181 efectivos policiales más

Comunicado remitido a los medios de comunicación

El Campo de Gibraltar cuenta 181 efectivos más de Policía Nacional y Guardia Civil desde la llegada del Gobierno socialista en 2018

El senador Vázquez celebra el compromiso real del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez con la seguridad y la dotación de recursos humanos para combatir el delito

La dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el Campo de Gibraltar se ha incrementado en 181 efectivos desde la llegada de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez en junio de 2018. Con el Ejecutivo del PP se cerró el ejercicio de 2017 con 1.956 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil mientras que, a fecha de 31 de marzo de 2020, el número de agentes desplegados en la comarca asciende a 2.137.

A estas cifras habría que sumar, según la respuesta del Gobierno de España al senador socialista Miguel Ángel Vázquez, “el refuerzo sostenido de las plantillas policiales de la comarca desde el mes de agosto de 2018 con efectivos del área de seguridad y de investigación, que ha posibilitado una mayor presencia de unidades uniformadas de intervención y respuesta, así como un mayor desarrollo y dotación de las estructuras dedicados a la investigación del narcotráfico”.

En la contestación, el Ejecutivo de la nación recuerda que este refuerzo es “una de las medidas de impacto contempladas en el Plan de Seguridad” para el Campo de Gibraltar, un plan que, a juicio de Vázquez, está dando buenos resultados en la lucha contra las actividades ilícitas en la comarca porque al disponer de más medios humanos, la eficacia policial se ha multiplicado.

Según datos del Ministerio del Interior, en los dos primeros años de vigencia del plan ha aumentado un 30,8% el número de detenidos y se ha incautado más de 268 millones de toneladas de drogas.

El representante del PSOE celebra el compromiso con la seguridad y la apuesta real de este Gobierno por la persecución del delito. “A la derecha se le llena la boca de promesas que nunca cumplen. La realidad es que durante el mandato de Mariano Rajoy la comarca perdió efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha crecido el número de agentes y la dotación de medios materiales”, sostiene el senador socialista.

Durante los seis años del Partido Popular, se recortaron incluso las plantillas de las FCSE en el Campo de Gibraltar: a 31 de diciembre de 2011 se contaba con 1.990 efectivos y la dotación alcanzó un mínimo de 1.935 miembros en 2015.

Vázquez recuerda que en los seis años de gobiernos del PP se perdieron en España 12.000 efectivos de la FCSE, 1.700 de ellos en Andalucía, 967 policías y 627 guardias civiles menos. “Esta es la triste herencia que nos dejó el Gobierno de Rajoy y los representantes del PP en la comarca y en la comunidad autónoma guardaron un silencio cómplice y callaron con sumisión”, concluye el senador.

Respuesta del Gobierno de la nación a la pregunta parlamentaria

 

De tal palo…

El padre, el ex teniente coronel Antonio Tejero Molina, fue la cara del intento fallido de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. El hijo, 33 años después, monta el 18 de febrero pasado una comida homenaje a las impresentables hazañas de su progenitor en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro. Tristemente el apellido Tejero regresa a la actualidad por actitudes contrarias a la democracia. De tal palo, tal astilla.

La respuesta del Gobierno ha sido rápida y fulminante. El Ministerio de Interior ha destituido al teniente coronel Antonio Tejero Díez por organizar un ágape a su padre golpista rodeado de antiguos compañeros de la asonada frustrada. Y lo que es más grave: a costa de erario público y en unas instalaciones del instituto armado. La decisión del departamento que preside Fernández Díaz es oportuna y plausible. El único pero es que no haya sido por iniciativa propia, sino como consecuencia de escándalo que se organiza al publicar El País el encuentro gastronómico de los nostálgicos.

Si el acto resulta deleznable, las explicaciones de Tejero hijo se antojan ridículas. Nos quiere hacer creer que era una pandilla de amigos en un rato de convivencia. Como si los demás nos chupáramos el dedo. Y no sólo hubo paella por la cara, sino una exhibición de material y vehículos de la unidad en la que se obligó a participar agentes de servicio. Un error de bulto que tiene un justo castigo y nos quita de en medio a un militar con tics antidemocráticos.

Foto.– Tejero padre e hijo en El País.

Una tragedia y una gran mentira

Lo primero y primordial es la tragedia: la muerte de 14 inmigrantes subsaharianos cuando intentaban alcanzar a nado las playas de Ceuta. Lo segundo y vergonzoso es la gestión de este luctuoso acontecimiento: un relato oficial que es una gran mentira y deja en mal lugar a los responsables del Ministerio de Interior. Sin entrar en las presuntas consecuencias de índole ética y también legal (si las hubiere) de este triste episodio, la vertiente política exige la asunción de responsabilidades.

