Derecho protegido

La Junta de Andalucía culmina su producción legislativa para la lucha contra los desahucios. Hoy el Gobierno que preside Susana Díaz ha aprobado el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, un texto que será remitido al Parlamento para su debate. Es una norma que refuerza las medidas para luchar contra los desalojos y amplía la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en esta comunidad autónoma. La Junta podrá ejercer el derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas mediante un alquiler social. Para aplicar esta ley, la Junta ya ha reservado en los presupuestos de este año una partida de cuatro millones de euros. Estas viviendas se incorporarán al parque público de la administración autonómica.

Con este proyecto, el Gobierno de Andalucía completa la legislación más avanzada para evitar los desahucios. Esta comunidad cuenta con la ley de Función Social de la Vivienda, recurrida parcialmente ante el Tribunal Constitucional por el gabinete de Mariano Rajoy, y la ley de protección de consumidores en el mercado hipotecario. Así, Andalucía es la autonomía que ofrece más garantías en la protección del derecho a la vivienda.

¡Que paguen ya!

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dado una enorme alegría a los miles de ciudadanos que hemos sufrido las cláusulas suelo en nuestras hipotecas. El Supremo ya había fallado que eran abusivas y la instancia comunitaria sentencia que lo son durante toda la vida del crédito hipotecario y, por tanto, las entidades financieras tendrán que devolver todas las cantidades cobradas indebidamente desde que se suscribió el préstamo. Los afectados hemos celebrado la resolución judicial (no nos ha tocado el ‘gordo’ pero vamos a recuperar un pellizco que era nuestro) y los bancos se resisten (no quieren devolver el dinero a sus verdaderos dueños). Es tan rotundo el fallo que el Gobierno de la nación debería obligar a las entidades financieras a cumplirla y reintegrar ese dinero a sus clientes sin que estos tengan que recurrir a los tribunales cuando ya existe jurisprudencia. Mejor actuar para evitar colapsar más a la administración de justicia. El veredicto de estas demandas individuales o colectivos ya está escrito. En esta línea,  en que no haya dilaciones injustificadas y los ciudadanos cobren cuanto antes, está trabajando el PSOE.  Se pretende impulsar un acuerdo extrajudicial para evitar que miles de demandas se acumulen en los juzgados. Es el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien debe convencer a la banca para ese acuerdo extrajudicial. No tiene sentido la renuencia bancaria a hacer efectiva esta sentencia y cuando la gente no paga su hipoteca pone en marcha desahucios sin sensibilidad alguna y a toda velocidad. No sólo basta con que se dicte sentencia, sino que se haga justicia ya, sin demoras que nadie entiende.

Foto.Cinco Días.

Compromiso firme

Andalucía da un paso más en la protección de las personas vulnerables en materia de desahucios. Los presidentes de la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han firmado hoy un convenio que supone un importante avance para frenar los desahucios. Este convenio de colaboración, el más amplio de los que existen en nuestro país, permitirá que los jueces puedan comunicar a los desalojos de familias en riesgo de exclusión social e incluso podrán suspender el lanzamiento. De esta forma, los servicios sociales de la Junta y los municipales tendrán acceso a información sobre familias vulnerables frente a los desahucios y podrán actuar con tiempo para buscar una solución.

El texto contempla un protocolo de actuación para las ejecuciones hipotecarias. Se inicia con la información del Código de Buenas Prácticas para que los afectados puedan dirigirse a la entidad crediticia y proponer medidas. En los desahucios, la primera de ella es facilitar el acceso a los programas de los servicios sociales. Se adoptarán medidas para la pronta detección por parte del órgano judicial de los casos de riesgos, de los que darán traslado a los servicios sociales y a la Consejería de Fomento, para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.

Con este convenio, impulsado por la presidenta Susana Díaz, Andalucía refuerza su posición de liderazgo en la lucha contra los desahucios. Contamos con una ley de referencia como la de Función Social de la Vivienda. Una ley pionera y comprometida que no podemos desarrollar en su totalidad por el recurso presentado por el Gobierno del PP ante el TC.

Pese a todo, desde 2012 el Gobierno andaluz ha atendido a 7.877 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y es la única CCAA que ha paralizado los desahucios en el parque público de vivienda. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos querido seguir avanzando y hemos seguido legislando para dar más protección a los ciudadanos:

  • La ley de protección de los derechos de los usuarios ante el mercado hipotecario ya está en el Parlamento.
  • Estamos ultimando el proyecto de ley de tanteo y retracto de viviendas afectadas por desahucios y dentro de poco llegará a la Cámara para su debate.
  • El nuevo plan de vivienda y rehabilitación 2016-2020 tiene un alto componente social y facilitará el acceso a viviendas en alquiler a familias en riesgo de exclusión social.
  • Y aún un paso más: trabajamos ya en un plan de acción integral contra los desahucios. Contendrá un conjunto de medidas estructuradas en torno a seis áreas de actuación: Información y Asesoramiento, Asistencial, Mediación, Sanitaria, Legislativa y Cooperativa.

Los hechos son tozudos y demuestran el compromiso firme de la Junta por combatir este drama social de los desahucios.

Foto.- Díaz, Lesmes (CGPJ) y Rodríguez Villalobos (FAMP), durante la firma del convenio.

