Cruz de gobernadores

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Qué cruz tenemos con los últimos gobernadores del Banco de España. Son señores que ven la vida desde su atalaya acomodada y levitan a varios metros del suelo sin conocer las penurias que sufren muchas familias de este país para llegar a fin de mes. El actual inquilino, Luis María Linde, ha realizado su particular y neoliberal aportación al debate sobre las pensiones animando al ciudadano a firmar planes privados de jubilación. La gente que a duras penas consigue sobrevivir, los trabajadores con empleos precarios y salarios indecentes, los jóvenes que no consiguen sacar adelante su proyecto… habrán visto en estas palabras una ofensa. Igual que los pensionistas se sentirían indignados cuando hace unos días el gobernador sostenía con mucho desahogo que los pensionistas no deberían quejarse de la escasa subida de las pensiones: ya no tienen que hacer frente a hipotecas y eso mejora su paga mensual. Todo un dechado de sensibilidad y empatía, un razonamiento con mucho rigor académico. Ironía aparte, Linde linda con la falta de respeto. Lo cierto es que el máximo responsable del banco emisor sale al rescate del Gobierno y descarta que el incremento de las pensiones se vuelva a vincular al IPC. Que los jubilados pierdan poder adquisitivo, que haya un sistema público de pensiones sostenible, que la ciudadanía gane bienestar, que los pensionistas salgan a la calle pidiendo justicia social… le importa bien poco (al igual que al PP). Lo dicho: qué cruz.

Agujero negro

No se recuperarán cuatro de cada cinco euros destinados al rescate bancario en nuestro país. Se escapan por el sumidero hasta 60.600 millones, de ellos 40.000 millones de origen público. Son datos del Banco de España que escandalizan y que, sin embargo, no provocan la más mínima autocrítica del regulador. Alguna responsabilidad debe asumir ante este despropósito, no se puede mirar a otro lado cuando ha habido dinero para el sector bancario mientras se apretaba con recortes y pérdida de derechos a los ciudadanos. No hacía falta conocer este dato para afirmar, sin temor a errar, que el peso de la crisis (que no nos acaba de abandonar del todo) no se ha repartido por igual. El mayor sacrificio ha recaído sobre la espalda de los trabajadores y las clases medias. Por eso, en estos años ha crecido la desigualdad y los poderosos, en cambio, lo son más. Cuando uno lee este tipo de estas noticias sobre el rescate se ratifica en lo cruel e injusta que ha sido la gestión de la crisis desde los postulados de la derecha.

Foto.- Efe. Luis María Linde, gobernador del Banco de España.

Hasta aquí hemos llegado

Insaciables. Con la excusa de la crisis, el liberalismo se ha cebado con los trabajadores en los últimos cinco años. Nos han asestado golpes y más golpes y nos han arrebatado con avaricia derechos laborales. No se conforman con el resurgimiento de la figura de los trabajadores pobres, que con un sueldo de miseria no tienen para llegar a final de mes. Les parece poco que la brecha de la desigualdad se haya agrandado de tal manera que más de tres millones de personas hayan dejado de ser clase media y se encuentren en riesgo de exclusión. Se frotan las manos porque hoy los ricos son más ricos y los pobres más pobres. El peso de la crisis lo hemos soportado los trabajadores y ahora que se atisba la recuperación quieren más hachazos sobre los de siempre. No están satisfechos con las vueltas de tuerca que nos han dado. Pero hasta aquí hemos llegado.

El Banco de España plantea abaratar de nuevo el despido, quitar protección a los contratos fijos y una nueva revisión salarial. Otro tijeretazo en la barriga de los trabajadores. Al calor de las elecciones, el supervisor bancario se mete en arena política. Posiblemente animado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo usa para que lance globos sonda a ver si cuelan. Quiere sin duda el PP, empujado sus compromisos inconfesables, endurecer su reforma laboral infame. Una reforma que impuso sin diálogo y que genera poco empleo y además precario y con condiciones casi de explotación. Más que nunca hace falta que el 26 de junio saquemos democráticamente a Rajoy y al PP de la Moncloa y el nuevo Gobierno socialista derogue la reforma laboral y construyamos un nuevo marco de relaciones laborales que recupere la negociación, respete los derechos de la fuerza del trabajo y genere empleo de calidad y estable.

