Sin despidos gracias a la huelga

Los empleados del servicio de limpieza de Madrid han desconvocado la huelga y la capital de España empieza a recobrar la normalidad después de casi dos semanas de conflicto. De este asunto que ha ocupado la actualidad saco las siguientes conclusiones:

1. La gestión política del conflicto ha sido manifiestamente mejorable, usando una terminología suave. El Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, ha mirado hacia otro lado, como si el problema no fuera con ellos, hasta que la presión social y mediática los ha obligado a intermediar para forzar un acuerdo entre patronal y trabajadores. Para desviar la atención, Ana Botella plantea ahora una revisión de la ley de huelga. Espero que el Gobierno de Rajoy no esté tentado en reformar esta norma sirviéndose de su mayoría absoluta. Una modificación de estas características necesita un amplio consenso político y social.

2. Las empresas adjudicatarias del servicio de basuras pretendían, con la excusa de la crisis, despedir a más de un millar de empleados. En el acuerdo final no se prescinde de ningún trabajador y, aunque se regulan medidas de congelación salarial y un ERTE de 45 días,  nadie se queda en la calle. De la posición inicial de los patronos al pacto final media un abismo. Da mucho que pensar. Si los currantes no se hubieran rebelado ante la pretensión inicial, muchos de ellos estarían hoy en las listas del INEM. Pusieron primero sobre la mesa más de 1.000 bajas, luego en torno a 600 y finalmente ninguna. Da la sensación de que a las empresas les interesaba ahorrar en costes salariales para mejorar la cuenta de resultados.

3. La externalización de un servicio no siempre es mejor ni más barata. Que se lo pregunten al Ayuntamiento de León, que rescató el servicio y ahora lo presta de manera pública a mejor satisfacción ciudadana y a la mitad de precio. En el caso de Madrid, las empresas que concurrieron al concurso en el plazo de unos meses plantean un ERE con la extinción de más de 1.000 empleos cuando tenían un contrato que cumplir. Se ha abierto una reflexión y un profuso debate sobre las bajas temerarias para conseguir contratos públicos. Desde luego, y la experiencia así lo certifica, no siempre la oferta de menor en términos económicos es la que garantiza la eficiencia del servicio que se quiere prestar.

Enorme gazapo

A este Gobierno del PP siempre se le va la mano ‘casualmente’ con los trabajadores. Nada que objetar a la persecución del fraude allí donde se produzca. De todo tipo y sin excepción, aunque conviene recordar que la principal bolsa de evasión fiscal, un 70% según los inspectores de Hacienda, está entre las grandes fortunas y empresas. También el que se beneficia irregularmente de las ayudas públicas nos engaña y perjudica a todos. Ahora bien, retorcer la realidad para engordar el balance de la persecución de las irregularidades en el cobro del subsidio del desempleo tiene efectos perniciosos sobre las personas que viven con crudeza el drama del desempleo.

La vicepresidenta se jactó hasta en tres ocasiones durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros (dos muestras: minuto 1:47 del primer vídeo y 0:58 del segundo) con que más de 520.000 personas cobraban fraudulentamente estas ayudas. Resulta que este dato que blandió con contumacia en la rueda de prensa era incierto. El indicador corresponde realmente a los perceptores del subsidio que han perdido la prestación por diferentes causas ninguna irregular, como no renovar la demanda, por ejemplo. El Ministerio de Empleo tuvo que salir con un urgencia a corregir a la número dos del Ejecutivo. Sólo poco más de 50.000 parados habrían defraudado a la Seguridad Social.

A Soraya Sáenz de Santamaría le traiciona quizá el subconsciente: se engola incluso cuando pronuncia la cifra errónea y en el rictus se le dibuja cierta satisfacción. Da la sensación de que este enorme gazapo de la vice obedece a un íntimo deseo de anatemizar a los trabajadores y poner en tela de juicio el sistema de protección social. Primero se pone bajo sospecha y se genera una imagen de fraude generalizado para luego meter la piqueta sin piedad. Esos trucos son muy viejos.

Devaluación de las pensiones

En los cuartes generales del Partido Popular quizá quieren olvidar su falta de colaboración en la reforma vigente de las pensiones. El aspirante Rajoy apostó por la irresponsabilidad y se negó a colaborar con el Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel momento se desentendió y ahora va a sacar la motosierra contra los pensionistas. El Gobierno del PP ha dado ya el primer paso para, usando la terminología de El País, devaluar las pensiones. Un reforma que impulsa sin consenso, de espaldas a la oposición y a los sindicatos y que conlleva un perjuicio a los beneficiarios actuales y para los futuros.

