181 efectivos policiales más

Comunicado remitido a los medios de comunicación

El Campo de Gibraltar cuenta 181 efectivos más de Policía Nacional y Guardia Civil desde la llegada del Gobierno socialista en 2018

El senador Vázquez celebra el compromiso real del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez con la seguridad y la dotación de recursos humanos para combatir el delito

La dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el Campo de Gibraltar se ha incrementado en 181 efectivos desde la llegada de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez en junio de 2018. Con el Ejecutivo del PP se cerró el ejercicio de 2017 con 1.956 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil mientras que, a fecha de 31 de marzo de 2020, el número de agentes desplegados en la comarca asciende a 2.137.

A estas cifras habría que sumar, según la respuesta del Gobierno de España al senador socialista Miguel Ángel Vázquez, “el refuerzo sostenido de las plantillas policiales de la comarca desde el mes de agosto de 2018 con efectivos del área de seguridad y de investigación, que ha posibilitado una mayor presencia de unidades uniformadas de intervención y respuesta, así como un mayor desarrollo y dotación de las estructuras dedicados a la investigación del narcotráfico”.

En la contestación, el Ejecutivo de la nación recuerda que este refuerzo es “una de las medidas de impacto contempladas en el Plan de Seguridad” para el Campo de Gibraltar, un plan que, a juicio de Vázquez, está dando buenos resultados en la lucha contra las actividades ilícitas en la comarca porque al disponer de más medios humanos, la eficacia policial se ha multiplicado.

Según datos del Ministerio del Interior, en los dos primeros años de vigencia del plan ha aumentado un 30,8% el número de detenidos y se ha incautado más de 268 millones de toneladas de drogas.

El representante del PSOE celebra el compromiso con la seguridad y la apuesta real de este Gobierno por la persecución del delito. “A la derecha se le llena la boca de promesas que nunca cumplen. La realidad es que durante el mandato de Mariano Rajoy la comarca perdió efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha crecido el número de agentes y la dotación de medios materiales”, sostiene el senador socialista.

Durante los seis años del Partido Popular, se recortaron incluso las plantillas de las FCSE en el Campo de Gibraltar: a 31 de diciembre de 2011 se contaba con 1.990 efectivos y la dotación alcanzó un mínimo de 1.935 miembros en 2015.

Vázquez recuerda que en los seis años de gobiernos del PP se perdieron en España 12.000 efectivos de la FCSE, 1.700 de ellos en Andalucía, 967 policías y 627 guardias civiles menos. “Esta es la triste herencia que nos dejó el Gobierno de Rajoy y los representantes del PP en la comarca y en la comunidad autónoma guardaron un silencio cómplice y callaron con sumisión”, concluye el senador.

Respuesta del Gobierno de la nación a la pregunta parlamentaria

 

Los largos tentáculos del PP

¿Se siente incómodo el Partido Popular con la independencia de otros poderes y con la imprescindible neutralidad de los organismos del Estado? Diría que sí, sin matices. Basta repasar la actualidad para comprobar una estrategia para desactivar todos los resortes de la arquitectura institucional de este país e intentar ponerlos a su servicio. En las últimas horas los resultados son más que evidentes y sus consecuencias gravísimas para nuestra democracia.

1. Dimisión del fiscal general del Estado. La opinión de la inmensa mayoría de los medios es unánime: Eduardo Torres Dulce deja el cargo hastiado por el acoso del Gobierno. Mariano Rajoy no quiere un servidor del Estado sino una marioneta del Ejecutivo.

2. 13 magistrados del Supremo se rebelan contra las presiones del Gobierno. El detonante es la acusación velada de prevaricación lanzada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por la puesta en libertad de presos etarras que habían cumplido sus condenas de acuerdo con la legislación europea. A las palabras de Fernández Díaz hay que sumar, aunque con menos visceralidad y desproporción, las de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y las del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los jueces le piden al presidente del Supremo que actúe ante estas injerencias insoportables.