Agenda social

Unos hablan, otros hacen. En el segundo grupo está la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside Susana Díaz se caracteriza por su política social. Podemos plantea ahora una ley de emergencia social cuando en Andalucía se está haciendo desde hace años. La realidad salta a la vista:

1. Aquí tenemos la legislación más avanzada en la lucha contra los desahucios. Se aprobó la ley de función social de la vivienda, que no se puede desarrollar en su integridad porque el Gobierno de Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Pero ya está en el Parlamento la ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario y está a punto de llegar la ley de retracto para que la Junta pueda comprar la vivienda que se pretende desahuciar.

2. Andalucía es la única CCAA que da los libros de texto gratis a los escolares en la educación obligatoria. Se mantienen el transporte escolar, los comedores, las aulas matinales, actividades extraescolares y becas propias que ha permitido rescatar a 100.000 alumnos que habían sido expulsados por decisiones del Gobierno del PP. Estas prestaciones públicas suponen un ahorro de 2.000 euros a las familias andaluzas.

3. Aquí se garantizan las necesidades vitales mínimas a las familias que no pueden hacer frente a los recibos de luz y agua. Se han destinado 13 millones de euros en los dos últimos años a atender a familias en esta situación de vulnerabilidad.

4. Aquí se garantizan las tres comidas para los niños en riesgo de malnutrición. Cuando se puso en marcha esta medida desde el PP se nos comparó con Etiopía. Más de 51.000 niños en los dos últimos años se han beneficiado de este programa a través de comedores escolares y las escuelas de verano.

5. Aquí los mayores no adelantan el pago farmacéutico que instauró Rajoy como ocurre en el resto de España.

6. Aquí se ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación con un presupuesto anual de 40 millones en 2014 y 2015. Ha permitido la formalización de 52.000 contratos en este tiempo a personas en riesgo de exclusión.

Es importante la recuperación económica, pero que ésta sea justa y que llegue a las familias que peor lo han pasado en esta larga crisis. También seguir blindando los servicios públicos y fortaleciendo el estado del bienestar. Así, y como anunció Susana Díaz, el próximo martes el Gobierno andaluz va a aprobar el anteproyecto de ley  de Servicios Sociales, un proyecto pionero que recoge todo lo que ya se hace, que es mucho, e incorpora importantes novedades. Esta norma ofrece la relación de derechos más amplia de todas las leyes autonómicas en esta materia. Entre otras cuestiones, se reconocerá el derecho de las personas que necesitan atención individualizada y a entidades sin ánimo de lucro para que tengan un nivel de protección y atención con las administraciones. Como antes se conquistó la sanidad, ahora se hará con la protección social.

Esta ley demuestra que se puede seguir avanzando en la protección de las personas y atendiendo a los colectivos más vulnerables. Andalucía ha sido, es y seguirá siendo un ejemplo, una referencia con políticas avanzadas que consagran la igualdad de oportunidades que a la derecha tanto molesta.

Todo sigue igual

2016 ha comenzado con los mismos argumentos de siempre. Más allá de la política, la actualidad está marcada por asuntos que nos conmueven, nos indignan y no parecen tener fin. Leo que ya se han registrado las dos primeras víctimas por violencia de género, una mujer y su hija de 9 meses asesinadas por un desalmado que luego se suicidó, que Endesa corta suministro eléctrico a una anciana de 83 años con serios problemas de salud, que un juez ordena desahuciar a una mujer de 86 años que avaló un préstamo a su hija sin saber leer o que hallan el cadáver de un subsahariano en Ceuta y llegan las primeras pateras a Andalucía. El mismo paisaje de adversidades que desmienten la fanfarria de la recuperación económica. Sólo habremos superado la crisis cuando los que peor lo han pasado en estos últimos siete años recobren el nivel de vida perdido. Terrorismo machista, pobreza, desahucios o inmigración siguen en la agenda, que nadie lo olvide.

Foto.- Minutos de silencio a las puertas de la Generalitat valenciana por el primer caso de terrorismo machista en 2016.

Luchando contra los desahucios

Obras son amores…, dice el refrán. El Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha en los últimos años una estrategia para luchar contra los desahucios. La ley de la función social de la vivienda, pese a los intentos del Gobierno de la nación por torpedearla, está dando resultados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta norma pionera, que hace frente a un drama social que se ha multiplicado como consecuencia de los estragos que ha causado la crisis en decenas de miles de familias. Así, las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Andalucía han evitado 7.877 desalojos en Andalucía tres años después de su puesta en funcionamiento en octubre de 2012. Estos puntos de asesoramiento han atendido a 19.519 ciudadanos y han abierto 10.372 expedientes de actuación. Estos datos confirman la utilidad de la norma y que desde las administraciones se pueden dar soluciones para los que peor lo han pasado en esta crisis. La ley de la función social de la vivienda constituye sólo un primer paso al que se ha seguido el proyecto de ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario, ya en debate en el Parlamento, y el anteproyecto de ley sobre el derecho de retracto de viviendas en situación de desahucio, ya en fase de elaboración. El camino se hace andando. Eso lo sabe bien el Gobierno que preside Susana Díaz.

Foto.El Correo de Andalucía.