El peaje

La primera intervención de Vox en el Parlamento de Andalucía nos ha dibujado cuál es la factura que el Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos tendrán que pagar por su apoyo al nuevo Gobierno de esta comunidad, el tripartido de las derechas y la extrema derecha. El peaje, a grandes rasgos, es el siguiente:

  • Liquidar lo que llaman despectivamente leyes ideológicas de género. Es decir, derogar o anular por la vía de los hechos reduciendo sus presupuestos las leyes de igualdad o de lucha contra la violencia de género.
  • Igual con la ley de memoria histórica. Ya hizo algo parecido Mariano Rajoy a escala nacional consignando cero euros en las cuentas del Estado.
  • Bajar los impuestos a los ricos.
  • Disminuir los fondos destinados a la sanidad y a la educación públicas para destinarlos al negocio privado.
  • Privatizar las empresas públicas rentables (por ejemplo Veiasa, la que gestiona la ITV) para el beneficio de sus amigos.

Como los ultras tienen la sartén por el mango, sus dos compañeros de viaje tendrán que hocicar. Al PP le va la marcha y Ciudadanos parece que tampoco le hace ascos a sus nuevos amigos de la ultraderecha. Y esto es sólo la punta del iceberg de la involución que viene.

Servicios prestados

Mariano Rajoy le ha otorgado una suculenta recompensa a José Ignacio Wert por afanarse en el desmontaje de la educación pública. Hemos conocido hoy, a través de El Mundo, que el ex ministro peor valorado de la historia de la democracia tendrá un salario de 10.000 euros mensuales más gastos de representación como embajador español ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París. Además de disfrutar de unas condiciones salariales envidiables, el destino le permite a Wert el reencuentro en la Ciudad de la Luz con su pareja, Monserrat Gomendio, que trabaja en el mismo organismo internacional desde hace unos meses tras abandonar el Ministerio, donde ejercía de número dos de su cónyuge. Por la naturaleza del premio se puede colegir que Rajoy ha quedado muy satisfecho con el trabajo de demolición desarrollado por su subordinado. Wert sería el autor material de las tropelías contra el modelo público pero, sin duda, es Rajoy el responsable intelectual del tremendo aquelarre de recortes, segregación y apoyo a la escuela privada en detrimento de la pública que ha levantado a toda la comunidad educativa del país. El ex ministro no se merecía ni los 20 días por año trabajado que contempla la cruel reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Sin embargo, le han dado un puesto bien remunerado, incluso cobrando más que el propio presidente del Gobierno. Sin duda, y para desgracia para inmensa mayoría de los españoles, Rajoy le reconoce los (dañinos) servicios prestados.

Foto.elconfidencial.com.

Adivina, adivinanza

¿Quién es el dirigente de un partido político que se ha tenido que venir a Andalucía ungido por el dedo divino que se ha alquilado una casa en el Real Club de Golf (en zona exclusiva de Sevilla) y tiene a sus hijos en un elitista colegio de pago? ¿Cómo es posible tanto desembolso con un sueldo público? ¿Corre a su cuenta o de su formación el desembolso de esa cuantía? Por lo que sé la suma de ambos conceptos ronda los 3.000 euros al mes. O quizá la cifra es superior porque uno no está acostumbrado a esos estipendios. Un montante elevado para cualquier economía familiar que sufre los recortes impuestos por sus correligionarios.

Contrarreforma educativa

José Ignacio Wert ha consumado su amenaza y el Consejo de Ministros aprobó ayer a las bravas la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Ya tenemos sobre la mesa una contrarreforma educativa en toda regla. La lleva adelante contra viento y marea, con el rechazo total de la comunidad educativa y el único aval de la Conferencia Episcopal. La futura ley nos devuelve a los tiempos de la dictadura, con la religión evaluable, computando para la nota media y para la consecución de becas, y recupera las tres reválidas, que buscan la segregación temprana de escolares. Con este proyecto, el Gobierno de Mariano Rajoy quiebra la igualdad de oportunidades y establece un modelo educativo que supondrá una carrera obstáculos para los alumnos de las familias con menos recursos económicos. Los que pertenezcan a linajes con posibles tendrán la oportunidad de seguir en el ámbito privado aunque sus capacidades sean limitadas. Por cierto, la reforma contempla la desamortización de la escuela pública para dar cuotas de mercado al negocio privado y da cobertura a la escuela diferenciada (los niños con los niños y las niñas con las niñas) pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que este tipo de centros es contrario a la igualdad que propugna la Constitución española.