3. Se aparta al juez Ruz de la Audiencia Nacional. En una controvertida decisión de la permanente del Poder Judicial, según especialistas en la materia, muy condicionada desde el poder político, no se prorroga la comisión de servicios en la sala cinco de la Audiencia Nacional al magistrado Pablo Ruz, que está investigando el caso Gürtel, el caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP. Temas todos muy sensibles para el partido del Gobierno y que el juez tiene hasta marzo para seguir desentrañando. Si no culmina la instrucción, está en el mejor de los escenarios sufrirá un importante retraso.

4. Nombramientos a la carta. Se ha removido a responsables policiales y de la Agencia Tributaria que estaban investigando asuntos judiciales relacionados con el Partido Popular. Nadie del Gobierno ha dado una explicación más convincente que un porque sí.

5. RTVE, con control remoto desde la Moncloa. Nada más llegar al Gobierno, el PP promovió una reforma de la ley de la radio y televisión públicas para que el director general fuera elegido por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Ejecutivo. En la etapa socialista se aprobó una norma para que el responsable de la RTVE necesitara mayoría cualificada de la Cámara para un periodo de seis años a fin de garantizar su independencia. Con este chusco movimiento, el PP ha conseguido un ente público al servicio de sus siglas y que ha perdido la audiencia y la credibilidad adquirida en los años anteriores.

Éstos son sólo unos ejemplos a vuelapluma de cómo se las gasta el PP, un partido que no entiende que el Estado y sus instituciones y no son patrimonio de nadie.

Foto.– Confidencia entre Rajoy y Fernández Díaz, que le comenta algo con la boca tapada, para que no se le lean los labios, al modo de los futbolistas.

Multa, humor y frentismo

El ingenio que existe en este país es inmenso. En apenas unas horas ya circulaban por las redes sociales y por whatapps fotos, chistes y montajes (como los que ilustran este post) sobre la multa de Esperanza Aguirre y su posterior fuga. Como es habitual en este sacrosanto país, un hecho tan incontrovertible como estacionar en lugar inadecuado y desatender las indicaciones de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha degenerado en un debate entre partidarios y detractores de la lideresa. El frentismo es una dramática seña de identidad de nuestra sociedad. En este episodio no se juzgan las cualidades políticas de la ex presidenta madrileña, que para eso tiempo habrá, sólo se censura un hecho puntual, agravado por su reacción incívica y altanera y acabado de estropear por su carrusel de declaraciones de autodefensa cargados de soberbia y prepotencia. Al margen de que determinados altavoces salgan a justificar lo injustificable, lo cierto es que a la sociedad española, incluido el PP, le ha quedado claro el numerito que ha montado Aguirre. Una peripecia que no habría pasado del pago de unos euros y habría quedado en el desconocimiento general si no la hubiera agravado su actitud arrogante. Y una pregunta: ¿dónde habría acabado cualquier ciudadano que hubiera respondido de idéntica forma que la lideresa? Nos lo podemos imaginar.

El mal ejemplo de Aguirre

No ha sido un buen día para Esperanza Aguirre. Le han puesto una multa por dejar su coche mal estacionado en un carril bus de la Gran Vía y ha montado una zapatiesta. Su reacción refleja demasiada arrogancia. Cualquier ciudadano habría asumido la infracción del código de circulación, habría recogido la hoja rosa con el castigo correspondiente y se habría ido a su casa disgustado pero sin hacer ruido. Ella directamente ha montado el número. Dice el parte policial que «poniéndose nerviosa, sube al vehículo, arranca y golpea la moto», dejándola caer. Y no se queda ahí: no atiende el alto y se da a la fuga hasta el punto de que un patrullero tiene que perseguir a la ex presidenta madrileña con la sirena puesta para entregarle la notificación por contravenir las normas de tráfico. Si la respuesta en caliente se ha saldado con una escapada a los Fast & Furious, su versión en frío de los hechos es aún peor. Sostiene Aguirre que los agentes sólo buscaban hacerse una foto poniéndole la multa. Sus declaraciones a El Mundo son de aúpa: califica a los agentes de prepotentes y machistas y desliza que pudo tratarse de una retención ilegal. El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Ana Botella, ha salido en defensa de la profesionalidad de sus funcionarios. Nadie está exento de cometer alguna infracción de tráfico. En cambio, la gestión de todo lo demás resulta francamente reprochable y traslada un mal ejemplo a la ciudadanía. Más censurable incluso tratándose de un personaje público.

