Los ERE, en su justa medida

El actual Gobierno de las derechas en Andalucía admitió ayer a su pesar que, con los ERE, el anterior ejecutivo socialista puso en marcha un necesario sistema de protección para trabajadores y empresas en crisis. Con esto no quiero poner paños calientes sobre la indebida gestión de una parte de ese dinero público, no muy elevada pero que abochorna y que es la que ha de ser sancionada hasta sus últimas consecuencias. La Junta va a seguir pagando las prejubilaciones a los beneficiarios «lícitos», que son la inmensa mayoría de los más de 6.000 afectados que actualmente reciben esta percepción, y liberará 37 millones de euros hasta 2025. El vicepresidente Juan Marín cifró, a ojo de buen cubero, en 200 el número de intrusos. Dando por bueno este dato, la práctica totalidad de estos beneficiarios han sido y son acreedores de estas ayudas con toda justicia, independientemente del procedimiento empleado para su concesión. El resto, una exigua minoría, está pendiente de resolución judicial, aunque hay algunos casos escandalosos (léase, por ejemplo, la inclusión de la suegra del ex director general Francisco Javier Guerrero).

En el periodo investigado judicialmente, que va 2000 a 2009, la Consejería de Empleo identificó a 72 personas que nunca habían trabajado en las empresas rescatadas y 111 que no reunían todos los requisitos exigidos. En la causa, la cuantía presupuestaria investigada era de 680 millones. De esta cantidad, por tanto, un amplio porcentaje estuvo dedicado al fin previsto: al pago de las nóminas de prejubilación, a atender a trabajadores y empresas. Del teórico fraude, por consiguiente, habría que deducir unos 560-570 millones invertidos en prejubilaciones «lícitas».

El denominado caso de los ERE tenía otros dos frentes bajo la lupa judicial. Por un lado, las comisiones abonadas a aseguradoras y entidades mediadoras por la tramitación de los ERE, una controversia zanjada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El TSJA entendió que eran legales estas partidas, cuyo montante en litigio ascendía a 66,1 millones, según la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía. Antes de este fallo, el PP, como acusación particular, desarrolló una campaña agresiva contra las sobrecomisiones. El alto tribunal puso las cosas en su sitio y dio carpetazo a esta vía.

El otro eje era el de las ayudas directas a empresas y corporaciones locales. A este fin se presupuestaron unos 85 millones de euros entre 2000 y 2009, yendo el montante más significativo a la Sierra Norte de Sevilla, comarca que recibió 56 millones. Estas ayudas están sujetas a investigación judicial. La lupa está puesta especialmente en la Sierra Norte, zona de origen de Guerrero, natural de El Pedroso.

Incluyendo toda esta última partida como irregular en su distribución, consideración pendiente de resolución judicial, se podría estar hablando un daño económico a las arcas públicas por debajo de los 70 millones. Una cifra importantísima, que genera vergüenza en quienes creemos y defendemos lo público, un solo euro distraído bastaría, pero una cantidad muy alejada de las que se han manejado en el debate político y mediático durante años. Javier Arenas llegó a hablar de que el fraude de los ERE podría superar los 1.500 millones. No hay que restar ni un ápice de la gravedad que tiene ni a la tristeza que produce el mal uso del dinero público. Pero es conveniente subrayar que ningún alto cargo se enriqueció personalmente, el PSOE tampoco se financió ilegalmente con un solo euro y se atendieron a más de 6.000 trabajadores y a numerosas empresas en crisis. Se usó un procedimiento para hacer frente a una situación de emergencia social con obreros condenados al desempleo y empresas dando el cerrojazo. ¿Qué ERE no habría que haber tramitado: Santana, Delphi, Cárnicas Molina, MercaSevilla…?

Un procedimiento administrativo que algún alto cargo (Guerrero) usó para cometer mezquindades, golferías e irregularidades. Que se persigan las cuestiones punibles hasta el final, pero que se valore en su justa medida una política de protección social realizada baja la misma legislación y con los mismos operadores que en todos los territorios de España. Si una abrumadora mayoría de los beneficiarios son «lícitos» o legítimos, ¿cómo se sostiene ese mantra de la red clientelar o que estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia?

Foto.– El Mundo. Protesta por el cierre de Delphi en Cádiz.

