Pensiones dignas

Ni las duras condiciones climatológicas han frenado el ímpetu de una muchedumbre que en más de 100 ciudades españolas ha salido a la calle a reclamar al Gobierno del Partido Popular pensiones dignas. Cientos de miles de personas han desafiado el viento, el agua e incluso la nieve para alzar la voz por una revindicación justa. La subida del 0,25% impuesta por Rajoy les ha supuesto a los pensionistas una pérdida importante de poder adquisitivo. Si a esa cicatería le unimos el copago farmacéutico o la carestía de los suministros básicos, especialmente el recibo de la luz, les sobran los motivos para la indignación. Es lógico que protesten cuando observan la millonada que el Ejecutivo ha dado para el rescate de los bancos o las autopistas de peaje. Muchos de nuestros mayores, con sus exiguas pagas, constituyen el sostén de sus familias y, sin embargo, el PP no deja de hacer ‘regalos’ a sus amigos y a ellos les da de lado. Este desprecio del PP les pasará factura.

Fotos: El País.

No se bajan del burro

La ministra de Sanidad dejó claro que el Gobierno del Partido Popular mantendrá el copago para los pensionistas. Si alguien de buena fe creía que con la fanfarria gubernamental de la recuperación económica Mariano Rajoy iba a devolver derechos arrebatados, se equivocaba de medio a medio. El copago y otras muchas conquistas sociales pertenecen a lo que el viento se llevó y mientras que esté la derecha en la Moncloa no volverá. Dolors Montserrat, sin complejo alguno, le zampa la negativa al ciudadano interpelante. Un día de éstos dejaremos la crisis atrás, aún quedan muchas familias sufriendo sus graves secuelas, pero cuánto habremos perdido en el camino por la obstinación del pensamiento único neoliberal de arrasar con los grandes avances conseguidos en las cuatro décadas de democracia en bienestar y libertades públicas.

Nerones

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El Gobierno de Andalucía propuso esta semana un pacto por la sanidad pública y el Parlamento lo aprobó por unanimidad. Ese gran acuerdo se debería concretar en el marco del proyecto de Ley de Sostenibilidad y Garantías del Sistema Público Sanitario, un texto que blinda la sanidad pública eleborado por el gabinete de Susana Díaz y que se encuentra ya en trámite parlamentario. Y hete aquí que el Partido Popular, ni siquiera 48 horas después, ha presentado una enmienda a la totalidad contra ese texto legislativo. Esta decisión retrata la hipocresía del PP y pone en evidencia que su objetivo no es otro que arrasar con la sanidad pública. ¿Pacto? Esa palabra no está en su diccionario y mucho menos si es para fortalecer lo público. A nadie nos sorprende. No cree la derecha en este modelo y quiere deteriorarlo para abrirle la puerta al negocio privado. Los casi nueve millones de habitantes que tiene Andalucía suponen un mercado muy suculento para las clínicas privadas. El PP se afana en una política de desgaste con intereses espurios. Les da igual lo que representa un modelo que nos da oportunidades a todos ante la enfermedad sin importar la situación económica familiar. Ni lo quieren, ni lo comparten, ni lo respetan. Por eso, han impuesto recortes salvajes, copagos injustos, privatizaciones y cierres, han penalizado a los profesionales sanitarios, los han despedido a mansalva y rompieron la universalidad del sistema dejando a decenas de miles de jóvenes (los que se fueron a trabajar fuera como consecuencia de la crisis) e inmigrantes. El PP ha intentado quemar la sanidad pública y les hubiera gustado como a Nerón disfrutar de los efectos perniciosos de las llamas. Pero no han podido ver cumplido su más íntimo deseo y lo han perseguido con todas sus ganas. Los tenemos calados.

Foto.- Imagen del debate en el Parlamento el pasado miércoles.