Lo privatizan todo

Privatizan hospitales, privatizan la educación, privatizan el agua… El PP lo privatiza todo. El siguiente paso es privatizar la seguridad. Una reforma legal impulsada por los populares otorga a los vigilantes privados atribuciones hasta ahora desempeñadas por las fuerzas de seguridad del Estado. A partir de ahora los seguratas podrán actuar contra supuestos delincuentes en calles comerciales, polígonos industriales y urbanizaciones privadas. Los vigilantes podrán detener, cachear e identificar a los ciudadanos en zonas públicas. Esta reforma de la Ley de Seguridad Privada convierte este servicio público en mercancía y negocio. Con este medida, ganan las empresas y pierden los ciudadanos.

Los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil rechazan esta norma porque supone desamortizar la seguridad pública. El Gobierno quiere paliar la disminución de las plantillas policiales (en los próximos cuatro años se perderán 10.000 agentes al no reponer las jubilaciones, según el SUP) con vigilancia privada. Esto nos suena. En la época de Aznar cayó en picado el número de efectivos policiales y de esa circunstancia se aprovechó el sector privado, entre cuyos empresarios más relevantes se encontraban figuras destacadas de la derecha política de este país. Se quiere poner la seguridad pública al servicio de la privada. Es una vieja aspiración de la derecha fomentar la desigualdad de oportunidades también en una materia tan sensible como la seguridad y éste es un paso decisivo en esa funesta trayectoria.

Todo muy coherente con el ideario neoliberal del PP, que se está cargando el estado del bienestar y ahora va por el estado de derecho. Ya no hay complejos ni en la Moncloa ni en la calle Génova para sacar a flote su programa más conservador.

Foto.– Telecinco. Mariano Rajoy y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados.

Noticias inquietantes

El Gobierno de la nación no sólo está ejecutando recortes de derechos y conquistas sociales. Además, nos está colando un tijeretazo sibilino a las libertades. En su planes se dibuja un horizonte de estado policial y se aleja el estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución. Os dejo algunas noticias que me han inquietado en los últimos meses por el retroceso evidente que suponen:

♦ El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá «un sistema severo de sanciones administrativas» para evitar las filtraciones en los casos en los que una investigación esté protegida por el secreto de sumario. (Lee más en Ideal)

♦ La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado un recordatorio que tiene mucho de amenaza para el conjunto de los fiscales de este país: les ha recordado que «todos» pueden ser cesados si pierden la confianza de Eduardo Torres Dulce, el fiscal general puesto por el PP. (Lee más en DiarioProgresista)

♦ «La libertad de información tiene un límite». Así de claro lo tiene el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano. En su opinión en la difusión de los papeles de Bárcenas se ha producido una «libertad de información irresponsable». (Lee más en eleconomista.es)

♦ Artimañas del ministro para meter miedo a los medios. Montoro sigue amenazando a los medios: «A veces los creadores de opinión tienen problemas con Hacienda». También arremetió contra los artistas y los partidos. (Lee más en Periodista Digital)

♦ El Gobierno está dispuesto a analizar con «mucho interés» las propuestas o enmiendas presentadas a la reforma laboral relativas a un cambio en la Ley de Huelga, después de que la patronal haya pedido una nueva regulación de este derecho. (Lee más en La Razón)

