedo divino que lo señaló para ocupar el cargo. Aunque con esa actitud pusilánime se quede en evidencia ante la sociedad andaluza. No hará nada y ojalá me equivoque.

Moratoria para desahucios

El Consejo de Gobierno ha decidido plantear a las entidades financieras una moratoria de desahucios para la vivienda habitual y permanente en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de la nación contra el decreto sobre la función social de la vivienda. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta se dirigirá a las entidades financieras que operan en Andalucía y les pedirá que durante los cinco meses de suspensión cautelar de la norma dejen de ejecutar desalojos de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. En este plazo, el alto tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión que pesa sobre esta norma andaluza por el recurso planteado por el Gobierno central.

Con esta iniciativa política, la Junta de Andalucía da respuesta a la situación de indefensión y angustia en la que han quedado las familias que se habían acogido al decreto y las otras muchas que también se podrían adherir por encontrarse en riesgo de exclusión social. El texto es perfectamente constitucional y respetuoso con la doctrina del alto tribunal sobre la función social de la propiedad. En ese sentido, se están redactando alegaciones para solicitar el levantamiento de la suspensión cautelar porque el daño causado a una familia cuando se la expulsa de su casa es irreparable. El Gobierno de Andalucía no renuncia a una medida que considera de justicia social. Así el decreto se está tramitando ya como proyecto de ley y cuando sea aprobado por el Parlamento, la ciudadanía tendrá de nuevo acceso a este instrumento para combatir este drama social.