Reglas para el ‘estercolero’

La convivencia en las redes sociales, muy especialmente Twitter, se está haciendo difícil. Este espacio para el debate y la conversación se ha convertido en una jungla, en un estercolero donde se arrojan insultos, se difunden falsedades y se deforma la realidad con intereses espurios. Y todo esto se hace con traje de camuflaje, a través de perfiles falsos, de fakes, de cuentas anónimas que se despachan a gusto desde la cobardía del anonimato. En este ambiente putrefacto, donde en lugar de exponer se grita, donde en lugar contraargumentar se agrede o se amenaza, cuesta mucho sobrevivir indemne. Dan ganas a veces de entonar un ‘hasta aquí hemos llegado’ y salirse de un ecosistema en el que rigen las leyes del lejano oeste establecidas por los indeseables trolls. Ninguna persona que se sienta dañada en su honor o su intimidad puede hacer bien poco ante los que suplantan identidades o se ocultan en cuentas falsas. Esta caos necesita una regulación que, garantizando el derecho constitucional y sagrado a la libertad de expresión, ponga coto a los desmanes. Se debería poner límites a aquellos que se ocultan detrás de un antifaz para enfangar el debate público, articulando fórmulas que permitan desenmascarar a los cobardes y garanticen una charla a cara descubierta. Todo lo que no sea eso es dejar indefensos a los que actúan de buena fe. Libertad de expresión por encima de todo, también transparencia absoluta e identificación de los que participan en estos espacios. Sólo así el necesario debate democrático será sano y edificante.

Disparates

Produce perplejidad democrática que la Audiencia Nacional condene a un año de cárcel y siete años de inhabilitación a una tuitera por hacer bromas sobre el almirante Luis Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno del dictador Franco muerto en un atentado de ETA en 1973. El mal gusto merecerá una reprobación ética pero nunca debería tener una consecuencia penal. Una nieta del gobernante franquista, Laura Carrero Blanco, calificó de disparate la petición de la Fiscalía y dejó este mensaje que suscribo: “Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel“. Casandra Vera tendrá que recurrir al Tribunal Supremo para desactivar una condena que parece a todas luces desproporcionada. Una burla no puede costar tanto.

Y ni esto ni el dislate que propone Podemos aprovechando este caso de la tuitera: eliminar del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo. Ya la sinrazón de ETA es asunto del pasado, con el cese de la actividad armada en octubre de 2011 y el anuncio de entrega de armas hace apenas dos semanas, pero el principal problema mundial es el terrorismo yihadista. Desde luego, las sociedades democráticas no pueden bajar la guardia ante esta amenaza real a la convivencia pacífica. La libertad de expresión no  puede amparar, en mi modesta opinión, los crímenes de lesa humanidad que persiguen las acciones terroristas. La libertad de expresión no puede justificar ni alentar la barbarie. Al partido de Pablo Iglesias se le ha ido la mano con una iniciativa ventajista y descocada.

Ni condenar a nadie por enaltecimiento del mal gusto ni dar barra libre a los que defienden el terror. Los demócratas tenemos que estar en la defensa de la libertad de expresión pero también de la tolerancia y la vida en paz.

 

Libertad de expresión

Esta portada ha sido el detonante de la agresión sufrida por la directora de El Jueves, Mayte Quílez, en el portal de su casa. En democracia no cabe la violencia. Y menos cuando se ataca a uno de sus pilares: la libertad de expresión. La intolerancia campa a sus anchas. La sufrimos en París con consecuencias dramáticas en la masacre yihadista contra el Charlie Hebdo. Hace unos días lo padeció en sus carnes la representante de este semanario satírico. Podrá ser más o menos afortunada una viñeta, se podrá o no estar de acuerdo con ella, pero las diferencias no de zanjan a mamporros ni es de recibo la intimidación para cercenar un derecho constitucional. No suele entender la extrema derecha que el único cauce democrático es la palabra.

Protesta en hologramas

Madrid ha acogido este viernes la primera manifestación de hologramas en la historia. Un recurso novedoso para que no pasara desapercibida la protesta contra de la aprobación de la ley mordaza (ley de Seguridad Ciudadana) y la reforma del Código Penal. La marcha ha congregado a una multitud, unas 20.000 personas, contra estas reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de Rajoy y el PP que limitan la democracia y la libertad de expresión en España. A los recortes de derechos y los destrozos en los servicios públicos se suma el tajo a las libertades. El resultado de los tres años y medio del mandato de la derecha es desolador.