Foto.– EFE. Luis María Linde, gobernador del Banco de España.

Patriotas

El gobernador del Banco de España ha encontrado una nueva definición para patriotismo. Para Luis María Linde, la política de salvajes recortes del Gobierno de Mariano Rajoy «no es austeridad, sino patriotismo«. A buen seguro que en la Real Academia Española de la Lengua, en concreto en el sillón de la letra ‘p’ minúscula, se está trabajando a destajo para incluir esta nueva acepción en el diccionario. Tremendo e insultante desahogo de raíz ultraliberal. Las palabras de Linde producen indignación y sonrojo. Linde defiende sin complejos medidas que han producido sufrimiento a patriotas de carne y hueso: a los más de cinco millones de parados que buscan desesperadamente un empleo, a los trabajadores que les han arrebatado sus derechos laborales, a las familias que han perdido sus hogares como consecuencia de desahucios, a los pensionistas que han tenido que empezar a pagar los medicamentos o han visto emigrar a sus hijos y sus nietos, a los estudiantes que han perdido sus becas o que les han subido las tasas universitarias, a las dependientes y sus familias abandonados a su suerte, a los ciudadanos que han perdido prestaciones sanitarias en las comunidades gobernadas por el PP… Éstos son los patriotas que han sufrido el patriotismo de pacotilla del PP y de Rajoy. El gobernador del Banco de España ha hecho el discurso del portavoz de Economía del partido en el gobierno y no el que corresponde al representante del organismo independiente que supervisa el sistema bancario nacional. Mucha insensibilidad y nula empatía con los cientos de miles de españoles que han padecido las recetas crueles de la derecha. Y mucha adulación a los que lo pusieron en la poltrona.

A la carga

Llevo varios meses peleando civilizadamente con el Banco Popular para la eliminación de la cláusula suelo de mi hipoteca. Después de darle muchas vueltas y tras consultar a un compañero experto en asuntos de consumo, remití con fecha 8 de febrero un correo al defensor del cliente reivindicando la supresión de este concepto abusivo, de acuerdo con la doctrina europea del Tribunal de Luxemburgo. Dos semanas más tarde, el Servicio de Atención al Cliente me devolvía una comunicación electrónica con mucha cortesía pero denegándome la petición. El banco se agarraba a que está cláusula está en la hipoteca, eso sí no dice nada de que está de forma emboscada y que la publicidad de entonces silenciaba, usando la jerga del sector, esta acotación mínima del tipo de interés. Por tanto, transparencia cero y, en cambio, sí mucha indefensión para el usuario.

Ni corto ni perezoso elevé la demanda al Banco de España, que abrió un expediente y lo archivó en el mes de mayo sin más explicaciones. No está esta institución para perder el tiempo con asuntos de los ciudadanos, allí se pica más alto y los prebostes se codean con gente del taco y de mucha influencia. El regulador bancario está siempre más preocupados en sus veleidades políticas (una reforma laboral más dura aún, contratos por debajo del salario mínimo, la reforma de las pensiones, recortes de los servicios públicos…) que de controlar los desmanes de las entidades financieras. A la vista está el despropósito con las preferentes, con una ley hipotecaria alejada de la legislación europea, con las millonarias indemnizaciones de los altos ejecutivos bancarios o con la gestión infame de Bankia, las muchas entidades quebradas de la costa levantina, CajaSur y un largo etcétera.

El auto aclaratorio del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo aunque conocido esta semana, declarando nulas las cláusulas suelo de BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar, me ha animado a volver a la carga con el Banco Popular. Ya tiene en su correo el defensor del cliente un nuevo escrito. Sin embargo, el Popular, el Sabadell y BBK no se dan por aludidos por el pronunciamiento del alto tribunal. En cambio, la habitualmente meliflua Defensora del Pueblo en esta ocasión se ha mostrado enérgica y ha pedido a todas las entidades que apliquen la sentencia del Supremo. La pelea continúa y no creo que esté solo en el campo de batalla. Aunque sólo sea por dignidad, no pienso desfallecer. El sentido común y la ética tienen que terminar triunfando ante el abuso. Medio millón de usuarios del BBVA ya lo han conseguido… Y no serán los últimos.