Una ministra sin criterio

Un paso adelante, un paso hacia atrás. Por la mañana, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunciaba la subida del copago farmacéutico para los pensionistas. Por la noche, tras el revuelo causado por esta medida, se desmentía a través de su cuenta de Twitter. No es la primera vez que lo hace. También se tuvo que autoenmendar cuando anunció una posible modificación de la ley del aborto para las menores de 16 y 17 años víctimas de la violencia machista en el seno de la familia pudieran interrumpir el embarazo sin autorización de sus progenitores. La presión dentro del Partido Popular le hizo comerse sus palabras. Dos rectificaciones en dos meses. Esta ministra se está caracterizando por corregirse a sí misma.

Es inadmisible que una de las primeras medidas de la nueva ministra sea aumentar el copago de los medicamentos a las personas mayores. Sería muy fuerte penalizar de nuevo a los pensionistas, cuando muchos de ellos con su reducida nómina mantienen a sus familias. No es el tiempo de más sacrificios, sino de revertir derechos. Lo que tiene que hacer el Gobierno y el PP es derogar el decreto de copagos de 2012. No supone ni ahorro (la factura farmacéutica es ya la misma que cuando se aprobó el decreto) y se está grabando la economía de muchas familias trabajadoras. Andalucía tomó medidas para paliar los efectos del nocivo decreto. Así, más de 1,5 millones de pensionistas en esta comunidad no han tenido que adelantar el dinero del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno. Estamos hablando de una cantidad importante: 152,2 millones.

Además, el Gobierno que preside Susana Díaz ha demostrado que existen otras alternativas para hacer sostenible y eficiente el sistema sanitario público. Andalucía ha optado por aminorar los beneficios de la industria farmacéutica, a través de la selección pública de medicamentos en oficinas de farmacia mediante subastas. Esto ha permitido a la Administración andaluza ahorrar más de 413 millones de euros desde su implantación. Una medida que, a pesar del Rajoy y el PP, tiene el aval del Tribunal Constitucional. De aplicarse las subastas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el ahorro supondría 1.500 millones y se podría reinvertir en la sanidad pública. La derecha debería abandonar sus crueles de éxito y copiar las experiencias de éxito.

Así se defiende la sanidad pública

El camino se hace andando. El Gobierno de Andalucía ha aprobado hoy un proyecto de ley que demuestra su compromiso firme, su defensa a ultranza de la sanidad pública. Se remite al Parlamento la futura ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que fue la primera medida legislativa que se puso en marcha en el arranque de la legislatura y que en su redacción han participado más de 1.000 profesionales y colectivos sanitarios. Andalucía toma así la delantera y vuelve a marcar la diferencia con una ley pionera que es pionera en España. El texto garantiza la universalidad de la atención sanitaria, impide los copagos en la cartera de servicios de competencia autonómica y prevé medidas para amortiguar los que ponga la Administración General del Estado e imposibilita las privatizaciones de las infraestructuras y prestaciones sanitarias. En definitiva, una ley que blinda un servicio público fundamental y garantiza así la igualdad de oportunidades en el acceso a la sanidad. Un ejemplo a seguir.

Foto.Efe. La presidenta andaluza, Susana Díaz, en la inauguración de un nuevo quirófano en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Prioridades

La política se hace con prioridades. Cada responsable público se retrata con sus decisiones. Hemos conocido hoy que la fiscalía ha denunciado a la Xunta de Galicia por no suministrar los fármacos necesarios a enfermos de hepatitis C. El ministerio público responde así al requerimiento de un colectivo médico, Batas Blancas, tras la muerte de tres enfermos que no recibieron la medicación que necesitaban. Esta realidad contrasta con lo que ocurrió en Andalucía, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abanderó que paciente contara con el tratamiento que le fuera prescrito independientemente de su coste. Andalucía puso en marcha un protocolo de atención en solitario, una realidad reconocida y valorada por las plataformas de enfermos, y pasaron varios meses hasta que se concretó un acuerdo nacional. Desde el 1 de enero de 2015 6.324 afectados por la hepatitis C en esta comunidad autónoma han recibido los fármacos que necesitaban. El Gobierno que preside Díaz supo estar a la altura y responder con sensibilidad y prontitud.

