Filtración tendenciosa

Ya hoy podemos decir con escasísimo margen de error que en las últimas horas hemos vivido un gran montaje por parte del Gobierno de la nación para atacar a la Junta de Andalucía. Varios medios de comunicación, citando fuentes del Ministerio de Interior, se hacían eco de un presunto fraude masivo en fondos de formación. Con el transcurso de las horas, la noticia de alcance se ha acabado convirtiendo en una patraña, en una filtración interesada y tendenciosa. La cartera que dirige Jorge Fernández Díaz se desmarca de la filtración, que ellos no han sido, palabrita del niño Jesús, y la Fiscalía ha tenido que salir al paso de la intoxicación periodística aclarando que se investiga el uso que 17 empresas han podido dar a las subvenciones que no la forma de concederlas. Con este contexto, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. Todo apunta a una burda operación urdida para atacar al Ejecutivo andaluz deformando la realidad de manera espuria. Se ha utilizado una institución pública que es de todos en una maniobra con intereses particulares. El Ministerio del Interior, o algunos de sus componentes, han intentado hacer de ariete contra Andalucía y contra la Junta difundiendo una gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas.

2. Estamos ante un presunto fraude de fondos correspondientes al ejercicio de 2010 por parte de algunas empresas. Y no de la Administración autonómica, como subraya la propia Fiscalía. No es asunto generalizado, sino que se concentra en la investigación abierta de Málaga. Estamos ante un caso similar al descubierto hace unas fechas en la Comunidad de Madrid.

3. Se ha echado en falta rigor en el uso de los datos tanto por las sesgadas fuentes informantes como por el Partido Popular. No se puede confundir el presupuesto invertido en formación de decenas de miles de parados con lo que algunas empresas hayan podido defraudar. Sería tanto como considerar que porque una panadería use harina contaminada, todas las de Andalucía estuvieran también bajo sospecha. Por eso, la salida del jefe de la oposición andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, y algunos prebostes del PP se puede calificar de frívola e irresponsable que usa intencionadamente una mentira para dañar la imagen de Andalucía y de muchas empresas y entidades que han gestionado con rectitud las subvenciones recibidas.

4. Lo único de lo que hoy se tiene conocimiento es de la investigación abierta en Málaga. La Delegación del Educación, Cultura y Deporte de esa provincia entregó a la Seguridad Social 17 expedientes cuyo montante total asciende a 1,5 millones de euros. Además, está en curso el procedimiento ordinario de verificación por parte de la Administración andaluza de acuerdo con la Ley de Subvenciones. Se le ha requerido a todas estas empresas información adicional que acredite y justifique el gasto de la ayuda recibida. Si no lo hacen, se les pedirá el reintegro de las cantidades no justificadas. Reclamación parcial de los fondos que ya se ha hecho con la única empresa cuyo expediente está concluido.

Foto.- Casualmente, Moreno Bonilla se ha paseado hoy por la Semana Santa de Málaga con el Director General de la Guardia Civil. ¿Habrán hablado de las filtraciones tendenciosas del Ministerio?

Régimen de terror en RTVE

Cuando el Partido Popular entra por la puerta de los medios públicos, la verdad y la independencia saltan por la ventana. La derecha usa y abusa de lo que es de todos y pagamos con nuestros impuestos, se apropia de este patrimonio público y lo pone a su servicio sin importarle ni el interés general ni el derecho constitucional del ciudadano a una información veraz. Ese comportamiento poco democrático lo practica sin escrúpulos allí donde gobierna. No se detiene ante nada: proscribe la libertad de información, impone la censura y persigue a los profesionales que no pasan por su aro de indignidad e impudicia.

La manipulación campa a sus anchas en RTVE. El Partido Popular se ha cargado de un plumazo el prestigio y el reconocimiento general conquistado en los últimos años de la corporación, gracias al marco normativo impulsado por el Gobierno socialista para garantizar la neutralidad y la libertad de información. Al entrar como elefante en cacharrería, en menos de un año la audiencia ha abandonado espantada la radio y la televisión públicas por su sectarismo. El Gobierno de Rajoy está reeditando a las bravas un nuevo modelo Urdaci, donde la información es una materia prima manipulable que se sirve en función de criterios políticos y no periodísticos.

Los profesionales de RTVE han hecho público un rotundo basta ya y dan la voz de alarma por la purga interna y la tendenciosidad de sus contenidos.  En un comunicado, el Consejo de Informativos, órgano que representa a los periodistas de la cadena, da cuenta de “numerosas quejas y peticiones de amparo debido a las intromisiones y coacciones”. La cacería ha llegado hasta Informe semanal, posiblemente el programa más veterano en la parrilla de TVE y quizá el que goce de más reputación. Varios profesionales han sido expulsados del programa o amonestados por negarse a firmar reportajes con una línea parcial, contraria al comportamiento de un medio público. La independencia de los profesionales de la casa se garantiza en el Estatuto de Información y al Manual de Estilo de la corporación, documentos que la actual dirección considera papel mojado. El Gobierno ha colocado en Torrespaña a perros de presa, con Julio Somoano a la cabeza, que ejecutan órdenes directas desde la Moncloa.