Oscurantismo

El Gobierno de la nación permanece ausente en un asunto crucial para el futuro de España y del modelo de bienestar que hemos construido en el Viejo Continente: la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP en sus siglas anglosajonas. Se avanza sin ninguna transparencia hacia un modelo perjudicial para el ciudadano que pone en riesgo los estándares de calidad de los servicios públicos, la protección social y medioambiental y los derechos de los trabajadores. Y por si fuera poco, se pretende reducir la soberanía nacional de los países en sus pleitos con las multinacionales y las corporaciones empresariales. El Ejecutivo de Rajoy, siempre tan patriota de boquilla, permanece mudo y de brazos cruzados mientras otros mueven los hilos por detrás. Y si no reacciona es porque el Partido Popular está de acuerdo con el modelo dañino que se pretende construir o porque no se enteran de qué va la vaina. No se trata sólo de cerrar la puerta al tratado o encerrarnos en la autarquía. El TTIP, si lo enfocamos desde una visión progresista que piense en las personas, podría suponer una oportunidad para una nueva gobernanza global que permita erradicar los paraísos fiscales, que regule los mercados financieros, que luche contra el calentamiento global, que garantice los derechos laborales de los trabajadores o que proteja la diversidad cultural. Sin embargo, por los derroteros que van estas negociaciones opacas, la oportunidad puede acabar en pesadilla.

Agenda social

Unos hablan, otros hacen. En el segundo grupo está la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside Susana Díaz se caracteriza por su política social. Podemos plantea ahora una ley de emergencia social cuando en Andalucía se está haciendo desde hace años. La realidad salta a la vista:

1. Aquí tenemos la legislación más avanzada en la lucha contra los desahucios. Se aprobó la ley de función social de la vivienda, que no se puede desarrollar en su integridad porque el Gobierno de Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Pero ya está en el Parlamento la ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario y está a punto de llegar la ley de retracto para que la Junta pueda comprar la vivienda que se pretende desahuciar.

2. Andalucía es la única CCAA que da los libros de texto gratis a los escolares en la educación obligatoria. Se mantienen el transporte escolar, los comedores, las aulas matinales, actividades extraescolares y becas propias que ha permitido rescatar a 100.000 alumnos que habían sido expulsados por decisiones del Gobierno del PP. Estas prestaciones públicas suponen un ahorro de 2.000 euros a las familias andaluzas.

3. Aquí se garantizan las necesidades vitales mínimas a las familias que no pueden hacer frente a los recibos de luz y agua. Se han destinado 13 millones de euros en los dos últimos años a atender a familias en esta situación de vulnerabilidad.

4. Aquí se garantizan las tres comidas para los niños en riesgo de malnutrición. Cuando se puso en marcha esta medida desde el PP se nos comparó con Etiopía. Más de 51.000 niños en los dos últimos años se han beneficiado de este programa a través de comedores escolares y las escuelas de verano.

5. Aquí los mayores no adelantan el pago farmacéutico que instauró Rajoy como ocurre en el resto de España.

6. Aquí se ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación con un presupuesto anual de 40 millones en 2014 y 2015. Ha permitido la formalización de 52.000 contratos en este tiempo a personas en riesgo de exclusión.

Es importante la recuperación económica, pero que ésta sea justa y que llegue a las familias que peor lo han pasado en esta larga crisis. También seguir blindando los servicios públicos y fortaleciendo el estado del bienestar. Así, y como anunció Susana Díaz, el próximo martes el Gobierno andaluz va a aprobar el anteproyecto de ley  de Servicios Sociales, un proyecto pionero que recoge todo lo que ya se hace, que es mucho, e incorpora importantes novedades. Esta norma ofrece la relación de derechos más amplia de todas las leyes autonómicas en esta materia. Entre otras cuestiones, se reconocerá el derecho de las personas que necesitan atención individualizada y a entidades sin ánimo de lucro para que tengan un nivel de protección y atención con las administraciones. Como antes se conquistó la sanidad, ahora se hará con la protección social.

Esta ley demuestra que se puede seguir avanzando en la protección de las personas y atendiendo a los colectivos más vulnerables. Andalucía ha sido, es y seguirá siendo un ejemplo, una referencia con políticas avanzadas que consagran la igualdad de oportunidades que a la derecha tanto molesta.

Valls y las barbas del vecino

Observo con estupor la decisión del Gobierno francés de acometer un recorte de 50.000 millones hasta 2017. Y sigue una receta inspirada por la derecha que no entiende el electorado de izquierda: congelación de salarios de funcionarios y pensiones y ajustes en prestaciones sociales. Muy parecido al menú que le puso por delante la Unión Europea a José Luis Rodríguez Zapatero y que tan funestas consecuencias tuvo para la imagen del partido y el consiguiente castigo electoral. El flamante primer ministro galo. Manuel Valls, no parece temer los paralelismos con lo ocurrido en España. Aunque de origen español, no recordará el refrán de ‘cuando las barbas de tu vecino veas pelar…’. La falta de coherencia entre el programa que se presenta a las elecciones y lo que finalmente se hace desde el Gobierno produce desafección y frustración en el electorado.

