La gran farsa (II)

Al Partido Popular se le ha caído su gran mentira sobre los cursos de formación para el empleo en Andalucía. La investigación judicial y el Tribunal de Cuentas han desinflado el montaje pepero sobre la existencia de un gran fraude. Y así lo refleja un contundente editorial el Grupo Joly, con un título inequívoco: ‘Escándalo fallido‘. Nada mejor que una opinión externa para sacar los colores a un PP que ha utilizado los resortes del Estado para intentar desgastar al Gobierno de Andalucía:

“El Tribunal de Cuentas no aprecia menoscabo de fondos públicos ni responsabilidades contables en las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía.

El pronunciamiento es, de por sí, importante dado que lo emite el máximo órgano de fiscalización del Estado. Por la contundencia de sus argumentaciones deja poco lugar a las dudas. Pero, además, se conoce pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya descartado la existencia de delitos en las exceptuaciones o exoneraciones, lo que determinará en cuestión de poco tiempo el archivo de la denominada pieza política de una macrocausa en la que ya parece claro que va ser mucho más el ruido que las nueces.

…estamos ante un caso fallido que no ha sido otra cosa que una gigantesca operación política y mediática para desgastar al Gobierno andaluz..

Hoy, los mismos que se dedicaron con absoluta irresponsabilidad a lanzar esas acusaciones guardan un elocuente silencio o hacen, como algún dirigente del PP andaluz, patéticas declaraciones…

El caso de los cursos de formación se ha convertido en un magnífico ejemplo de cómo se ha contaminado la Justicia por intereses políticos y de hasta dónde se ha llevado la doctrina de que todo vale con tal de perjudicar al adversario. No sólo se le ha hecho daño a la Junta y a los socialistas que la gobiernan. También se le ha hecho a la imagen de Andalucía y a las miles de personas que tenían legítimo derecho a recibir formación profesional…”.

Si los dirigentes del PP tuvieran un mínimo de ética, tendrían que pedir disculpas por esta gran farsa y alguno de ellos asumir responsabilidades políticas. No sólo no lo harán, sino que perseverarán en la insidia, como sin con ellos no fuera la verdad. Quedan en la memoria declaraciones de cargos del Ministerio del Interior anunciando operaciones policiales y hablando, al igual que sus compañeros de siglas, de un escándalo de proporciones bíblicas que hoy sabemos que se trata de una monumental mentira.

Foto.- El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en Málaga en abril de 2014, donde hablaron de las operaciones policiales contra la formación en Andalucía. La visita de Fernández de Mesa a la capital de la Costa dirán ahora que fue casual. En ese momento, hace ya dos y tres meses, escribí un post con el título ‘Filtración tendenciosa‘ y todo lo que exponía entonces se ha demostrado cierto.

La gran farsa

El Partido Popular se ha llevado dos años y pico manchando la imagen de Andalucía a cuenta de un supuesto fraude en los cursos de formación para el empleo. A sabiendas, ha intentado montar una gran farsa con fines políticos que se está desmoronando día a día. Cada vez son más los elementos que certifican, como siempre se sostuvo desde la Junta de Andalucía, que ni hubo ilegalidades ni menoscabo de fondos públicos, que el procedimiento administrativo era el mismo que en el resto de España, incluso con más garantías de control, y que si existe algún fraude, es contra la Administración. Aquí están los últimos hitos recogidos por los medios de comunicación:

¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con el sufrimiento de muchas personas honestas que se han visto detenidas injustamente, algunas incluso vejadas y humilladas? ¿Qué hacemos con las operaciones policiales espectacularizadas avisadas con antelación para ser contadas por los medios? ¿Qué ocurre con las acusaciones de brocha gorda hablando del mayor caso de corrupción de la democracia y poniendo injustamente a Andalucía como tierra de mangantes? ¿Quién repara todo este daño? Hace unos días, en un curso de verano sobre el periodismo de investigación, organizado por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, el comentario general era que el asunto se había desinflado, apenas si le dedicaron unos segundos en las distintas mesas de debate. Ahora al buen periodismo le toca dedicar un espacio y un tiempo proporcional para contar los nuevos episodios de un caso que no era tal y que se infló de manera artificial (y con intereses espurios) por parte del PP.

 

Manos Sucias

Detención Miguel Bernard Manos Limpias

La Policía ha detenido a las cúpulas y ha registrado las sedes del mal llamado sindicato Manos Limpias y la asociación de usuarios bancarios Ausbanc. También les han bloqueado activos inmobiliarios y cuentas bancarias. Respetando la presunción de inocencia, la operación policial, autorizada por el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, persigue las prácticas de extorsión de estas organizaciones: presentaban demandas judiciales y las retiraban a cambio de dinero. Su febril actividad en los tribunales buscaba obtener un beneficio económico mediante el chantaje. El altruismo de este falso sindicato y su entidad colaboradora brilla por su ausencia. Más que buscar que se haga justicia, según los indicios descubiertos en la investigación policial, la actividad de esta pareja de conveniencia consistía en recaudar fondos para el lucro de sus dirigentes. Hace apenas unos días conocimos que Manos Limpias y Ausbanc pidieron tres millones de a dos bancos por salvar a la infanta Cristina en el caso Noós. Estas dos organizaciones, además de extorsión, se enfrentan a acusaciones de integración en banda criminal y fraude procesal. Sus presuntos cobros de mordidas recuerdan a los de bandas organizadas del sur de Italia.