• Para los que ya cobran la fórmula de revalorización (ya no es el IPC) que contempla la reforma (0,25%) supone una pérdida real de poder adquisitivo de todas las pensiones, año tras año.
• Y las futuras porque las fórmulas que se establecen hará más difícil acceder a una pensión y su cuantía será menor que las actuales. Y a eso, claro, añadirán después la ya citada pérdida de poder adquisitivo anual.

En cambio, la reforma en vigor de 2011, que contó con el apoyo de los agentes sociales y económicos y que rechazó el PP, garantiza la sostenibilidad del sistema manteniendo las retribuciones por jubilación. La propuesta del Gobierno se hace a costa de los ciudadanos. Todos pierden con esta reforma del PP, muy especialmente los que tienen la pensión más baja y las mujeres. El Ejecutivo de Rajoy contribuye a aumentar las desigualdades. Una vuelta de tuerca más, sus recortes siempre tienen los mismos destinatarios: las clases medias y trabajadoras.

Satisfacción injustificada

Me han contado esta mañana una demostración de fuerza de un empresario blandiendo la reforma laboral que me ha puesto los pelos como escarpias. El patrón (o negrero) le exige a un trabajador que firme un documento admitiendo que se ha tomado las vacaciones sin haberlas disfrutado, ni siquiera se las abona, y a las pocas semanas lo pone de patitas en la calle aduciendo reducción de ingresos. A estos abusos están sometidos los trabajadores desde que el Gobierno del PP aprobó una reforma laboral que los ha dejado a la intemperie, con el despido casi gratuito y que ha destrozado el equilibrio de las relaciones laborales en beneficio del empresario. Me entero de este triste episodio el mismo día que todos los periódicos recogen la satisfacción de Mariano Rajoy por los resultados que está dando la reforma laboral. Los datos no soportan este triunfalismo del inquilino de la Moncloa: desde que entró en vigor la norma, hay más de un millón de parados más y varios millones de trabajadores españoles están en riesgo de perder la protección de su convenio colectivo. Eso sin contar otros derechos arrebatados y la espada de Damocles que se cierne contra el obrero que ose alzar la voz ante las injusticias y los abusos. Escuchando a Rajoy da, por tanto, la sensación de que vive en una burbuja o en otro planeta. Esa autocomplacencia llega a ofender.

Tercos como mulas

Dice el dicho popular que no hay más ciego que quien no quiere ver. Después de la conmoción que ha producido la última encuesta de población activa, que arrojaba el escalofriante dato de 6.202.700 parados en España, la reacción del pensamiento neoliberal es más madera. Es decir, más recortes y menos gasto público. Objetivo: acabar de hundir lo que sigue en pie del estado del bienestar y acabar de hundir a las clases medias trabajadoras. Los poderosos no quieren clases medias, les interesa más una sociedad dual con pocos ricos muy ricos y mucha mano de obra barata. Al frente de este discurso sin complejos está el ala dura del Partido Popular, con la FAES de Aznar en la autoría intelectual y Esperanza Aguirre como voz cantante. Por supuesto, el presidente de Banco Central Europeo, Mario Dragui, que pide más ajuste del gasto público como bálsamo para todos los males. Y esa pócima que nos ofrecen es un veneno cuyos nefastos resultados ya conocemos. Como son tercos y se obstinan en el error y en su dogma, habrá que prepararse porque no es de extrañar que vengan nuevos tijeretazos.

Foto.- El Mundo.

Deudores vulnerables

El Gobierno de Andalucía aprobará en las próximas fechas un decreto para combatir la exclusión social. Una norma que se plantea en una triple dirección: generar empleo a través de los ayuntamientos, una partida para solidaridad alimentaria (garantizar tres comidas a los niños y a los ancianos de familias con dificultades) y acelerar la respuesta para la concesión de la renta básica de subsistencia. En paralelo a este pionero y necesario proyecto, a punto de ver la luz, el presidente Griñán está impulsando ya otra reforma legislativa novedosa y de calado social: la protección de los deudores vulnerables, con medidas como el incremento del mínimo inembargable del salario y de una quita para las deudas de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios.

Esta iniciativa va dirigida a asalariados, pymes y autónomos que, en cumplimiento de sus obligaciones de pago, se vean en riesgo de exclusión social o no puedan reanudar su actividad profesional. Se trata de garantizar una renta vital digna a ciudadanos sometidos a un proceso de embargo, elevando el mínimo inembargable. Este mínimo sería el salario mínimo profesional, estipulado en 645,30 euros mensuales. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el suelo es de 961 euros.

