La puntilla

Las tasas judiciales, uno de los mayores ataques del Gobierno de Mariano Rajoy a la igualdad en España, ya son historia. El Tribunal Constitucional le acaba de dar la puntilla al declarar inconstitucional estos gravámenes. El Consejo de Ministros ya rectificó parcialmente su despropósito y anuló en 2015 las que afectaban a las personas físicas ante la evidencia de que esta medida podía vulnerar los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24 de la Constitución. En Moncloa habrían oído campanas y eliminaron esa parte. Y ahora ha llegado el fallo de TC, que se refiere a las tasas en su globalidad, aunque de facto sobre tendrá incidencia en las que aún estaban en vigor: las de las personas jurídicas (empresas, ONG, partidos políticos…) porque, según recoge la sentencia, impiden por su elevada cuantía el acceso a la Justicia.

Este capricho de Alberto Ruiz Gallardón, muy contestado por juristas y la oposición política en su momento, ha concluido en gran fracaso. No sólo instauraba una administración de justicia a dos velocidades, limitando el acceso a aquellos que podían pagar las tasas, sino que además no consiguió ninguno de los objetivos de mejora que se habían planteado con esta norma tan injusta. Es una ley que se puso en marcha para disuadir al ciudadano y con un claro fin recaudatorio. Y todo ese dinero tributado no se ha destinado a ofrecer un mejor servicio público. Se intentó matar moscas a cañonazos perjudicando a los que querían ejercitar correctamente su derecho a recurrir. Y eso es lo más grave de este resbalón del Gobierno del PP: la flagrante vulneración de principios constitucionales esenciales como el de igualdad o la tutela judicial efectiva, motivos por los que la Junta de Andalucía llegó a interponer dos recursos ante el Tribunal Constitucional.

Para el PP esta sentencia constituye un severo varapalo, pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos le permite pasar página de un mal sueño.

Foto.- EFE. Gallardón y Rajoy.

Por la libertad de información

El Partido Popular no está encajando bien el goteo permanente de informaciones sobre sus casos de corrupción y escándalos políticos. Que si Gurtel, que si Bárcenas, que si la caja B y la supuesta financiación ilegal a través de donaciones durante muchos años, Púnica, las andanzas de Rato, Pujalte o Trillo, el escarnio de la costa levantina, el caso de las renovables en Castilla-León… Este machaque casi diario para un partido que, según Aznar, era incompatible contra la corrupción lo tienen de los nervios y cuesta abajo y sin freno en todas las encuestas.

En esa estamos y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene la ocurrencia de reabrir el debate de sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones de investigaciones judiciales. Antes que él ya lo hizo su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Quieren matar al mensajero y mutilar el derecho constitucional de la libertad de prensa y de los ciudadanos a recibir información veraz de lo que acontece. Ante tamaño desvarío democrático, el ministro se vio obligado a matizar sus primeras palabras, que ponen sobre la mesa el verdadero pensamiento de una formación política que parece no entender el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático. El mero planteamiento de un recorte de libertades de ese calibre es inadmisible. La censura era un instrumento de otros tiempos.

Un despropósito que deja en entredicho el talante del Gobierno y del PP y que requiere una desautorización en toda regla de instancias superiores al ministro. Si no se produce, habrá que pensar que todos están en la misma sintonía. La democracia necesita transparencia y no opacidad, el deber de los medios es facilitar una información veraz, los ciudadanos tienen derecho a recibirla y corresponde a la administración de justicia, en todo caso, custodiar los contenidos de sus instrucciones bajo secreto de sumario. Si algún medio se excede en su cometido democrático, para eso están los tribunales de justicia. Lo que plantea el ministro es intolerable en democracia.

Foto.La Vanguardia. Catalá y Gallardón, en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría.

Borrón y cuenta nueva

El Gobierno que preside Mariano Rajoy quiere hacer borrón y cuenta nueva con los dos años y nueve meses de nefasta gestión del Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. No sólo han metido en la nevera su reaccionaria reforma de la ley del aborto, motivo de la dimisión, sino que el nuevo poseedor de la cartera, Rafael Catalá, quiere revisar las tasas judiciales. Una enmienda a la totalidad de la trayectoria ministerial de Gallardón. Nos ha dejado el otrora rostro moderado de la derecha patria un legado envenenado con las tasas, una medida que ha instaurado una justicia para ricos y para pobres. Al más puro estilo neoliberal, sólo quien puede pagar puede defender sus derechos en los tribunales. Se ha fulminado la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El flamante sustituto quiere desandar lo andado para el perjuicio de la mayoría y quiere modificar la contestada ley de tasas. Visto lo visto, más que dimitir lo tendría que haber destituido Rajoy. Ahora el presidente se desentiende de todo y le echa la culpa a Gallardón. Como para fiarse del jefe.