Nunca me ha gustado este supuesto sindicato, muchas veces jaleado por sectores de la derecha política, social y mediática de este país, hasta que puso en su punto de mira a la infanta. Manos Limpias se ha caracterizado por sobreactuar en las instrucciones judiciales en aras del protagonismo y, ahora ya intuimos, que para aumentar su cartera de negocio. Más pleitos, más ingresos. Escuchaba esta mañana a Javier Ayuso, que fuera director de comunicación del BBVA, banco que descartó el impuesto revolucionario envuelto en un eufemístico convenio de colaboración, definir a Manos Limpias como Manos Llenas. Desconocemos el alcance económico que han tenido sus presiones sobre las personas y entidades sobre las que pusieron sus tentáculos. Sea lo que sea, está claro que nos encontramos ante Manos Sucias, una organización que ha pervertido el fin constitucional de la acusación particular en las causas judiciales, convirtiendo su actuación en una vía de recaudación ilegal e inmoral de fondos.

Descubierto este reprobable modus operandi, dejo unas preguntas en el aire: ¿Se debería replantear el Poder Judicial su expulsión de las instrucciones en las que este falso sindicato está personado? ¿Se puede mantener en la búsqueda de la verdad a una entidad con fines tan espurios?

Foto.ABC. Detención del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

 

Miércoles negro

¡Qué mal se ha levantado este miércoles para el Partido Popular! Algunos en el Palacio de la Moncloa o en la calle Génova habrían preferido que no amaneciera. Cada jornada nos enteramos de un nuevo episodio a sumar al amplio catálogo de escándalos y estropicios varios del PP. Esta jornada festiva en Sevilla por la Feria de Abril nos hemos desayunado:

  1. La detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, junto a otras catorce personas entre técnicos municipales y empresarios, por una presunta trama corrupta de recalificaciones inmobiliarias. Ambos cargos políticos del PP están detenidos por unas irregularidades que arrancan en 2006. (Ver noticia)
  2. El ministro de Industria ha agravado con mentiras su aparición en sociedades offshore conocida a través de la investigación periodística sobre los Papeles de Panamá. La Sexta ha cogido a José Manuel Soria en el engaño y por higiene democrática no le queda otro camino que la dimisión. Si ya es fuerte que un cargo público tenga relación con paraísos fiscales, la mentira aumenta la desconfianza sobre su trayectoria y lo pone en el camino de salida. Si no se va, Mariano Rajoy tendría que destituirlo de forma fulminante. (Ver noticia)
  3. A José María Aznar lo han pillado intentando defraudar a Hacienda. Una información de OKdiario desvela que la Agencia Tributaria le ha puesto al patriota ex presidente una multa de 70.403 euros y le hecho pagar otros 199.052 euros por irregularidades fiscales. Es una actuación de 2013 que se conoce ahora y quizá las peleas intestinas en el seno del PP tengan algo que ver en su publicación ahora. ¿Es una vendetta? Con las lecciones de moral que hemos recibido todos los españoles de boca de Aznar, esta noticia desvela su doble rasero. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. (Ver noticia)

Foto.eldiario.es.

Filtración tendenciosa

Ya hoy podemos decir con escasísimo margen de error que en las últimas horas hemos vivido un gran montaje por parte del Gobierno de la nación para atacar a la Junta de Andalucía. Varios medios de comunicación, citando fuentes del Ministerio de Interior, se hacían eco de un presunto fraude masivo en fondos de formación. Con el transcurso de las horas, la noticia de alcance se ha acabado convirtiendo en una patraña, en una filtración interesada y tendenciosa. La cartera que dirige Jorge Fernández Díaz se desmarca de la filtración, que ellos no han sido, palabrita del niño Jesús, y la Fiscalía ha tenido que salir al paso de la intoxicación periodística aclarando que se investiga el uso que 17 empresas han podido dar a las subvenciones que no la forma de concederlas. Con este contexto, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. Todo apunta a una burda operación urdida para atacar al Ejecutivo andaluz deformando la realidad de manera espuria. Se ha utilizado una institución pública que es de todos en una maniobra con intereses particulares. El Ministerio del Interior, o algunos de sus componentes, han intentado hacer de ariete contra Andalucía y contra la Junta difundiendo una gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas.

2. Estamos ante un presunto fraude de fondos correspondientes al ejercicio de 2010 por parte de algunas empresas. Y no de la Administración autonómica, como subraya la propia Fiscalía. No es asunto generalizado, sino que se concentra en la investigación abierta de Málaga. Estamos ante un caso similar al descubierto hace unas fechas en la Comunidad de Madrid.