Para desviar la atención sobre lo mollar de esta ley, que es la agresión a la igualdad de oportunidades, nos deja dos polémicos señuelos: la religión evaluable y el debate del catalán en los centros de aquella comunidad (el Gobierno adelantará fondos a la escuela privada que ofrezca castellano y lo detraerá de los fondos para el mantenimiento de la pública y concertada). Sabedores que ambos asuntos, con profunda raíz ideológica, monopolizarán el debate y dejarán en un segundo plano el certificado de defunción expedido por el PP a lo público y a las garantías de que nadie con capacidad se quede fuera del sistema por carecer posibilidades económicas. La comunidad educativa anuncia movilizaciones contra este profundo retroceso. Sin embargo, los medios de comunicación ya han caído en la trampa de lo secundario, desenfocando la profunda injusticia que introduce la nueva norma.

Esta reforma educativa discrimina, consagra un modelo no equitativo y de dudosa constitucionalidad, nos aleja de Europa y nos retrotrae al nacionalcatolicismo sin tener en cuenta el carácter aconfesional del Estado. Es una demostración del autoritarismo y del rostro más radical de la derecha.

Noticias inquietantes

El Gobierno de la nación no sólo está ejecutando recortes de derechos y conquistas sociales. Además, nos está colando un tijeretazo sibilino a las libertades. En su planes se dibuja un horizonte de estado policial y se aleja el estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución. Os dejo algunas noticias que me han inquietado en los últimos meses por el retroceso evidente que suponen:

♦ El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá “un sistema severo de sanciones administrativas” para evitar las filtraciones en los casos en los que una investigación esté protegida por el secreto de sumario. (Lee más en Ideal)

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado un recordatorio que tiene mucho de amenaza para el conjunto de los fiscales de este país: les ha recordado que “todos” pueden ser cesados si pierden la confianza de Eduardo Torres Dulce, el fiscal general puesto por el PP. (Lee más en DiarioProgresista)

♦ “La libertad de información tiene un límite”. Así de claro lo tiene el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano. En su opinión en la difusión de los papeles de Bárcenas se ha producido una “libertad de información irresponsable”. (Lee más en eleconomista.es)

♦ Artimañas del ministro para meter miedo a los medios. Montoro sigue amenazando a los medios: “A veces los creadores de opinión tienen problemas con Hacienda”. También arremetió contra los artistas y los partidos. (Lee más en Periodista Digital)

♦ El Gobierno está dispuesto a analizar con “mucho interés” las propuestas o enmiendas presentadas a la reforma laboral relativas a un cambio en la Ley de Huelga, después de que la patronal haya pedido una nueva regulación de este derecho. (Lee más en La Razón)

♦ El Ministerio del Interior está estudiando que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohíba la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando. (Lee más en el Huffington Post)

♦ En Justicia vuelven los 80. Vuelven las normas que se aplicaron entonces. Si mantiene sus propuestas y no a ellas en favor del consenso, Gallardón será también uno de los miembros del Gobierno de Rajoy que dejará una mayor impronta conservadora a su gestión. (Lee más en El País)

♦ La Policía consignó en dos atestados distintos, dirigidos a sendos jueces de Instrucción de Madrid, el perfil político e ideológico del abogado Erlantz Ibarrondo, de izquierdas y próximo a los movimientos sociales, al considerar esos datos relevantes para catalogar ante los respectivos magistrados a las personas a las que él mismo defendía en esas causas. (Lee más en Público)

♦ Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel. La reforma del Código Penal puesta en marcha por Gallardón deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de perseguir a quienes presten su hospitalidad a extranjeros no comunitarios. (Lee más en Público)

♦ Alberto Ruiz Gallardón: «La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar». (Lee más en La Razón)

♦ Los obispos españoles están cerca de apuntarse una de sus mayores victorias educativas de los últimos 35 años. Han negociado en silencio hasta conseguir que el proyecto de ley de enseñanza que ha presentado esta semana el Gobierno de Mariano Rajoy colme una de sus históricas reivindicaciones: que los alumnos que elijan no cursar la asignatura de Religión tengan que estudiar una materia alternativa fuerte. (Lee más en El País)

Muchas de estas noticias tienen como protagonista a Gallardón, un dirigente considerado moderado que está demostrando que detrás de esa falsa imagen se esconde un político muy de derechas, más reaccionario que la media de un gobierno ya de por sí muy retrógrado.