El sainete de Podemos

Sin encomendarse a sus compañeros catalanes, los comunes, Pablo Iglesias anunció ayer por sorpresa la decisión de Unidos Podemos de impugar ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Como en un corral de comedias, entró en escena un Xavier Domènech despavorido por una proclama que rompe su campaña de la equidistancia en las elecciones del 21 de diciembre. Todo un sainete a apenas tres semanas de los comicios. Lo que no podían hacer los independentistas por falta de diputados en el Congreso se lo pone en bandeja la formación morada. Se necesitan 50 parlamentarios para presentar un recurso ante el TC.

Todo el mundo era consciente de los coqueteos de Iglesias y su troupe con los separatistas. Pero esta iniciativa indica bien a las claras del lado que está Podemos. La posición sobre Cataluña está abriendo un abismo entre Iglesias y sus votantes. Ya lo alertó una de las cofundadoras, Carolina Bescansa, pidiendo que su partido “hablara más a España y a los españoles y menos a los independentistas”. Su sugerencia, salta a la vista, ha caído en saco roto. La cúpula nacional de Podemos se ha abrazado al secesionismo. Cada día tiene más poder el ala más radical y antisistema.

Iglesias pretende retorcer la realidad. La aplicación del 155 fue la respuesta constitucional y políticamente adecuada a la declaración unilateral de independencia tras un referéndum ilegal. Y ante el disparate separatista, nada mejor que hable la democracia, que los ciudadanos voten… Aunque a Podemos le gusta más un referéndum de independencia que unas elecciones autonómicas. Qué perdidos están.

Participación ciudadana

Andalucía da un salto cualitativo para mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El Gobierno que preside Susana Díaz ha aprobado hoy el proyecto de ley de Participación Ciudadana, que supone un avance en la calidad de nuestra democracia y responde a una demanda social de primer orden. Éste era uno de los compromisos de investidura de la presidenta andaluza y ahora el texto será remitido al Parlamento para su debate. Esta ley y la de Transparencia Pública, ya en vigor en esta comunidad, constituyen dos caras de la misma realidad, el derecho de la ciudadanía a conocer, opinar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos que les afectan. La norma impulsa formas directas de participación ciudadana que complementen a las instituciones representativas y apura los límites que marcan la doctrina del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El proyecto de ley, en cuya elaboración se ha contado con la opinión de unas 5.500 personas, pretende construir una democracia participativa favoreciendo un nuevo modelo de relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Se da más protagonismo a los andaluces en la toma de decisiones, con herramientas para que puedan elevar su voz y ser tenida en cuenta por las instituciones. Se extiende el ejercicio de participación a todos los andaluces y extranjeros residentes a partir de 16 años, el ámbito de aplicación es la Junta y las corporaciones locales de esta comunidad y se regula el uso de las nuevas tecnologías de información para hacer efectivo este derecho.

Uno de los asuntos más novedosos son las consultas. Éstas deberán ceñirse al ámbito de cada administración y no pueden tener carácter refrendario, como ha estipulado el Constitucional. Las consultas no son vinculantes pero las instituciones en caso de no asumir el resultado de los procesos participativos Junta, diputaciones y ayuntamientos tienen que motivar su negativa. La administración es la competente para poner en marcha la consulta, bien de oficio o a instancias de personas físicas o de entidades de participación ciudadana.

En definitiva, se desarrolla el derecho de participación ciudadana como un derecho político, subjetivo y universal hasta los límites que permite nuestro actual marco legislativo. Andalucía toma de nuevo la delantera en la profundización de nuestra democracia.

La puntilla

Las tasas judiciales, uno de los mayores ataques del Gobierno de Mariano Rajoy a la igualdad en España, ya son historia. El Tribunal Constitucional le acaba de dar la puntilla al declarar inconstitucional estos gravámenes. El Consejo de Ministros ya rectificó parcialmente su despropósito y anuló en 2015 las que afectaban a las personas físicas ante la evidencia de que esta medida podía vulnerar los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24 de la Constitución. En Moncloa habrían oído campanas y eliminaron esa parte. Y ahora ha llegado el fallo de TC, que se refiere a las tasas en su globalidad, aunque de facto sobre tendrá incidencia en las que aún estaban en vigor: las de las personas jurídicas (empresas, ONG, partidos políticos…) porque, según recoge la sentencia, impiden por su elevada cuantía el acceso a la Justicia.

Este capricho de Alberto Ruiz Gallardón, muy contestado por juristas y la oposición política en su momento, ha concluido en gran fracaso. No sólo instauraba una administración de justicia a dos velocidades, limitando el acceso a aquellos que podían pagar las tasas, sino que además no consiguió ninguno de los objetivos de mejora que se habían planteado con esta norma tan injusta. Es una ley que se puso en marcha para disuadir al ciudadano y con un claro fin recaudatorio. Y todo ese dinero tributado no se ha destinado a ofrecer un mejor servicio público. Se intentó matar moscas a cañonazos perjudicando a los que querían ejercitar correctamente su derecho a recurrir. Y eso es lo más grave de este resbalón del Gobierno del PP: la flagrante vulneración de principios constitucionales esenciales como el de igualdad o la tutela judicial efectiva, motivos por los que la Junta de Andalucía llegó a interponer dos recursos ante el Tribunal Constitucional.