♦ El Ministerio del Interior está estudiando que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohíba la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando. (Lee más en el Huffington Post)

♦ En Justicia vuelven los 80. Vuelven las normas que se aplicaron entonces. Si mantiene sus propuestas y no a ellas en favor del consenso, Gallardón será también uno de los miembros del Gobierno de Rajoy que dejará una mayor impronta conservadora a su gestión. (Lee más en El País)

♦ La Policía consignó en dos atestados distintos, dirigidos a sendos jueces de Instrucción de Madrid, el perfil político e ideológico del abogado Erlantz Ibarrondo, de izquierdas y próximo a los movimientos sociales, al considerar esos datos relevantes para catalogar ante los respectivos magistrados a las personas a las que él mismo defendía en esas causas. (Lee más en Público)

♦ Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel. La reforma del Código Penal puesta en marcha por Gallardón deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de perseguir a quienes presten su hospitalidad a extranjeros no comunitarios. (Lee más en Público)

♦ Alberto Ruiz Gallardón: «La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar». (Lee más en La Razón)

♦ Los obispos españoles están cerca de apuntarse una de sus mayores victorias educativas de los últimos 35 años. Han negociado en silencio hasta conseguir que el proyecto de ley de enseñanza que ha presentado esta semana el Gobierno de Mariano Rajoy colme una de sus históricas reivindicaciones: que los alumnos que elijan no cursar la asignatura de Religión tengan que estudiar una materia alternativa fuerte. (Lee más en El País)

Muchas de estas noticias tienen como protagonista a Gallardón, un dirigente considerado moderado que está demostrando que detrás de esa falsa imagen se esconde un político muy de derechas, más reaccionario que la media de un gobierno ya de por sí muy retrógrado.

Mordaza a la sociedad

La derecha siempre ha tenido la mano dura y aversión a la transparencia. Este ADN reaccionario explica la intención del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz de penalizar a los que tomen imágenes de los policías en el ejercicio de sus funciones. En estos tiempos las tecnologías permiten la transmisión de contenidos audiovisuales a la velocidad de la luz. El Gobierno de Rajoy pretende poner coto a la difusión de excesos policiales como los vividos al calor de movilización del 25-S. Un paso más en su cruzada de recortes de libertades públicas. ¿Qué tiene de malo que se conozca la verdad? Sólo el escarnio público por eventual desproporción en el uso de la fuerza.

La Constitución consagra el derecho a la información. En el artículo 20 apartado 1d se reconoce el derecho ciudadano «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión«. Por tanto, si la información es veraz nada ha de impedir su difusión. La medida que estudia el gabinete de Rajoy tiene visos de inconstitucionalidad. Las asociaciones profesionales de jueces no ven base jurídica para la reforma y expertos en derecho la consideran incluso una barbaridad dictatorial. Al Partido Popular desea volver a los tiempos de oscurantismo y represión. Para ello no tienen el más mínimo reparo en colocar una mordaza a la ciudadanía para coartar su libertad de expresión. Nostalgia de los tiempos de censura.

¡Dimisiones ya!

Ya lo sabíamos. Pero este vídeo nos refresca la brutalidad de la carga policial contra estudiantes de Valencia. La violencia de las fuerzas del orden resulta desproporcionada e injustificada. Ningún cargo político ha pedido disculpas por la dureza desmedida contra unos jóvenes que manifestaban su discrepancia pacíficamente contra los recortes en educación. Aquí no dimite nadie por este ejercicio intolerable de represión ante una protesta cívica y democrática. Ni el jefe policial que llamó «enemigos» a los ciudadanos que se manifiestan, ni la delegada de gobierno que dio la orden de aplicar mano dura, ni el ministro de Interior que ha justificado y amparado esta respuesta más que reprobable. Viendo otra vez estas imágenes crece la indignación y se hace más urgente que nunca la asunción de responsabilidades políticas por parte de los (ir)responsables de este bárbaro despropósito.

