Mentirosos empedernidos

Hoy hemos conocido una carta de Mariano Rajoy al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que se compromete a nuevos recortes tras las elecciones del 26 de junio. Es alucinante que el presidente en funciones tome esta decisión con opacidad y no haya informado con transparencia a los españoles. Los ciudadanos merecemos saber los programas que van a desarrollar los distintos partidos. Pero el PP se ha vuelto a guardar un as envenenado en la manga. Y no sólo han sido pillados con el carrito de nuevos ajustes, sino que con todo desparpajo han negado lo que claramente firma Rajoy en la misiva al mandatario europeo No nos debe sorprender esta forma de conducirse del Partido Popular en los periodos electorales. El engaño lo practican por sistema. Llegaron al Gobierno cabalgando sobre la mentira y quieren seguir aferrados con trucos y añagazas. Esta agenda oculta nos apunta nuevos recortes. O lo que es lo mismo: más sufrimiento para los que peor lo han pasado con la crisis. Cuesta trabajo entender que los que han castigado a las clases media y trabajadora partan como favoritos en las generales para las próximas generales. Más aún, cuando siguen actuando como siempre, ocultando la verdad y dispuestos a continuar desarrollando políticas crueles.

Carta de Rajoy a Juncker. (El bombazo está en el último párrafo).

Foto.elconfidencial.com. Rajoy y Juncker.

Por la libertad de información

El Partido Popular no está encajando bien el goteo permanente de informaciones sobre sus casos de corrupción y escándalos políticos. Que si Gurtel, que si Bárcenas, que si la caja B y la supuesta financiación ilegal a través de donaciones durante muchos años, Púnica, las andanzas de Rato, Pujalte o Trillo, el escarnio de la costa levantina, el caso de las renovables en Castilla-León… Este machaque casi diario para un partido que, según Aznar, era incompatible contra la corrupción lo tienen de los nervios y cuesta abajo y sin freno en todas las encuestas.

En esa estamos y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene la ocurrencia de reabrir el debate de sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones de investigaciones judiciales. Antes que él ya lo hizo su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Quieren matar al mensajero y mutilar el derecho constitucional de la libertad de prensa y de los ciudadanos a recibir información veraz de lo que acontece. Ante tamaño desvarío democrático, el ministro se vio obligado a matizar sus primeras palabras, que ponen sobre la mesa el verdadero pensamiento de una formación política que parece no entender el papel de los medios de comunicación en un sistema democrático. El mero planteamiento de un recorte de libertades de ese calibre es inadmisible. La censura era un instrumento de otros tiempos.

Un despropósito que deja en entredicho el talante del Gobierno y del PP y que requiere una desautorización en toda regla de instancias superiores al ministro. Si no se produce, habrá que pensar que todos están en la misma sintonía. La democracia necesita transparencia y no opacidad, el deber de los medios es facilitar una información veraz, los ciudadanos tienen derecho a recibirla y corresponde a la administración de justicia, en todo caso, custodiar los contenidos de sus instrucciones bajo secreto de sumario. Si algún medio se excede en su cometido democrático, para eso están los tribunales de justicia. Lo que plantea el ministro es intolerable en democracia.

Foto.La Vanguardia. Catalá y Gallardón, en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría.

Silencio inaceptable

El silencio de Juan Carlos Monedero es más que sospechoso. Ominoso. Inaceptable. Hace más de diez días que saltó a la luz pública que por trabajos de asesoría a terceros países ha facturado 425.150 euros a través de una sociedad sin trabajadores. No vale ni la callada por respuesta ni el ataque al mensajero. En esta última línea han salido sus compañeros de Podemos para acusar a la ‘casta’ de perseguir a su cuate y número tres de la organización. Lo cierto es que la Agencia Tributaria y la Universidad Complutense han abierto sendas investigaciones para aclarar un asunto que, a priori, huele mal. Extraña esta actitud hermética de los que han puesto tan alto el listón de la ética al resto de partidos. Es el tiempo de explicaciones y no de soflamas, de dar la cara, conocer la procedencia de esas cantidades económicas y disipar dudas sobre la supuesta financiación de su partido y no de la opacidad. No puede permanecer escondido hasta que escampe, como hace siempre Mariano Rajoy. Qué fácil es predicar y qué difícil dar trigo. La sociedad española exige, y con razón, ejemplaridad a todos sin excepción.