La ley de Rajoy

La retirada del anteproyecto de reforma de la actual ley de plazos de interrupción del embarazo ha sido un triunfo de la sociedad española. Ahora Rajoy se quiere sacudir su responsabilidad y echarle el muerto al dimitido Gallardón. Y la iniciativa es suya y del PP, que no busque vías de escape falaces porque no va a convencer a nadie. El vídeo que ha preparado el PSOE deja la posición del presidente al descubierto durante los últimos casi tres años.

Ángel caído

No soy creyente pero la caída en desgracia de Alberto Ruiz Gallardón me recuerda el pasaje bíblico del ángel caído. Mariano Rajoy ha utilizado al ya ex ministro de Justicia  como ariete contra la progresista ley de plazos del aborto aprobada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y lo ha dejado caer del paraíso conservador por el peso de las encuestas y el previsible castigo del centro ante tanta  reacción en los aledaños del PP. Una respuesta oportunista del presidente del Gobierno y una cabeza de turco después de tensionar a la sociedad española por razones de pura moralina.

Se podía recurrir al enemigo que huye, puente de plata… Pero no. Gallardón ha sido el peor ministro de Justicia de la democracia y en este periodo en el Gobierno ha mostrado su cara más rancia y ultra. Ahí quedan las injustas tasas que diseñan una justicia de primera y de segunda. Su renuncia ha sido un triunfo de las mujeres, de su libertad para decidir sobre su maternidad, y también el fracaso del ex alcalde de Madrid. Ha puesto tanta carne en el asador Gallardón que la desautorización pública de Rajoy no le ha dado más salida que su dimisión. El ex ministro ha quedado achicharrado y su marcha era inevitable, digna pero cantada y sin más vuelta de hoja. El presidente ha sacrificado a uno de sus peones para mejorar sus opciones ante las urnas por razones de cálculo electoral.

Ahora sólo queda que el Gobierno de la nación retire el recurso contra la ley vigente y deje que España sea un país moderno y no de tiempos del Medievo.

Fabra juega de nuevo a la lotería

Carlos Fabra espera que le toque de nuevo la lotería. Este español ha tenido la fortuna de tener el décimo premiado en seis ocasiones. Una suerte difícil de creer hasta en el mejor de los sueños. Pues el ex presidente de la Diputación y líder durante décadas del PP de Castellón confía en que le sonría de nuevo el azar. Ha pedido el indulto a fin de evitar el ingreso inminente en prisión para cumplir una condena de cuatro años por delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz Gallardón, ha comenzado los trámites preceptivos. Es de esperar que no prospere esta medida de gracia. Lo contrario sería un escándalo. De momento, esta maniobra le puede servir a Fabra para retrasar su entrada en la cárcel. El inventor de los aeropuertos sin aviones conoce todo tipo de trucos y añagazas.

Indultos

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en sus dos años y medio de mandato un triste historial de indultos. Las medidas de gracia con el PP en la Moncloa más que en excepción se han convertido en regla. En sus once primeros meses se llegaron a aprobar 468 decretos de perdón. Un registro para el récord Guiness. Por una vez, el Consejo de Ministros ha actuado en sintonía con la opinión generalizada de la sociedad española. Simple cumplimiento de la norma… y del sentido común  El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto denegar el indulto a una serie de condenados de renombre por delitos de distinta naturaleza. Nadie habría entendido que el ex presidente de Baleares y destacado del PP Jaume Matas, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz o el torero José Ortega Cano, entre otros, se escaparan de rositas. La decisión contraria a la finalmente adoptada habría provocado un enorme clamor social. El Ejecutivo se ha limitado a respetar la ley y a no levantar ampollas gratuitamente.

(Lista de indultos desde 2012: haz clic)

Foto.- Matas, en la Audiencia Nacional. Foto El País.