La cachiporra

La sociedad española ha dado muestras de una enorme madurez y templanza frente a la crisis que nos azota desde 2008. Hemos asumido la situación con entereza y altura de miras dada la gravedad del momento. Nuestro ejercicio de responsabilidad se puede calificar de mayúsculo. Lo que no pueden esperar nuestros actuales gobernantes es que la ciudadanía permanezca impasible mientras le recortan derechos, deterioran sus servicios públicos o se impone un nuevo marco de convivencia que acentúa el poder de los de siempre. Dentro de los límites del estado de derecho y desde el más elemental civismo, cabe todo tipo de protesta. Estamos en una democracia y el ordeno y mando sabe a rancio.

Junto estas letras después de la masiva respuesta ciudadana del domingo por la brutal reforma laboral impulsada por Rajoy y, sobre todo, tras la impresentable carga policial contra unos estudiantes que protestaban por los recortes en su instituto. Antes (con Zapatero) y ahora (con Rajoy) el pueblo tiene derecho a alzar su voz y movilizarse en defensa de sus derechos. La mala gestión de su ejecutivo autonómico, del PP para más señas, los tienen sin calefacción (foto). ¿O es que hemos vuelto a los tiempos en que Fraga defendía en que la calle es nuestra? La derecha embriagada de éxito ha ridiculizado la masiva protesta contra la reforma laboral y ha recurrido a la violencia desaforada contra unos estudiantes que manifestaban su descontento pacíficamente.

Si resulta desproporcionada la violencia aplicada contra los jóvenes, mucho más estridentes y reprobables son las palabras del jefe superior de la Policía de Valencia. Calificar de enemigos a los ciudadanos nos retrotrae a la época de los grises y de la brigada político-social. Las fuerzas de seguridad del estado están al servicio de la población y no son extensiones de ningún poder ni de ninguna ideología. No se puede hablar de simple metedura de pata ni de un desliz. Al mando policial le ha traicionado el subconsciente y le han aflorado sus sentimientos retrógrados más profundos. Un cargo policial con esos esquemas mentales no tiene hueco en un estado democrático. No tendría que tardar un minuto el ministro de Interior en proceder a su relevo y, de camino, destituir a la delegada del Gobierno en esa comunidad como responsable política del desaguisado.

Llevan dos meses y han vuelto los métodos de antaño, la seguridad de la cachiporra. La derecha se siente cómoda con la represión, disfruta con la imposición y repudia el diálogo. ¿Qué diferencia entre la brutal respuesta de Valencia y el tratamiento hace unos meses de las concentraciones del 15-M? Ya pedían mano dura entonces la caverna mediática y los sectores más reaccionarios. Y no sólo ha sido el episodio de Valencia, también se han cargado las tintas contra trabajadores municipales de Jerez o contra representantes del 15-M en la Universidad de Cádiz. Señor Rajoy, no son tiempos de represión, ni de destrucción del estado del bienestar, ni hacer recaer todo el peso de esta maldita crisis sobre la espalda de trabajadores y pensionistas. Es la hora de crear empleo y oportunidades para la gente. ¿Es el Palacio de la Moncloa una campana neumática donde se olvidan las promesas? Si se defrauda, la ciudadanía reacciona. Así son las reglas de este juego. Antes… y ahora.

Pena de telediario

Curiosa unanimidad de las principales cabeceras en el quiosco nacional. Salvo El País, El Mundo, ABC, Público, La Razón, La Vanguardia o El Periódico de Catalunya dedican su ilustración de primera página a los detenidos, esposados y/o saliendo del furgón policial para ingresar en prisión, de la operación Pretoria, investigación del juez Baltasar Garzón que ha desarticulado una trama corrupta en la que participaban destacados representantes de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, hombres fuertes de la era Pujol) y PSC (Bertomeu Muñoz y Manuel Dobarco, alcalde y edil de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet, y el diputado Luis García). Sin embargo, se da la paradoja que muchos de ellos critican que el Ministerio de Interior no ponga remedio para evitar que se airee esta delicada situación cuando los señalados aún no están condenados en firme. En estos rotativos se concluye que estas imágenes dañan la presunción de inocencia de los afectados, la denominada pena de telediario resultaría excesiva e insoportable.