Mordaza y censores

La libertad de expresión se ha devaluado en este país en las últimas horas. La aprobación de la ley mordaza supone un retroceso a tiempos oscuros y nos aleja de los países de nuestro entorno. Qué antiguo y qué de derechas es el Partido Popular. Estos más de tres años de gestión de Mariano Rajoy se resumen en recortes y más recortes de derechos y libertades. El texto sólo responde a sus prejuicios ideológicos y no a las necesidades y demandas de la sociedad española. Hoy nuestro país ofrece una imagen más sombría. No es de extrañar que recién aprobada la flamante ley de Seguridad Ciudadana está ya recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. El PSOE rechaza el castigo como uso preferente y la instauración de un Estado Policial.

Y en esta línea de silenciar toda la crítica social se han conocido dos noticias que ejemplifican el carácter censor de la derecha. Lo llevan en su ADN. Mediaset, la empresa propietaria de Cuatro y Telecinco, ha destituido al periodista Jesús Cintora por presiones directas desde la Moncloa. No tienen bastante con la manipulación de los medios públicos, usando lo que es de todos para sus intereses particulares, sino que meten sus tentáculos en los privados. Está claro que al PP no le gustan las voces discordantes, las que no responden al argumentario que reparte a diario la gaviota mensajera. No parece tampoco muy democrática la instrucción de la dirección de RTVE restringiendo lo que difunden los empleados de TVE y RNE en sus perfiles profesionales de Twitter o Facebook. La corporación les prohíbe que publiquen cualquier tipo de noticia que no haya pasado antes el visto bueno del organismo oficial. Casualmente, esta orden coincide en el tiempo con la aprobación de ley mordaza. ¿Y dónde queda la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución? Pisoteada por los censores.

Límites

El papa Francisco ha supuesto un soplo de aire fresco para una Iglesia católica cada vez más distanciada de su clientela. Tanto en sus declaraciones como en sus decisiones se ha desmarcado de inercias obsoletas. Sin embargo, al calor de los atentados terroristas de Francia, el pontífice ha roto esta dinámica rupturista y ha vuelto a esquemas del pasado. Bergoglio defiende poner límites a la libertad de expresión y lo ha hecho con poca fortuna.

Primero erró en el fondo porque la religión no puede coartar este derecho fundamental en una democracia. Esa frontera nos retrotrae a tiempos lúgubres de confusión entre Iglesia y Estado. En el estado de derecho son las leyes las que modulan la libertad de expresión y el poder judicial quien establece si una manifestación es constitutiva de injurias o calumnias. La creencia religiosa no deja de ser una cuestión particular que pertenece al ámbito íntimo de las personas. Por tanto, en pleno siglo XXI el ejercicio de este derecho, que constituye la esencia de la democracia, no se puede podar ni con el Evangelio ni con el Corán.

Además falló en la forma porque el Papa usó un ejemplo poco acertado: “Si el doctor Gasbarri dice una mala palabra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal!”. No sería su intención pero da entender que ante un insulto o una provocación se podría responder con la violencia o tomándose la justicia por su mano. Y es que en las mismas declaraciones a los periodistas, rechazó de plano que, como hace Al Qaeda, “no se puede matar en nombre de Dios“. Ya no estamos en tiempos de cruzadas, menos mal, pero los fanáticos yihadistas sí suponen una amenaza con su bárbara guerra santa.

Todo esto pinta muy mal. Nuestras libertades empiezan a estar en la picota.

Legislar en caliente

Actuar en caliente, y más después de un hecho trágico, no resulta recomendable. El asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, constituye un hecho execrable y doloroso. Conocidas ya los circunstancias que rodearon el crimen, estamos ante un suceso, triste pero un suceso al fin y al cabo, encuadrado en los turbios entresijos de rencor y venganza que habitan en la oscura naturaleza de algunas personas. Una reacción humana injustificable que la propia autora confesa de los disparos sitúa en la inquina personal. No cabe ninguna lectura política, ni mucho menos vincular este episodio al clima de crispación social como consecuencia de la gestión de esta crisis. Por tanto, lo mejor es aparcar las teorías alambicadas y sin ambages acompañar en el dolor a familiares y allegados de la víctima.

Algunos desalmados han aprovechado el anonimato para hacer comentarios hirientes y mezquinos en las redes sociales, especialmente Twitter, con este dramático acontecimiento. A nadie nos coge de nuevas la existencia de perfiles enmascarados que campan a sus anchas con insultos e insidias. Representan una inmensa minoría que se descalifica por sí misma con su comportamiento ruin. (Y he sufrido a bárbaros escondidos tras el antifaz de un avatar falso en carnes propias, no hablo de oídas). Pero no comparto que en plena conmoción por una muerte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anuncie reformas legales para castigar los comentarios ofensivos en redes sociales. Este tipo de medidas ha de ser fruto de la reflexión serena y no de impulsos en un momento de desgarro, especialmente cuando se interviene contra un derecho tan fundamental como la libertad de expresión. Por tanto, siempre moderación y desapasionamiento cuando se quiere intervenir a corazón abierto contra uno de los pilares de la democracia.

Viñeta.- Gallego & Rey en El Mundo.