Foto.elplural.com. Rajoy, con Somoano (izquierda) y el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique.

Sentencia inquietante

Si todos los jueces fueran como Ricardo Rodríguez Fernández, el periodismo estaría en serio peligro de desaparición. Este magistrado ha condenado a dos periodistas de raza, Daniel Anido y Rodolfo Irago, director y jefe de informativos de la Cadena Ser, por la osadía de contar la verdad. La sentencia se cae de las manos y hace una interpretación temeraria de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de la prerrogativa de la ciudadanía de recibir una información veraz. Las organizaciones gremiales de periodistas y otros colectivos de informadores digitales consideran el fallo inaudito, desmesurado y asombroso.

El togado dicta un veredicto injusto y exagerado (un año y nueves meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio del periodismo y una multa desorbitada basada en conjeturas sobre sus sueldos sin ni siquiera haberse molestado en preguntar a la empresa) por una teórica revelación de secretos al difundir una lista de afiliaciones irregulares en el PP de Madrid, un asunto que estaba en instrucción judicial por la denuncia presentada por la entonces alcaldesa de Villaviciosa de Odón y hoy diputada autonómica, Pilar Martínez. En la sentencia se reconoce la veracidad de la información y la noticiabilidad de los hechos y, sin embargo, el juez hace prevalecer el honor y la protección de datos de los citados por la Cadena Ser.

El magistrado sostiene que la salvaguarda constitucional al derecho a la información se refiere a la televisión, radio o prensa escrita, pero que debe matizarse en Internet, argumentando que no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal. El dilema que plantea Rodríguez Fernández evidencia su desconocimiento de la comunicación y de sus distintas manifestaciones. Y lo que es más grave: de la Constitución española. Nuestra carta magna establece en artículo 20.1 que “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Internet es un soporte más para la transmisión de datos, como lo es el papel para la prensa o las ondas para la radio y la televisión. Dentro de la red de redes, nos encontramos medios de comunicación digitales, sitios institucionales, portales corporativos o páginas personales, todos medios de difusión de contenidos informativos de diversa índole.

Resulta inaceptable y escandaloso que se condene a unos periodistas por no haber hecho otra cosa que cumplir con su deber informativo. Su único y grave delito ha sido desarrollar con libertad y diligencia su profesión. Ante el anunciado recurso de la Cadena Ser, habrá que confiar en que en instancias jurisdiccionales superiores se revoque una pifia que significa una monumental injusticia, y así se restablezca la normalidad democrática y se respete la libertad de expresión de voces independientes en el ejercicio noble del periodismo. Una sentencia como ésta supone, como señala la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), “un serio atentado contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos, además de debilitar el estado de derecho y el prestigio de las instituciones”. Lo comparto desde la primera a la última letra.

Pena de telediario

lavanguardia31-10-09El Periódico de Catalunya
elmundo31-10-09publico31-10-09
larazon31-10-09abc31-10-09

Curiosa unanimidad de las principales cabeceras en el quiosco nacional. Salvo El País, El Mundo, ABC, Público, La Razón, La Vanguardia o El Periódico de Catalunya dedican su ilustración de primera página a los detenidos, esposados y/o saliendo del furgón policial para ingresar en prisión, de la operación Pretoria, investigación del juez Baltasar Garzón que ha desarticulado una trama corrupta en la que participaban destacados representantes de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, hombres fuertes de la era Pujol) y PSC (Bertomeu Muñoz y Manuel Dobarco, alcalde y edil de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet, y el diputado Luis García). Sin embargo, se da la paradoja que muchos de ellos critican que el Ministerio de Interior no ponga remedio para evitar que se airee esta delicada situación cuando los señalados aún no están condenados en firme. En estos rotativos se concluye que estas imágenes dañan la presunción de inocencia de los afectados, la denominada pena de telediario resultaría excesiva e insoportable.

Dice El Mundo en su editorial que “no era necesario esposarlos y menos exhibirlos“. En sus páginas de opinión, El Periódico de Catalunya coincide en que “las detenciones y el traslado a Madrid de los detenidos en la operación Pretoria se antojan excesivas” y que abunda en que “hay que preguntarse si en la sociedad mediática en que vivimos no deberían revisarse los procedimientos para que a los presuntos culpables no se les aplique además la llamada pena del telediario“. También La Vanguardia, en un texto de Jordi Ricou, sugiere que el uso de las esposas implica una “vejación gratuita”: “Los detenidos en la operación Pretoria han pagado ya su primera condena. Es la ‘pena de telediario’, reservada para aquellos detenidos que sólo unas horas después de ser arrestados y cuando aún no han prestado declaración ante el juez aparecen ya esposados en los medios de comunicación. Y en este caso esa pena mediática se ha dictado con el pack completo. A la conducción con esposas hay que sumar dos noches de calabozo, un traslado de varias horas en furgón policial, una tercera noche en prisión y recogida de pertenencias personales –en una zona al alcance de las cámaras de televisión– metidas en bolsas industriales de basura“.

