Defendiendo derechos

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía mantendrán una jornada laboral de 35 horas semanales presenciales a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy para arrebatarles esta conquista. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocerse hoy que el Tribunal Constitucional ha anulado la reducción de jornada como consecuencia del recurso interpuesto por el Ejecutivo de la nación. Las 2,5 horas a ampliar, de acuerdo con el fallo, se computarán con tareas y actividades a desarrollar en el ámbito doméstico. De esta forma, unos 260.000 trabajadores autonómicos no se verán tan perjudicados por la falta de sensibilidad del Partido Popular.

En ningún momento estaban dispuestos en el Ministerio de Hacienda a aceptar que los funcionarios recuperaran en esta comunidad los derechos que les quitó el PP con la excusa de la crisis. Si ya estamos en una etapa de recuperación, como se repite machaconamente desde los terminales de propaganda del Palacio de la Moncloa, por qué no se permite que los empleados públicos de Andalucía vuelvan a tener las 35 horas. Es una medida que no sólo restituye derechos, sino que ha posibilitado varios miles de contratos para reforzar los servicios públicos. El Gobierno central tenía en su mano retirar su recurso ante el Constitucional, pero ha jugado a la confusión y a alargar plazos sin vocación alguna de rectificar. Siguen teniendo como modus operandi los recortes y seguir castigando a los trabajadores en general y a los públicos en particular.

El ‘comercial’ de la franquicia pepera en Andalucía ha quedado desautorizado y en mal lugar con el curso de los acontecimientos. Moreno Bonilla se ofreció como mediador ante  el Gobierno para que sus compañeros de filas desistieran del recurso. Enorme fracaso el suyo. En virtud de lo ocurrido se puede deducir que en su partido pinta menos que un cero a la izquierda. Ni siquiera en el PP se lo toman en serio. Su indolencia y su falta de valentía política se la tendrán en cuenta los empleados públicos de esta tierra.

Foto.- ABC. La presidenta Susana Díaz, en la firma con los sindicatos de la función pública para recuperación de derechos.

¿Más madera?

Vídeo Cuatro nuevos recortes

El Ministerio de Economía, según Cuatro, admite en un documento dirigido a inversores extranjeros que recortará 40.000 millones de euros en los próximos tres años y en el que presume de la caída de un 8% en los costes laborales. Si se suma a este brutal tijeretazo otros 10.000 millones previstos en este ejercicio, estaríamos hablando de la escalofriante cifra de 50.000 millones más de reducción del gasto público. Es decir, más sufrimiento para las clases medias y trabajadoras. La derecha es insaciable. ¿Será éste el recuerdo conmovedor que nos deja la visita de Angela Merkel? Por eso ha regresado tan contenta a Alemania tras su contacto con Rajoy

Valls y las barbas del vecino

Observo con estupor la decisión del Gobierno francés de acometer un recorte de 50.000 millones hasta 2017. Y sigue una receta inspirada por la derecha que no entiende el electorado de izquierda: congelación de salarios de funcionarios y pensiones y ajustes en prestaciones sociales. Muy parecido al menú que le puso por delante la Unión Europea a José Luis Rodríguez Zapatero y que tan funestas consecuencias tuvo para la imagen del partido y el consiguiente castigo electoral. El flamante primer ministro galo. Manuel Valls, no parece temer los paralelismos con lo ocurrido en España. Aunque de origen español, no recordará el refrán de ‘cuando las barbas de tu vecino veas pelar…’. La falta de coherencia entre el programa que se presenta a las elecciones y lo que finalmente se hace desde el Gobierno produce desafección y frustración en el electorado.

Por muchas presiones que vengan desde Bruselas, tiene su coste político desatender los principios y los valores socialistas. Y es más sangrante si cabe cuando se puede comprobar que el austericidio impuesto por el neoliberalismo sólo produce el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras y más paro. El ejemplo de los vecinos del sur (España, Portugal, Grecia o Italia) no pueden ser más elocuentes. Me parece muy positiva la reacción de un tercio del grupo parlamentario socialista en contra del recorte modelo neoliberal y ofreciendo alternativas más propias de la izquierda. Espero que Valls recapacite y rebobine. Está a tiempo de evitar la incomprensión y el malestar de esa enorme mayoría de franceses que hace apenas dos años le dieron al Partido Socialista un enorme depósito de confianza.