Otra sugerencia envenenada

El Banco de España sigue haciendo de las suyas. El supervisor bancario, en lugar de dedicarse al control del sistema financiero, continúa haciendo pinitos en política. Su última propuesta pasa por hacer contratos fuera de convenio y suprimir el salario mínimo para determinados grupos de trabajadores, en concreto aquellos con menos cualificación o los que tienen más dificultad para encontrar empleo. En definitiva, el Banco de España plantea una vuelta de tuerca más a la fracasada reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Y no se queda ahí y propugna adelantar la jubilación a los 67 años. Toda una declaración de intenciones neoliberales del equipo del gobernador Luis María Linde, como ya hizo en su día su antecesor Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Por qué se meten donde no los llaman? Perseveran en el error que nos ha traído y nos ha hundido en esta profunda crisis. Los recortes sólo generan más depresión y empobrecimiento de la sociedad. Empiezo a pensar que los que dirigen la economía están interesados en seguir ahondando la recesión y en la generación de paro para conseguir mano de obra barata y sometida. Los que mueven los hilos están cebando la desesperación de los parados para que estén dispuestos a trabajar por lo que sea renunciando a sus derechos. Todas las conquistas de muchas décadas de lucha obrera se están escapando por el sumidero de la crisis.

Rato se rebela

Rodrigo Rato no quiere comerse solo el marrón de Bankia. Ha pasado de héroe a villano en poco tiempo. De gran gurú económico de la derecha patria a apestado tras el hundimiento de ese Titanic del sistema financiero español. Saltó por la borda un minuto antes de que lo arrojaran a los tiburones. Nos vendieron que dejaba el puente de mando por responsabilidad y en realidad era la única opción que le quedaba. El nombre de Rato se ha caído del santoral del Partido Popular. Superados los primeros momentos de confusión, la maquinaria de propaganda pepera no ha podido tapar más vías de aguas en este naufragio y bien que se afanó en buscar un chivo expiatorio en el Banco de España para salvar el prestigio cada vez más mermado del ex presidente del FMI.

La bola del fiasco cada vez era más grande. Empezó el baile de cifras sobre el eventual rescate y en unos días se pasó de unos 4.500 millones de euros a 23.500 millones de aportación pública (y lo que te rondaré morena, nadie parece capaz de decir que hasta ahí llega la cuenta). Esta escandalosa cuota de dinero público pone en solfa la labor de los gestores de Bankia, especialmente a su último presidente, el ínclito Rato. Éste ha roto su silencio después de tres semanas apartado de los focos. En una carta remitida a los consejeros de la entidad en apuros, el ex ministro califica de «inyección brutal» a costa del Estado esos 23.500 millones, equivalentes al 2% del PIB nacional. Según Rato, la entidad no necesita tanto dinero. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Qué hay detrás de esta tragicomedia de enredo? El tiempo irá arrojando luz a este turbio asunto.

Más allá de esta pelea de gallos en el corral del PP, lo único claro es que el desafuero de Bankia lo pagamos entre todos. Y nadie parece dispuesto ni a dar explicaciones de lo sucedido ni a asumir sus responsabilidades en el entuerto. Ni las políticas y mucho menos las penales (si las hubiere).

Una investigación sobre Bankia

Con el pufo de Bankia, el Partido Popular se está lavando las manos. Miran hacia otro lado como si el despropósito no fuera con ellos. El Gobierno ha tardado cinco días en dar la cara, se ha escondido detrás del burladero de unos escuetos comunicados de prensa cuando se cernía sobre el sistema financiero nacional y, por consiguiente, sobre el valor de la marca España una tormenta de dimensiones imprevisibles. Su gestión de la crisis ha sido más que deficiente, ha frisado la temeridad. Con ese tiempo de silencio bochornoso, con la opinión pública necesitada de una explicación convincente, los peperos estaban ganando tiempo para articular un relato exculpatorio y buscar al chivo expiatorio. El dedo acusador ha señalado al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Sin ser MAFO santo de mi devoción por sus desvaríos neoliberales con la reforma laboral y las pensiones, entre otras obsesiones, se antoja tremendamente injusto culpar al policía (el regulador) en lugar de los que cometen la fechoría (los responsables de las cajas, especialmente Caja Madrid, que alumbraron el nacimiento de Bankia). Habrá que reprender al gobernador por su negligencia in vigilando, pero los que han llevado a la ruina a la cuarta entidad financiera española han sido los gestores del Partido Popular, desde Miguel Blesa a Rodrigo Rato pasando por José Luis Olivas en la vertiente levantina. Bankia hace aguas por su excesiva exposición al ladrillo, por su ambición expansionista con fusiones de riesgo que han empeorado su cuenta de resultados y, si no fuera bastante, por una guerra soterrada de los gallitos del corral pepero madrileño (léase Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón) por el control del chiringuito. Con lo que nos va a costar a los españoles esta nacionalización del banco (o socialización de sus pérdidas), comparto con Ignacio Escolar que se debería abrir una comisión en el Parlamento para aclarar la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal.