En el fondo de todo subyace un debate siempre actual como la defensa de la igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos y muy especialmente en materia porque hay vidas en juego. No se puede poner la administración de perfil y dejar que sólo pueda acceder a la medicación sólo aquellos que puedan pagarlo. En Andalucía hemos trabajado por garantizar el principio de la igualdad y la justicia social por delante de cualquier consideración. El Partido Popular ha pretendido desmantelar el esatdo del bienestar y los servicios públicos limitando derechos a los que menos tienen. Mientras que el Gobierno del PP y Mariano Rajoy ponía copagos médicos y farmacéuticos (también a los mayores), aquí se hacían subastas de medicamentes que, garantizando la calidad de los productos, supone rebajar el coste para los ciudadanos y que las multinacionales ganen menos. Mientras otros han quebrado el modelo universal de salud y han recortado a mansalva, otros hemos impulsado una ley de sostenibilidad del sistema público sanitario para blindar derechos y prestaciones. Lo dicho: cuestión de prioridades.

Foto.La Vanguardia. Enfermos de hepatitis C protestando ante el Parlamento de Galicia.

Agenda social

Unos hablan, otros hacen. En el segundo grupo está la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside Susana Díaz se caracteriza por su política social. Podemos plantea ahora una ley de emergencia social cuando en Andalucía se está haciendo desde hace años. La realidad salta a la vista:

1. Aquí tenemos la legislación más avanzada en la lucha contra los desahucios. Se aprobó la ley de función social de la vivienda, que no se puede desarrollar en su integridad porque el Gobierno de Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Pero ya está en el Parlamento la ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario y está a punto de llegar la ley de retracto para que la Junta pueda comprar la vivienda que se pretende desahuciar.

2. Andalucía es la única CCAA que da los libros de texto gratis a los escolares en la educación obligatoria. Se mantienen el transporte escolar, los comedores, las aulas matinales, actividades extraescolares y becas propias que ha permitido rescatar a 100.000 alumnos que habían sido expulsados por decisiones del Gobierno del PP. Estas prestaciones públicas suponen un ahorro de 2.000 euros a las familias andaluzas.

3. Aquí se garantizan las necesidades vitales mínimas a las familias que no pueden hacer frente a los recibos de luz y agua. Se han destinado 13 millones de euros en los dos últimos años a atender a familias en esta situación de vulnerabilidad.

4. Aquí se garantizan las tres comidas para los niños en riesgo de malnutrición. Cuando se puso en marcha esta medida desde el PP se nos comparó con Etiopía. Más de 51.000 niños en los dos últimos años se han beneficiado de este programa a través de comedores escolares y las escuelas de verano.

5. Aquí los mayores no adelantan el pago farmacéutico que instauró Rajoy como ocurre en el resto de España.

6. Aquí se ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación con un presupuesto anual de 40 millones en 2014 y 2015. Ha permitido la formalización de 52.000 contratos en este tiempo a personas en riesgo de exclusión.

Es importante la recuperación económica, pero que ésta sea justa y que llegue a las familias que peor lo han pasado en esta larga crisis. También seguir blindando los servicios públicos y fortaleciendo el estado del bienestar. Así, y como anunció Susana Díaz, el próximo martes el Gobierno andaluz va a aprobar el anteproyecto de ley  de Servicios Sociales, un proyecto pionero que recoge todo lo que ya se hace, que es mucho, e incorpora importantes novedades. Esta norma ofrece la relación de derechos más amplia de todas las leyes autonómicas en esta materia. Entre otras cuestiones, se reconocerá el derecho de las personas que necesitan atención individualizada y a entidades sin ánimo de lucro para que tengan un nivel de protección y atención con las administraciones. Como antes se conquistó la sanidad, ahora se hará con la protección social.

Esta ley demuestra que se puede seguir avanzando en la protección de las personas y atendiendo a los colectivos más vulnerables. Andalucía ha sido, es y seguirá siendo un ejemplo, una referencia con políticas avanzadas que consagran la igualdad de oportunidades que a la derecha tanto molesta.