¿A qué teme el PP?

Al Partido Popular le produce sarpullido la independencia de los medios de comunicación públicos. La derecha hace siempre y en todo lugar un uso abusivo de estos medios, los manosea para su beneficio, se los apropia como un instrumento más de su propaganda aunque se sostienen con los impuestos de todos, pisotea su deber de pluralidad y vulnera salvajemente el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz. Así que no es de extrañar que haya sido el único, junto con la minoritaria Unió, que no se ha adherido al manifiesto para defender la independencia, pluralidad y sostenibilidad de los servicios informativos de RTVE. Este documento, impulsado por el consejo de informativos de la cadena pública, plantea reivindicaciones tan sensatas y básicas como garantizar la misión de servicio público con una “información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión“.

Este PP, que tantos golpes de pecho se da en defensa de nuestra carta magna, mancilla su artículo 20, lo ignora y lo infringe de manera sistemática. El PP prefiere la manipulación, la censura y una televisión y radio públicas como una extensión de estrategia de comunicación de Moncloa y la calle Génova. Las malas prácticas desplegadas durante los últimos cuatro años han supuesto la censura por parte de organizaciones internacionales con el Instituto Internacional de Prensa (IPI) o el Consejo de Europa. ¿Por qué teme el PP la independencia y el pluralismo de RTVE? ¿Mariano Rajoy quiere ser el enterrador de RTVE, como lo fue el PP de Canal 9 en la Comunidad Valenciana? La cadena pública se convirtió en una referencia durante el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, un ejemplo de libertad y de buen hacer. Hoy, como consecuencia de las zarpas del partido en el Gobierno, ha perdido credibilidad y audiencia a raudales. Los trabajadores de la cadena lanza un SOS y seguro que tras las elecciones del 20 de diciembre, donde el PP pagará entre otras cosas su falta de respeto a la democracia, se podrá salir al rescate de una RTVE de todos y para todos.

Por la libertad de información

El Partido Popular no está encajando bien el goteo permanente de informaciones sobre sus casos de corrupción y escándalos políticos. Que si Gurtel, que si Bárcenas, que si la caja B y la supuesta financiación ilegal a través de donaciones durante muchos años, Púnica, las andanzas de Rato, Pujalte o Trillo, el escarnio de la costa levantina, el caso de las renovables en Castilla-León… Este machaque casi diario para un partido que, según Aznar, era incompatible contra la corrupción lo tienen de los nervios y cuesta abajo y sin freno en todas las encuestas.

En esa estamos y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene la ocurrencia de reabrir el debate de sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones de investigaciones judiciales. Antes que él ya lo hizo su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Quieren matar al mensajero y mutilar el derecho constitucional de la libertad de prensa y de los ciudadanos a recibir información veraz de lo que acontece. Ante tamaño desvarío democrático, el ministro se vio obligado a matizar sus primeras palabras, que ponen sobre la mesa el verdadero pensamiento de una formación política que parece no entender el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático. El mero planteamiento de un recorte de libertades de ese calibre es inadmisible. La censura era un instrumento de otros tiempos.

Un despropósito que deja en entredicho el talante del Gobierno y del PP y que requiere una desautorización en toda regla de instancias superiores al ministro. Si no se produce, habrá que pensar que todos están en la misma sintonía. La democracia necesita transparencia y no opacidad, el deber de los medios es facilitar una información veraz, los ciudadanos tienen derecho a recibirla y corresponde a la administración de justicia, en todo caso, custodiar los contenidos de sus instrucciones bajo secreto de sumario. Si algún medio se excede en su cometido democrático, para eso están los tribunales de justicia. Lo que plantea el ministro es intolerable en democracia.

Foto.La Vanguardia. Catalá y Gallardón, en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría.

Mordaza y censores

La libertad de expresión se ha devaluado en este país en las últimas horas. La aprobación de la ley mordaza supone un retroceso a tiempos oscuros y nos aleja de los países de nuestro entorno. Qué antiguo y qué de derechas es el Partido Popular. Estos más de tres años de gestión de Mariano Rajoy se resumen en recortes y más recortes de derechos y libertades. El texto sólo responde a sus prejuicios ideológicos y no a las necesidades y demandas de la sociedad española. Hoy nuestro país ofrece una imagen más sombría. No es de extrañar que recién aprobada la flamante ley de Seguridad Ciudadana está ya recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. El PSOE rechaza el castigo como uso preferente y la instauración de un Estado Policial.

Y en esta línea de silenciar toda la crítica social se han conocido dos noticias que ejemplifican el carácter censor de la derecha. Lo llevan en su ADN. Mediaset, la empresa propietaria de Cuatro y Telecinco, ha destituido al periodista Jesús Cintora por presiones directas desde la Moncloa. No tienen bastante con la manipulación de los medios públicos, usando lo que es de todos para sus intereses particulares, sino que meten sus tentáculos en los privados. Está claro que al PP no le gustan las voces discordantes, las que no responden al argumentario que reparte a diario la gaviota mensajera. No parece tampoco muy democrática la instrucción de la dirección de RTVE restringiendo lo que difunden los empleados de TVE y RNE en sus perfiles profesionales de Twitter o Facebook. La corporación les prohíbe que publiquen cualquier tipo de noticia que no haya pasado antes el visto bueno del organismo oficial. Casualmente, esta orden coincide en el tiempo con la aprobación de ley mordaza. ¿Y dónde queda la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución? Pisoteada por los censores.