3. Se ha echado en falta rigor en el uso de los datos tanto por las sesgadas fuentes informantes como por el Partido Popular. No se puede confundir el presupuesto invertido en formación de decenas de miles de parados con lo que algunas empresas hayan podido defraudar. Sería tanto como considerar que porque una panadería use harina contaminada, todas las de Andalucía estuvieran también bajo sospecha. Por eso, la salida del jefe de la oposición andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, y algunos prebostes del PP se puede calificar de frívola e irresponsable que usa intencionadamente una mentira para dañar la imagen de Andalucía y de muchas empresas y entidades que han gestionado con rectitud las subvenciones recibidas.

4. Lo único de lo que hoy se tiene conocimiento es de la investigación abierta en Málaga. La Delegación del Educación, Cultura y Deporte de esa provincia entregó a la Seguridad Social 17 expedientes cuyo montante total asciende a 1,5 millones de euros. Además, está en curso el procedimiento ordinario de verificación por parte de la Administración andaluza de acuerdo con la Ley de Subvenciones. Se le ha requerido a todas estas empresas información adicional que acredite y justifique el gasto de la ayuda recibida. Si no lo hacen, se les pedirá el reintegro de las cantidades no justificadas. Reclamación parcial de los fondos que ya se ha hecho con la única empresa cuyo expediente está concluido.

Foto.- Casualmente, Moreno Bonilla se ha paseado hoy por la Semana Santa de Málaga con el Director General de la Guardia Civil. ¿Habrán hablado de las filtraciones tendenciosas del Ministerio?

Enorme gazapo


A este Gobierno del PP siempre se le va la mano ‘casualmente’ con los trabajadores. Nada que objetar a la persecución del fraude allí donde se produzca. De todo tipo y sin excepción, aunque conviene recordar que la principal bolsa de evasión fiscal, un 70% según los inspectores de Hacienda, está entre las grandes fortunas y empresas. También el que se beneficia irregularmente de las ayudas públicas nos engaña y perjudica a todos. Ahora bien, retorcer la realidad para engordar el balance de la persecución de las irregularidades en el cobro del subsidio del desempleo tiene efectos perniciosos sobre las personas que viven con crudeza el drama del desempleo.

La vicepresidenta se jactó hasta en tres ocasiones durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros (dos muestras: minuto 1:47 del primer vídeo y 0:58 del segundo) con que más de 520.000 personas cobraban fraudulentamente estas ayudas. Resulta que este dato que blandió con contumacia en la rueda de prensa era incierto. El indicador corresponde realmente a los perceptores del subsidio que han perdido la prestación por diferentes causas ninguna irregular, como no renovar la demanda, por ejemplo. El Ministerio de Empleo tuvo que salir con un urgencia a corregir a la número dos del Ejecutivo. Sólo poco más de 50.000 parados habrían defraudado a la Seguridad Social.

A Soraya Sáenz de Santamaría le traiciona quizá el subconsciente: se engola incluso cuando pronuncia la cifra errónea y en el rictus se le dibuja cierta satisfacción. Da la sensación de que este enorme gazapo de la vice obedece a un íntimo deseo de anatemizar a los trabajadores y poner en tela de juicio el sistema de protección social. Primero se pone bajo sospecha y se genera una imagen de fraude generalizado para luego meter la piqueta sin piedad. Esos trucos son muy viejos.

Daño irreparable

Resultaría chocante culpar a un fabricante de coches del accidente de tráfico de un conductor negligente. Nadie entendería que el productor de un vehículo fuera el responsable de un siniestro porque el que fuera al volante no hubiera respetado el código de circulación o condujera con índices no permitidos de alcohol en la sangre. Ésa es la sensación que me queda después de haber leído y releído el último de la juez Mercedes Alaya que imputa a una veintena de ex y altos cargos de la Junta de Andalucía, casualmente los que no están aforados para no perder la causa, dentro de la investigación de un posible fraude en los expedientes de regulación de empleo. Ante todo, quiero dejar claro que me repugna este caso, donde un alto cargo, no éstos que señala la instructora, en connivencia con una trama externa de aseguradoras y comisionistas han defraudado dinero público. La magistrada señala ahora a unos servidores públicos honestos y responsables por el mero hecho de cumplir una ley, la ley de Presupuestos aprobada todos los años en el Parlamento, y se les somete a la pena del telediario sin atribuirle ningún delito. Entonces, ¿por qué se les apunta con el dedo acusador? Reputados penalistas y catedráticos de Derecho entienden que en la actuación política y administrativas de estos antiguos cargos no es constitutiva de delito. Dicho de otra forma, que se les imputa al margen del Código Penal. Las palabras de José Antonio Martín Pallín hoy en la Cadena Ser no pueden ser más elocuentes. En cambio, la jueza los sitúa al borde de la indefensión y del escarnio público gratuitamente. Quizá esta imputación no llegue a ningún sitio pero el daño político y personal que están padeciendo ya estas personas será irreparable.