Para pymes y autónomos que no puedan hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas quedarían saldadas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero. También se plantea que la ley concursal obligue a que el pago de salarios atrasados o de indemnizaciones por despido tenga prioridad y a mayor protección de los usuarios ante los productos financieros después de los abusos en preferentes e hipotecas.

La iniciativa anunciada por el presidente Griñán es una medida ambiciosa, que transciende las competencias del Gobierno autonómico (afecta a la legislación civil, laboral y mercantil) y aspira a crear desde Andalucía un debate de dimensión nacional. Se pretende impulsar medidas que palíen los problemas que están padeciendo las clases medias y trabajadoras, que son las grandes damnificadas por los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Para combatir la desigualdad no bastan medidas asistenciales y que son necesarias nuevas fórmulas de actuación en el derecho privado. Andalucía vuelve a tomar la iniciativa y a situarse de nuevo en vanguardia.

Oídos sordos

Cientos de miles de personas en las calles no cambian un ápice la posición del Gobierno de la nación. Ni se inmutan: en el PP están vacunados contra el dolor y la angustia social. Es más, Mariano Rajoy se reafirma en sus perversas e injustas recetas, ésas que efectos tan ¿positivos? nos proporcionan, y se aferra a que Bruselas refrenda su política como el único camino posible. ¿Adónde queda la soberanía de España? En poco más de diez meses, lleva ya dos huelgas generales sobre su espalda y sigue haciendo oídos sordos al clamor social. Quizá sólo lea esos periódicos que han ocultado en sus portadas las multitudinarias manifestaciones que han salpicado toda la geografía española. Si las hubieran convocado la Conferencia Episcopal o el Foro de la Familia, habría tenido un despliegue informativo sin precedentes aunque sus asistentes no fueran más que un puñado de reaccionarios. Desinformado por los medios conservadores, Rajoy mantiene su hoja de ruta que ya nos ha situado en la frontera de los seis millones de acuerdo con la EPA y ha empobrecido severamente a las familias.

No basta el sufrimiento de la gente, se antepone unas órdenes que vienen de fuera al bienestar y al futuro de la inmensa mayoría de este país. Se prioriza la contabilidad y no a las personas. El Gobierno de la nación está en otra onda: está alejado de los ciudadanos, de espaldas a la realidad y no escucha. Rajoy se encuentra cómodo con lo que hace, está desarrollado su ideario, el viejo sueño de la derecha de quebrar el estado del bienestar y el modelo social basado en la igualdad de oportunidades que hemos construido en más de tres décadas. Este atracón ideológico que se están dando los barandas del PP lo padecen especialmente las clases medias y trabajadoras. Nos están dejando sin futuro. Como dice Máximo en su viñeta diaria en ABC: «La clase alta goza. La clase media sufre. La clase baja tirita«.

Viñeta.- Miki & Duarte, en los diarios del Gripo Joly.

Desigualdad

Los poderosos están aprovechando la crisis para hacer un ajuste de cuentas a las clases medias y trabajadoras y para enviar a la exclusión social a los sectores más desfavorecidos. Con el cuento de salvar a la economía del desastre, está arrimando el ascua a la sardina de sus intereses de una manera vergonzante. Bajo la bandera de una falsa austeridad, se está permitiendo una insoportable transferencia de rentas del trabajo hacia el sector financiero, se llama a la competitividad sólo mediante la reducción de salarios, se destroza los servicios públicos fundamentales para alimentar al negocio privado, se ofrece una amnistía fiscal a los defraudadores mientras que a los ciudadanos se les cruje a impuestos (las grandes empresas sólo han tributado un 11% mientras que al currito se le somete a una presión insufrible)… El resultado de esta estrategia perversa se puede calibrar en términos cuantitativos: los trabajadores por cuenta ajena hemos perdido un 7% de poder adquisitivo en España. Más allá de los números, lo que se resiente con este acoso ultraliberal a nuestros derechos es la igualdad de oportunidades. Esta crisis está ampliando la brecha entre ricos y pobres, nos empuja hacia una sociedad dual donde las clases medias casi desaparecen. Dos organismos internacionales para nada sospechosos de ser de izquierdas, el FMI y la OCDE, han alertado del riesgo de fractura social que supone esta ortodoxia ultraliberal. El camino de la reducción del gasto público y la jibarización del sector público sólo produce más desigualdad y nos conduce a la ruina como sociedad. ¿No se dan cuenta nuestros mandatarios? Claro, pero no hacen nada. En la Moncloa han puesto un testaferro a ejecutar órdenes que llegan desde los mercados financieros y los despachos de los directores generales de los bancos alemanes. Democracia intervenida…

Viñeta.– El Roto, en El País.