Choca esta voz en coro de los periódicos demandando respeto de los derechos de los inculpados y al mismo tiempo difundiendo a los cuatro vientos estas instantáneas. Hace unas semanas, a raíz de la difusión de las detenciones por el caso Palma Arena, el ministro del Interior aseguró que se había producido un error y que no se habían seguido las instrucciones del delegado del Gobierno. En realidad, no existe un protocolo sobre el uso de las esposas (la decisión queda al criterio -o al arbitrio- del mando policial del turno) ni se puede censurar la labor de los profesionales que buscan facilitar una información veraz. No habría que pedir para los políticos con problemas con la justicia un trato diferenciado que el que recibe el resto de los mortales. Estas imágenes están al cabo de la calle cuando los afectados son personas anónimas y no acabo de entender este exceso de celo que reclaman los medios cuando los protagonistas tienen cargo institucional o relevancia pública.

Otra derivada del caso. El PP, hace unas semanas, puso el grito en el cielo cuando sus cualificados militantes detenidos por la corrupción en el caso Palma Arena fueron grabados o fotografiados esposados a la salida de las dependencias judiciales. Ahora tienen una oportunidad de pedir para los demás lo que no querían para ellos. Además, como recordaba ayer Javier Pérez Royo, se les acabó la coartada. La operación judicial, además de las imágenes de los implicados en el affaire Pretoria, demuestran que no hay persecución ni trato discriminatorio al principal partido de la oposición en España. Ya ocurrió antes en Estepona, Alcaucín o El Ejido. En unos de sus editoriales de hoy, bajo el título Justicia a discreción, El País sostiene: “La contundente actuación del juez también da pie a otros contrastes. Basta recordar que el PP recusó a Garzón por ‘socialista’ cuando desató la operación Gürtel, y que luego Mariano Rajoy denunció que se dispensaba mejor trato a los ediles socialistas acusados de corrupción que a los cargos de su partido. Las imágenes del alcalde socialista de Santa Coloma, que con esposas llegó al juzgado y con ellas regresó a la cárcel de Soto del Real, desmienten el victimismo del PP“.

Simplemente se persigue al que delinque y los medios de comunicación tienen el deber de dar cuenta a la ciudadanía de lo que acontece. Lo que debería preocuparle al partido de Mariano Rajoy es tener tanta manzana podrida en su canasto y la sombra alargada de la Gürtel.

Silencios

He visitado sitios web que son referencia corporativa del mundo del periodismo (FAPE, asociaciones de la prensa, sindicatos de periodistas…) y no he visto ni una muestra de apoyo a los profesionales del Grupo Prisa que cumplen con su función social y su derecho constitucional de informar verazmente sobre el caso Gurtel después de la agresión descarnada y patética del Partido Popular a su trabajo y a ese bien sagrado en democracia que es la libertad de expresión.

He buscado y rebuscado, y no he encontrado nada. Quizá se me haya podido escapar algo por mi impericia o mi inconstancia en el rastreo. No quiero hacer una generalización, pero me extraña sobremanera ese silencio sepulcral que se observa en espacios obvios para una defensa razonada y razonable del quehacer periodístico, ese sigiloso mutis por el foro, esa ausencia total de una palabra de ánimo para esos jornaleros de la comunicación, más allá de las que han encontrado en los foros de opinión de su propio grupo empresarial.

Es un testimonio más del desarme y la desunión que anida en el sector, una evidencia fehaciente de que cada periodista se suma o, en el mejor de los casos, elude desmarcarse expresamente de las banderías de sus respectivas cabeceras en este despropósito de las trincheras mediáticas. Como no hay una unidad de acción en este gremio de unos pocos divos y un enorme ejército de obreros, ninguna ventanilla corporativa alza la voz contra la arremetida intolerante y grosera del PP hacia teóricos compañeros (¿?) para no levantar ampollas o herir hipócritas susceptibilidades.

Hay silencios que duelen o resultan estruendosos. Éste es uno de esos tristes gestos que minan el periodismo y dejan al gremio con las vergüenzas al aire. Siempre espero algo, no pierdo la esperanza, y la realidad me devuelve con cierta decepción a mi posición descreída. Esta profesión no tiene remedio.

Hemeroteca

Comunicado del PP (19/7/2009)

El PP acusa a los medios de trabajar al margen de la libertad de expresión (Cadena Ser, 19/7/2009)

El PP acusa al Gobierno y a “un determinado grupo de comunicación” de tratar de aniquilarle (El País, 20/7/2009)

El mundo al revés (El País, 21/7/2009)