Dice El Mundo en su editorial que «no era necesario esposarlos y menos exhibirlos«. En sus páginas de opinión, El Periódico de Catalunya coincide en que «las detenciones y el traslado a Madrid de los detenidos en la operación Pretoria se antojan excesivas» y que abunda en que «hay que preguntarse si en la sociedad mediática en que vivimos no deberían revisarse los procedimientos para que a los presuntos culpables no se les aplique además la llamada pena del telediario«. También La Vanguardia, en un texto de Jordi Ricou, sugiere que el uso de las esposas implica una «vejación gratuita»: «Los detenidos en la operación Pretoria han pagado ya su primera condena. Es la ‘pena de telediario’, reservada para aquellos detenidos que sólo unas horas después de ser arrestados y cuando aún no han prestado declaración ante el juez aparecen ya esposados en los medios de comunicación. Y en este caso esa pena mediática se ha dictado con el pack completo. A la conducción con esposas hay que sumar dos noches de calabozo, un traslado de varias horas en furgón policial, una tercera noche en prisión y recogida de pertenencias personales –en una zona al alcance de las cámaras de televisión– metidas en bolsas industriales de basura«.

Choca esta voz en coro de los periódicos demandando respeto de los derechos de los inculpados y al mismo tiempo difundiendo a los cuatro vientos estas instantáneas. Hace unas semanas, a raíz de la difusión de las detenciones por el caso Palma Arena, el ministro del Interior aseguró que se había producido un error y que no se habían seguido las instrucciones del delegado del Gobierno. En realidad, no existe un protocolo sobre el uso de las esposas (la decisión queda al criterio -o al arbitrio- del mando policial del turno) ni se puede censurar la labor de los profesionales que buscan facilitar una información veraz. No habría que pedir para los políticos con problemas con la justicia un trato diferenciado que el que recibe el resto de los mortales. Estas imágenes están al cabo de la calle cuando los afectados son personas anónimas y no acabo de entender este exceso de celo que reclaman los medios cuando los protagonistas tienen cargo institucional o relevancia pública.

Otra derivada del caso. El PP, hace unas semanas, puso el grito en el cielo cuando sus cualificados militantes detenidos por la corrupción en el caso Palma Arena fueron grabados o fotografiados esposados a la salida de las dependencias judiciales. Ahora tienen una oportunidad de pedir para los demás lo que no querían para ellos. Además, como recordaba ayer Javier Pérez Royo, se les acabó la coartada. La operación judicial, además de las imágenes de los implicados en el affaire Pretoria, demuestran que no hay persecución ni trato discriminatorio al principal partido de la oposición en España. Ya ocurrió antes en Estepona, Alcaucín o El Ejido. En unos de sus editoriales de hoy, bajo el título Justicia a discreción, El País sostiene: «La contundente actuación del juez también da pie a otros contrastes. Basta recordar que el PP recusó a Garzón por ‘socialista’ cuando desató la operación Gürtel, y que luego Mariano Rajoy denunció que se dispensaba mejor trato a los ediles socialistas acusados de corrupción que a los cargos de su partido. Las imágenes del alcalde socialista de Santa Coloma, que con esposas llegó al juzgado y con ellas regresó a la cárcel de Soto del Real, desmienten el victimismo del PP«.

Simplemente se persigue al que delinque y los medios de comunicación tienen el deber de dar cuenta a la ciudadanía de lo que acontece. Lo que debería preocuparle al partido de Mariano Rajoy es tener tanta manzana podrida en su canasto y la sombra alargada de la Gürtel.