Por muchas presiones que vengan desde Bruselas, tiene su coste político desatender los principios y los valores socialistas. Y es más sangrante si cabe cuando se puede comprobar que el austericidio impuesto por el neoliberalismo sólo produce el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras y más paro. El ejemplo de los vecinos del sur (España, Portugal, Grecia o Italia) no pueden ser más elocuentes. Me parece muy positiva la reacción de un tercio del grupo parlamentario socialista en contra del recorte modelo neoliberal y ofreciendo alternativas más propias de la izquierda. Espero que Valls recapacite y rebobine. Está a tiempo de evitar la incomprensión y el malestar de esa enorme mayoría de franceses que hace apenas dos años le dieron al Partido Socialista un enorme depósito de confianza.

Derechas contra derechos

Rodrigo Rato, ex ministro, ex director general del Fondo Monetario Internacional y ex todo en el PP, le ha puesto voz a los anhelos recaudadores de Unespa, patronal del seguro. Rato, a la cabeza de las aseguradoras, lidera la causa por el alargamiento de la vida laboral poniendo voz al sector privado de los planes de pensiones. ¿Es de justicia posponer la edad de jubilación de un minero, de un encofrador o de una profesora de infantil? Pues no.

Este prócer del PP ha enarbolado la bandera del miedo para justificar la urgencia de reformas del sistema de pensiones dibujando un horizonte negro de insuficiencia financiera en 15 años. La derecha económica quiere hacer caja y cuenta con el apoyo inequívoco de la derecha política. El PP se sitúa de nuevo del lado de los intereses privados.

Se apuesta públicamente y sin disimulo por un modelo privado de protección social sólo al alcance de los más poderosos y deja a su suerte a las personas y trabajadores con menos posibilidades. ¿Es ése el modelo que propugna Javier Arenas para Andalucía? ¿O Mariano Rajoy para España? Es hora de que digan alto y claro por dónde pasa su modelo de pensiones. Hay que temerse lo peor porque Rajoy, en una reciente entrevista, incluyó entre sus reformas estructurales las pensiones.

El cambio que preconiza el PP busca eliminar las garantías de igualdad a los que menos tienen. Como siempre, los barandas de derechas blindando los intereses del capital, mientras que para la izquierda son las personas nuestro capital. Se puede constatar así la diferencia entre defender una política de derechas o defender una política de derechos.

Órdago patronal

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) quiere reventar el diálogo social impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para acordar nuevas medidas de fomento del empleo y de la actividad económica que posibiliten una salida más rápida y eficaz de la crisis y sitúen a nuestro sistema productivo en condiciones de mayor competitividad. La patronal ha lanzado un órdago con reivindicaciones inaceptables que, de facto, pretende dinamitar el sistema de protección social conquistado durante décadas.

La cúpula empresarial ha puesto sobre la mesa un documento de 16 páginas que preconiza el despido libre. Es más, quiere una reducción de las cotizaciones a cuenta del superávit de la Seguridad Social que pondría en riesgo el futuro de nuestro sistema de pensiones. No es de extrañar que los sindicatos UGT y CC OO tachen la iniciativa de «tomadura de pelo» y entiendan que la patronal «rompe unilateralmente» la negociación.

El Gobierno de España, a través del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha plantado ante la afrenta de una patronal con aspiraciones ultraliberales de difícil digestión, y está dispuesto a tomar medidas de acuerdo al programa y a la ideología que más de 11 millones de españoles apoyaron en las urnas en marzo de 2008. Por ejemplo, se aprobará una ayuda de 421,8 € para las personas sin empleo que se hayan quedado sin prestaciones.

Rechina este gesto postrero (¿y grosero?) de la CEOE tras doce meses de complejas negociaciones, esta radicalización final tiene un ligero tufo a maniobra política en posible sintonía con las urgencias del PP. Al primer partido de la oposición no le conviene la foto del acuerdo y está presionando soterradamente. El movimiento de la patronal tiene mucho de soberbia, chulería y chantaje. El Gobierno no puede ceder a la extorsión de los empresarios. Seguro que no lo hará.

Foto: Cándido Méndez (UGT), José Luis Rodríguez Zapatero, Gerardo Díaz Ferrán (CEOE) y Celestino Corbacho.