Luz contra los recortes

De tarde en tarde, durante esta prolongada y asfixiante crisis, nos llevamos alguna alegría, surge un rayo de luz que combate la oscuridad de los recortes y de la política de austeridad a ultranza que está deprimiendo a la economía y está cercenando las expectativas de muchas personas. El Tribunal Constitucional de Portugal ha tumbado un paquete de medidas de ajuste impuesto al país vecino como consecuencia de su rescate financiero. El fallo anula una parte sustantiva de los recortes y ha puesto al Gobierno conservador contra las cuerdas, hasta el punto de que el primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha tenido que convocar una reunión urgente de su gabinete. El tribunal declara ilegal la retirada de una paga extra a los funcionarios y a los pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad, y lo argumento en el reparto desigual e inequitativo de los sacrificios para reducir el déficit público. El mensaje de poder judicial es inequívoco y traspasa las fronteras portuguesas. Supone un toque atención a esas instituciones que no elige nadie, la dichosa troika (Unión Europa, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), y que nos está condicionando la vida a peor. Del mismo modo, abre la puerta a que otros tribunales constitucionales sigan la estela de sus homólogos lusos. En España, hay recursos contra la eliminación de una paga extra para los empleados públicos o contra la reforma laboral de Rajoy. Veremos qué hace nuestro TC cuando dictamine sobre los mismos.

La coherencia episcopal-liberal

Ignacio Escolar lo borda hoy en su blog. No añado ni una coma a su escrito:

“Los mismos obispos que defienden la asignatura de religión pero consideran que Ciudadanía es “adoctrinante” claman ahora contra la “cultura del subsidio”. En serio. Lo dice la misma Iglesia española que recibe cada año unos 10.000 millones de euros de las arcas públicas: un 1% del PIB, alrededor de 200 euros anuales por habitante, sea o no creyente. El arzobispo de Granada, el locuaz [Francisco] Javier Martínez, ha dedicado su última homilía a predicar contra esa “enfermedad social”: que tantos jóvenes quieran ser funcionarios. “Hay que cambiar la mentalidad de ser un pueblo subsidiado, que siempre busca la solución en que me solucionen otros el problema”, dice el prelado sin inmutarse.

Monseñor olvida algo. La razón por la que en España hay tantos jóvenes que anhelan ser funcionarios es porque parece la única manera de lograr el milagro: un puesto de trabajo que no sea precario en un país que, en los años buenos, ya tenía el 12% de paro. El arzobispo no conoce otra empresa que la Iglesia ni otro oficio que prometer a los demás “la solución de los problemas” (y la vida eterna). Con sus palabras, muestra la misma ignorancia sobre el común de los mortales que también demostró Mario Monti, el tecnócrata italiano, cuando criticó la “monotonía” de un empleo fijo; con lo bonito que es hacer como Monti y cambiar de trabajo: del banco al Gobierno, del Gobierno al banco.

Tampoco es novedad que los apóstoles del emprendimento, los ángeles castigadores de los vagos subsidiados, sean gente con un puesto fijo pagado por el Estado. Es lo normal en un país con líderes liberales’ como Aznar, Rajoy o Aguirre, que empezaron en política como funcionarios, después de aprobar unas oposiciones.”

PD.– ¿Por qué los funcionarios que se manifiestan con las camisetas naranjas contra la Junta de Andalucía no se van a las puertas de la Casa Episcopal para censurar al prelado por su visión maniquea e injusta y defender la imagen pública de sus compañeros?

Más madera

La patronal es insaciable. No tiene empacho. Pide y pide sin refreno. Adaptando el anuncio del cupón, todos los días toca… un recorte. El presidente de la CEOE, Joan Rosell, quiere poner de patitas en la calle a 900.000 funcionarios. La receta de adelgazamiento que propugna el neoliberalismo nos conduce a la anorexia. Cada vez quiere un estado, un sector público, más pequeño, más jibarizado. Lo peor de la propuesta del patrón de patronos es que incorpora una connotación peyorativa o despectiva de los empleados públicos. “No cumplen”, sostiene Rosell. Sitúa este señor adinerado a estos trabajadores en la indolencia, en la vagancia, en la irresponsabilidad. ¡Qué falta de respeto! Toda generalización es injusta. Igual de injusto sería considerar explotadores o evasores fiscales a todos los empresarios. Nos viene con este drástico recorte cuando aún está caliente el debate sobre los minijobs, término esnobista que pretende envolver con celofán el empleo precario y el abuso del empleador sobre un empleado con miedo a engrosar las listas del paro. Desde el 20-N, Rossell se ha lanzado a una escalada de reivindicaciones dañinas para las clases medias y trabajadoras actuando como avanzadilla, lanzando globos-sonda para preparar el terreno al futuro presidente. Poniendo el listón tan alto, Mariano Rajoy, si hace la mitad, quedará como un mandatario benevolente. Este trabajo sucio del que se está encargando la CEOE nos está mostrando la hoja de ruta que aplicará la triunfante derecha desde la Moncloa.