Y, por si no tuviera suficiente con los ingresos de origen extranjero por su actividad de consultor, resulta que Monedero ha falseado también datos de su currículum y no atiende las llamadas del periódico que ha sacado este asunto (El País). La transparencia no es lo suyo.

Ley del silencio

Ni el Gobierno ni el partido que preside Mariano Rajoy constituyen ejemplos de transparencia. Lo de dar explicaciones y dar la cara no entran  en su manual de gestión de la cosa pública. Algunos episodios recientes que avalan esta teoría de la ley del silencio:

  • Reunión reservada entre Rajoy y el presidente catalán, Artur Mas, en el Palacio de la Moncloa. Habida cuenta la coyuntura política actual, con el debate soberanista y los problemas financieros de esta comunidad, más que nunca se hacían necesarios la luz y los taquígrafos. Ni siquiera se emitió una triste nota de prensa. No son tiempos para encuentros clandestinos.
  • Corrección por parte de Eurostat, el departamento estadístico de la Unión Europeo, de la cifra de déficit de España al cierre de 2012. El organismo europeo rectifica el dato aportado por el Gobierno de la nación y lo sube del 6,74% al 6,98% del producto interior bruto, unos 2.500 millones más de desfase entre gastos e ingresos. Con lo que representa este maquillaje para el prestigio del país, un tanto ya resentido, nadie del Ejecutivo se ha apresurado a ofrecer una explicación.
  • Mariano Rajoy lleva más de un mes sin reunir a los órganos de su partido y sin ofrecer una rueda de prensa. Desde aquella estrambótica comparecencia ante los medios a través de un plasma y las dos preguntas respondidas al día siguiente ante la mirada atenta de Merkel en Berlín, el presidente no se ha sometido al escrutinio de los periodistas. Y no será porque no haya asuntos sobre los que sería importante conocer su opinión. Tampoco se ha prodigado Rajoy en entrevistas. Posiblemente esté evitando la quema del culebrón Bárcenas/Gürtel.
  • En el Partido Popular se han suspendido las ruedas de prensa de los lunes. La versión oficial: no se han celebrado reuniones de los órganos directivos. Lo cierto es que desde que María Dolores de Cospedal nos vendió, para el asombro y la diversión general, la especie del finiquito en diferido de Bárcenas se apagó la luz en la sala de prensa de la sede nacional del PP. Todas las comparecencias de sus dirigentes se han producido en actos sin posibilidad de preguntas de los reporteros.
  • El Gobierno ha emprendido una carrera de innovación en las comparecencias informativas. Escuché en la Cadena Ser a comienzo de esta semana que una secretaria de Estado (no recuerdo quién) hizo una declaración institucional sin opción a preguntas por parte de los periodistas y, luego con cámaras y grabadoras cerradas, ofreció aclaraciones a las dudas. Es más fácil expresarse sin que quede huella audiovisual, que posteriormente se pueden volver en su contra.
  • A los miembros del gobierno no les queda más remedio que comparecer en las Cortes Generales. El reglamento obliga. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, también presuntamente salpicada por las correrías de la Gürtel, se las ha ingeniado para burlar el control de la oposición en su comisión parlamentaria: ha tardado un año en acudir a esa cita con sus responsabilidades democráticas.
  • El abuso del decreto-ley como técnica para hurtar el debate parlamentario. Así le ponen sordina a la democracia apelando a razones de urgencia y extrema necesidad. Uno de los últimos para reformar de espaldas al Pacto de Toledo elementos del sistema público de pensiones.