Villalobos y la doble mordaza

Ya nos tiene acostumbrados. Celia Villalobos la ha vuelto a liar en el Congreso. No se desenvuelve con la templanza institucional propia de su cargo de vicepresidenta primera. Ejerce de defensa escoba del Partido Popular y ayer se empleó a fondo en la tarea, intentando tapar bocas ante la apelación del caso Bárcenas (o Gürtel) por parte de la oposición. Antes ya el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, ya había apeado de la tribuna de oradores a cuatro diputados de la oposición por mencionar al ex tesorero. La mayoría conservadora impuso su rodillo para evitar que se debatieran mociones de PSOE e IU sobre las mentiras del presidente del Gobierno en los tejemanejes contables de su partido. Y, como no fue suficiente, el PP también pretendió limitar la libertad de expresión en el hemiciclo. Una doble mordaza a la labor de control de la oposición y una mentira sobre Andalucía por parte de Villalobos. Emplazó la política malagueña al orador socialista “a ver si lo aplica usted en Andalucía” como todo argumento para retirarle la palabra y cerrar cualquier resquicio a que el fantasma de Barcenas revoloteara por la Carrera de San Jerónimo. Mientras que en las Cortes Generales el PP veta cualquier iniciativa que sirva para arrojar luz sobre este escándalo, en esta comunidad autónoma se han tramitado más de quinientas, incluida una comisión de investigación por la que han pasado dos presidentes de la Junta. Esta misma tarde, en apenas unas horas, el Parlamento acoge una comparecencia para hablar del presunto fraude de los expedientes de regulación de empleo. Villalobos acabó pidiendo disculpas por no conducir adecuadamente la sesión plenaria. También tendría que haberlo hecho por faltar a la verdad y por usar de Andalucía de forma tan perversa.

Rayando la censura

El Partido Popular y sus representantes institucionales no digieren bien la libertad de información. Se permiten licencias muy poco compatibles con la democracia. Cuentan además con el apoyo acrítico de un imperio mediático de corte conservador que aplica un obsceno doble rasero, pasando la mano a los de su estirpe y cargando las tintas contra los adversarios ideológicos. A las ya tradicionales ruedas de prensa sin preguntas, se suman presiones disuasorias más o menos explícitas y un sinfín de cortapisas y obstáculos para el trabajo de los profesionales.

En el vídeo podemos ver la retención (en el sentido literal de la palabra) a la periodista Marta Nebot, del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, por algo tan ominoso como acercarse a preguntar por las dramáticas cifras del paro de nuestro país a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Hace tan sólo unos días a un reportero de El Intermedio, el magazine humorístico de El Gran Wyoming en La Sexta, se le impidió la entrada a un acto de la alcaldesa de Ana Botella en un colegio. ¿Cuál será el próximo episodio de limitación al ejercicio de informar? Casos como éstos frisan con la censura. Así también lo interpreta Telecinco.

El desatino se multiplica con la explicación del responsable de comunicación de Repsol al “secuestro exprés”, usando palabras de la propia Nebot en su cuenta de Twitter. “Son medios oficiales“, arguyó sin rubor al ser cuestionado porque se permitía grabar a otras cámaras. Una contestación tan desafortunada que nos retrotrae a los tiempos ya lejanos de la dictadura. Estimado compañero, o lo que seas, la Constitución española consagra la libertad de prensa. Repásate el artículo 20. Si se quiere hacer un acto privado, cualquiera está en su pleno derecho, pero que no se invite y no acrediten a los medios para luego coartar su labor.

PD.- Marta Nebot no tiene mucha suerte con el PP. Hace unos años, cuando era reportera de Cuatro, en un arrebato de chulería Aznar le coló un bolígrafo en el escote como única respuesta a una pregunta periodística. Bochornoso.

Mordaza a la sociedad

La derecha siempre ha tenido la mano dura y aversión a la transparencia. Este ADN reaccionario explica la intención del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz de penalizar a los que tomen imágenes de los policías en el ejercicio de sus funciones. En estos tiempos las tecnologías permiten la transmisión de contenidos audiovisuales a la velocidad de la luz. El Gobierno de Rajoy pretende poner coto a la difusión de excesos policiales como los vividos al calor de movilización del 25-S. Un paso más en su cruzada de recortes de libertades públicas. ¿Qué tiene de malo que se conozca la verdad? Sólo el escarnio público por eventual desproporción en el uso de la fuerza.

La Constitución consagra el derecho a la información. En el artículo 20 apartado 1d se reconoce el derecho ciudadano “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión“. Por tanto, si la información es veraz nada ha de impedir su difusión. La medida que estudia el gabinete de Rajoy tiene visos de inconstitucionalidad. Las asociaciones profesionales de jueces no ven base jurídica para la reforma y expertos en derecho la consideran incluso una barbaridad dictatorial. Al Partido Popular desea volver a los tiempos de oscurantismo y represión. Para ello no tienen el más mínimo reparo en colocar una mordaza a la ciudadanía para coartar su libertad de expresión. Nostalgia de los tiempos de censura.

Las malos humos de Doña Esperanza

Esperanza Aguirre y libertad de información son conceptos antónimos. ¡Cómo se las gasta la lideresa porque había un equipo de Telemadrid sin su consentimiento! Se ofende encima porque los periodistas acuden sin su permiso al lugar de los acontecimientos, al que por cierto había llegado ella con 48 horas de retraso cuando las llamas ya habían devorado hectáreas de patrimonio natural. Al parecer, las escaletas de los telediarios autonómicos se deciden en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y no en la redacción de los servicios informativos de la cadena pública. Así entiende Aguirre el periodismo y la función social y constitucional de informar. A la todopoderosa dirigente popular todo lo que no sea informar al dictado le produce sarpullido y mal genio. Le ha faltado poco para mandar al equipo de Telemadrid de vuelta a sus instalaciones. Ella es la que paga (con los impuestos de todos) y se cree con derecho a mandar. Son actitudes y un pensamiento de otras épocas más siniestras de la historia española.