Para el PP esta sentencia constituye un severo varapalo, pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos le permite pasar página de un mal sueño.

Foto.- EFE. Gallardón y Rajoy.

Luchando contra los desahucios

Obras son amores…, dice el refrán. El Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha en los últimos años una estrategia para luchar contra los desahucios. La ley de la función social de la vivienda, pese a los intentos del Gobierno de la nación por torpedearla, está dando resultados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta norma pionera, que hace frente a un drama social que se ha multiplicado como consecuencia de los estragos que ha causado la crisis en decenas de miles de familias. Así, las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Andalucía han evitado 7.877 desalojos en Andalucía tres años después de su puesta en funcionamiento en octubre de 2012. Estos puntos de asesoramiento han atendido a 19.519 ciudadanos y han abierto 10.372 expedientes de actuación. Estos datos confirman la utilidad de la norma y que desde las administraciones se pueden dar soluciones para los que peor lo han pasado en esta crisis. La ley de la función social de la vivienda constituye sólo un primer paso al que se ha seguido el proyecto de ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario, ya en debate en el Parlamento, y el anteproyecto de ley sobre el derecho de retracto de viviendas en situación de desahucio, ya en fase de elaboración. El camino se hace andando. Eso lo sabe bien el Gobierno que preside Susana Díaz.

Foto.El Correo de Andalucía.

Boicotear para luego copiar

El tiempo pone las cosas en su sitio. El Gobierno de la nación ha tenido que rectificar y, finalmente, va a poner en marcha un sistema de subasta de medicamentos similar al que se desarrolla en Andalucía y que ha venido boicoteando y recurriendo ante el Tribunal Constitucional durante los últimos cuatro años. Como andaluz, celebro que el gabinete de Mariano Rajoy haya entrado en razón y copie un sistema que beneficia a los ciudadanos. De esta forma, y con total garantía de los fármacos, se abarata el coste para los usuarios y se reduce el margen de beneficio de las grandes multinacionales. Es una marcha atrás en toda regla. Se han puesto todas las trabas posibles desde la Moncloa para que esta medida de selección del medicamento prospere en Andalucía… Y supone un ahorro de entre 150 y 200 millones anuales que revierte en el sistema público sanitario.

Al Gobierno del PP no le ha quedado más remedio que claudicar y aceptar la bonanza de este modelo. Sólo se podía entender su actitud de bloqueo a esta iniciativa desde una perspectiva ideológica: el beneficio a las farmacéuticas en detrimento de los ciudadanos. En este caso, como en otros muchos en lo que va de legislatura, cuando rectifica, acierta. Más vale tarde que nunca… Y que mal queda el PP de Andalucía, que esta misma semana iniciaba una ofensiva contra las subastas de la Junta desde la irresponsabilidad e intentando generar alarma entre los enfermos. Sus propios compañeros de Madrid los han situado ante el espejo de sus mentiras.

El uso racional del medicamente es una de las estrategias que despliega Andalucía para ahondar en la eficiencia del sistema público, junto a la cirugía mayor ambulatoria y las centrales logísticas de compra. Una buena manera de defender lo público es garantizar su excelencia y demostrar su eficacia, como hace el Gobierno de Susana Díaz.

Foto.eldiario.es.

La derecha insensible

No entiendo cómo el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy festejan que el Tribunal Constitucional haya dejado sin efecto cuatro artículos del decreto ley de función social de la vivienda impulsado por la Junta de Andalucía. Parece que no sienten el dolor de las miles de familias que han sufrido y sufren el drama de los desahucios. A la derecha le falta humanidad, le sobra arrogancia y no empatiza con la preocupación de la gente. La respuesta tras el fallo del TC retrata a un PP insensible que antepone cuestiones económicas al bienestar de las personas. Ya saben el motivo que les hace perder votos a mansalva en las últimas elecciones. No son capaces de ponerse en el pellejo de las víctimas de la crisis. Siguiendo el esquema mental de Rajoy, ellos entienden que ya nadie habla de paro, ni de desahucios, ni de la atención a las personas con dependencia, ni de las becas cada vez más bajas, ni de las tasas de pobreza… La derecha vive en un su mundo paralelo, con circunstancias muy distintas a las que viven las familias trabajadoras. Se han regocijado de que el alto tribunal declare inconstitucionales cuatro preceptos del decreto ley recurridos por Rajoy. ¡Menudo triunfo!

Frente al primer recurso del PP, el Gobierno de Andalucía tramitó una segunda iniciativa legislativa: la ley sobre la función social de la vivienda. Y la reacción desde la Moncloa fue idéntica: otro recurso al canto. Si tuviera un mínimo de solidaridad y justicia social, Rajoy debería retirar cuanto antes este segundo recurso y dejar que se despliegue en su plenitud la normativa andaluza antidesahucios. El empecinamiento en boicotear esta norma impide que se le pueda dar una respuesta desde las instituciones a los colectivos más vulnerables. La crisis sigue haciendo estragos, aunque el presidente del Gobierno no lo quiera ver, y muchas personas se siguen viendo abocadas a dejar sus hogares. Si no mueve un dedo, demostrará una enorme ceguera política y sobre todo una carencia total de sentimientos.