Europeas

Estamos a escasas horas del comienzo de la campaña para las elecciones europeas. El 7 de junio tenemos una cita importante con las urnas. Estos comicios no son de segunda ni un mero trámite. Nos jugamos mucho en este envite. Ahora bien, algunos no pueden intentar convertir esta convocatoria electoral en un plebiscito o una reválida de no se sabe qué. Hablemos de Europa, de los programas, de los modelos que compiten (el de la defensa de los derechos ciudadanos y las conquistas de los trabajadores y, por otro, el del mercado y los recortes en protección social), de lo que ha aportado Bruselas para el desarrollo de esta comunidad autónoma. La Unión Europea no es una instancia lejana, nos afecta en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en materia agraria, energética, en el desarrollo de infraestructuras de comunicación y transporte… Son muchas las circunstancias que nos animan a emitir nuestro sufragio, a no quedarnos en casa. Lo importante ahora, como en cada elección, es la participación, hacer efectivo el derecho del voto, el ejercicio de responsabilidad democrática, la implicación en las decisiones que conciernen a nuestro futuro. Nos vemos en el colegio electoral el 7 de junio. No faltes. Juega este partido en Europa desde Andalucía.

Algo se mueve

La recesión económica, el incremento de la tasa de desempleo, las exigencias retrógradas de reducir conquistas sociales de los trabajadores, empresas en dificultades, expedientes de regulación de empleo… Las consecuencias de esta primera gran crisis de la globalización han propiciado el resurgimiento de las movilizaciones con motivo del Primero de Mayo, Día del Trabajo. Más gente en todas las concentraciones convocadas por los sindicatos en España y Andalucía. ¡Y es que cuando aprieta el zapato! El grito ha sido unánime: no al recorte de derechos sociales, no al abaratamiento del despido y garantías de mantenimiento de la protección social. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo tiene claro: ni un paso atrás en los derechos sociales. La clase trabajadora no puede pagar las facturas de una crisis provocada por la avaricia del capital. Hasta en sectores más aperturistas de la Iglesia católica se da un toque de atención a los empresarios desalmados. El arzobispo de Sevilla, monseñor Amigo Vallejo, ha alzado la voz contra la codicia de algunos representantes de la patronal dispuestos a sacar rentabilidad de estas aguas revueltas. Y al calor de esta celebración reivindicativa se producen noticias para la esperanza. El consejero de Empleo del Gobierno andaluz, Antonio Fernández, anuncia una caída del desempleo en el mes de abril en esta comunidad autónoma. ¿Habremos tocado fondo? Parece que algo se mueve.

Foto: El País. Manifestación del 1º de Mayo en Málaga.

Despidos baratos

La ola conservadora no se detiene ante nada. Por tierra, mar y aire, busca modificar las condiciones de protección social de los trabajadores. La derecha ha organizado una campaña perfectamente diseñada con el objetivo de  flexibilizar los requisitos del despido como pócima mágica para salir de la crisis. En este empeño insolidario andan, juntos y revueltos, la patronal, círculos ultraliberales de reflexión política (como la fundación de José María Aznar), el Partido Popular y algunos medios de comunicación. A este aquelarre se ha sumado como estrella invitada de manera inesperada el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Todo los que piden ahora voz en grito despidos baratos olvidan que con este mismo marco de relaciones laborales España, durante los diez últimos años, creó el 50 por ciento del empleo del conjunto de la Unión Europea. No es, por consiguiente, esa una medida que favorezca aparentemente la atenuación de la recesión económica que padece nuestro país, igual que nuestro entorno europeo y Estados Unidos. El pensamiento neocon no se siente concernido por el fracaso de un modelo económico basado en el capitalismo salvaje, en la desregulación, el adelgazamiento del Estado y el ‘sálvese quien pueda’ que ha conducido al planeta a la mayor crisis desde el crack de 1929.

La fórmula válida es, precisamente, la contraria. El Estado, como está ocurriendo, ha de tener capacidad para intervenir y corregir las desigualdades que el mundo financiero y de los grandes beneficios ocasiona. No se arregla nada abaratando el despido, no se generan más empleo por reducir de 45 a 20 años por día año trabajado la indemnización por despido. Es más, con el desahogo de algunos empresarios, por el coste actual de uno pondrían de patillas en la calle a dos… y sin ningún tipo de problema de conciencia. Ante eso, la posición firme del Gobierno de España, con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza. En época de crisis más protección social y más dinero público para estimular la economía. No se puede dejar tirado al que menos tiene.

PD.- Y el PP, legítimamente y en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, celebra el domingo una manifestación por el empleo al mismo tiempo que defiende abaratar el despido. ¡Menuda paradoja!