No se ha dicho la verdad, que es muy grave. Ahora sabemos que se dispararon pelotas de gomas, balas de fogueo y botes de humo para establecer una “barrera disuasoria”. Se usó material antidisturbios contra personas que se jugaban la vida para alcanzar al orilla. Y lo negaron por activa y por pasiva. Al ministro Jorge Fernández Díaz, ante la evidencia de las pruebas grabadas con móviles y difundidas por doquier, no le ha quedado más remedio que admitir la cruda realidad. Y los responsables no son los agentes, que se limitan a cumplir órdenes, son sus mandos y sus jefes políticos (el delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa).

El titular de Interior también dejó también algunas perlas que sonrojan en su comparecencia de ayer en el Congreso. Dice el ministro que los inmigrantes eran de complexión atlética y muy agresivos. Cuesta mucho entender cómo personas indefensas que están en el mar intentando alcanzar la costa en flotadores puedan manifestarse con violencia. La mayoría no sabía ni nadar, como demuestra el número de fallecidos. Se les ha ido la mano y los resultados han sido funestos, aunque Fernández Díaz nos quiera hacer comulgar con la rueda de molino de que el uso de la fuerza fue “adecuado”. Muchos golpes de pecho pero el muy católico dirigente del PP incumple las obras de misericordia de su credo religioso. Desde luego no parece que la actuación sea ni humana ni cristiana, que diría el papa Francisco.

Lo privatizan todo

Privatizan hospitales, privatizan la educación, privatizan el agua… El PP lo privatiza todo. El siguiente paso es privatizar la seguridad. Una reforma legal impulsada por los populares otorga a los vigilantes privados atribuciones hasta ahora desempeñadas por las fuerzas de seguridad del Estado. A partir de ahora los seguratas podrán actuar contra supuestos delincuentes en calles comerciales, polígonos industriales y urbanizaciones privadas. Los vigilantes podrán detener, cachear e identificar a los ciudadanos en zonas públicas. Esta reforma de la Ley de Seguridad Privada convierte este servicio público en mercancía y negocio. Con este medida, ganan las empresas y pierden los ciudadanos.

Los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil rechazan esta norma porque supone desamortizar la seguridad pública. El Gobierno quiere paliar la disminución de las plantillas policiales (en los próximos cuatro años se perderán 10.000 agentes al no reponer las jubilaciones, según el SUP) con vigilancia privada. Esto nos suena. En la época de Aznar cayó en picado el número de efectivos policiales y de esa circunstancia se aprovechó el sector privado, entre cuyos empresarios más relevantes se encontraban figuras destacadas de la derecha política de este país. Se quiere poner la seguridad pública al servicio de la privada. Es una vieja aspiración de la derecha fomentar la desigualdad de oportunidades también en una materia tan sensible como la seguridad y éste es un paso decisivo en esa funesta trayectoria.

Todo muy coherente con el ideario neoliberal del PP, que se está cargando el estado del bienestar y ahora va por el estado de derecho. Ya no hay complejos ni en la Moncloa ni en la calle Génova para sacar a flote su programa más conservador.

Foto.Telecinco. Mariano Rajoy y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados.

Guardia civil… ¿militar?

Siempre me ha chirriado la paradoja que encierra el nombre de la Guardia Civil. Es un cuerpo básicamente con función policial y, sin embargo, se desenvuelve con esquemas castrenses. El debate sobre la desmilitarización del instituto armado colea desde hace años. Cuando finalmente el Gobierno de España acomete la reforma de su régimen disciplinario, uno de los compromisos electorales del PSOE que salió adelante en el Congreso con los votos de todos los grupos políticos, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha tumbado esta iniciativa legislativa. Las sentencias en una sociedad democrática hay que acatarlas, pero algunas, como es el caso, son difíciles de comprender. El alto tribunal reafirma el carácter militar del cuerpo y suelda a la Benemérita a sus anclajes decimonónicos y obsoletos. La respuesta de los sectores más progresistas de cuerpo, encarnados por la Unión de Guardias Civiles, ha sido firme y contundente. Esta organización lamenta el fallo del TS porque, a su juicio, entroniza la “situación vergonzosa” preexistente y veta una norma que “ponía coto a la exagerada y desproporcionada aplicación del Código Penal Militar”. El Supremo ha hecho descarrilar una ley que pretendía modernizar y democratizar el funcionamiento de la Guardia Civil. El asunto seguirá, sin lugar a dudas, dando que hablar.