Viñeta.– Los Calvitos en elplural.com

La irresponsabilidad de Soraya

Volvemos a las andadas. Como en 1996, el Gobierno del PP le ha puesto la proa a Andalucía. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no sólo equivocó el Palacio de la Moncloa con la sede de su partido, error de bulto que denota cierta bisoñez (o ganas de confundir), sino que mintió sobre la situación financiera de Andalucía. Haciendo el juego a su compañero Javier Arenas, postulante por cuarta vez a la presidencia de la Junta el 25-M, y a un periódico reconvertido en pasquín, lanzó una sombra de sospecha sobre las cuentas de la comunidad andaluza. Los datos desmienten la osadía sectaria de Soraya: el Banco de España o el Ministerio de Hacienda certifican que tanto la deuda como el déficit de Andalucía están por debajo de la media nacional. Con estos argumentos, sólo cabe calificar de irresponsabilidad inadmisible la declaración de la vicepresidenta y enmarcarla dentro de la carrera electoral a la desesperada de un Arenas al que ya no le quedan más oportunidades ni derrotas que acumular. Esta forma de actuar recuerda a la deslealtad institucional que caracterizó los ocho años de Aznar. A la derecha parece que sólo le va el palo y tentetieso  con Andalucía. Comparto las palabras del presidente Griñán: «Esto es una operación contra Andalucía orquestada por motivos puramente electorales«. ¡Basta ya de agresiones!

Los culpables de la Gran Recesión

Vincenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los pensadores más preclaros de la izquierda, culpa de las elevadas tasas de desempleo en nuestro país a los comportamientos especulativos de la banca española, pobremente supervisada por el Banco de España. Esta voracidad del sector financiero es, a su juicio, la mayor causa de que se creara la burbuja inmobiliaria en los noventa que ha acabado dañando brutalmente a la economía española y agravando la recesión económica que ha afectado a todo el planeta. También responsabiliza a los mismos actores de la balbuceante recuperación económica, de un despegue que no se produce por el lastre de actitudes egoístas de los poderosos. Navarro entiende que las maniobras especulativas persisten ante el silencio cómplice del regulador nacional retrasando la resolución del problema inmobiliario.

La mayoría de expertos inmobiliarios en países europeos, según publicaba The New York Times el 18 de diciembre, calcula que el precio de las viviendas en España debiera bajar un 30% o un 40% para que funcionara de nuevo el mercado de la vivienda y se recuperara así la economía. Sin embargo, el precio de la vivienda ha bajado sólo un 12,8% desde 2006, el momento en que había alcanzado el mayor precio. Las entidades financieras, recuerda el  catedrático, siguen aferradas a los precios del boom inmobiliario porque temen perder mucho dinero y esperan que los mercados se recuperen para venderlos a unos precios artificialmente altos. “Si el mercado funcionara correctamente, una manera de que la Banca pudiera vender las viviendas vacías y reavivar así el mercado inmobiliario hubiera sido bajando los precios a unos niveles más asequibles (que se correspondan al nivel de salarios medios del país)”.

Navarro acusa al Banco de España de proteger a las entidades financieras,  al considerar que los precios ya han bajado al nivel que debieran hacerlo y niega ahora que estén todavía inflados. Los responsables fundamentales del descalabro, emboscados en ese temible ente sin rostro que son los mercados, buscan como cabezas de turco las políticas de izquierda para descargar con ira su desvergüenza y, mientras tanto, siguen sin arreglar su casa. Haz lo que yo diga y no lo que yo haga.

Para más información, lee el artículo El capital financiero y su supervisor (el Banco de España) son responsables del elevado desempleo en el blog de Vincenç Navarro.