Dos caras de la misma moneda

La Consejería de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Andalucía ha organizado entre ayer y hoy unas jornadas preparatorias de la futura ley autonómica de transparencia con el lema ‘En Andalucía más transparencia, más democracia’. No han podido ser más fecundas y oportunas: la claridad debe impregnar a todo el quehacer público para recuperar la confianza ciudadana y como antídoto de la corrupción, que de acuerdo con la última encuesta del CIS se ha convertido en el segundo problema para la sociedad española (ha pasado del 17% en enero hasta el 40% en febrero a raíz del caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP) tras el desempleo.

Me ha tocado moderar la última mesa redonda: ‘Transparencia y medios de comunicación. ¿Qué espera la sociedad?’, a la que han asistido como ponentes los periodistas Román Orozco, María Esperanza Sánchez, Ignacio Escolar, Mabel Mata y Lalia González Santiago. De acuerdo con el programa, nos tocaba hablar y debatir sobre las relaciones entre los representantes públicos y los medios de comunicación, el acceso de éstos a la información y su traslado a la ciudadanía, que demanda una información veraz y transparente.

Cuando hablamos de transparencia, de participación ciudadana, de gobierno abierto, todos pensamos en una relación directa entre las distintas administraciones y la ciudadanía. Una interacción sin intermediarios gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Estas nuevas formas comunicacionales (redes sociales, web 2.0…) han roto el monopolio de los medios como enlace entre los representantes y los representados. Cualquier ciudadano puede conversar hoy con un cargo electo que tenga una cuenta en Twitter o Facebook. No obstante, los medios siguen siendo actores fundamentales en el espacio público y continúan construyendo la realidad social.

Los medios son agentes socialmente legitimados para conectar a los poderes públicos y la ciudadanía. Y para ejercer ese rol se les asigna una serie de responsabilidades y el mandato constitucional de ofrecer una información veraz. Si las administraciones tienen una obligación de transparencia, a los medios les corresponde actuar con independencia y desde el cumplimiento de la función social que tiene encomendado el periodismo en las sociedades democráticas. Transparencia pública e independencia mediática son dos caras de la misma moneda. (Por eso, entiendo el rechazo a las ruedas de prensa sin preguntas, aunque quizá lo más efectivo sería un plante de todos los periodistas, con sus directores, y todos los medios a ese tipo de convocatoria. Esta misma semana una iniciativa de este tipo ha obligado a una ministra, Ana Mato, a dar marcha atrás ante la negativa de los periodistas de asistir a un simulacro de comparecencia. Por favor, no más ruedas de prensa a través de un plasma). Las instituciones tienen un deber de transparencia y por esa razón me ha molestado la decisión de la Santa Sede de impedir más ruedas de prensa de sus cardenales. Seamos o no católicos, es un asunto de interés la elección del jefe de Estado del Vaticano y no se puede implantar el oscurantismo en los tiempos que corren, ni en Roma ni en Pekín.

Si se pide una administración de cristal, accesible y abierta, también la sociedad exige unos medios que actúen con deontología a la hora de contar las cosas. Los medios no pueden construir la realidad a través de un cristal traslucido, cuando no opaco y ajeno a la verdad. Los medios han de ser notarios de la realidad y no agentes activos de estrategias políticas, desvirtuando los valores en los que se asienta el periodismo. En España existe un partidismo inasumible en las empresas informativas que atenta contra los más elementales principios periodísticos.

Y una última idea que he planteado en mi intervención inicial: la transparencia no puede ser una desventaja para la administración que la practique frente aquellas que permanezcan cerradas a cal y canto, que no operen con luz y taquígrafos. El hecho de que una institución se abra a la sociedad no ha de implicar una mayor presión mediática y que se olvide la más necesaria fiscalización de aquellas que se aferren a la opacidad. Porque noticia, en palabras del periodista norteamericano Jack Robbins, es precisamente “la información que alguien quiere ocultar”.